El pasado 8 de Julio, aprovechando la calma propia de la temporada veraniega, el Gobierno de Zapatero aprobó una reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) que abre de par en par las puertas a que el proceso de reestructuración de las Cajas, iniciado en verano de 2009 con la creación del FROB, desemboque en su completa privatización.
En un artículo sobre este tema publicado en El Militante de febrero de este año ya anticipábamos el probable resultado final de las medidas de reforma que se estaban preparando: “Las medidas legislativas en marcha (asignación de derechos políticos a los titulares de cuotas participativas, regulación de los SIP para acercar las cajas a la estructura jurídica propia de un banco, etc.) anticipan que el destino final de las cajas es que sus recursos sean absorbidos por la banca, y que una buena parte de sus puestos de trabajo, simplemente, desaparezca.”.
Y así está ocurriendo. A través de alguna de las cuatro posibles vías de reforma recogidas en la nueva Ley, las Cajas se irán acercando cada vez más a la figura jurídica de un banco, perdiendo definitivamente las características de “fundación con fines sociales” que las hacían tan particulares dentro del sistema financiero del Estado español.
A través de estas cuatro vías, el gobierno trata de dar una salida a la situación de colapso en la que se encuentra el sector de las Cajas como consecuencia de las políticas aplicadas en la época del boom inmobiliario. Las presiones de la banca española y europea ya habían conseguido el pasado mes de Enero que las condiciones fijadas por la Comisión Europea para la aprobación del FROB (el fondo de rescate de las Cajas de Ahorro, financiado con dinero público) hiciesen prácticamente imposible que las Cajas de Ahorro mantuviesen su estructura y forma jurídica actuales. La LORCA viene a formalizar legalmente lo que en la práctica era una decisión tomada previamente entre bastidores: que los recursos de las Cajas sean fagocitados por la banca, y que las ratios de eficiencia del sistema financiero mejoren por la vía del recorte de gastos, conseguido a través del cierre de oficinas y la destrucción de puestos de trabajo.
Porque el objetivo real de la LORCA es precisamente facilitar el traspaso a la banca privada de la parte rentable del negocio de las Cajas, mientras se continúa saneando con dinero público la parte de los activos de las Cajas dañados por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y para ello, de forma coordinada con la aprobación de la LORCA, la Comisión Europea aprobó el pasado 23 de Julio que el FROB, cuya vigencia había finalizado el 30 de Junio, se pudiese prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 2010, poniendo así una dotación de hasta 99.000 millones de euros a disposición de las necesidades adicionales de rescate del sector financiero.
Y respecto a las plantillas, los trece procesos de fusión en marcha contemplan en su mayoría una reducción de oficinas y de personal, de manera que los inversores que finalmente se repartan el botín de las Cajas no tengan que enfrentarse a conflictos con sus trabajadores.
Contenido de la LORCA
La LORCA, por si misma, no obliga imperativamente a las Cajas a modificar su naturaleza jurídica. De hecho, la primera de las vías de reforma previstas permite a las Cajas mantener su actual condición, pero con la obligación de introducir dos importantes cambios.
El primer cambio es que se facilita la entrada de capital privado en las Cajas a través de las “cuotas participativas”, una especie de acciones que pueden llegar a representar hasta el 50% del patrimonio de las Cajas y que, a partir de esta Ley, podrán tener derechos políticos similares en la práctica a los que tienen los accionistas de una sociedad anónima. Asimismo, estas cuotas podrán negociarse en mercados secundarios, sin límites para la acumulación de títulos en manos de un único propietario.
El segundo cambio se refiere a la modificación de la composición de los órganos de gobierno. A partir de ahora, los representantes de las Administraciones Públicas no podrán tener más del 40% de los derechos de voto en la asamblea general, consejo de administración y comisión de control de cada Caja. De esta manera se posibilita que inversores privados, titulares de cuotas participativas, puedan llegar a alcanzar la mayoría en la dirección de las Cajas a través de acuerdos con otros colectivos (representantes de los impositores, ayuntamientos, CC. AA. o trabajadores).
Las otras tres vías definidas en la Ley establecen pasos intermedios para que las Cajas puedan avanzar a diferentes ritmos en el camino de la privatización, ampliando y generalizando lo establecido en el Decreto Ley aprobado en Abril de 2010 para regular el establecimiento de los SIP (Sistemas de Protección Institucional). Para ello la Ley facilita tres grandes cambios:
- Las Cajas podrán crear bancos a los que traspasarles o bien todo su negocio, o bien sólo la parte financiera, manteniendo la Caja la cartera de participaciones industriales.
- Las Cajas podrán sacar al mercado el capital de esos bancos, sin límite alguno. En tanto la mayoría de las acciones del banco se mantengan en poder de la Caja, ésta mantendría su actual forma jurídica, así como la Obra Social.
- En caso de que una Caja perdiese la mayoría en el banco establecido por ella, perdería automáticamente, y de forma irreversible, su condición de Caja, pasando a ser una fundación, y finalizando con esta transformación el proceso de privatización.
Adicionalmente, y en previsión de nuevas quiebras como las ocurridas en Caja Castilla La Mancha y CajaSur, la nueva Ley establece que las Cajas que deban ser intervenidas por el Banco de España serán definitivamente privatizadas.
¿Qué cambia en las Cajas?
Los cambios previstos en la LORCA constituyen un paso decisivo para que el actual negocio de las Cajas sea absorbido por la gran banca, y desaparezcan las características que distinguían a las Cajas del negocio bancario tradicional. Con la creación por parte de las Cajas de una serie de nuevos bancos (Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Banco Liberta, etc.) comienzan a desaparecer para siempre la vinculación del negocio de las Cajas a la llamada “Obra Social”, la imposibilidad de que las Cajas repartan beneficios, y el doble papel de las Administraciones Públicas como partícipes destacados en los Órganos de Gobierno (Ayuntamientos y CC. AA.) y como supervisoras de las Cajas (competencia, hasta ahora, de las CC. AA.).
Pero estos cambios jurídicos, por importantes que sean, no deben ocultar el hecho de que las Cajas de Ahorro, a pesar de su titularidad semipública y de su supuesta vocación “social”, operaban de hecho exactamente igual que un banco privado. Ya desde los años 60 del siglo pasado, las Cajas estaban vinculadas a grupos económicos privados, y las reformas del PSOE en 1985 no hicieron sino facilitar que los gobiernos autonómicos aprovecharan el poder económico de las Cajas para establecer redes clientelares, que se convirtieron más adelante en la base de la corrupción generalizada que acompañó a la especulación inmobiliaria de la última década.
La reforma establecida por la LORCA sacrifica el carácter “social” de las Cajas. Pero ese sacrificio es más formal que real. En un entorno capitalista, ni el más bienintencionado de los gestores podría conseguir que las Cajas, con su importantísimo volumen de recursos, operasen al margen de las leyes del mercado capitalista y se centrasen en su vocación de “hacer el bien” y “ayudar a los necesitados”. Ese carácter “social” era, desde hace décadas, una completa ficción, que en muchos casos sólo servía para subvencionar de forma encubierta negocios administrados por testaferros de los gestores de las Cajas.
Nada, pues, perdemos los trabajadores por la desaparición de la “Obra Social”. Pero quienes si pueden perder, y mucho, son los casi 133.000 trabajadores de las Cajas. Para los capitalistas que se van a lanzar a invertir en las Cajas en vías de privatización, el éxito de su inversión va a depender de su capacidad de administrar los recursos de las Cajas prescindiendo del mayor número posible de sus empleados. Los medios técnicos actuales junto con la externalización a subcontratas de una parte del trabajo administrativo, permiten a los bancos multiplicar sus depósitos y sus activos sin necesidad alguna de incrementar sus plantillas. El gran negocio que el Gobierno de Zapatero está poniendo en bandeja a la gran banca es el de quedarse con los recursos y negocio de las Cajas, conservando sólo la plantilla imprescindible para la continuidad de la operativa diaria.
Una alternativa socialista, la única solución para las Cajas
Las Cajas de Ahorro han llegado a una situación sin salida como consecuencia de la crisis general del sistema capitalista. Las limitaciones jurídicas a su capacidad de captar capital en el mercado, unidas a las presiones de la gran banca, han hecho inviable la continuidad de su forma tradicional de operar. Al igual que ocurrió en el pasado con la pequeña explotación campesina autosuficiente y el pequeño comercio tradicional, el desarrollo del capitalismo se está llevando por delante una forma de operar en los mercados financieros que ya no puede mantenerse.
Por ello, y ante la amenaza de destrucción de varias decenas de miles de puestos de trabajo directos (90.000 trabajadores de las Cajas están afectados por los procesos de fusión que sólo acaban de empezar) y de muchos miles más inducidos en otros sectores, los trabajadores y nuestros sindicatos no podemos apoyar reivindicaciones de tipo localista que bajo la excusa de salvar la Caja de Ahorros de una localidad o una comunidad, en realidad lo que hacen es intentar salvar a costa de dinero público los negocios ruinosos del sector más atrasado y parasitario de la burguesía del Estado español. Sin duda, los sectores empresariales vinculados a cada Caja, los mismos que las han venido administrando como si fueran su cortijo y que las han conducido a la quiebra, intentarán manipular a las direcciones sindicales para que les apoyen en su intento de preservar las Cajas tal y como funcionan hoy en día. Pero esas movilizaciones localistas no benefician en nada a los trabajadores. Su único objetivo es que los actuales gestores de las Cajas obtengan el mayor beneficio posible en el proceso de privatización, utilizando la excusa demagógica de la defensa del empleo como una palanca para hacer mayor presión frente al gobierno y los nuevos inversores.
Por el contrario, los trabajadores debemos de exigir al gobierno de Zapatero que no destruya las Cajas, su red de oficinas y la experiencia profesional de sus plantillas, que no regale sus recursos a la gran banca. Nuestra alternativa es que las Cajas de Ahorro sean nacionalizadas bajo control obrero, y sus recursos puestos al servicio de la creación de empleo y la financiación de obras de interés social. Las Cajas de Ahorro no tienen propietario que indemnizar y su nacionalización podría ser inmediata. Por supuesto, unas Cajas de Ahorro puestas al servicio de las necesidades de ahorro y crédito de las familias, de los trabajadores autónomos, de los pequeños comerciantes y los pequeños empresarios, rápidamente demostrarían que no son compatibles con la existencia de un sector financiero privado. La gran banca intentaría boicotearla, demostrando definitivamente que los intereses de los banqueros son incompatibles con los de la inmensa mayoría de la sociedad, y justificando así la necesidad de que el conjunto de la banca sea incorporado, sin indemnización alguna y bajo control de los trabajadores, a un sistema de banca público puesto al servicio de las necesidades de los trabajadores y la inmensa mayoría de la sociedad a través de la planificación democrática de la economía.
