La propuesta de reforma del Código Penal presentada recientemente por el Gobierno PSOE-UP ha desencadenado la furia de la derecha y la extrema derecha. “¡Traición!” aúllan los portavoces del PP y Vox, y este último ha convocado manifestaciones en varias ciudades “para que caiga el Gobierno”.
El motivo principal que desencadena esta avalancha de patrioterismo de la reacción es la desaparición del delito de sedición, el tipo penal que fue utilizado por el Gobierno de Rajoy y el Tribunal Supremo para castigar con dureza extrema a los dirigentes del independentismo catalán y, de paso, para sentar un precedente punitivo para el caso de futuras protestas sociales masivas.
Pero, aunque la derecha se rasgue las vestiduras, la realidad es que esta reforma no va a mejorar la situación de la inmensa mayoría de los 3.500 represaliados en las 44 causas judiciales abiertas a raíz de la crisis catalana de 2017, que quedan abandonados a su suerte. Solo los dirigentes independentistas que han dado la espalda a la lucha por la república catalana y han optado por aliarse con el Gobierno PSOE-UP van a salir beneficiados.
Pedro Sánchez busca enterrar la lucha por la república catalana
Aunque es verdad que la reforma elimina un tipo penal abiertamente regresivo como es la sedición, lo hace solo para sustituirlo por una definición ampliada del delito de desórdenes públicos que amenaza gravemente al ejercicio de los derechos básicos de reunión y manifestación.
El objetivo inmediato de la reforma es contribuir a liquidar definitivamente la masiva rebelión del pueblo catalán por sus derechos democráticos, nacionales y sociales, por la república y contra el régimen del 78. El PSOE se ha apoyado para esta tarea en los dirigentes de ERC y Junts, que han dedicado sus mejores esfuerzos a vaciar de contenido real al movimiento por la liberación nacional de Catalunya, mientras que, desde el Gobierno de la Generalitat, trabajaban en pro de los intereses y privilegios de la banca y las grandes empresas.
Pero esta política de colaboración entre el Gobierno del PSOE-UP y ERC y Junts se topaba con un serio obstáculo: las actuaciones judiciales contra dirigentes y participantes del “Procés”, que mantienen en el exilio a varios destacados políticos de la derecha y la socialdemocracia catalanista. Los indultos parciales aprobados por el Ejecutivo en junio del año pasado, que pusieron en libertad a nueve dirigentes encarcelados, fueron un primer paso para intentar desactivar la mayor crisis sufrida hasta el momento por el régimen del 78. Ese primer paso se completa ahora con la eliminación del tipo penal que pesaba como una losa sobre los dirigentes de ERC y Junts, y probablemente será completado con una reforma del delito de malversación del que están también acusados esos dirigentes.
El delito de malversación fue redefinido por el Gobierno del PP en 2015, tras la consulta sobre el futuro de Catalunya organizada por el Gobierno de CiU, presidido en aquel momento por Artur Mas, en noviembre de 2014. El PP modificó este tipo penal para que incluyese conductas que hasta el momento no estaban tipificadas como delictivas, con la única finalidad de disponer de una herramienta represiva más para el caso de que el movimiento por la liberación nacional catalana ganase impulso y promoviese un referéndum para decidir libre y democráticamente el futuro de Catalunya. Como era previsible, los mismos jueces que destacan por su pasividad y lentitud a la hora de perseguir la corrupción, especialmente si implica al PP, se lanzaron con furia y celeridad a aplicar el reformulado delito de malversación a todo cargo público catalán que hubiese participado mínimamente en la preparación del referéndum.
Con estas medidas de reforma del Código Penal, el Gobierno allana el camino para una más amplia colaboración con ERC y Junts, sin comprometer la legislación represiva y un aparato de Estado plagado de fascistas que sirvieron para aplastar violentamente la rebelión del 1-O.
De paso, Pedro Sánchez espera beneficiarse de los efectos de esta reforma para mejorar sus expectativas electorales en Catalunya y asegurar al PSC unos votos decisivos para alcanzar una mayoría suficiente para gobernar tras las elecciones generales de 2023. Incluso un periódico tan reaccionario como ABC no tiene más remedio que reconocer, en su editorial del 30 de octubre, que “esto es lo que va a pasar con la reforma de la sedición: votos para Sánchez”.
Un grave endurecimiento de la legislación represiva
Pedro Sánchez y el PSOE han tenido buen cuidado de que estas medidas no solo no debiliten, sino que incluso refuercen la legislación represiva aplicable a la protesta social.
La excusa de “normalizar” la vida política catalana, además de los esperados réditos electorales, es perfecta para preparar las herramientas represivas del Gobierno ante la previsible ola de conflictos masivos que se desencadenarán inevitablemente en el futuro, como reacción ante el imparable deterioro de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora y de los servicios públicos.
Por eso, la desaparición del delito de sedición va acompañada de una reformulación del delito de desórdenes públicos que va a permitir, cuando se apruebe, criminalizar aún más duramente todo tipo de protestas pacíficas.
Además, la pena mínima por desórdenes públicos agravados pasaría con esta reforma de 2 a 3 años, garantizando así que todas y todos los condenados por este delitos ingresarán en prisión.
Hasta este momento, los desórdenes públicos implicaban el uso de violencia contra las personas o las cosas. Esta reforma añade un nuevo factor de “desorden”: la intimidación. Baste que alguien alegue sentirse intimidado por una manifestación, una concentración o una sentada completamente pacíficas para que el nuevo tipo penal les sea ampliable a los participantes. Las frecuentísimas alegaciones policiales de que los manifestantes les “miran mal” entran así en el Código Penal y permitirán condenar a penas de prisión a los autores de tan temibles miradas.
Pero por si acaso el carácter pacífico de una manifestación fuese tan evidente que no hubiese lugar a alegar intimidación, un nuevo artículo del Código Penal, el 557 bis, especifica que también irán a prisión quienes “sin hacer uso de violencia o intimidación y, sin estar comprendidos en el artículo anterior, actuando en grupo invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal”.
Con este artículo, cualquiera que partícipe en un escrache pacifico, en acciones de protesta contra desahucios organizada por la PAH en una sucursal bancaria, cualquier trabajador que durante una huelga permanezca en las instalaciones de su empresa, o incluso cualquier persona que proteste en el interior de un edificio de acceso público - por ejemplo, en las oficinas de una compañía eléctrica – y su protesta sea apoyada por alguna de las personas presentes, puede ser acusado de este nuevo delito y su suerte quedará en manos de un juez que deberá interpretar conceptos tan volátiles como el de “perturbación relevante de la paz pública” o el más etéreo de “la voluntad del titular”.
El carácter reaccionario y franquista de nuestro sistema judicial está fuera de toda duda. Su actuación en la salvaje represión del pueblo catalán tras el intento de ejercer libre y pacíficamente su derecho a decidir es un buen ejemplo de ello, al igual que lo son la persecución judicial a huelguistas o las desmesuradas penas de cárcel a las que han sido condenados cantantes de rap críticos con la monarquía y el régimen del 78, o jóvenes que participaban en diversas protestas sociales. En los últimos días estamos siendo testigos de la velocidad vertiginosa con la que los jueces excarcelan o rebajan penas a agresores sexuales haciendo un uso torticero de la nueva ley de Solo Si es Si.
Por eso, poner en manos de esos jueces fascistas disposiciones legales que permitan criminalizar la protesta social pacífica e imponer duras penas a quienes participan en ella, es un ataque a las libertades y derechos democráticos que no podemos admitir. Unidas Podemos, que llegó al Gobierno con el compromiso de derogar la tristemente célebre Ley Mordaza, no puede permitir que no solo no se derogue esa ley, sino que incluso se endurezcan las medidas punitivas contra acciones colectivas de protesta pacífica.
Desde Izquierda Revolucionaria exigimos a Unidas Podemos que rectifique radicalmente su postura, retirándose de esta peligrosa ampliación del delito de desórdenes públicos. Si no lo hacen pesará sobre ellos esta gravísima agresión a los derechos democráticos absolutamente reaccionaria. Al mismo tiempo consideramos totalmente insuficiente la desaparición del delito de sedición, y seguiremos luchando por la amnistía para todas y todos los represaliados del 1-O y de la lucha por la libertad del pueblo catalán.
