La sesión del Congreso de los Diputados del martes 19 de septiembre, en la que se ha comenzado a tramitar la ley que permitirá hablar en estas lenguas ha tenido un carácter histórico. Tras 45 años de democracia capitalista y régimen del 78, lenguas que supuestamente son oficiales y que hablan más de siete millones de ciudadanos podrán ser utilizadas por fin en las sesiones. El nacionalismo españolista más rabioso, representado por los diputados neofascistas de Vox y la bancada reaccionaria del PP, se han manifestado públicamente en contra, abandonando el hemiciclo o renunciando a la traducción simultánea.
En el pasado, el intento de hablar en estas lenguas dentro de lo que se supone es la sede de la "soberanía popular" implicaba represión y sanciones. Así les ocurrió a Joan Tardà y otros dos diputados de ERC en el año 2013, y terminaron siendo expulsados del Congreso. Una actitud vergonzosamente antidemocrática que se ha mantenido no solo bajo Gobiernos del PP, sino también con los diferentes Ejecutivos del PSOE que siempre han rendido pleitesía al único nacionalismo hegemónico y opresivo que existe en nuestro país, el español, y a los poderes facticos del franquismo remozado.
En la sesión del martes también hemos asistido a la histeria del PP, cuyos dirigentes han intentado evitar hasta el último momento que se pudiera hablar en dichas lenguas, como de Vox, cuyos diputados se han levantado indignados devolviendo sus pinganillos y abandonando como ratas sus escaños.
Un esperpento aleccionador que no puede ocultar la crisis que atraviesa la derecha, tras constatar que no gobernará, y las divisiones entre Vox y el PP. Hasta tal punto ha sido así que cuando el portavoz popular Borja Semper, en un alarde de supuesta modernidad y conciliación, ha decidido hablar en euskara, los diputados de Vox han vuelto a levantarse marchándose indignados. Ahora Vox, para intentar revertir esta humillación, y para poner en evidencia al PP, pide que se prohíba hablar galego, català y euskara en el Senado, donde ya se hablaba y donde ahora el PP tiene mayoría absoluta.
La conquista de este derecho no es ninguna anécdota. Durante décadas de dictadura el català, el euskara o el galego fueron duramente perseguidos, como toda la cultura de estas naciones. El franquismo intentó erradicar todo rastro de estas expresiones culturales y lingüísticas recurriendo a la divisa “una patria, una lengua, una espada”, y realizando una amplia campaña propagandística con el lema “habla la lengua del Imperio”.
Tras la guerra civil el uso de dichos idioma en público fue duramente prohibido por el Estado franquista, hasta el punto de poner multas y penas de cárcel por hablarlos. Fue excluido de las Administraciones públicas, de cualquier documentación que tuviera efectos administrativos, como las escrituras notariales, de la rotulación de comercios y establecimientos, y obviamente de la prensa y las revistas, del teatro, de la radio y el cine, e incluso en los primeros años retirándose libros de las bibliotecas. Su uso quedó reducido a los hogares, viviendo una existencia clandestina.
También quedo prohibido su uso en la escuela, institutos y universidades, donde se empleó con celo la Iglesia Católica para imponer a sangre y fuego el castellano. Además se iniciaron campañas para la castellanización de los nombres propios, topónimos y localidades de Euskal Herria, Galiza y Catalunya. Concretamente en Euskal Herria se prohibieron los nombres “que no solamente están expresados en idioma distinto al oficial castellano, sino que entrañan una significación contraria a la unidad de la Patria”. Hasta tal punto fue así, que tuvieron que borrarse y cambiarse los nombres en las lapidas en los cementerios.
La reacción, y sus medios de comunicación, tienen la desfachatez de oponerse a este derecho democrático básico alegando que supone un gasto innecesario. Y lo dicen los mismos que justifican la existencia de La Corona que implicará un gasto en el año 2023 de 8.431.150 euros, o que no dudan en doblarse y triplicarse sus salarios cuando llegan a las instituciones, como han hecho Vox y el PP en numerosos Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos. ¡Que cinismo! ¡El problema no es el gasto, sino su rancio españolismo franquista!
La lucha por la liberación nacional de Catalunya, Euskal Herria y Galiza se ha convertido en una punta de lanza en la batalla contra la extrema derecha y el régimen del 78. Así ha quedado en evidencia en las elecciones del 23J. Que la reacción rabie y que el aparato del Estado se revuelva con la amnistía, muestra el camino a seguir. Hay que desterrar la España “una, grande y libre” que está en el ADN del capitalismo español.
