¡Respondamos con contudencia a esta agresión!

Isabel Díaz Ayuso pretende devolvernos a las condiciones educativas de la dictadura franquista. No solo arrasa la enseñanza pública y regala miles de millones a la privada, también pretende colocar las universidades madrileñas al servicio de la élite económica y del ideario totalitario de la extrema derecha. Represión, sumisión y clasismo, esta es la receta de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Ayuso asfixia a la Universidad pública, robándole su presupuesto y vendiéndola de facto a las empresas privadas para que cubran su financiación. Pero esta es solo una de las caras de sus planes. También hay otra: acabar con el derecho a la manifestación y la protesta, y aplastar con multas millonarias y una represión salvaje al movimiento estudiantil de izquierdas.

El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Ayuso, que se ha filtrado esta misma semana es un ataque sin precedentes. Una ley Mordaza Universitaria en la que Ayuso y su Gobierno vienen trabajando desde hace meses y que ya había sido anticipada en distintas declaraciones del consejero Emilio Viciana, entre ellas, en la carta que envió al rector de la Universidad Complutense exigiendo mano dura contra quienes protestamos contra el discurso del odio de la extrema derecha y defendemos la educación pública.

Mano dura reclaman y mano dura aprueban. La LESUC incluye como infracciones “graves” las concentraciones estudiantiles que realizamos desde hace décadas en los campus, un tipo de “faltas”, según su criterio franquista, que podrán ser castigadas con hasta 100.000 euros. Poner una pancarta será objeto de multas de hasta 15.000 euros. Las infracciones más graves pueden ser penadas entre 100.000 euros y ¡hasta un millón por “impedir que se cumpla la constitución”! La Constitución de Ayuso y Abascal, por supuesto.

En su normativa proponen que la presencia de los antidisturbios dentro de los Campus para perseguir a los que protestamos o nos manifestamos, no dependa de las autoridades universitarias, sino del propio Gobierno del PP madrileño.

¿Y quién decidirá qué es una infracción grave o leve? Pues el Consejero de Educación del PP, que actuará como un Ministro de Universidad franquista, pero del siglo XXI, para cazar rojos en las aulas madrileñas. No es ninguna broma. Es su sueño hecho realidad: una agresión a los derechos democráticos que nos retrotraen a un régimen totalitario.

A nadie se le escapa que con esta ley, la presidenta Ayuso, que se siente completamente impune, busca convertirse en la virreina ultra de la universidad para perseguir y golpear legalmente a quien disienta de su política reaccionaria. La alumna de Trump, la amiguísima de Milei, sigue sus pasos con mucha decisión.

El ADN franquista del PP aflora a la superficie sin complejos. Ni olvidan ni perdonan y quieren venganza. Venganza contra la protesta estudiantil que se produjo para recibir a la presidenta al ser nombrada Alumna Ilustre de la UCM; venganza por las acampadas por Palestina y la movilización contra el genocidio sionista en nuestros campus; venganza por las concentraciones antifascistas que hemos protagonizado y, sobretodo, por haberle organizado una huelga educativa el pasado 28 de abril contra su Ley de Universidades, sus recortes y privatizaciones.

El odio de la señora Ayuso contra el movimiento estudiantil combativo, contra las asambleas de profesores y contra todos los trabajadores y jóvenes que queremos una Universidad libre de discursos reaccionarios es más que evidente. Quieren convertir las facultades en un altavoz para sus ideas totalitarias, racistas, llenas de machismo, de ataques al movimiento feminista, a la comunidad LGTBI... Y por eso las asociaciones ultraderechistas de la universidad, creadas y promovidas por el PP y Vox, han participado  en la redacción de la norma.

Asociaciones como Libertad Sin Ira, quienes invitaron a Espinosa de los Monteros a la facultad de Políticas, publicaron un vídeo en Instagram, grabado en las puertas de la Consejería de Educación, en el que se jactaban de “haber introducido el régimen sancionador en la nueva ley de Universidades”. Estos son los mismos que han colaborado activamente con el montaje político y policial contra las 7 de Somosaguas, que serán juzgadas por protestar pacíficamente contra el discurso del odio de la extrema derecha.

El retroceso en nuestras libertades y derechos democráticos es un hecho. Llevamos muchos años ya de montajes policiales y judiciales en beneficio de la extrema derecha que han sido permitidos por el Gobierno central del PSOE y sus diferentes aliados. Un Gobierno que sigue sin derogar la ley Mordaza y que mantiene como ministro del interior a Marlaska, con un expediente represivo de campeonato.

Desde el Sindicato de Estudiantes creemos que hay que responder contundentemente a esta agresión. El movimiento estudiantil, los y las docentes, el personal laboral, tenemos la obligación de impulsar la movilización y la huelga en la universidad pública en el primer trimestre del próximo curso, organizar asambleas masivas, y extenderla al conjunto de la población para generar una gran protesta social que derrote la ley de Ayuso y que sirva como palanca para unificar todas las luchas.

La unidad es clave en un momento en que hay tanto en juego. Hemos demostrado que nuestra fuerza está en la calle, y es en la calle donde tenemos que seguir para derrotar los planes del Gobierno del PP.

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