Casi 24 horas después del apagón eléctrico que dejó sin luz y sin telefonía al Estado español y a otros países, la situación dista mucho de haberse normalizado. Trenes de cercanías que siguen sin funcionar; metros como el de Madrid que abren con retraso o atascos de tráfico kilométricos son algunas de las consecuencias del apagón que aún se dejan notar.
El balance de daños está aún por hacer, pero la grave situación que se vivió ayer en numerosos hospitales, el hecho de que cientos de personas tuvieran que dormir en las estaciones de tren, o los problemas sufridos por personas que dependen de una conexión eléctrica para mantener en funcionamiento dispositivos médicos vitales, nos muestran la enorme vulnerabilidad de nuestra vida cotidiana respecto a la generación, distribución y suministro de la energía eléctrica.
Las explicaciones oficiales sobre las causas del apagón son muy parcas: todas remiten a una oscilación de tensión y a reivindicar lo bien que ha funcionado la reposición del sistema. Pero lo que no dicen, y ocultan conscientemente los responsables de Red Eléctrica y del Gobierno es que algo tan vital como es el suministro de electricidad está en manos de un oligopolio que, como es natural en un sistema capitalista, busca maximizar sus beneficios económicos.
Tanto la generación de electricidad -Endesa, Iberdrola o Naturgy- como la distribución -gestionada por la Corporación Redeia, propietaria de Red Eléctrica de España y de redes de distribución en varios países sudamericanos- están en manos de un puñado de grandes inversores y fondos, entre los que destacan Blackrock, Norges Bank, Vanguard, la Qatar Investment Authority y Pontegadea, esta última, la sociedad que gestiona el patrimonio del gran capitalista patrio Amancio Ortega.
Lo último que preocupa a estos grandes magnates es garantizar la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico. Desde hace muchos años, tanto en el Estado español como en muchos otros países del mundo, ha sido patente el deterioro de las redes eléctricas, los incendios de subestaciones por falta de mantenimiento e incluso el total abandono de las instalaciones si la rentabilidad conseguida por la generación y venta de energía eléctrica no alcanzaban los niveles deseados.
Todas las fuentes oficiales hablan hoy de una situación completamente inesperada. Sin embargo, en febrero de 2023 una publicación especializada en este tema, El periódico de la energía, señalaba en un artículo[1] el riesgo de apagones durante el año 2025. En cualquier caso no estamos hablando de problemas técnicos cuya solución pueda ser más o menos compleja. Hablamos de la rentabilidad económica y de los beneficios inmensos del sector de la energía que se levantan exprimiendo a la clase trabajadora con facturas exorbitantes.
Son razones de rentabilidad por lo que las compañías productoras de electricidad deciden habitualmente apagar las centrales de ciclo combinado cuando los precios del gas no les permiten alcanzar los beneficios que desean. Con estos apagados, que necesitan en torno a 10 o 12 horas para ser revertidos, estas compañías crean una situación de riesgo para la población que cualquier situación inesperada puede materializar, como probablemente ocurrió el 28 de abril.
En 2024, Iberdrola logró un beneficio neto de 5.612 millones de euros, un 17% más que el año anterior. El beneficio de Endesa en ese año fue de 1.888 millones de euros, un 154% más que en 2023. Y, Naturgy, la más débil de las tres grandes empresas eléctricas del Estado español obtuvo “solo” un beneficio de 1.901 millones de euros.
Este apagón es una seria advertencia. No podemos dejar un servicio tan esencial, del que dependen las vidas de millones de personas, en manos de un grupo de capitalistas a los que solo les preocupa su beneficio. El saqueo de los servicios públicos esenciales es una herramienta para la acumulación de capital en esta fase de decadencia y barbarie del sistema. Por eso hay que defender la única alternativa que, en estos momentos, puede revertir una situación inaceptable: expropiar los grandes monopolios que controlan generación y distribución eléctrica, sin indemnización, para crear una empresa estatal de electricidad que, bajo control de sus trabajadores, tenga como objetivo principal garantizar un suministro estable y asequible para toda la población.
[1] España, en riesgo de tener apagones en 2025 si no se establecen mecanismos de capacidad
