¡Basta ya de demagogia! ¡Fuera recortes y ataques a la clase trabajadora!
Como ya hemos señalado en anteriores artículos, en esta crisis del coronavirus el Gobierno del PSOE-UP se ha arrodillado ante los empresarios y ha aplicado medidas centradas en mantener su tasa de beneficios, envolviéndose en el patriotismo español y la unidad nacional. Estas medidas están teniendo graves consecuencias para la mayoría en todo el Estado, incluyendo Catalunya, y se unen a las políticas de recortes aplicadas por los sucesivos Gobiernos del PSOE y el PP en la última década. En el momento de escribir estas líneas, son ya más de 30.000 infectados y 2.200 muertos, de los cuales más de 6.000 y 300, respectivamente, en territorio catalán.
No obstante, es absolutamente escandaloso escuchar al actual President de la Generalitat, Quim Torra, apuntando a Madrid y señalando al Gobierno central como el único culpable de esta dramática situación. Detrás de su insistencia en confinar Catalunya y sus declaraciones de tipo social o a favor de los trabajadores, se esconde la demagogia putrefacta más recalcitrante de la derecha catalana y la responsabilidad fundamental que esta tiene en Catalunya. La actual pesadilla que vivimos también millones de catalanes y catalanas es consecuencia directa de años de recortes criminales a la sanidad y los servicios públicos y ataques al conjunto de los oprimidos y oprimidas realizados por la derecha catalana y sus acólitos.
La derecha catalana y la escabechina a la sanidad pública
Los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Govern del derechista Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales… ¡El Institut Català de la Salut (ICS) ha pasado de 6.600 facultativos a 5.700! De 2010 a 2017, ¡la derecha catalana ha recortado 1.000 millones de euros el presupuesto de la sanidad pública!
Eso sí, la sanidad privada ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados. ¡El 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud! Catalunya se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privadas: ¡más de un 25% del presupuesto! ¡Es un completo escándalo! ¡La derecha catalana ha desangrado la sanidad pública!
Los presupuestos de la Generalitat para 2020 pactados por JxCat y ERC con los Comuns, presentados como un gran avance, ¡solo destinan 913 millones de los 9.789 millones presupuestados para sanidad a incrementar la dotación de los hospitales públicos! ¡Menos del 10%! Tras años de congelación presupuestaria esto significa una gota en el desierto. Según Metges de Catalunya “no permite recuperar los niveles de gasto del ejercicio de 2010, previo a los recortes, y continúa alimentando la infrafinanciación crónica del sistema”.
Lo mismo, o peor, ocurre con uno de los grupos de riesgo más mortalmente golpeados por la pandemia: los adultos mayores. En 2016, de 57.000 plazas de residencias, solo 5.000 (¡el 9%!) eran gestionadas directamente por la Generalitat, según datos de la propia patronal del sector. En muchos de estos centros los ancianos se contagian y no hay medios para atenderles, ni a ellos ni a sus cuidadores y cuidadoras. Faltan mascarillas, no se hacen test al personal ni a los demás ancianos salvo que muestren síntomas graves, permitiendo que siga el contagio.
La demagogia de Quim Torra
Es de un cinismo escandaloso que Quim Torra y otros miembros del Govern demagógicamente achaquen a Madrid y a la falta de competencias la extensión de la pandemia, cuando no están garantizando los medios necesarios para combatirla. Al contrario, ¡Torra gobierna desde hace dos años y no ha hecho nada para revertir los recortes en los servicios públicos! Y es que incluso habiéndose ya iniciado esta crisis, ¡el ICS negó pruebas diagnósticas a miles de personas con síntomas, favoreciendo la extensión del contagio! La rápida propagación y las muertes causadas por el SARS-CoV2 en Catalunya son consecuencia directa de las privatizaciones y recortes masivos en la red pública de hospitales, centros de atención a mayores y otros servicios sociales realizados por los representantes políticos de la burguesía catalana.
Hoy mismo, en plena tragedia, con los hospitales públicos saturados y falta de personal sanitario, clínicas y empresas médicas privadas están aplicando ERTEs, con la complicidad de la Generalitat, según informa UGT Catalunya. La falta de voluntad de Torra y su Gobierno para dotar a la sanidad pública de recursos suficientes y enfrentarse a sus colegas empresarios de la privada es más que evidente.
Decir, como han hecho Torra, el vicepresident Pere Aragonès y otros dirigentes de ERC y JxCat, que el Govern no puede hacer frente a este crisis porque carece de competencias y recursos suficientes “ya que Catalunya no es un estado” es una burla. ¡Para entregar todas esas clínicas, hospitales y residencias de ancianos a sus amigos de la burguesía catalana no les han faltado competencias! Pero, además, cuando los trabajadores de la sanidad de Catalunya y los usuarios ocupamos masivamente los centros hospitalarios, o cuando en noviembre de 2018 los médicos fueron a la huelga exigiendo más medios y personal, la respuesta de los gobiernos de CiU y JxCat-ERC fue enviar los Mossos d'Esquadra a reprimirles y negarse a tomar medidas que hoy habrían servido para contener la pandemia.
¡Qué escándalo que, precisamente ahora, Torra diga que hay que parar los desahucios, cuando Barcelona y Catalunya han sido durante años líderes en desahucios y cortes de luz por impago sin que moviesen un dedo por evitarlo! Cuando su única actuación era enviar a los Mossos a ejecutar esas actuaciones y reprimir a quienes intentábamos evitarlas con la movilización en la calle.
Torra emplaza públicamente a Sánchez a dar “seguridad jurídica” para que los trabajadores de sectores no esenciales puedan quedarse en casa sin miedo a perder el empleo. Pero, ¿qué está haciendo Torra y el Govern para evitar los ERTEs que afectan a centenares de miles de trabajadores en toda Catalunya? ¿Qué ha hecho Torra y el Govern a favor de la seguridad de los trabajadores, después que en el primer semestre del año pasado hubiera 60.000 accidentes laborales y 57 muertos? Lo mismo que en el accidente de IQOXE en la petroquímica de Tarragona: mirar a otro lado.
Pero es que incluso el argumento de “falta de competencias” se deshace por sí solo. El pasado 15 de marzo el Gobierno central declaraba el estado de alarma y entregaba a las CCAA la posibilidad de intervenir la sanidad privada y ponerla bajo control público. Recientemente, la Consellera de Salut, Alba Vergés, afirmaba que “la Generalitat no distingue entre sanidad pública y sanidad privada”. La realidad es que desde el inicio de la crisis, y tomando datos de la principal patronal sanitaria, ACES, ¡la sanidad privada solamente ha cedido 100 camas al Departament de Salut! Además, ¡la sanidad privada hará facturas de todo y la Generalitat se las pagará! ¡Y encima exigen seguir gestionando sus centros sanitarios… y el Govern se lo permite!
¡La República catalana que queremos no es la de la derecha catalana!
Torra repite lo que ya hicieron Artur Mas y el resto de dirigentes de Convergència tras la crisis de 2008/09 y el estallido social del 15-M. Cuando les interesa, los dirigentes burgueses y pequeño burgueses de la derecha catalana, y lamentablemente también los dirigentes de ERC, intentan esconder sus responsabilidades, utilizando para ello el sano sentimiento de millones de trabajadores, jóvenes y amplios sectores de las capas medias de queremos romper con el régimen del 78, la monarquía, su aparato estatal y judicial plagado de elementos franquistas.
Pero no nos engañan. Esos que hoy se niegan a proporcionar los medios necesarios para combatir la pandemia utilizando como excusa que “Catalunya no es un Estado”, son los mismos que frenaron la lucha por la república, se negaron a aplicar el mandato del 1 de Octubre, enviaron los Mossos a reprimir las manifestaciones contra la sentencia del Supremo o los fascistas. También son los mismos que mantienen la sanidad en manos privadas y amparan la precariedad y los despidos.
Si el Govern de la Generalitat quiere de verdad enfrentarse al Gobierno central para asegurar que se apliquen en esta crisis sanitaria medidas a favor de la mayoría, lo que tiene que hacer es expropiar sin indemnización al conjunto de la sanidad privada que boicotea la atención integral a las familias trabajadoras contagiadas por coronavirus y que quiere hacer negocio de esta crisis. También tiene prohibir cualquier despido o aplicación de ERTE por ley, nacionalizando las empresas que se nieguen a aceptarlo.
Pero es evidente que la república capitalista que ellos defienden, para que todo siga igual, no tiene nada que ver con la república catalana de los trabajadores y el pueblo para acabar con los recortes, las privatizaciones y esta barbarie capitalista con la que queremos terminar los millones de personas que durante los últimos años hemos tomado las calles.
¿“Unidad nacional”? Solo el pueblo defiende al pueblo
La crisis del coronavirus ha puesto a prueba al Gobierno de coalición PSOE-UP, que está cediendo de manera escandalosa a la presión de los grandes capitalistas y la derecha. No es casualidad que los primeros en felicitar a Pedro Sánchez tras su discurso llamando a la “unidad nacional” fuesen Abascal, Casado y la CEOE.
Los capitalistas españoles y catalanes están aprovechando esta situación para acometer una reconversión masiva y encubierta en las empresas, cargando una vez más la crisis sobre los trabajadores. Más de 250.000 trabajadores están afectados ya en Catalunya por ERTEs o EREs financiados con dinero público. A nivel estatal son más de medio millón y la cifra no para de aumentar. Grandes empresas como SEAT o Nissan, empresas públicas que fueron privatizadas, multinacionales que mantienen contratos de mantenimiento y limpieza con la Generalitat y el Gobierno como Comsa-Service y otras muchas, fundaciones financiadas con dinero público que gestionan servicios sociales que nunca deberían haber sido puestos por los gobiernos de turno en manos privadas... La respuesta de los dirigentes de CCOO y UGT ha sido bochornosa: ponerse al lado de la patronal y aceptar cada uno de los ataques de los capitalistas.
No es la primera vez que los dirigentes del PSOE gobiernan para la derecha y los ricos. Pero en un tiempo récord los dirigentes de IU y Podemos (y de los Comuns en Catalunya) están actuando de la misma manera frente a la crisis del COVID-19 y también frente al escándalo que ha desvelado la corrupción de la monarquía.
Mientras millones de personas protestan contra Felipe VI con una cacerolada masiva, Iglesias, Garzón y Ada Colau están apuntalando el sistema. Estos dirigentes, al igual que los de CCOO y UGT, aceptan el capitalismo como único sistema posible, actuando como cómplices del gigantesco ataque que se está lanzando contra los derechos, salarios, empleos y condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.
Frente a la bancarrota de la izquierda reformista estatal y catalana, la CUP, que entró en el parlamento estatal y aumentó su apoyo el 10-N –porque sectores significativos de la juventud y una capa de trabajadores ya veían el giro a la derecha de ERC y UP y esperaban una alternativa revolucionaria– tiene una enorme responsabilidad. Lo mismo pasa con los dirigentes de sindicatos alternativos como CGT, IAC, CSC o COS.
Hay que romper de manera clara y contundente con el discurso de unidad nacional que intentan imponer tanto la burguesía española como la catalana. Hay que rechazar claramente las medidas que están planteando los empresarios, el Gobierno central y el Govern. En lugar de limitarse a enviar mensajes de ánimo o llamar a capear el temporal hay que organizar la resistencia luchando en cada empresa, en cada centro de trabajo, reclamando el cierre de los sectores no imprescindibles manteniendo el salario para los trabajadores y condiciones de seguridad extremas para aquellos sectores que deben mantenerse operativos. Es necesario pelear y dejar claro cuáles son las únicas medidas que pueden hacer frente realmente a la pandemia.
Por un plan de emergencia que proteja nuestras vidas, salud y empleo
-Nacionalización de la banca y los grandes monopolios bajo control democrático de los trabajadores para establecer un plan de producción que anteponga los derechos de la gente y sus vidas a los beneficios de unos pocos.
- Fuera la monarquía. Expropiación de los bienes y fortunas de la Casa Real para ponerlas al servicio de la lucha contra la pandemia.
-Medios materiales y humanos suficientes para la sanidad pública. Contratación de profesionales sanitarios suficientes para hacer frente a la crisis. Apertura de todas las instalaciones hospitalarias públicas, refuerzo y ampliación de las UCI, compra de material médico y quirúrgico necesario. Atención prioritaria a las residencias de mayores.
- Control efectivo y completo de toda la sanidad privada, sus recursos humanos y técnicos, hospitales, clínicas, mediante la expropiación sin indemnización de todos sus centros, para atender a todos los enfermos de coronavirus. Puesta en marcha de una red única de sanidad pública con un plan unificado y con los recursos suficientes para la atención de la población.
-¡Nacionalización del sector farmacéutico y gratuidad de todas las medicinas necesarias para enfrentar el coronavirus y el resto de enfermedades! Fuera todos los recortes y el copago.
-Paralización inmediata de toda la actividad productiva que no sea esencial para luchar contra la pandemia. Garantizar por ley que todas las trabajadoras y trabajadores de fábricas y empresas no esenciales permanezcan en casa con permisos retribuidos, sus empleos sean respetados y no se pierda ningún derecho laboral. Para los trabajadores de las empresas esenciales el Gobierno central y el de la Generalitat deben proporcionar todos los medios de protección sanitaria necesarios (guantes, mascarillas, equipos…), imponiendo penas económicas muy severas a los empresarios que incumplan estas medidas.
- Garantizar a todas las trabajadoras y trabajadores con hijas, hijos o familiares dependientes el derecho a ausentarse del trabajo con el 100% de su retribución y sin que sea computable como tiempo de vacaciones.
-Ningún despido, ERTE o ERE al amparo del coronavirus. Ninguna reducción salarial. ¡Que los empresarios pongan su parte de todos los beneficios acumulados estos años! ¡Que se devuelva el dinero de los rescates patronales y bancarios!
-Reducción por ley de los precios de los productos fundamentales para la vida diaria de las familias trabajadoras y persecución contundente de la especulación.
-Ninguna restricción a la libertad de expresión, manifestación y organización. Formación de comités de personal sanitario, usuarios y delegados sindicales en los centros hospitalarios para controlar la calidad de la atención médica y poder reclamar los medios necesarios.
-Defensa de los derechos de inmigrantes y refugiados. Supresión de los CIEs y de la Ley de Extranjería.
-Anulación por ley de todos los desahucios y garantía de la suspensión temporal del pago de alquileres, electricidad, gas, agua, calefacción y telecomunicaciones, manteniendo todos estos servicios para las familias trabajadoras que lo necesiten. Movilizar los recursos públicos para asegurar la alimentación y una vida digna para toda la población en riesgo: comedores públicos gratuitos, incremento drástico en la dotación material y humana de los servicios sociales.
