¡Poner fin a los recortes sociales y derogar las contrarreformas ya!

Han transcurrido dos meses de Gobierno de coalición, pero las medias tintas, las renuncias inaceptables y la política de gestos lo domina todo. Un análisis somero de las medidas gubernamentales, especialmente publicitadas por los ministros y ministras de Unidas Podemos como una “ruptura” con el pasado, revelan mucho ruido pero muy pocas nueces. Tampoco es casual que el PSOE ceda todo el protagonismo mediático a Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Yolanda Díaz: es la mejor forma de atarles al régimen del 78, mientras en los asuntos de fondo las políticas pro-capitalistas se mantienen.

Los empresarios están contentos

La subida del SMI ha sido presentada como el gran logro de estas semanas. No hay que olvidar, sin embargo, que los 50 euros de incremento quedan muy lejos de la promesa de un SMI de 1.200 euros que se aplaza al final de la legislatura. Obviamente, millones de trabajadores, especialmente los peor pagados, han visto esta decisión con satisfacción. Pero la patronal también, pues a cambio de este incremento modesto, que en multitud de empresas se puede orillar gracias a la legislación laboral y la extrema precariedad, el Gobierno de coalición se ha comprometido a no derogar la reforma laboral.

Y este sí que es un asunto vital para la CEOE, que se ahorra miles de millones al año con el actual tipo de contratación, con el no pago de los salarios de tramitación y la reducción drástica de las indemnizaciones en caso de despido. Esto no se toca, y los empresarios saben que es la parte del león.

La segunda “gran medida” anunciada por el Gobierno tiene que ver mucho con lo anterior. La supuesta anulación del despido por enfermedad se ha quedado muy lejos de lo prometido en campaña electoral. El nuevo decreto de la ministra Yolanda Díaz ni prohíbe ni limita el despido a personas en situación de baja médica, sino que, en el mejor de los casos, simplemente encarece su coste si son declarados improcedentes.

En el terreno laboral hay otras noticias, y muy malas. Concretamente el anuncio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de incrementar la edad de jubilación efectiva y además incentivar los fondos privados de pensiones. En su comparecencia en el Congreso ante la Comisión del Pacto de Toledo, el ministro “socialista” señaló que por cada año que se retrase a la edad real de jubilación se resuelve “un 25% del problema” “Es una palanca potentísima”. Es el mismo planteamiento que la patronal, la banca, la derecha y la burguesía europea vienen exigiendo desde hace mucho tiempo. ¿Respaldarán Pablo Iglesias y los dirigentes de Unidas Podemos esta nueva medida neoliberal precisamente cuando el movimiento pensionista llena las calles y fue un factor clave para derrotar a la derecha en las urnas?

El “giro social” que prometía este Gobierno ha empezado a agotarse casi antes de nacer, sin que la presencia de los ministros de Unidas Podemos haya marcado la diferencia. Los hechos hablan por sí solos.

Una de las medidas que más expectativas levantó, la ley promovida por Alberto Garzón, ha significado una cesión en toda regla ante los grandes empresarios del juego y las casas de apuestas. Tan solo unas ligeras restricciones horarias a los anuncios publicitarios de estos establecimientos, tan inocuas que una de las principales firmas del sector, Codere, subió en bolsa un 7,5% nada más conocerse el proyecto del ministro “comunista”. En esencia, estos monopolios podrán campar a sus anchas incrementando sus beneficios a costa de extender la ludopatía entre la juventud y arruinando a miles de familias obreras.

Lejos de constituir la “garantía de la recuperación de los derechos arrebatados”, como hace apenas dos meses proclamaban sus líderes, UP se está convirtiendo con rapidez en el parachoques que el PSOE necesita para proteger su flanco izquierdo y asegurar la paz social.

El boicot a la huelga general de Euskal Herria del pasado 30 de enero, o su oposición a una huelga general feminista este 8 de marzo para combatir la violencia sistémica contra las mujeres, el auge de la esclavitud de la prostitución y la ofensiva de la extrema derecha con su discurso del odio, machista y homófobo… muestran los errores de fondo de la estrategia de Iglesias y Garzón. Es precisamente al revés: si queremos revertir los recortes y conquistar nuevos derechos, se necesita una movilización contundente y un cambio radical en la política económica y social.

De víctimas de las cloacas del Estado a guardianes de sus secretos. CNI, caso Couso y la corrupción de Juan Carlos I

Los vínculos del PSOE con el poder financiero y su completa fusión con el aparato del Estado heredado del franquismo no son nuevos. Se empezaron a forjar en los años de la Transición y se consolidaron bajo los Gobiernos de Felipe González, y ni Pedro Sánchez, ni, por supuesto, los máximos dirigentes empresariales tienen el más mínimo interés en que ese vínculo se debilite.

Para el PSOE es también un objetivo que UP entre por este aro. Y así, Pablo Iglesias, por orden directa de Pedro Sánchez, se integrará en la Comisión de Control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), convirtiéndose en un guardián más de los secretos de Estado. Iglesias se ha jactado recientemente de este “logro” en un mitin en A Coruña cuando afirmó: “Amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno”. Pero es más que dudoso que las cloacas del Estado capitalista, es decir, que el aparato judicial, policial, militar y los servicios de inteligencia, muestren algún temor.

Las manifestaciones de los dirigentes de UP respaldando la sumisión del Gobierno ante la dictadura marroquí y el abandono del pueblo saharaui, la aceptación sin ningún pero de la legislación racista europea contra los inmigrantes y refugiados, de las devoluciones en caliente y las restricciones a la ley de asilo, lejos de atemorizar a la clase dominante les confirma que su lealtad, como “hombres y mujeres de Estado”, está pasando la prueba.

Pero hay más. El Presidente Sánchez ha dejado claro que el Gobierno recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia de José Couso, cámara de televisión asesinado por militares estadounidenses en Iraq en 2003. La resolución impone una compensación de 182.000 a la esposa y descendientes de Couso por no haberles prestado la ayuda diplomática necesaria; según el fallo, el Estado español “se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos”. Para el ministerio de Asuntos Exteriores el recurso evitará que se siente un precedente.

Este no es un aspecto secundario. José Couso fue una víctima de la intervención militar imperialista de EEUU en Iraq, como lo fueron cientos de miles de civiles que murieron y lo perdieron todo después de que el ejército y las multinacionales norteamericanas devastaran el país. La lucha de su familia por la verdad y la reparación fue la causa de toda la izquierda militante desde hace mucho tiempo, incluidos los actuales dirigentes de Podemos. Desde “fuentes del grupo parlamentario de UP” se han hecho unas tímidas manifestaciones de discrepancia para ocultar lo esencial: su participación en un Gobierno de coalición que se mantiene fiel a sus compromisos con el imperialismo estadounidense y europeo.

El último frente que ha estallado afecta a la máquina de corrupción de la monarquía española, y contribuirá a elevar mucho las contradicciones de este Gobierno. Juan Carlos I ha sido denunciado en Reino Unido por su ex amante, Corinna Larsen, por amenazas del CNI para que no revele “secretos de Estado”. Una decisión tomada por la compañera de andanzas del Borbón, después de que se destape la investigación secreta de un fiscal suizo que la implica a ella y al rey emérito por los 100 millones de euros que ambos recibieron de Arabia Saudí en pago a su “mediación” en el concurso de adjudicación del AVE a la Meca.

Ante el escándalo, ERC y Compromis han solicitado una comisión de investigación en el Parlamento, que Unidas Podemos ha apoyado. El PSOE ya ha confirmado que, junto al PP, Cs y Vox, bloqueará esta iniciativa. Blindar la corrupción sistemática que ha enriquecido a una de las cabezas más visibles del régimen del 78 y de la monarquía restaurada por Franco es una labor de los partidos del régimen. Pero ¿Qué harán Iglesias y Garzón? ¿Contribuirán con su grano de arena a mantener este “orden legal vigente”?

Más gestos que encubren nuevos peligros. El delito de “apología del franquismo”

Para atajar la frustración que empiezan a sentir sectores de la juventud y la clase trabajadora, desde el Gobierno se lanzan iniciativas como la inclusión en el código penal de la apología del franquismo, que suena muy “radical”, aunque en realidad está vacía de contenido e, incluso, podría transformarse en una amenaza para todos aquellos que combatimos el régimen del 78 y el capitalismo.

El ejemplo de Alemania es ilustrativo, pues en este país está prohibida la apología del nazismo, la exhibición de sus símbolos y el saludo fascista. Pero estas leyes no han obstaculizado las acciones terroristas de los grupos nazis durante décadas, ni el florecimiento de la extrema derecha. Tras la caída de Hitler miles de jueces, funcionarios, policías y verdugos de la cruz gamada se integraron en el aparato del “nuevo estado democrático”. Uno de sus reductos más importante fueron los servicios secretos internos, la Oficina de Defensa de la Constitución, precisamente el organismo que debía combatirlos. Desde esta Oficina se promovieron grupos nazis como la NSU, que durante 13 años asesinó impunemente a inmigrantes mientras la policía y los servicios secretos los protegían.

Alternativa por Alemania (AfD), un partido que aprovecha el colapso del Estado de bienestar y la crisis capitalista para promover el odio a los inmigrantes y diseminar su programa chovinista de derechas, entró en las últimas elecciones en el parlamento federal con más del 12% de respaldo, convirtiéndose en la primera fuerza de la oposición. Pero su avance lo han asfaltado las políticas de recortes y austeridad del Gobierno de coalición de la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD)

En el Estado español, si el franquismo sigue incrustado en el aparato estatal es porque no desapareció con la Transición. La misma burguesía que había sostenido a la dictadura durante cuarenta años, prefirió un acuerdo con el PCE, PSOE y los sindicatos para sortear la crisis revolucionaria de los años setenta en beneficio propio. La Constitución de 1978 implicó la desmovilización general de los trabajadores y la juventud; a cambio se legalizaron ciertos derechos democráticos que ya habían sido arrancados con la lucha de masas, pero el poder siguió firmemente controlado por los capitalistas y sus instituciones blanqueadas, como la monarquía de Juan Carlos I, y los jueces, militares, mandos policiales, altos funcionarios… protagonistas activos de los años del fascismo, continuaron en sus puestos.

El PSOE, con el aplauso actual de los dirigentes de UP, habla mucho contra la ultraderecha, pero su política alimenta la demagogia reaccionaria de PP y Vox. Apoyando y ejerciendo la represión contra los derechos del pueblo catalán, cerrando filas con la derecha para criminalizar a los dirigentes independentistas y condenarlos a largas penas de prisión y utilizando como arma electoral el españolismo más rancio, el PSOE ha abonado el terreno donde la reacción crece.

Una ley para tipificar como “delito” la apología del franquismo, en manos de los mismos jueces y tribunales franquistas que juzgan y condenan a sindicalistas, raperos, activistas sociales, que absuelven a violadores, corruptos y fascistas, es una manera de ocultar que el PSOE ha sido incapaz de depurar el aparato del Estado de fascistas, de juzgar los crímenes del franquismo y a sus responsables durante décadas, que no ha reparado a sus víctimas pero ha mantenido las medallas a los torturadores, y que bajo sus gobiernos las cunetas siguen llenas de fosas clandestinas con los restos de miles de combatientes republicanos.

Es una hoja de parra con la que intentan cubrir sus vergüenzas, pero estamos seguros de que, si algún día ve la luz, esta ley solo servirá para que una judicatura trufada de franquistas restrinja aún más la libertad de expresión, y sirva como excusa para perseguir a luchadores y militantes de izquierda bajo el epígrafe de “delito de odio”.

Catalunya y la “mesa de negociación”

Una de las capitulaciones más importantes de la izquierda reformista en los años setenta, y que fue sancionada por la Constitución, fue la negación del derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskal Herria y Galiza y que el ejército garantizara la unidad sagrada de la patria española.

Ante un movimiento de masas a favor de la república catalana que ha llenado las calles con millones de manifestantes, y ha mandado un obús a la línea de flotación del régimen del 78, el nuevo Gobierno se ha visto obligado a cambiar de táctica. Después de certificar que la estrategia represiva del Estado y del bloque españolista ha fracasado, PSOE y UP han iniciado el camino del “diálogo” con  la Generalitat. Pero la simple aceptación de una mesa de negociación para resolver el “conflicto catalán” no cambia nada sustancial. En la medida que el Gobierno de coalición no está dispuesto a reconocer el derecho a la autodeterminación, esa mesa no servirá ni para satisfacer las aspiraciones del pueblo catalán, ni para contrarrestar el veneno del nacionalismo reaccionario impulsado por PP-Vox-Ciudadanos.

Para los dirigentes del PSOE y de UP, para ERC y sectores de la derecha catalanista, la mesa de negociación permitiría “enfriar” la crisis, y en un contexto más “calmado” llegar a un “acuerdo realista” en la senda del autonomismo. Pero el pueblo catalán, pese a la represión y a los jarros de agua fría recibidos, mantiene intactas sus aspiraciones de conseguir una república que traiga un cambio político y social profundo. No se conformará con una pantomima de negociación. El masivo acto de Puigdemont en Perpiñán refleja parte de esto. El expresident en el exilio es un político burgués neoliberal pero no es tonto. Intenta conectar con los amplísimos sectores que no están dispuestos a dar carpetazo a esta rebelión social, y asegurarse así unos buenos resultados en las próximas elecciones catalanas.

Por lo tanto, si se quiere responder a las aspiraciones del pueblo catalán y poner freno a la ultraderecha, el Gobierno debería empezar por cambiar 180º su posición y defender el derecho democrático a la autodeterminación, la amnistía de los presos y exiliados independentistas, y la anulación de la sentencia infame del Supremo. Esto debería ir acompañado de la derogación inmediata de la ley mordaza y todas las disposiciones legales aprobadas en los últimos años para restringir la libertad de expresión, organización y manifestación.

La lucha de clases y el conflicto social no se detienen

Ninguna de las causas que impulsaron las grandes movilizaciones sociales desde el 15M de 2011 ha desaparecido. Al contrario, muchas de ellas se han agravado y podrían, en cualquier momento, convertirse en la chispa que lleve de nuevo a las calles a millones de personas.

Ante la clase obrera sigue abriéndose un horizonte de paro, precariedad y deterioro aún mayor de sus condiciones de vida, mientras las perspectivas para la inmensa mayoría de la juventud son cada vez más difíciles; y todo ello podría agravarse si se desata una nueva recesión económica que deje miles de nuevos despidos, como ya se está anunciando en numerosos sectores industriales. Pensar que esta situación se puede revertir con gestos y propaganda vacua, sin enfrentarse al poder financiero, a los grandes monopolios y al aparato estatal, es una completa ilusión.

Solo la movilización de los trabajadores y de la juventud con un programa socialista de verdad, que se enfrente decididamente al poder de una minoría parasitaria, podrá poner fin a la pesadilla del desempleo, la precariedad y la falta de futuro. Si UP, abandonando su subordinación al PSOE y a sus políticas proempresariales volviese con todas sus fuerzas a las calles y a las plazas, haría más fácil este camino. Pero parece evidente que sus dirigentes están eligiendo el sentido contrario, el de la paz social y la gestión del sistema.

Como la experiencia ha demostrado, será el impulso desde abajo el que haga posible una nueva oleada de movilizaciones para acabar con los recortes sociales y avanzar en la transformación de la sociedad. Y en ese proceso, construir una izquierda combativa, revolucionaria y anticapitalista con fuertes raíces entre el movimiento obrero y la juventud es la clave para conseguir la victoria.