Tras numerosos bandazos de la cúpula del PP, y anticipándose al rotundo fracaso que va a cosechar Feijóo en la sesión de investidura, los hechos se han impuesto. La derecha pasa a una oposición dura teñida de españolismo nauseabundo y agita con el espantajo del separatismo y la destrucción de España. La llamada a rebato de Aznar a movilizarse contra una posible ley de amnistía ha marcado la línea. Ayuso y los suyos se refuerzan y mueven con toda tranquilidad a la marioneta que ocupa, por el momento, el liderazgo del partido.
Aznar, el mismo que siendo presidente del Gobierno mintió mezquinamente afirmando que en Iraq había armas de destrucción masiva, que justificó una guerra imperialista criminal y salvaje, saldada con cientos de miles de muertos, millones de desplazados y un país reducido a cenizas y ruinas, el mismo personaje que minutos después del atentado yihadista en Madrid el 11 de marzo de 2004 culpó a ETA para obtener una miserable ventaja electoral, este corrupto que ha amparado todo tipo de tramas mafiosas de financiación ilegal de su partido y para su enriquecimiento personal y el de su familia, tiene la osadía de bramar contra la amnistía. ¿La razón? Hay que castigar a todo un pueblo que se atrevió a poner urnas y ejercer su derecho a decidir. ¡Y nos lo dice un criminal de guerra!
En sintonía con su discípula, Díaz Ayuso, Aznar ha llamado a “activar todas esas energías que, en el marco de una contienda democrática, tienen que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución… existe un riesgo cierto existencial para la continuidad de España como nación, como comunidad política de ciudadanos libres e iguales, y como Estado bajo el imperio de la ley aplicada por jueces y tribunales independientes”. Patético.
En este afán para garantizar la “salvación de España”, Aznar, el PP y Vox, no están solos. Cuentan con el apoyo entusiasta de esos vejestorios rabiosos del PSOE, y líderes intelectuales de una facción del terrorismo de Estado con los GAL. Sí, Felipe González y Alfonso Guerra ya han planteado tajantemente que la amnistía no cabe en la Constitución y que es una amenaza para el régimen del 78. Un régimen del que Felipe González dice se siente muy orgulloso, y no es de extrañar, teniendo en cuenta que gracias al mismo se ha convertido en multimillonario.
El cinismo de la derecha y de estos próceres del PSOE no conoce límites. Se rasgan las vestiduras ante una posible amnistía, como ya hicieron con los indultos a los dirigentes independentistas de ERC y Junts, señalando que hay que defender la Constitución, la separación de poderes y del imperio de la Ley.
Y nos lo dicen los mismos que garantizaron la impunidad de los crímenes del franquismo, pusieron medallas a torturadores, indultaron a los golpistas del 23F, y organizaron y encubrieron el terrorismo de Estado de los GAL. Los que han hecho todo lo posible por dejar en libertad a cientos de corruptos y encausados en tramas como la Gürtel o los ERE de Andalucía. Los que han defendido a capa y espada al amnistiado mayor del reino, a Juan Carlos I de Borbón, traficante de armas, comisionista y defraudador de la hacienda pública. Y podríamos seguir ad nauseam.
Un poco de historia. Los hechos matan el relato de estos sinvergüenzas
El régimen de la Constitución de 1978 se levantó sobre una amnistía general que perdonó todos los crímenes del franquismo. No hay que olvidar que este hecho no tiene precedentes. Ni en Alemania, ni en Italia, ni en Argentina, ni en Chile, jamás se llegó tan lejos con los criminales del nazismo, del fascismo y de las juntas militares.
Franco construyó su régimen sobre una pila inacabable de cadáveres: más de 150.000 ejecutados en la retaguardia que controlaba y en los años posteriores a la finalización de la guerra civil; decenas de miles muertos por las enfermedades y penalidades sufridas en los campos de concentración y en los batallones de esclavos que hicieron de oro a los muy ricos; miles de exiliados, de asesinados y torturados durante cuarenta años de dictadura.
Todo eso fue lo que perdonó una amnistía infame, la de 1977, que nos arrebató la memoria histórica y garantizó la absoluta impunidad a miles de criminales que pudieron seguir jugando un papel de primer orden en la política, la judicatura, la alta administración del Estado, la policía, el ejército… Ahora sus hijos y sus nietos, que siguen ocupando los mismos sillones de sus padres y abuelos, son los que se indignan por la posible amnistía a los independentistas catalanes.
Ya en la supuesta democracia los hechos siguieron hablando, y mucho.
Las quejas de Aznar o de Felipe González quedan en evidencia atendiendo a lo que hicieron sus propios Gobiernos. Desde la muerte de Franco se han concedido más de 20.000 indultos, 5.944 durante los Gobiernos de Felipe González, incluyendo a los golpistas del 23-F, y 5.948 bajo los de Aznar, incluyendo a los condenados por el terrorismo de Estado de los GAL. Ahora que muchos tertulianos a sueldo dicen que la amnistía general está prohibida por la Constitución, es bueno recordar que el propio Aznar indultó en un solo día a 1.443 condenados, una gran parte a petición del Vaticano. Se ve que la Constitución puede ser flexible si intercede el papa.
"Sin duda, el caso más escandaloso fue el de los militares implicados en el golpe de Estado del 23-F. El General Armada, cerebro del golpe según la propia sentencia del TS y amigo personal de Juan Carlos I, fue condenado a casi 27 años de prisión pero resultó indultado con un informe favorable del TS aprobado por unanimidad. Cumplió menos de 6 años de reclusión, menos de un cuarto de su condena. En el caso de Tejero, que siempre reivindicó su ideología fascista y la legitimidad del golpe, el TS recomendó el indulto. El Gobierno de Felipe González no se lo concedió, pero no puso el grito en el cielo ante esta escandalosa posición por parte del alto tribunal. Se ve que los independentistas son peores que Tejero, que entró a tiros en el Congreso.
El otro gran escándalo fue el de los GAL, por el que el ministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, en el Gobierno de Felipe González, fueron condenados a 10 años de prisión por terrorismo de Estado. Los GAL, organizados desde el Ministerio del Interior y La Moncloa, tal y como reconoció indirectamente Felipe González cuando señaló que tuvo en su mano volar a la cúpula de ETA en Francia, cometieron 27 asesinatos políticos entre 1983 y 1987 contra miembros y simpatizantes de ETA, refugiados vascos, y también contra ciudadanos sin adscripción política. Y esto que se sepa, ya que como señala un informe del Foro Social Permanente, de 482 casos de atentados terroristas con resultado mortal sin resolver, el 61,4% corresponden a los GAL o su predecesor, el Batallón Vasco Español, activo con Fraga Iribarne y Martín Villa.
A pesar de la gravedad del caso, con delitos de sangre, con secuestros, y con enterramientos en cal viva, José Barrionuevo y Rafael Vera solo cumplieron tres meses de reclusión al ser indultados en tiempo récord por el Gobierno de Aznar, de nuevo con el criterio favorable del TS. En esos meses Felipe González, Alfonso Guerra y la plana mayor del PSOE clamaron por su libertad a las puertas de la cárcel de Guadalajara, exigiendo un indulto total y criticando al Gobierno de Aznar por conceder solo el indulto parcial. Otro que acudió a las puertas de la cárcel para exigir la libertad de estos criminales fue Emiliano García Paje, en ese momento consejero en el Gobierno de Castilla La Mancha. Se ve que el terrorismo de Estado sí cabía en la Constitución.
También fueron indultados junto a Barrionuevo y Vera otros tres altos cargos condenados como cabecillas de los GAL: el exsecretario general del PSE de Bizkaia, Ricardo García Damborenea, el exgobernador civil, Julián Sancristóbal, y el exjefe superior de la Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo.
Un aparato del Estado que vive en una amnistía permanente
Pero esta es únicamente la punta del iceberg. Durante décadas el aparto del Estado ha actuado con enorme brutalidad, y siempre ha gozado del perdón legal. Un informe de la fundación Euskal Memoria señalaba que de 62 agentes condenados por torturas contra ciudadanos vascos, más de la mitad (36), habían terminado siendo indultados. Además, muchos de estos agentes, a pesar de haber sido inhabilitados, fueron reasignados a nuevos puestos.
Un buen ejemplo es el de Manuel Sánchez Corbí, jefe de Operaciones Antiterroristas de la Guardia Civil entre 1987 y 2013, y condenado a cuatro años de prisión por torturas en 1997 (luego rebajada a un año por el TS). No llegó a pisar la prisión, ni a ser apartado de sus cargos, al ser indultado por el Gobierno de Aznar. Posteriormente fue ascendido a jefe de la UCO hasta el año 2018.
También fue sonado el caso del general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 73 años por los secuestros y asesinatos de los militantes de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983, torturados y enterrados en cal viva. Galindo solo pasó cuatro años y cuatro meses en prisión porque en 2004 fue excarcelado con el argumento de que sufría una dolencia cardiovascular, y se le permitió cumplir la condena en su domicilio. En 2013 se le concedió la libertad condicional. Galindo no murió de ninguna enfermedad coronaria, sino de Coronavirus en 2021.
Y esto son los casos en que existe alguno tipo de investigación y condena, ya que en la mayoría ni eso, tal y como señala un reciente informe internacional sobre los cuerpos policiales en el Estado español[i]. Según el mismo, en los casos de torturas y malos tratos “el Ministerio Fiscal es proclive a la inactividad, no solicitando la práctica de diligencias de instrucción, oponiéndose a la práctica de las mismas o incluso solicitando de manera anticipada el archivo de las actuaciones”. Tal y como señala el informe, de 2.572 procesos disciplinarios internos analizados en dos periodos de tres años ¡solo 26 acabaron en sanción!, y 2.481 no fueron ni siquiera incoados, es decir, ni siquiera se investigaron.
Pero no solo se reserva este trato exquisito de la justicia a golpistas, torturadores o terroristas de Estado. Desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por corrupción, la mayoría, 150, por parte de Gobiernos del PP, y los otros 62 por Gobiernos del PSOE. Algunos ejemplos notorios fueron los indultos parciales por el caso Filesa, a los condenados por las identificaciones falsas en el caso del accidente del Yak 42, o el indulto al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz.
Y a todos estos ejemplos se suman otros en los que sin haber indulto, se ha producido un trato extraordinariamente favorable por parte de la judicatura o el aparato del Estado. Así ocurrió con los asesinos de bandas fascistas durante la Transición y los años 80, destacando la matanza de Atocha, o en numerosos casos de corrupción, como el de Bárcenas y su mujer que, a pesar de ser condenados a 29 y 12 de prisión, ya están en la calle. Nada que ver con el rapero Pablo Hassel, que sigue en la cárcel, y de muchos otros activistas y militantes de la izquierda a los que obligan a cumplir íntegramente sus condenas.
La ley de amnistía y la lucha contra el régimen del 78
Esta nueva campaña histérica de la derecha, de Felipe González y del aparato del Estado es consecuencia de su impotencia ante un movimiento de masas ejemplar que mediante la lucha en las calles votó, impuso un referéndum de autodeterminación, y doblegó la brutal represión impulsada por el nacionalismo españolista y ejecutada por la policía y la Guardia Civil.
Una potencia de transformación que sigue estando muy presente, como se vivió en la última Diada, y que ahora puede obligar a Pedro Sánchez y al PSOE a desdecirse y a ceder en algo que hace unos meses parecía impensable, una amplia Ley de Amnistía. Felipe González señala que una amnistía supondría reconocer que los dirigentes independentistas, y los cientos de miles que ocupamos las calles, hicimos los correcto. ¡Y está en lo cierto! Movilizarse para poder votar, para decidir, no es ni puede ser delito.
La aprobación de una Ley de Amnistía supondría una victoria contra la reacción españolista y el aparato del Estado, y no solo en Catalunya. En este momento habría, según Omnium Cultural, 1.432 represaliados que podrían ser potenciales beneficiarios de una amnistía, aunque diversas fuentes hablan de entre 3.000 y 4.000 represaliados. Todas y todos los que han sido objeto de represión, penal o administrativa, en la lucha por el derecho de autodeterminación y la República, deben ser amnistiados, desde los activistas de calle y los CDR hasta Puigdemont.
Sin embargo, incluso tras una amnistía de este calado, seguirá habiendo numerosos presos políticos en todo el Estado, raperos, los jóvenes de Altsasu, activistas climáticos, a los que la Fiscalía acusa ahora de terroristas, sindicalistas como los de Zaragoza o de la Suiza por ejercer su derecho a la protesta y a la huelga, militantes contra los desahucios, mujeres que se rebelan contra la justicia patriarcal, etc… El PSOE que ahora habla de amnistía no ha dejado de endurecer la represión, manteniendo la Ley Mordaza, y garantizando al frente del Ministerio del Interior a un juez de la Audiencia Nacional.
No cabe duda de que el aparato del Estado se revolverá y tratará de boicotear una posible Ley de Amnistía, como ya ha hecho con la Ley del Solo sí es sí o con la reforma del delito de malversación. Por eso mismo, tenemos que insistir que el único camino para enfrentar a la reacción de derechas está en la organización y la movilización más masiva y extensa, de manera independiente, y con un contenido claro: el derecho democrático a la autodeterminación no es ningún delito.
Desde Sumar y el PSOE llaman a un gran acuerdo, que incluya a patronal y sindicatos, que avale la amnistía y cerrar definitivamente la crisis revolucionaria que vivió Catalunya a partir del 1 de octubre de 2017. Pero la cuestión nacional se alimenta de la descomposición del capitalismo, que persiste y se profundiza.
La izquierda gubernamental y parlamentaria encabezada por Pedro Sánchez, pasando por Yolanda Díaz y hasta Pablo Iglesias, y con la boca pequeña los dirigentes de ERC y Junts, plantean la amnistía como una necesidad para pasar página e iniciar otra etapa. Pero los revolucionarios reivindicamos la histórica jornada del 1 de octubre, reivindicamos lo que significó: la lucha de masas para conquistar la república socialista, en Catalunya y el resto del Estado, y acabar con el régimen del 78 y la opresión capitalista.
Notas:
[i] Un informe demuestra que en todos los cuerpos policiales del Estado faltan mecanismos de control y rendición de cuentas
