El miércoles 12 de abril, el Parlamento andaluz votó la propuesta de ley del PP y Vox para legalizar cientos de hectáreas de cultivos ilegales en el entorno de Doñana. Esta propuesta, que podía haber sido tramitada por vía administrativa pero que ha sido llevada adelante como propuesta de ley para evitar el posible rechazo de los informes técnicos, busca aumentar los cultivos que se extienden en la corona norte de Doñana y que quedaron protegidos por el “Plan de la fresa” en 2014. Con esta ley, la derecha andaluza concede completa impunidad a un puñado de medianos agricultores, esa raza de explotadores de mano de obra inmigrante y votantes todos de extrema derecha, que llevan desde hace años vaciando el acuífero de Doñana para seguir engordando su lucrativo negocio de la fresa.
La propuesta de ley se hace en un momento especialmente trágico para el parque, duramente golpeado por la sequía que atraviesa la zona desde hace varios años. Tanto, que la Estación Biológica de Doñana describía así la situación en el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana el pasado 10 de abril: “Los daños que están sufriendo los hábitats que son directamente dependientes del acuífero y que están catalogados como prioritarios, hacen evidente que la explotación actual del acuífero no es sostenible. Esto significa que se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural”∗.
El informe que presentaba el CSIC también en este mismo pleno no es menos preocupante: se estima que al menos el 30% de las lagunas se han perdido para siempre, otro 30% tiene parte de su laguna invadida por matorral y solo el 10% de las lagunas están en buen estado. ¡Una catástrofe medio ambiental que hace peligrar la supervivencia de este parque natural!
En el citado informe se explica como hay 20 veces menos anfibios que hace 70 años, que el número de aves que venían en su paso migratorio o para reproducirse ha pasado de 470.000 en 2021 a apenas 87.000 en 2022, y se ha perdido una gran parte de la vegetación acuática incluida la muerte de alcornoques centenarios. Un cataclismo ecológico que no solo responde al cambio climático, sino al máximo beneficio de un puñado de medianos agricultores y grandes empresas del sector a los que el Partido Popular sirve pleitesía. La destrucción de Doñana es un atentado de la clase dominante contra la naturaleza.
Un desprecio total por el ecosistema
¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento tan crítico para el parque? ¿Por qué el Gobierno de Bonilla insiste en llevar adelante un plan que no solo afectará al humedal sino que incluso puede poner en peligro el resto de los regadíos si el acuífero se seca?
La respuesta es evidente, el Gobierno del PP quiere mandar un mensaje meridianamente claro en este año electoral. En Andalucía se va a defender por encima de todo los intereses de su base social formada por estos agricultores e intermediarios enriquecidos, y que son fundamentales para los monopolios agroalimentarios que exportan el fruto rojo. Si es necesario desecar un humedal entero para mantener la gallina de los huevos de oro, el Gobierno de Bonilla va a blindar esta catástrofe.
Si el PP y Vox han llegado tan lejos es porque han contado con precedentes favorables. La actitud del PSOE en Andalucía ha sido durante años mirar hacia otro lado y consentir la sobreexplotación de Doñana. Ahora, su oposición sigue siendo de boquilla. Detrás de toda la parafernalia y el “Doñana no se toca” de Sánchez, lo que nos encontramos es que precisamente el año electoral obliga al PSOE a tener dos almas; por un lado, desde el Gobierno central la promesa de defender a capa y espada Doñana, mientras que el PSOE andaluz habla de injusticia con los agricultores y propone indemnizaciones para estos. ¿Así es como piensan castigar a estos parásitos por la catástrofe ecológica de la agricultura ilegal, con millones de euros de dinero público?
Doñana es el claro ejemplo de cómo el sistema capitalista devora el entorno para llenar los bolsillos de unos pocos. Evidentemente el cambio climático está jugando un papel no menor en la desertificación del entorno de Doñana pero tal y como señala el informe de la Estación Biológica de Doñana CSIC, es el negocio de la especulación inmobiliaria, de las grandes urbanizaciones privadas con campos de golf como Matalascañas y las miles de hectáreas de invernaderos ilegales, que han pasado de 2.162 a 3.543 en 10 años, la verdadera razón por la que se está acabando con la vida de uno de los humedales más grandes del sur Europa.
El negocio de la fresa
Si hay un cultivo que destaca tanto por lucrativo como por dañino es el de los frutos rojos en invernaderos. El negocio de la fresa se ha convertido en un poderoso lobby que produce 300.000 toneladas y genera 355 millones de euros al año. Destaca como uno de los principales culpables de la desertificación de Doñana. Esta lucrativa actividad ya mostró su cara más repugnante en 2018, cuando las trabajadoras de la fresa denunciaron las condiciones de explotación sexual y laboral a la que estaban sometidas. Ahora es señalado como uno de los principales culpables de la situación del humedal. Se calcula que aproximadamente 11.000 hectáreas de este cultivo al norte de Doñana extraen agua del acuífero, y según la ONG WWF al menos 2.000 más extraen agua del acuífero de manera ilegal.
¿Qué hacer para evitar esta catástrofe? En primer lugar hay que acabar con esta ley que en la práctica blindaría aún más la destrucción de Doñana, y que el Gobierno del PSOE y UP paralicen el decreto del Gobierno andaluz. En segundo lugar es necesario un plan de lucha serio y contundente que acabe con la explotación agraria del entorno del parque, que cierre todos los pozos ilegales que existen; la realización un estudio serio y riguroso de cuál es la capacidad de producción sostenible de este tipo de cultivo y que termine de una vez por todas con la explotación laboral que sufren las mujeres inmigrantes que vienen a recoger la fruta.
Desde Izquierda Revolucionaria no somos ilusos, sabemos que esta planificación sostenible de la agricultura no es posible bajo el sistema capitalista, pero sí podemos arrancar, en base a la lucha, un plan que evite las consecuencias más irreversibles de este saqueo depredador y evitar que se devore entornos naturales como el parque de Doñana.
No podemos más que confiar en nuestras fuerzas. El parque Nacional de Doñana ya tiene todas las protecciones reconocidas: interés social, utilidad pública y Patrimonio de la Humanidad. Aun así, vemos como da absolutamente igual: cuando el beneficio de los capitalistas entra por la puerta la propia legalidad del Estado burgués es arrojada por la ventana.
No podemos confiar en que sea la justicia española o la justicia europea la que frene los pies al expolio de Doñana; ya se ha demostrado durante años que ninguna sanción pone freno a la explotación del acuífero. ¿Qué ha cambiado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenara a España -con ningún tipo de sanción- por el mal estado del humedal? Absolutamente nada.
Por eso hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de la izquierda política y sindical combativa a impulsar movilizaciones masivas, que también integren a las y los trabajadores de todos estos cultivos ilegales, en su mayoría mujeres inmigrantes en situaciones de extrema precariedad, para defender y salvar esta importante reserva natural.
Fuentes:
Las fresas ilegales dejan seca Doñana
∗Intervención de la Estación Biológica de Doñana CSIC en el Pleno
Extraordinario del Consejo de Participación de Doñana, 10 de abril de 2023
Los regadíos ilegales en Doñana le pueden costar a España millones de euros en fondos europeos
Sentencia C-559-19_Comision contra España (Sentencia del TJUE contra la situación de Doñana en 2021)
PP y Vox hacen oídos sordos a los científicos, a la UE y al Gobierno y dan luz verde al trámite para ampliar regadíos en Doñana
