Tras los golpes sufridos por la crisis de 2008 y las políticas de austeridad y recortes, la pandemia de coronavirus provocó un inmenso sufrimiento para las familias trabajadoras y la juventud del Estado español.
Cuando las heridas sociales siguen sin cicatrizar, la acelerada degradación del capitalismo global, la inflación galopante de los productos básicos y el encarecimiento astronómico de la energía, empujan a nuestra clase a un empobrecimiento mayor. Pero el Gobierno de coalición se niega a tomar medidas de fondo para enfrentar a los grandes poderes económicos, y las cúpulas de los grandes sindicatos, UGT y CCOO, intentan blindar la paz social a costa de más retrocesos.
La pobreza se dispara
Cruz Roja ha anunciado en un reciente informe que, de seguir así, a finales de año estará atendiendo a 400.000 personas más que en 2019. Entre enero de 2020 y mayo de 2021, las personas de entre 16 y 30 años que han pasado por sus servicios asistenciales se han duplicado: de 100.000 a casi 200.000. ¡La generación más joven está condenada a un futuro sombrío bajo el orden capitalista!
La situación es escalofriante. En 2019 Cruz Roja proporcionaba regularmente alimentos a 810.000 personas, pero sus previsiones son que a finales de 2022 cubrirán la alimentación de un millón de personas.
Solo en la Comunidad de Madrid, la ONG Banco de Alimentos atiende regularmente a 186.000 personas, y Cruz Roja prevé que el número de niñas y niños que necesitarán ayuda alimentaria se va a duplicar a lo largo de este curso escolar.
En todo el Estado, el porcentaje de población que ingresa menos de 794,6 euros mensuales subió hasta el 21,7% en los últimos 12 meses, es decir, 10.285.517 millones de personas viven en la pobreza en el Estado español.
Esta situación se agravará ante el mayor coste de las hipotecas, consecuencia de los incrementos de tipos de interés aprobados por el Banco Central Europeo. Como en la crisis de 2008, decenas de miles de familias se verán de nuevo en la disyuntiva de dejar de comer o correr el riesgo de ser desahuciadas de sus hogares.
Por si esto no fuera suficiente, el grave deterioro de los servicios sociales no deja de agudizarse. La educación y la sanidad públicas vienen sufriendo un abandono escandaloso por parte de las administraciones, estén bajo el control del PP o del PSOE. El derecho a una vivienda digna ha sido suprimido por un mercado controlado por los grandes fondos inmobiliarios, que hacen su agosto especulando con nuestro techo. La juventud está pasando por una epidemia de enfermedades mentales y acosada por una tasa de suicidios insoportable. La desigualdad generada por un sistema que solo sirve para concentrar la riqueza en manos de una ínfima minoría nos está llevando a una catástrofe.
Una insatisfacción social que va a estallar
El malestar y la presión social generados están llegando, como no podía ser de otro modo, a los despachos de los dirigentes de CCOO y UGT.
Preocupados porque su desprestigio es cada vez mayor, han anunciado concentraciones el 7 de octubre ante las sedes de la patronal, y una “gran manifestación” para el jueves 3 de noviembre. ¡Un vulgar intento de lavado de cara!
La burocracia sindical está ciega, sorda y solo habla y actúa para dar balones de oxígeno a los empresarios. Las ONG antes citadas han denunciado que un número cada vez mayor de pobres, más del 40%, son personas que trabajan incluso con contratos a tiempo completo. En un reciente informe de la OCDE se señalaba que el Estado español es el segundo país del mundo desarrollado con una mayor caída del poder adquisitivo de los salarios, después de Grecia.
¿Por qué ocurre esto? La respuesta no es compleja. Este panorama es la consecuencia directa de firmar sistemáticamente convenios con subidas salariales ridículas, que se quedan muy lejos de los incrementos de los precios. La reciente firma del convenio del SAD asturiano, como en su momento el de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz, saboteando la movilización y aceptando las propuestas patronales sin más, es solo una muestra del daño tan terrible que las políticas de las direcciones de CCOO y UGT han causado a la clase trabajadora. La reciente firma de un preacuerdo con el Gobierno para subir el salario de los funcionarios un 7,5% en el trienio 2022-24, que condena a los empleados públicos a una pérdida inmediata de poder adquisitivo del 12%, sin contar lo que pueda subir la inflación en los próximos dos años, es un espaldarazo directo a las políticas de congelación salarial que promueve la CEOE.
¡Hay que empezar a organizar ya la huelga general!
No podemos esperar a que desde la dirección de los dos grandes sindicatos se decidan a reaccionar. Tenemos que obligarlos con la presión desde abajo y desbordándoles en cada batalla concreta.
El próximo 15 de octubre Madrid será escenario de una gran marcha del movimiento pensionista de todo el Estado. Una convocatoria importante porque enviará un mensaje muy claro a Pedro Sánchez y sus aliados de Unidad Podemos: Basta ya de contrarreformas y privatizaciones, las pensiones públicas hay que defenderlas a toda costa.
Pero la cuestión central en este contexto es unificar las luchas y generar una movilización de tal envergadura que obligue a la patronal a retroceder en su negativa a subir los salarios, y exija a este Gobierno votado por millones de trabajadores a confrontar con los capitalistas y los grandes monopolios que nos ahogan.
¡Hay que empezar a organizar ya una huelga general con esta orientación!
Desde la izquierda que lucha y el sindicalismo de clase y combativo nos tenemos que poner manos a la obra. Debemos impulsar una campaña lo más amplia posible en comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadoras y trabajadores para que aprueben resoluciones exigiendo la convocatoria de esta huelga general, capaz de convertirse en una palanca fundamental para revertir la catástrofe social en la que estamos sumidos.
Desde Izquierda Revolucionaria proponemos tres grandes objetivos para esta huelga.
La defensa de unos salarios y pensiones dignos, recuperando el poder adquisitivo perdido y estableciendo un procedimiento automático de actualización de salarios y pensiones de acuerdo al incremento del coste de la vida.
El rescate de los servicios públicos. Cuando la crisis de 2008 puso a la banca en peligro, el Estado destinó más de 100.000 millones de euros a su rescate, es decir, a salvar los beneficios de un puñado de oligarcas parásitos. ¿Cómo es posible que el Gobierno de coalición se resista a inyectar miles de millones para mantener un nivel de calidad mínimo en los servicios públicos que son esenciales, pero si lo haga para aumentar el presupuesto militar hasta el 2% del PIB? Que se obligue a la banca a devolver el dinero público que se llevó gratis y se destine urgentemente a fines de utilidad social.
Nacionalización de las eléctricas. Las empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy… que hoy se hacen de oro gracias a las subidas de la luz, fueron hasta hace pocos años empresas públicas. Las políticas privatizadoras del PSOE y el PP las entregaron, a precio de saldo, a grupos de inversores privados, que hoy sangran a las familias con facturas disparatadas. Exijamos que esas empresas sean expropiadas sin indemnización para constituir una gran empresa eléctrica pública, capaz de garantizar un suministro de electricidad accesible a todas las personas.
Los próximos meses van a ser decisivos en toda Europa y en el mundo. El capitalismo se enfrenta a su peor crisis en décadas y está colocando a la humanidad al borde del abismo. Lejos de lo que algunos pensaban el sistema no se puede reformar, hay que derrocarlo o nos veremos sepultados en desastre social, económico y ecológico sin salida.
