Basta de mentiras y represión contra el pueblo de Catalunya
El 12 de junio quedaba visto para sentencia el juicio contra los doce acusados de organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017. Este juicio ha estado tan lleno de irregularidades, trato de favor a la acusación y hostigamiento contra la defensa, que recuerda las farsas judiciales del Tribunal de Orden Público franquista. Como en aquellos juicios-farsa, la sentencia del 1-O está escrita hace tiempo y tiene un único objetivo: infligir un castigo ejemplar al pueblo catalán por desafiar al régimen reaccionario del 78 y ejercer su derecho a decidir.
Un tribunal de franquistas con toga
Durante todo el juicio el tribunal dirigido por el juez Manuel Marchena ha protagonizado actuaciones impresentables: cortar a los abogados o testigos de la defensa cuando no le gustaba lo que decían y amenazarles incluso con “consecuencias penales” por denunciar hechos como la brutal actuación policial, por calificar al régimen del 78 de antidemocrático o por explicar que su aparato estatal procede del franquismo.
Esta actitud contrasta con su aceptación amable del relato manipulador y las mentiras descaradas fabricadas por los fiscales, así como con la comprensión mostrada ante comentarios políticos de carácter españolista y reaccionario de la acusación particular de Vox y sus testigos. Una de las medidas más escandalosas ha sido negar a la defensa el derecho a que las declaraciones de los testigos pudiesen ser confrontadas, en el mismo momento de producirse, con pruebas documentales como imágenes, grabaciones, partes médicos, etc. De este modo se legalizaba el “calumnia, que algo queda”.
Los millones de jóvenes y trabajadores que defendieron el 1-O su derecho a votar lo hicieron pacíficamente, y la única violencia la puso la brutal actuación policial, dejando mil heridos. Ante estos hechos, se ha recurrido a falsificaciones y argumentaciones esperpénticas para meter con calzador el “uso de violencia” que exigen los cargos de rebelión y sedición presentados por la Fiscalía. Por ejemplo, varios policías y guardias civiles calificaron como violencia el “odio reflejado en la mirada” de manifestantes. Uno llegó a afirmar que “en años de lucha contra el narcotráfico” no había sentido “tanto miedo” como el que sintió ante aquellas miradas.
Coincidiendo con el final del juicio, hemos asistido a la petición por parte de la Fiscalía de que se procese al Govern y a varios altos cargos de TV3 y Catalunya Ràdio por organización criminal, a la suspensión de las actas de diputados y senadores de los presos políticos elegidos en las elecciones generales o la decisión de impedir a Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras ejercer como parlamentarios europeos. Con estas decisiones, el régimen del 78 pisotea el voto de millones de personas e impide ejercer sus funciones a los candidatos más votados en las generales y europeas.
Responder a la represión con la movilización
La farsa judicial y estos ataques antidemocráticos han provocado una indignación masiva que se ha expresado tanto en movilizaciones como en los resultados electorales en Catalunya. Más de medio millón de persones se manifestó el 16 de febrero en Barcelona contra el inicio del juicio, y el 21F tuvo lugar una importante huelga general en Catalunya con manifestaciones en decenas de localidades. El 16 de marzo más de 120.000 personas protagonizaron una movilización histórica por el derecho de autodeterminación y la libertad de los presos políticos en Madrid con manifestantes de Catalunya, Madrid, Andalucía y todo el estado. Estas movilizaciones anuncian lo que puede pasar ante una sentencia condenatoria y muestran el camino para luchar contra la misma. Es necesario responder con la única fuerza capaz de cambiar las cosas: con movilización masiva en las calles y con la solidaridad en todo el estado. ¡Los jóvenes y trabajadores que se han levantado en Catalunya contra el régimen del 78, sus monarcas, sus tribunales franquistas y sus recortes son nuestros aliados!
