El pasado viernes 14 de abril el Consejo Constitucional de Francia ha dado luz verde a la reforma de las pensiones y, apenas unas horas después, en la madrugada del sábado, el presidente Macron se apresuró a promulgarla para que entre en vigor el 1 de septiembre.
Esta decisión era tan previsible que ni siquiera los sindicatos más abiertos a negociar con el Gobierno mantenían esperanza alguna en que a través de los procedimientos institucionales quedase algún resquicio que pudiera impedir la entrada en vigor de esta impopular reforma.
Ante un desafío como el que ha planteado el histórico levantamiento obrero, la burguesía francesa ha descartado completamente la opción de hacer concesiones. Son plenamente conscientes de que cualquier paso atrás por su parte sería visto como una gran victoria de los trabajadores que daría un importante impulso a la lucha.
Las perspectivas para el capitalismo mundial no son optimistas, y Francia, que está siendo expulsada poco a poco de sus antiguas colonias en África, afronta un periodo de acelerada decadencia. Las recientes exhortaciones de Macron, tras su viaje a China, para que la Unión Europea se desmarque de la influencia de los Estados Unidos, son un patético intento de recuperar un papel de gran potencia que Francia ha perdido para siempre.
Hace tiempo que el capitalismo francés ya no está dispuesto a hacer concesiones a la clase trabajadora. Mantener sus extraordinarios niveles de beneficios – no olvidemos que el hombre y la mujer más ricos del mundo son franceses – exige atacar con saña las condiciones de vida de los asalariados y todo el aparato de Estado francés se ha movilizado para conseguirlo, desde las fuerzas de seguridad, que han desencadenado una represión de una brutalidad desconocida en las últimas décadas, hasta los prohombres del Consejo Constitucional, que han cerrado filas en la defensa de la clase capitalista que representan.
Reforzar la movilización para derribar a Macron y su gobierno
Los sindicatos franceses han reaccionado a la decisión del máximo órgano de la República anunciando que se mantendrán las huelgas y las manifestaciones. Como ya hemos explicado, la experiencia de la lucha de 2016 contra la reforma laboral de Hollande ha sido asimilada por el movimiento. En aquella ocasión, la aprobación de la reforma por decreto, como ha hecho ahora Macron, fue seguida por un repliegue de los dirigentes sindicales hacia la vía de la reclamación judicial que, como era de esperar, fue completamente infructuosa.
Casi siete años después, la clase trabajadora y la juventud francesa desafían abiertamente al Estado burgués, al que no le reconocen legitimidad alguna para recortar sus derechos y sus conquistas sociales. Si los dirigentes de todos los sindicatos han llegado tan lejos no es por convicción o por su voluntad de abrir una crisis revolucionaria. Es por el empuje imparable de las bases, por la multiplicación de iniciativas desde abajo para extender y reforzar las huelgas y las movilizaciones. El reciente congreso de la CGT se cerró con la victoria del aparato y la elección de una dirección abierta al diálogo y el acuerdo social, que dejó fuera a los representantes del ala izquierda del sindicato, la corriente UnidadCGT. Pero de poco le ha servido esa victoria a la burocracia sindical, que no tiene más remedio que ponerse a la cabeza de un movimiento que desde hace semanas escapa a su control.
Este desafío de la clase trabajadora se ve claramente reforzado por la posición combativa de La Francia Insumisa. Su dirigente, Jean-Luc Mélenchon, y los diputados y cargos electos de LFI han estado en primera línea de las manifestaciones y los piquetes, y han sufrido en carne propia la dureza de la violencia policial. Todos los consensos políticos tácitos establecidos en Francia por las principales fuerzas políticas, de derecha y de izquierda, empiezan a ser desbordados por este levantamiento.
Esto es lo que explica que la burguesía esté movilizando todos los medios de que dispone para amedrentar y, a ser posible, destruir a Mélenchon. La fiscalía francesa ha abierto una investigación sobre él, y el ala más derechista de la coalición NUPES, encabezada por el PS y el PCF, intenta minar su autoridad desde el interior de sus propias filas, con el secretario general de los comunistas franceses, Fabien Roussel, como principal ariete.
Pero la campaña de descrédito de Mélenchon tiene tanta fuerza que ha traspasado las fronteras de Francia. El sábado 15 de abril, el diario El País publicaba una delirante columna de opinión en la que, a pesar de reconocer que la ultraderechista Marine Le Pen no puede ni acercarse a las manifestaciones, se concluye que es su formación política, el Reagrupamiento Nacional, quién se beneficiaría de las protestas, porque, supuestamente, esa ciudadanía francesa que rechaza por abrumadora mayoría la reforma de las pensiones, no admite las “salidas de tono de LFI” y sus “exabruptos”, y en cambio ve con agrado a los “bien trajeados” diputados neofascistas.
La realidad es exactamente la contraria. Lo que la columnista de El País califica como “salidas de tono” no es otra cosa que la decisión de LFI de denunciar públicamente la farsa parlamentaria, dando la razón a lo que siempre hemos señalado los marxistas: que bajo el Estado capitalista la llamada democracia no es otra cosa que un artificio formal para intentar enmascarar la dictadura real que ejerce con puño de hierro el capital financiero. LFI, apoyando que la movilización continue a pesar de que la legalidad burguesa se ha cumplido estrictamente, cuestiona de facto los prejuicios instaurados sobre la democracia. Todo esto ayuda a que los sectores más avanzados de la clase trabajadora y la juventud se acerquen a conclusiones revolucionarias.
Llegados a este punto, es el momento de dar el golpe decisivo a la presidencia de Macron, convocando una huelga general indefinida que haga que caigan el presidente y su Gobierno. El primer paso para ello tiene que ser la constitución de comités de acción en todas las empresas y centros educativos, que organicen todas las tareas de la huelga y dirijan la ocupación de lugares de trabajo y estudio, poniéndolos bajo el control de la clase trabajadora y la juventud.
UnidadCGT y LFI, tiene en sus manos una gran responsabilidad. La batalla por las pensiones se ha convertido en una batalla contra el capital financiero y su sistema de dominación. Para vencer en esta batalla es imprescindible un programa y un plan de lucha que ponga en el orden del día la expropiación del capital financiero y los monopolios que hoy mandan en Francia. Ante un capitalismo que es irreformable la única alternativa es la revolución socialista y hoy son la clase trabajadora y la juventud francesas quienes pueden abrir una brecha que muy pronto sería continuada en todo el mundo.
