¡Hay solución: expropiar los pisos de bancos y fondos buitre para crear un millón de viviendas públicas con alquileres sociales!
El jueves 27 de abril el Parlamento aprobó la nueva Ley de Vivienda propuesta por el PSOE y UP, con el apoyo de Bildu y ERC. Desde el Gobierno no se ha escatimado saliva para defender esta ley como un acontecimiento histórico.
Así lo señalaba Ione Belarra asegurando que “hoy gana la ciudadanía y pierde Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca y pierden los especuladores que durante años han estado jugando con la vida de mucha gente”[1].
Sin embargo, estas declaraciones triunfalistas no se corresponden con la realidad. Tal y como ha señalado la propia PAH "la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular" habiéndose impuesto "las presiones… de los fondos de inversión y las patronales inmobiliarias", con "una Ley que no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles, ni asegura la protección de un techo a las personas sin hogar, y cuyas medidas más destacables consisten en ventajas fiscales para los propietarios y una regulación de alquileres llena de carencias que difícilmente tendrá el efecto de bajar de forma efectiva los precios de los mismos".
Los precios de la vivienda son cada día más desorbitados, haciendo inaccesible la vivienda ya no solo a la juventud sino a muchas familias trabajadoras. Con un solo sueldo alquilar una casa es cada vez más insostenible y los precios de las habitaciones no dejan de incrementarse, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, presionados cada vez más por la especulación desaforada de los pisos turísticos.
En una ciudad como Madrid, en barrios obreros como el de Carabanchel, los precios de las habitaciones superan frecuentemente los cuatrocientos o quinientos euros, con sueldos que apenas superan los 1.000, y en un contexto de inflación que ha hundido los salarios a un nivel sin precedentes.
En esta situación, las medidas de la Ley de Vivienda respecto al alquiler no solo no garantizarán alquileres asequibles, sino que ni siquiera frenarán la subida de los precios. Sobre los actuales precios absolutamente inflados, la nueva ley va a seguir permitiendo subidas del 2 y 3% vinculadas con la inflación hasta 2024, pero a partir de 2025 desaparecerán incluso estás tibias limitaciones. Pero además, dichas limitaciones no garantizan que no se vayan a producir subidas superiores, de hasta el 10%, cuando se justifiquen por la realización de reformas que quedan vagamente definidas o porque el propietario repercuta el IBI a los inquilinos.
Si esta “regulación” de los precios ya de por sí es un chiste, ni siquiera se establece un régimen sancionador. Además, no se limita el alquiler temporal de vivienda, de pisos turísticos, que se está convirtiendo en el gran coladero para continuar la escalada de los precios. Por eso mismo el Sindicato de Inquilinos ha denunciado que la regulación de los alquileres “es una farsa”[2].
Por otro lado, el establecimiento de un límite al precio de los alquileres no se basa en las capacidades económicas de los inquilinos, sino que está condicionado a la declaración de zonas tensionadas en las ciudades y pueblos. Pero la declaración de estas zonas depende de los Gobiernos de las comunidades autónomas, de modo que solo cabe esperar que en las comunidades gobernadas por el PP, como ya ha dicho públicamente Ayuso, no se declare ni una sola zona tensionada y por lo tanto ni siquiera se aplique el ridículo sistema de contención de alquileres previsto en la Ley. ¡Hecha la Ley, hecha la trampa!
Con esta estratagema el Partido Socialista, completamente fusionado con la burguesía financiera, prácticamente convierte este punto de la ley en papel mojado. Además, al aceptar estas modificaciones, Podemos, EH Bildu y ERC dejan a su suerte a aquellos inquilinos que viven en comunidades controladas por el PP-VOX.
En relación con los desahucios, más de 79.000 en 2021 y 2022 y más de 50.000 pendientes, esta ley tampoco los prohíbe. Solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación cuya resolución no es de obligatorio cumplimiento. Con este trámite lo único que se consiguen son moratorias más largas del proceso de alzamiento, de hasta dos años, prolongando la agonía de los inquilinos desahuciados. Por otro lado, no se ha tomado medida alguna respecto a miles de familias hipotecadas, que no dejan de ver cómo suben mes a mes sus cuotas, fruto de la subida de los tipos, mientras la banca obtiene beneficios récord sin precedentes.
Sánchez sube la apuesta prometiendo vivienda de la mano de los fondos buitre[3]
Por otro lado el PSOE ha anunciado su intención de sacar miles de viviendas a precio “asequible”, entre ellas unas 50.000 procedentes de la Sareb. Se trata de todo el parque de vivienda que absorbió el Estado en 2012 al rescatar a grandes entidades bancarias quebradas, la principal de ellas Bankia.
La finalidad de ese rescate fue reflotar el sistema financiero a costa de saquear las arcas públicas: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Por ello, en lugar de utilizar toda esa vivienda para crear un parque público a precio regulado, lo que se hizo fue ponerlo a disposición de los fondos buitre. Ahora mismo, una gran parte de los miles de vivienda con las que aún cuenta la Sareb han sido puestas en manos de las firmas Blackstone, KKR y Lone Star para que las gestionen a su mayor beneficio.
A medida que estos fondos han ido adquiriendo vivienda hemos asistido a un proceso espectacular de subida de precios en la compra y el alquiler. Y miles de personas han sido expulsadas de sus hogares, o cae sobre ellas la espada de Damocles del desahucio, fruto de la gestión capitalista de estas viviendas.
Una parte de las viviendas de la Sareb carecen de interés para esos fondos buitre, bien porque están inacabadas y son, por tanto, inhabitables, o porque están ubicadas en zonas rurales donde hay una demanda de vivienda muy escasa. Estas son las viviendas que Pedro Sánchez ofrece ahora, en víspera de las elecciones municipales y autonómicas, con tanta alegría.
Pero que nadie espere que el fabuloso negocio de los fondos buitre se va a acabar por la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Todo lo contrario. Todos los inmuebles de la Sareb, incluidos los que integrarán ese prometido parque de vivienda pública asequible, siguen estando a disposición de los fondos buitre, disponibles para su venta a cualquier particular. Lo único que la Ley establece es que podrán ser compradas de forma preferente por las administraciones que lo requieran, y el Gobierno no descarta incluso que los fondos buitre puedan gestionar los “alquileres sociales”.
En resumen, la gigantesca transferencia de riqueza desde los bolsillos de la clase trabajadora a las cuentas de la oligarquía financiera ocurrida a raíz de la crisis de 2008 va a seguir profundizándose. ¡Los fondos buitre ahora van a seguir sacando tajada de su supuesta dedicación al alquiler social! ¡La indignación que sentimos no puede ser mayor! ¡Esto no es lo que necesitamos!
Lo que realmente hace falta para frenar el coste astronómico de los alquileres es poner toda la vivienda propiedad del Estado a disposición de los trabajadores a precios asequibles, objetivo muy alejado de las pretensiones del Gobierno. Pero mientras esto dependa de la mediación de grandes constructoras, bancos y fondos de inversión este plan solo puede acabar en precios impagables, desahucios y pesadilla.
Ahí dónde sea necesaria, la vivienda pública debe ser construida por una empresa pública de construcción, que garantice unas condiciones dignas de trabajo y precios que no superen el 10% de nuestros ingresos, así como los suministros. Así mismo, para liberarnos de la especulación inmobiliaria, tienen que ser agencias públicas las que gestionen el alquiler social de vivienda, garantizando en todo momento un proceso transparente, participativo y controlado por las usuarias y usuarios de esa vivienda pública. ¡Esa sí es la política que necesitamos!
Es posible solucionar el problema de la vivienda, ¡pero solo expropiando a bancos, fondos buitre y grandes tenedores!
Junto con las declaraciones anteriores, en la presentación de la ley, Belarra decía que esta ha sido la negociación más difícil de toda la legislatura. Durante tres años de negociaciones, el PSOE se ha resistido con uñas y dientes a una ley que limitara de forma efectiva el precio de los alquileres.
Sorpresivamente a unos meses de las elecciones, sin embargo, esta ley ha sido aprobada. Finalmente, el PSOE ha conseguido sacar una ley inocua para seguir alimentando la máquina de la propaganda.
Como es innegable que esta es una ley absolutamente insuficiente para garantizar el derecho a una vivienda digna, tanto Pablo Iglesias como los representantes de EH Bildu y ER se han visto obligados a reconocer las limitaciones de la ley, descargando la responsabilidad sobre las resistencias del PSOE a aprobar una ley mejor. Aun así la siguen defendiendo como una medida casi revolucionaria.
Pero otra ley era posible. Desde luego, no desde el Consejo de ministros, pero sí impulsando la movilización en la calle. Quebrar el poder de los fondos buitre, de los bancos y de otros grandes tenedores de vivienda es imposible sin apelar e impulsar la movilización de las y los inquilinos e hipotecados, de la clase obrera. Solo la organización consciente de los inquilinos, la juventud y las familias trabajadoras, aplastadas por el precio del alquiler, las hipotecas y la inflación, dirigida a evitar activamente los desahucios, a imponer un control real de los precios y a ocupar y exigir la expropiación de los bloques de viviendas de bancos y grandes propietarios, permitirán alcanzar victorias que no se conviertan en polvo según ven la luz del sol.
Notas:
[1] Belarra califica de "histórico" el acuerdo para la Ley de Vivienda
[2] Millones de inquilinas se quedan de nuevo fuera de la regulación propuesta por el gobierno
[3] El Gobierno confía en los fondos KKR y Blackstone para ejecutar su plan de vivienda
