A lo largo de los últimos meses, en la medida que se iba agravando la crisis económica, por boca del propio gobierno, bien en palabras del presidente del gobierno J. L. Rodríguez Zapatero, del ministro de economía Pedro Solbes, o del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acompañados de toda una pléyade de analistas políticos y financieros, nos han dicho una y mil veces, que el sistema bancario español era sólido, serio, saneado y que aquí, a diferencia de lo sucedido en el último año en EEUU y otros países, no se producirían quiebras semejantes. Ahora, la entidad financiera Caja Castilla-La Mancha ha tenido que ser intervenida por el Banco de España, convirtiéndose en la primera entidad intervenida por el banco central en el Estado español desde la crisis de Banesto en 1993.
A lo largo de los últimos meses, en la medida que se iba agravando la crisis económica, por boca del propio gobierno, bien en palabras del presidente del gobierno J. L. Rodríguez Zapatero, del ministro de economía Pedro Solbes, o del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acompañados de toda una pléyade de analistas políticos y financieros, nos han dicho una y mil veces, que el sistema bancario español era sólido, serio, saneado y que aquí, a diferencia de lo sucedido en el último año en EEUU y otros países, no se producirían quiebras semejantes. Ahora, la entidad financiera Caja Castilla-La Mancha ha tenido que ser intervenida por el Banco de España, convirtiéndose en la primera entidad intervenida por el banco central en el Estado español desde la crisis de Banesto en 1993.
Acuciada por la falta de liquidez, CCM (que representa el 0,8% de los activos del sistema financiero español), buscó la fusión con Unicaja e Ibercaja en un intento de salir de la situación, hasta que ha tenido que ser el propio gobierno, quien con un aval de fondos del tesoro de 9.000 millones de euros asegurará la falta de liquidez de esta caja.
A la pregunta sobre cómo se ha llegado a esta situación, cabe decir que entre los años 2006 y 2008, cuando ya era visible la caída de la burbuja inmobiliaria, Caja Castilla La Mancha duplicó el volumen de sus créditos en este sector, el valor de sus activos en operaciones de crédito a las constructoras en 2007 ascendía a 966 millones de euros, el equivalente a sus recursos propios. La concentración de capital de CCM en el sector constructor y promotor, el 21%, triplicaba la del sector. En el aeropuerto de Ciudad Real CCM participa con un 25% de la sociedad de explotación, aproximadamente 350 millones y que intenta vender por más del doble de esa cantidad. Hoy este aeropuerto está en venta porque es un negocio ruinoso debido a su escaso uso. A este megaproyecto de incierta o nula rentabilidad hay que añadir, como ya se ha señalado, la apuesta por la especulación urbanística, fomentada desde las instituciones públicas de la región (ayuntamientos, diputaciones, Junta de Castilla La Mancha), amén del favoritismo a determinados grupos de empresas.
Pero mas allá de consideraciones de tipo ético, lo cierto es que la crisis de CCM hunde sus raíces en los males de la economía española y que durante estos años de bonanza económica no solo no se han extirpado (somos el país menos competitivo de Europa, solo por encima de Portugal), sino que además se agravarán en el futuro. La débil economía española buscó una salida en el sector de la construcción. Más del 60% de los créditos concedidos por bancos y cajas se destinaron a hipotecas y negocios inmobiliarios. Durante años hincharon la burbuja constructora y ahora todo eso se vuelve en su contra.
Es de conocimiento común que durante el último año se ha disparado la morosidad a bancos y cajas, constituyendo uno de los aspectos más negativos de la economía española. Las últimas declaraciones del gobernador del Banco de España nos advierten que serán precisas nuevas intervenciones en entidades financieras "si la crisis internacional se prolonga (...) para lo que deberíamos prepararnos para emplear más recursos públicos que en ocasiones anteriores".
De nuevo el gobierno pone a disposición de los banqueros fondos públicos, que sin duda se sustraerán del gasto en sanidad, educación o servicios sociales, de lo que resultarán perjudicados una vez mas los trabajadores y los sectores sociales más débiles. Una salida a la crisis favorable a la clase obrera pasa por un control público de los medios de producción. Nacionalizar la banca bajo control obrero no es un consigna utópica sacada del pasado remoto de la historia de la clase trabajadora, muy al contrario es una medida política realista, absolutamente necesaria, pues sólo con las palancas fundamentales de la economía en manos de la clase obrera se garantizaría la puesta en marcha de una economía orientada a satisfacer las necesidades de la mayoría de la sociedad, no como bajo el sistema actual en manos de ricos banqueros y empresarios sin otro objetivo que el lucro para ellos mismos.
