El próximo 19 de junio se celebran elecciones a la Junta de Andalucía y la totalidad de las encuestas auguran un triunfo del PP con un resultado cercano a la mayoría absoluta.
Para la izquierda parlamentaria las perspectivas son negativas. En las anteriores elecciones del 2 de diciembre de 2018, el PSOE perdía el Gobierno de la Comunidad después de 36 años. En concreto, la candidatura de Susana Díaz obtuvo 1.009.243 votos cediendo 400.000 respecto a 2015, y pasando de 47 escaños a 33 (un retroceso del 35,4% al 27,9%). Podemos más IU obtuvieron 864.000 votos en 2015, para conseguir en 2018, con la marca Adelante Andalucía, 584.000 papeletas y ver reducidos sus diputados de 20 a 17 (retrocedieron del 21,7% al 16,2%).
Las encuestas oscilan, pero en ningún caso la izquierda parlamentaria mejora sus resultados de 2018. Según la de 40dB para El País y la SER, el Partido Popular escalaría hasta el 36,5%, 16 puntos más que en 2018, prácticamente lo que pierde Ciudadanos, que pasaría del 18% de entonces a un ínfimo 3% que lo dejaría fuera del Parlamento andaluz. Juanma Moreno podría sumar 48 escaños, 22 más que en los anteriores comicios (la mayoría absoluta está en 55 diputados). La ultraderecha de Vox experimentaría un crecimiento notable, del 11% actual al 16,4%, y pasaría de 12 a 18 escaños.
La misma encuesta señala que Juan Espadas, el candidato del PSOE, sufriría para mantener los 33 escaños de 2018 y cedería uno o dos puntos. En cuanto a Podemos, Izquierda Unida y Más País, coaligados en Por Andalucía, se quedarían con un 8,6% y 7 escaños, mientras que Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez de Anticapitalistas, podría llegar al 6% y 3 diputados. Y estamos citando una encuesta con las mejores proyecciones para la izquierda.
La derecha a la ofensiva
El objetivo del PP andaluz es claro: fagocitar a Ciudadanos para alzarse con una amplia mayoría y poder organizar un Gobierno en solitario. Pero aunque muchas encuestas señalen que es posible, y la campaña pública alabando la gestión de Moreno Bonilla sea muy insistente, este resultado no está garantizado. El viento de cola que tiene Vox se percibe como una gran oportunidad, y por eso han posicionado a Macarena Olona como cabeza de lista. No hay que olvidar que fue precisamente en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 cuando la ultraderecha entró por primera vez con fuerza en las instituciones.
Todo esto a pesar de que el Gobierno de la Junta no ha dejado de ser una pesadilla para la clase trabajadora, los jóvenes, los desempleados y las mujeres. Por citar solo algunos ejemplos: según la Federación para la defensa de la sanidad pública, Andalucía ha pasado de estar en la sexta posición por la cola en 2018 a estar la penúltima en 2021, con un aumento en las listas de espera que alcanzan ya a 840.000 personas. Mientras la atención primaria está arrasada, los seguros privados aumentan un 5-7% cada año.
Al igual que con la sanidad, la apuesta del PP por la educación privada queda de manifiesto con la reducción del presupuesto de la educación pública (del 23,87% al 20%), la supresión de 1.181 unidades en los centros educativos públicos, de varias escuelas rurales o el recorte de 135 millones de euros a las universidades públicas.
El empobrecimiento que vivimos en Andalucía es especialmente sangrante: un informe de la Fundación Foessa publicado recientemente señala que “la población en situación de exclusión en Andalucía ha pasado del 19,2% en 2018 al 26,3% en 2021”. Mientras la degradación en los barrios obreros se incrementa exponencialmente, y las carencias de equipamientos sociales, asistenciales y culturales es extrema, los grandes empresarios y los terratenientes se llenan los bolsillos. La política ha sido barra libre en cuanto a subvenciones y pelotazos urbanísticos. Y ante los aspectos más ofensivos del programa de Vox: racismo, machismo, LGTBIfobia, franquismo… el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha mantenido completa sintonía y connivencia.
Cómo hemos llegado hasta aquí
La cita del 19J, en una comunidad clave por su tamaño e importancia política, puede fortalecer una tendencia que se viene desarrollando desde hace tiempo. Después del demoledor triunfo del PP en la Comunidad de Madrid, y del avance de Vox en Castilla y León que han dado lugar a un Gobierno de coalición con la extrema derecha, unos resultados en Andalucía como las encuestan prevén representaría un paso sólido hacia la Moncloa.
Por eso, entre miles de activistas de la izquierda se plantea una pregunta que merece ser respondida: ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación?
Es más que evidente que el giro a la derecha de amplios sectores de las capas medias, de esa legión de pequeños empresarios voraces y explotadores, racistas y españolistas, está propulsando los resultados del PP y de Vox y su demagogia populista. En el caso de Andalucía es obvio, teniendo en cuenta el peso tan amplio que tiene el sector agrícola, la hostelería y el turismo. Pero la perspectiva de una victoria sonada del PP no solo se explica por estos factores.
Desde hace más de dos años tenemos un Gobierno estatal de PSOE y Unidas Podemos que levantó grandes expectativas e ilusiones. La participación de ministros como Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, o el malagueño Alberto Garzón, fue explicada como la garantía para que el PSOE girara a la izquierda, y rompiera con su sumisión hacia los grandes poderes económicos y su agenda de austeridad y recortes sociales.
En el tiempo transcurrido, la experiencia ha negado estas hipótesis y generado una fuerte frustración. Los ministros de UP no solo no han logrado el objetivo que teorizaron, sino que se han dedicado a blanquear las políticas socialdemócratas de recortes sociales, cediendo en los asuntos de fondo, y aceptando el incumplimiento sistemático del programa de Gobierno. Lo que decimos es duro, pero es la verdad.
Centrándonos en los hechos y no en las palabras. Durante la pandemia, que dejó como resultado más de 120.000 fallecidos, el Gobierno central acordó el rescate de las grandes empresas del IBEX 35 y de la banca con 100.000 millones de euros, pero no tomó medida alguna para intervenir la sanidad privada y nacionalizar el sector, ni para adoptar una política decidida que acabara con los recortes sanitarios. Paralelamente se permitía los confinamientos clasistas de Ayuso en los barrios de Madrid, o su criminal abandono de las residencias de mayores con el trágico resultado que conocemos. Esto ocurrió también en Andalucía.
Las promesas, repetidas hasta la saciedad, de revertir las principales contrarreformas del PP se las ha llevado el viento. La “ley mordaza” sigue vigente en lo fundamental y a pleno rendimiento. En el terreno de la política social se han vendido como derechos y logros lo que no son más que migajas o incumplimientos de los acuerdos firmados. El número de desahucios no deja de aumentar: en 2021 un 57,4% más respecto a 2020, año de plena pandemia en que crecieron en un 41,6%. La ley de Vivienda ha sido un fraude, como denuncia la PAH, y se entrega la gestión de decenas de miles de casas vacías de la Sareb a los grandes fondos especulativos inmobiliarios. Un escándalo teniendo en cuenta la falta de vivienda pública y el precio desorbitado de los alquileres.
El pasado enero Cáritas hacía público un demoledor informe señalando que 11 millones de personas viven en condiciones de exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. Sin embargo, el alcance del Ingreso Mínimo Vital, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios sociales solo se concede una de cada cuatro solicitudes, y únicamente el 12% de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza lo recibe.
Pero quizá haya sido la renuncia clamorosa a derogar la reforma laboral del PP de 2012, la que haya desvelado de la manera más cruda la senda por la que se deslizan los ministros de UP. El proyecto final de Yolanda Díaz ha contado con el aplauso entusiasta de la CEOE, de la gran banca y las grandes multinacionales porque, en esencia, mantiene el núcleo duro de la legislación de Rajoy.
En un momento en que la inflación devora los salarios y los precios de los productos básicos están por las nubes, el Gobierno se niega en redondo a tomar medidas sustanciales: ni nacionaliza las eléctricas, ni impone impuestos a los ricos para financiar los gastos sociales.
Y en lo que respecta a la guerra imperialista en Ucrania, Pedro Sánchez destaca entre los más fieles aliados de la OTAN y Washington, y entre los que repiten y difunden con más convicción y entusiasmo la propaganda imperialista de Occidente.
La traición al pueblo saharaui y la firme posición otanista sostenida por el Ejecutivo, han sido respondidas por UP de la manera más contradictoria. Mientras Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, llamaba a “una movilización masiva contra el envío de armas” a Ucrania, Yolanda Díaz y Alberto Garzón defendían públicamente, y con toda la energía, la gestión de Pedro Sánchez en este asunto.
El Gobierno central, con el apoyo de las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, está dando la espalda a su base social y electoral, mientras los grandes poderes económicos siguen acumulando beneficios récords. Su estrategia de sembrar la desmovilización y garantizar a toda costa la paz social, no alienta la participación electoral de la clase trabajadora y la juventud.
Un ejemplo ilustrativo lo vimos en Cádiz. Mientras los trabajadores del metal se ponían en pie de guerra en defensa de un convenio digno, levantando una ola de solidaridad de clase en toda la provincia y el conjunto del Estado, el Gobierno mandaba tanquetas a los barrios obreros y lanzaba una campaña de criminalización contra los trabajadores. Es más, se situaba con la burocracia de CCOO y UGT apoyando la firma de un convenio de migajas que desbaratara la lucha.
Con estas políticas solo se construye una correlación de fuerzas favorable para la reacción de derechas, y es precisamente el escenario que enfrentamos el 19J.
Cretinismo parlamentario o lucha de clases
En los asuntos de fondo, el Partido Popular andaluz no ha encontrado resistencia alguna por parte del Gobierno de coalición y, en muchos aspectos, simplemente ha aplicado las medidas aprobadas por La Moncloa.
La estrategia de abandonar la lucha en las calles y centrar la “labor” de oposición en el juego del parlamentarismo, ha cosechado un fracaso rotundo y un enorme desconcierto en la base social de la izquierda, que se traducirá inevitablemente en una fuerte desmovilización en las urnas.
A esta ausencia de respuesta colectiva y de lucha de clases enérgica, propiciada desde los aparatos del PSOE y UP, se suma el espectáculo burocrático en la confección y el registro de la coalición Por Andalucía (Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz). En lugar de abrir un amplio debate sobre qué políticas defender para frenar a la reacción y enfrentar la crisis capitalista con un programa de clase, nos hemos encontrado con una batalla campal respecto a los puestos de salida, los futuros cargos, y el reparto de las subvenciones.
La lista, encabezada por Inma Nieto, de IU, tiene como único programa la defensa a ultranza de los “logros” del Gobierno central y la participación de UP en el mismo. Pero esta propaganda ya ha sido desmentida por la realidad cotidiana de la clase trabajadora, fuera y dentro de Andalucía. Si las promesas del Gobierno y el programa de UP se hubiesen cumplido, confrontando en Andalucía con la política del PP y Ciudadanos, la perspectiva sería totalmente diferente a la que plantean las encuestas.
El andalucismo de izquierdas
Teresa Rodríguez, dirigente de Anticapitalistas y cabeza de cartel en las elecciones de 2018 por Adelante Andalucía, ha sufrido las consecuencias de su ruptura con UP. En asuntos destacados su actuación ha sido más consecuente, empezando por su oposición a la entrada en el Gobierno central liderado por Pedro Sánchez, o en su apoyo público a luchas emblemáticas como la de los trabajadores del metal de Cádiz.
Lo ocurrido en el Parlamento andaluz con la expulsión al grupo mixto de Rodríguez y los parlamentarios afines, y las numerosas maniobras y ataques que han sufrido eran previsibles. La denuncia de los dirigentes de Por Andalucía para que Rodríguez no contara con espacios electorales en los medios públicos es otra cacicada injustificable.
Pero para intentar diferenciarse, Teresa Rodríguez y Anticapitalistas han dado un volantazo estratégico, presentando Adelante Andalucía como una formación andalucista de izquierdas. Fomentando un discurso nacionalista e interclasista, “no es Madrid el que tiene que decidir sino Andalucía”, pretenden crear un espacio semejante al del BNG, Bildu o ERC. Pero la cuestión nacional en Andalucía jamás ha seguido los derroteros de Catalunya, Euskal Herria o Galiza. La burguesía y la pequeña burguesía en Andalucía son, mayoritariamente, un baluarte del nacionalismo españolista, y aquí la confrontación de clase ha sido absolutamente predominante sobre la cuestión nacional.
Con este movimiento, la dirección de Anticapitalistas está tratando de salvar algunas posiciones parlamentarias, pero es un camino erróneo para construir una izquierda combativa y militante de masas.
¡Votar contra la derecha, romper con la paz social!
Los trabajadores y jóvenes que formamos Izquierda Revolucionaria, que construimos el Sindicato de Estudiantes, impulsamos Libres y Combativas, que participamos en el sindicalismo combativo y en los movimientos sociales, llamamos a votar masivamente contra el PP y Vox, pero también señalamos que votar no basta.
En estos años, el abandono de muchos principios, de la lucha en las calles por el mero trabajo institucional y la oposición de terciopelo a la derecha, nos han llevado a una situación muy negativa. Muchos activistas y amplios sectores de la juventud no encaran estas elecciones con ilusión. Son muy conscientes de la desmovilización que existe en la base social de la izquierda y la posibilidad de que la abstención avance, e incluso que capas atrasadas y desmoralizadas de los trabajadores voten a la derecha. Y la actitud de la izquierda gubernamental es la que fomenta esta situación.
Si se acepta la lógica del capitalismo, si se renuncia a confrontar con los grandes poderes económicos, si se respetan las reglas del régimen del 78, su monarquía, su justicia de clase, su nacionalismo españolista, su aparato del Estado represivo, se crean las condiciones para que la derecha se envalentone y pueda diseminar su demagogia con más facilidad.
Sí, hay que votar, por supuesto. Un voto crítico a Por Andalucía y Adelante Andalucía, porque si queremos constituir una izquierda combativa que defienda políticas transformadoras y derrotar de verdad a la derecha, deben cambiar muchas cosas, empezando por volver a recuperar la movilización de masas, romper con la paz social, defender una política de clase y socialista. Formar gobiernos con el PSOE para llevar adelante la agenda de recortes y la estrategia de la OTAN no frena a la derecha, como se está comprobando. Y sustituir una política revolucionaria por un andalucismo interclasista tampoco es una alternativa.
Necesitamos rearmar a la izquierda con el programa del marxismo revolucionario. Las luchas que se han desarrollado estos años, el gran movimiento de las mujeres contra la violencia machista, de los pensionistas y, destacado por derecho propio, la gran huelga del metal gaditano que se convirtió en una referencia para millones, muestran el camino.
A través de la movilización podemos superar cualquier traba institucional y cualquier obstáculo que se nos ponga por delante. Podemos cambiar, en los hechos, una correlación de fuerzas adversa. La grave crisis social y económica, la guerra imperialista, la destrucción del planeta y la amenaza de la extrema derecha son consecuencias de un sistema caduco y en descomposición. Pero existe una fuerza más grande que la capacidad de opresión del capitalismo, y es la de nuestra clase cuando entra en acción unida y organizada.
No hay tiempo que perder. Únete a Izquierda Revolucionaria y lucha con nosotros por:
• Blindar la sanidad pública andaluza: contratación de miles de trabajadores sanitarios en condiciones dignas. Invertir masivamente en los ambulatorios de nuestros barrios. Garantizar la salud mental: acceso gratuito a tratamiento psicológico y psiquiátrico de calidad. Nacionalización de la sanidad privada y de las farmacéuticas.
• Plan de choque para rescatar la enseñanza pública. Gratuidad total desde infantil hasta universidad. Ni un euro público para la enseñanza privada concertada
• Que la Junta prohíba por ley los desahucios. Expropiación de todas las casas en manos de bancos y fondos buitres para crear un parque de viviendas públicas con alquileres sociales en Andalucía.
• Derogación íntegra de las contrarreformas laborales y de las pensiones.
• Subsidio de desempleo de 1.200 euros al mes financiado con impuestos a las grandes fortunas y la banca.
• Contra la violencia machista, la justicia patriarcal y la LGTBIfobia. Plenos derechos para las personas trans.
• Dignificación de nuestros barrios, fuera las casas de apuestas. Incorporar a la red pública los servicios de la comunidad y de los ayuntamientos que han sido privatizados, garantizando y aumentando las plantillas.
• Transporte gratuito para los parados, para los jóvenes menores de 30 años y para los mayores de 60.
• ¡Basta de violencia policial y de criminalización contra la juventud! Por el derecho al voto a los 16 años.
• En defensa de la libertad de expresión. ¡Fuera la Ley Mordaza!
• ¡Basta de racismo! Derogación de la Ley de Extranjería y de los CIE. Derecho al voto para la población migrante.
• Frenar la catástrofe medioambiental con una planificación socialista y ecológicamente sostenible de la economía.
• ¡Basta de privatizaciones y subcontratación! Nacionalización de la banca y los grandes monopolios e industrias para acabar con la precariedad y el saqueo de los recursos públicos. Solo así podremos levantar un auténtico Escudo Social que acabe con el desempleo y la pobreza.
• ¡Fuera la monarquía franquista! Por la república socialista.
