Finalmente el Tribunal Supremo, en una decisión sin precedentes, ha decidido mantener una medida cautelar que supondrá que más de 160.000 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no puedan votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre. De esta manera, miles de personas que ostentan la nacionalidad española, algo que no se ha cuestionado en ningún momento, perderán su derecho al voto.
La decisión resulta tan surrealista e incomprensible, que personas que han obtenido la nacionalidad por la “Ley de Nietos” que vivan en el Estado español, y que por tanto estén inscritas en el Censo de Españoles Residentes en España (CER), podrán votar mientras que los que residan en el extranjero no. Una más que evidente discriminación que pone en cuestión tanto el derecho al voto como el derecho a la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos.
La derecha extrema y la extrema derecha del PP y de Vox no han dudado en felicitarse por esta noticia al tiempo que continúan poniendo en cuestión la limpieza de las elecciones arrojando dudas sobre el voto por correo o sobre el propio escrutinio del próximo 29 de noviembre. Y es que las tendencias de la reacción a cuestionar los resultados electorales si les son adversos, y actuar en consecuencia promoviendo asaltos como el del Capitolio en EE.UU. y golpes de Estado como el que se vivió en Brasil, son una cada vez más peligrosa realidad. Una realidad que pone en evidencia la crisis de la democracia burguesa y el crecimiento de las tendencias autoritarias entre la derecha y en el propio aparato del Estado.
Los intentos del PP y Vox de deslegitimar las elecciones, por si se diera el caso de que las perdieran, han tenido ahora un nuevo espaldarazo por parte del aparato judicial franquista. Y es que si atendemos a los aspectos estrictamente jurídicos de la decisión del Tribunal Supremo, resulta completamente insostenible dicha decisión: en ningún caso se cuestiona la obtención de la nacionalidad, que conlleva de acuerdo con la Constitución el derecho al voto, y además se aplica únicamente a los residentes en el extranjero. Parece evidente que dicha decisión podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional, pero eso ya sería después de las elecciones. ¡Es un escándalo mayúsculo!
Pero no es nada sorprendente que actúe así el Poder Judicial, identificado abiertamente con la extrema derecha y la reacción. Tanto el PP y Vox, como sus terminales mediáticas, como el poder judicial, han desatado una intensa campaña no solo para encubrir que esta decisión del Supremo supone un pucherazo electoral en toda regla, sino para justificar la misma como una forma de proteger la democracia frente a Pedro Sánchez. ¡Puro Orwell!
A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho, como siempre, que aunque no comparte la decisión la acatará sin rechistar. Y ese es el problema que enfrentamos, un Gobierno y una izquierda que se niegan a combatir consecuentemente la amenaza de la reacción y del fascismo, que siguen confiando en un aparto del Estado completamente entregado a la extrema derecha, y que mientras aplican la Ley Mordaza a activistas y militantes de la izquierda actúan con guante de seda con los golpistas con toga.
La gravedad de esta decisión muestra la seria amenaza que enfrentamos por parte de la reacción. Cosas que parecían propias de otros tiempos, como por ejemplo un golpe de Estado, se están haciendo de nuevo realidad, amenazando muy seriamente nuestros derechos democráticos más básicos.
Si lo resultados electorales no fueran del agrado de la reacción, no es descartable otras acciones más contundentes. Los llamamientos de militares retirados a dar un golpe de Estado, el último por parte del teniente coronel Francisco Bendala Ayuso, se han convertido en el pan de cada día, y ninguno conlleva sanción o procesamiento alguno, mostrando la complicidad con estos elementos del aparato judicial.
Por eso mismo, todo el levantamiento social por el derecho a la vivienda, la acampada en Sol y en otras ciudades, las masivas manifestaciones que estamos viviendo, y la convocatoria de la huelga general el 11 de noviembre, son tan importantes en este momento. Solo mediante la lucha en las calles, desde abajo, y cada vez más organizada, podremos parar los pies a estos fascistas. Ninguna confianza en el Estado burgués, en su policía, sus fiscales y sus tribunales. Solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. ¡La lucha es el único camino!
