Después de semanas marcadas por intensas y secretas negociaciones, finalmente los acuerdos con Sumar y ERC, los encuentros en Bruselas con Puigdemont y la consulta a la militancia socialista parece que despejan el camino para que Pedro Sánchez logre en poco tiempo ser investido presidente del Gobierno.
La ansiedad disminuye. Yolanda Díaz tiene lo que quería: la escenificación de un pacto con el PSOE colmado de brindis al sol y vagas promesas que no se cumplirán, pero que le aseguran nuevamente la Vicepresidencia. Obviamente, el pacto incluye expulsar a Podemos del Consejo de Ministros y volver a dar con la puerta en las narices a Irene Montero, pero el resultado merece mucho la pena a tenor de las declaraciones de Díaz y sus íntimos, como Ada Colau.
Pero no ha sido ni Yolanda Díaz, entregada a lo que diga el PSOE, ni Podemos, fuera ya de cualquier posibilidad de influenciar la gobernanza, lo que ha condicionado a Pedro Sánchez y su equipo en estas semanas. No ha sido eso, no, sino la necesidad de ganar el apoyo de Junts per Catalunya, y concretamente de Carles Puigdemont, lo que ha traído de cabeza al PSOE. Y finalmente, también aquí se ha producido fumata blanca: Pedro Sánchez y las fuerzas independentistas catalanas han cerrado el acuerdo para una ley de amnistía que tendrá una enorme trascendencia política y que ya está movilizando a la derecha y la ultraderecha y a todos sus terminales en el aparato del Estado y medios de comunicación para sabotearla. La estrategia del “España se rompe” vuelve con fuerzas redobladas.
Más allá de la histeria de Díaz Ayuso, Feijóo o Abascal, dedicados a la agitación españolista desenfrenada, sectores decisivos del gran capital —desde Foment del Treball, uno de los pilares de la CEOE, a los grandes capitanes de la banca, y pasando por muchos representantes cualificados de la burguesía catalana, española y europea— ven con muy buenos ojos una medida que puede profundizar la desmovilización popular y arrinconar definitivamente el mandato del 1 de octubre de 2017. Dar carpetazo a la mayor crisis política que ha enfrentado el régimen del 78 en décadas bien vale una ley de amnistía.
Y es que esta ley es también el fruto directo de la lucha de clases. No es solo una maniobra por arriba. A pesar de que desde el PP y Vox lanzan aullidos de consternación, de que desde las cúpulas del poder judicial y del Tribunal Constitucional se plantearán todo tipo de obstáculos y bloqueos, e incluso del claro rechazo que la amnistía suscitaba hasta hace pocas semanas en el PSOE, Sánchez y muchos estrategas de la burguesía no han tenido más remedio que reconocer que el apoyo social a la lucha por la república catalana y a la independencia sigue siendo muy fuerte, y que para conseguir su desactivación y poder urdir un nuevo Gobierno de coalición necesitan de la colaboración activa e imprescindible de los dirigentes de ERC y Junts. Y esa colaboración no puede ser gratuita, implica algunas concesiones significativas. Ese es precisamente el carácter contradictorio de esta ley de amnistía: permitirá la desmovilización social y política en Catalunya, al tiempo que es el reflejo de la enorme fuerza del movimiento de liberación nacional.
¿Qué ha sido del acuerdo de gobierno PSOE-Sumar?
En un intento de ganar oxígeno político y de amortiguar la repercusión pública de la matanza en Palestina, en la última semana de octubre el PSOE y Sumar cerraron a toda prisa un acuerdo en el que se recogían “maravillosos avances sociales, cambios legislativos históricos y ambiciosísimos proyectos”. Incluso prometieron derogar, ahora sí, esa Ley Mordaza que, pese a los compromisos previos, mantuvieron intacta durante los cuatro años de Gobierno de coalición.
La medida estrella de este pacto es la promesa de rebajar la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. Pero el PSOE y Sumar carecen de capacidad para aprobar esta medida sin contar con sus aliados parlamentarios del PNV y Junts, cuyos estrechos vínculos con el empresariado vasco y catalán lo hacen muy improbable.
Además, en el pacto no se menciona ninguna medida para hacer frente al creciente coste de la deuda pública, que pasará de absorber este año entre 28.000 y 31.000 millones de euros a requerir 39.000 millones en 2024, según el Plan Presupuestario del Gobierno. Un negocio redondo para la banca y los fondos de inversión, que va a hacer completamente inviable que el acuerdo PSOE-Sumar se materialice en medidas reales y mucho menos cuando los compromisos con la OTAN obligarán a incrementar sustancialmente el gasto militar.
Un nuevo Gobierno de coalición, ¿otra vez el más progresista de la historia?
Hay pocas dudas de que el nuevo Gobierno de coalición será mucho más escorado a la derecha, con muchas más hipotecas que pagar a la burguesía y más dependiente, si cabe, del amo imperialista de Washington. Un Ejecutivo que clausura definitivamente el periodo de enormes movilizaciones sociales y políticas iniciado en 2011, que se levanta sobre el hundimiento de Podemos y que buscará en estos próximos años profundizar en la política de gestos y guiños a su base social con mucha fanfarria y propaganda, pero que aplicará una agenda muy definida asegurando de nuevo los beneficios empresariales récord.
Pensar que el nuevo Ejecutivo que salga del acuerdo entre el PSOE y Sumar va a acometer una política de izquierdas valiente para acabar con los recortes en la sanidad y la educación públicas, para que la vivienda pública y asequible sea un derecho social, que respete y defienda los derechos y libertades democráticas… Pensar que el próximo Gobierno va a hacer algo de esto es, sencillamente, un cuento para niños.
Por ejemplo. La ausencia durante las negociaciones de cualquier cuestionamiento a la política sumisa y cómplice de Sánchez con el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y Cisjordania es clamorosa. Todas las declaraciones de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino de los dirigentes de Sumar, PCE e IU se revelan como pura palabrería al comprobar que la cuestión palestina solo merece seis líneas de retórica vacía en la última de las 48 páginas del acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Sumar el pasado 24 de octubre.
El Gobierno de Sánchez ha dado cobertura política a la masacre perpetrada por el régimen sionista de Netanyahu esgrimiendo el supuesto derecho de Israel a su “defensa”, y en nombre de ese “derecho” mira hacia otro lado mientras miles de vidas inocentes son segadas en Gaza. Claro que este apoyo no es casual: los vínculos económicos con Israel son importantes y numerosos negocios multimillonarios están en juego. El Estado español tiene en Israel un lucrativo mercado para la compra y venta de armas y sistemas de defensa; Israel es, tras Arabia Saudí, el segundo destino de inversiones españolas en la región; y, por si fuera poco, España recibe a través de Egipto importantes cantidades de gas natural licuado procedente de los pozos israelíes en el Mediterráneo.
En el terreno militar, la colaboración del Gobierno español con la OTAN y el imperialismo occidental en la guerra de Ucrania se extiende para dar soporte a las acciones bélicas de Israel. Además del apoyo que desde las tres bases de la OTAN en territorio español se presta a su despliegue en el Mediterráneo Oriental, dos barcos de guerra españoles, el buque logístico Patiño y la fragata Méndez Núñez, están participando en el Grupo Naval nº 2 de la OTAN desplegado frente a las costas de Israel que, si bien no interviene directamente en la agresión a Gaza, da respaldo a las operaciones de las fuerzas norteamericanas en Siria e Iraq, que desempeñan un papel central en el refuerzo de Israel en la región.
Al Gobierno y a sus aliados les parecen más que suficiente para salvar la cara unos cuantos post en las redes sociales derramando lágrimas de cocodrilo por los palestinos asesinados y apelando a un fantasmagórico “derecho internacional”. Menos mal que la ola creciente de movilizaciones multitudinarias en apoyo al pueblo palestino están poniendo en la picota el cinismo y la hipocresía de esta política vergonzosa.
¡La lucha está en las calles!
Con exiguas posibilidades de aprobar avances sociales, el deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población trabajadora es cada vez mayor y no se frenará con medidas cosméticas. Ni siquiera el argumento de que vale la pena apoyar al nuevo Gobierno porque así se cerrará el paso a la extrema derecha resiste la prueba de los hechos. El giro hacia el autoritarismo en toda Europa es evidente y la socialdemocracia no solo no lo frena, sino que lo promueve activamente.
Pese a todo, la constitución de un Gobierno PSOE-Sumar aparece a los ojos de una gran mayoría de nuestra clase como un millón de veces preferible a un Gobierno PP-Vox. Desde Izquierda Revolucionaria entendemos perfectamente esa opinión. ¡Pues claro que sería profundamente equivocado que las fuerzas de izquierda con representación parlamentaria negasen su apoyo crítico a la investidura de Sánchez!
Pero la cuestión es que manteniendo sus actuales políticas, el PSOE y Sumar no cerrarán el paso a la extrema derecha durante mucho tiempo. Las fuerzas parlamentarias supuestamente a la izquierda del PSOE, subordinándolo todo a la negociación de sus cuotas de participación en el Gobierno central o en futuros Gobiernos autonómicos,están hipotecando su futura capacidad de ejercer cualquier tipo de presión sobre el PSOE. Están dando un cheque en blanco que les arrastrará a justificarlo todo.
Jamás confiaremos en que el PSOE cumpla sus promesas por voluntad propia. La experiencia histórica es muy rica al respecto. Solo podemos basarnos en nuestras propias fuerzas para arrancar derechos y conquistas sociales, nunca en la gestión de unos partidos que han dejado muy claro su lealtad al sistema, a los poderes fácticos, al imperialismo y al militarismo.
Debemos aprender del estrepitoso fracaso de la nueva izquierda surgida tras la gran crisis de 2008. Solo la movilización independiente de la clase trabajadora, armada con un programa revolucionario e internacionalista, puede cambiar el rumbo del mundo y evitar la barbarie.
