El debate de investidura de Núñez Feijóo terminó como estaba previsto. Su fanfarronada de que tenía los votos pero que no iba a ser presidente porque no quería traicionar a España, solo sirvió para subrayar su impotencia.
Este fracaso sigue la senda de su fallido llamamiento a “movilizar la calle” contra la amnistía y el derecho a decidir del pueblo catalán. Los 40.000 asistentes concentrados en el barrio de Salamanca de Madrid, muchos llegados en autobuses de otras zonas del Estado, palidecen frente a los más de 300.000 asistentes convocados por Podemos en enero de 2015 en la Marcha del Cambio, o la última manifestación de la Diada en Barcelona con más de 600.000 participantes.
La crisis de la derecha
El debate de investidura propició una tregua temporal en los enfrentamientos internos en el bloque de la derecha. Pero las consecuencias del shock de su derrota en las elecciones del 23J distan mucho de haberse disipado. PP y Vox siguen encallados ante un dilema fatal: si marchan por separado y enfrentados no podrían gobernar, y si se unen en torno a un programa franquista, españolista, machista y racista – el único que facilita esa unidad - despiertan un enorme rechazo social que les cierra, por el momento, las puertas de La Moncloa.
La tensión entre un ala que se pretende más “moderada” y “europea” y los nostálgicos del franquismo, viene de lejos. El súbito ascenso electoral de Vox en 2019 la agudizó y favoreció que el ala abiertamente trumpista del PP, encabezado por la Triple A de la derecha española - Ayuso, Aguirre y Aznar –, y apoyado por sectores nada despreciables del empresariado, explotaran los prejuicios de segmentos atrasados y desmoralizados de los trabajadores, de muchos sectores que viven del aparato del Estado, y de las ansias de enriquecimiento fácil de millones de pequeñoburgueses. Por eso la alianza con Vox en las elecciones municipales y autonómicas de mayo se impuso y lo hizo cosechando muy buenos resultados ante la desmovilización de la base social de la izquierda.
Pero poco les duró la alegría. Las elecciones de julio fueron un baño de realidad y devolvieron al PP y Vox al punto de partida. En las filas de Abascal la derrota ya produjo un primer terremoto. Los dirigentes más vinculados al gran capital, incluyendo a su exgurú económico Rubén Manso y al exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, fueron excluidos del partido por una dirección más falangista y ultracatólica.
Pero en el PP las cosas no van mejor y las espadas siguen en alto. Después de momentos de zozobra, contradicciones y un desnorte que se manifestó en declaraciones para todos los gustos, el discurso de Feijóo en el debate de investidura fue, ante todo, un intento de reunificar a la derecha, haciendo suyas las posiciones de Vox en temas de violencia de género o crisis climática, y con la oposición frontal a la amnistía y al derecho a decidir del pueblo catalán como eje central de su programa españolista a ultranza.
La hoja de ruta del PP aparece clara: movilizará todos sus recursos, incluidas las poderosas palancas de la alta judicatura y la escuadra mediática que controla, para repetir una oposición salvaje contra el nuevo Gobierno de coalición.
Pedro Sánchez: paz social y amnistía, con Podemos en la lona
La derrota del intento de investidura de Feijóo despeja el terreno para que Pedro Sánchez puede conformar un Gobierno plenamente a su medida y le deja manos libres para reforzar su política de paz social y desactivar definitivamente el levantamiento catalán, el mayor desafío sufrido por el régimen del 78 en toda su historia.
Tras haber aplastado a Feijóo sin tomar la palabra en el debate y contando con el apoyo incondicional de Sumar, Sánchez se prepara para lanzar una amnistía que, a cambio de liberar a los dirigentes del independentismo catalán de posibles consecuencias penales y multas cuantiosas, reconduzca el movimiento de liberación nacional hacia la política institucional negando cualquier posibilidad de un referéndum de autodeterminación.
Sin duda, la clase dominante española y catalana quedará muy agradecida a Sánchez si esta política tiene éxito. Con sus beneficios batiendo récords históricos, con los dos grandes sindicatos rendidos a sus pies, cerrar la grieta del levantamiento catalán de 2017 es fundamental para apuntalar el mejor ambiente de estabilidad para los negocios.
Pero esta amnistía no será, de ninguna manera, una concesión graciosa de Sánchez, como no lo es el uso de otras lenguas del Estado español en el Congreso. Ambas cuestiones han supuesto un brusco giro de 180º en la posición mantenida por el PSOE hasta hace pocas semanas. Felipe González y otras momias “socialistas” gruñen de rabia ante este cambio y parecen no comprender que no se trata de un capricho de Sánchez. Los cambios en la política del PSOE y su giro a favor de la amnistía vienen impuestos por la enorme presión de la calle. La inmensa movilización de los años 2011-2015 en todo el Estado y de 2016-2019 en Catalunya sigue provocando efectos políticos que obligan a Sánchez a ofrecer ciertas concesiones por la izquierda si quiere mantenerse en el poder frente a la ofensiva permanente de la derecha.
Estas son las razones que empujan a Sánchez a llegar tan lejos en la amnistía. Es muy consciente de que el aparato del Estado hará mucho para sabotearla. Pero el líder del PSOE sabe que cuenta con un bloque parlamentario que quiere evitar a la derecha en La Moncloa, porque todos pierden con esa solución. Por eso se lanza a un camino que estará trufado de dificultades y que confía sortear. Su apelación a la concordia y a cerrar el conflicto catalán, es decir acabar con el movimiento de masas, tiene un respaldo muy serio desde el gran capital y desde las formaciones políticas parlamentarias que no cuestionan el orden social y económico actual.
Esta es la paradoja de la situación actual. Sánchez cabalga una movilización antifascista y feminista, pero la dirige hacia las aguas tranquilas del pacto social, de la salvaguarda del beneficio empresarial y de la amortiguación de las reivindicaciones de emancipación nacional.
Por descontado, las políticas del PSOE no van a solucionar los gravísimos problemas que sufrimos la clase trabajadora. Ni la carestía de la vida, ni las dificultades en el acceso a la vivienda, ni el deterioro de los servicios públicos más esenciales, ni la precariedad laboral, se van a solventar manteniendo las políticas procapitalistas y la estrategia de paz social propugnada por el PSOE. Aunque a corto plazo Sánchez vive una situación de ensueño, sin oposición efectiva a su izquierda y con la bendición tácita de los poderes económicos y financieros, a largo plazo sus políticas acabarán minando su apoyo social y volverán a abrir las puertas al retorno de la reacción.
El reforzamiento a corto plazo de la posición de Sánchez también se beneficia de la laminación de Podemos. En esta tarea el papel de Yolanda Díaz ha sido clave. Designada a dedo y de la forma más burocrática posible por Pablo Iglesias, su hostilidad brutal contra la formación morada no tiene parangón. Excluyendo a Irene Montero de las listas y tratando de evitar a toda costa su presencia en el futuro Ejecutivo de coalición, deja claro lo que pretende.
Yolanda Díaz ha llegado muy lejos. Solo le importa llevar a cabo su cometido caiga quien caiga, y asegurarse así un papel prominente en un Gobierno que estará escorado hacia las posiciones más moderadas y aceptables para los poderes económicos. Pero si Yolanda Díaz ha llegado tan lejos no es por casualidad. Los graves errores políticos de la dirección de Podemos, su renuncia a romper con este colaboracionismo ministerialista y su abandono de la lucha de clases, ha permitido a sus enemigos golpearles sin que su base pueda movilizarse, paralizada por la estrategia de sus dirigentes.
La próxima legislatura estará sometida a muchas corrientes contradictorias pero una cosa es segura: la lucha de clases seguirá encontrando caminos para expresarse. Por eso necesitamos más que nunca una izquierda consecuente, que no se conforme con “vencer” a la derecha con escaramuzas parlamentarias, sino que la combata abiertamente con una política de clase. El reformismo se esfuerza en demostrar a los capitalistas que sus intereses estarán mejor garantizados bajo su gobierno que bajo un gobierno de la reacción. La izquierda que necesitamos no concilia con nuestros explotadores, sino que lucha por expropiarlos y por levantar una sociedad socialista.
