¡Basta de represion, basta de franquismo!
Los juzgados de vigilancia penitenciaria número 1 y número 5 de Catalunya han suspendido el tercer grado a 7 de los 9 presos políticos catalanes condenados por el referéndum del 1-O y han dejado por resolver el de las dos presas restantes. También les ha negado la posibilidad de ir a trabajar que hasta el momento les permitía el artículo 100.2. Este pronunciamiento, realizado a petición de la Fiscalía, es la continuación del auto aprobado por el Tribunal Supremo (TS) la semana pasada a través del cual revocaba el 100.2 a Carme Forcadell y se autodeclaraba competente para decidir sobre los permisos penitenciarios de los presos políticos independentistas. Mientras hace esto, el TS rebaja las penas a los fascistas que asaltaron brazo en alto y con banderas de la Falange el acto de la Diada del centro cultural Blanquerna de Madrid, agrediendo violentamente a los asistentes.
Lo de los tribunales del régimen del 78 no tiene nombre. Los presos catalanes, cuyo delito fue aceptar la celebración de un referéndum por la república en el que participaron más de dos millones de personas, son nuevamente arrojados a prisión. Poco antes los guardias civiles encausados por la muerte de 15 inmigrantes en la playa del Tarajal eran absueltos. Y días después de que estos actos judiciales saltaran a primera página, el Tribunal Supremo anulaba la sentencia del caso Bateragune después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenase a España por la parcialidad de la jueza. Ojo, está sentencia que ahora se revoca envió seis años a prisión a Arnaldo Otegi y otros 4 dirigentes de la izquierda abertzale, encarcelados fraudulentamente bajo la acusación delirante de querer organizar de nuevo ETA.
Este es el aparato judicial de este régimen. Una casta al servicio de la reacción y de los intereses empresariales que no duda ni un segundo en impartir injusticia de clase a mamporrazo limpio. Esta nueva ofensiva para eliminar los derechos penitenciarios a los presos políticos no es más que la puesta en práctica de un guión escrito hace tiempo y que busca la represión más salvaje de los derechos democráticos del pueblo de Catalunya.
No es justicia, es venganza
La Fiscalía señalaba en su informe contra el tercer grado que envió a la jueza María Jesús Arnau (juzgado número 5) que la pena impuesta tiene como objetivo la “intimidación del delincuente” y que permitir el tercer grado para los presos políticos supone que éstos tendrán “escasísimas posibilidades reales de tratamiento” dentro del centro penitenciario. ¡Es absolutamente escandaloso!
Lo que quiere el Estado es curar a los presos de su independentismo. Como en cualquier dictadura policial, se trata de perseguir ideas políticas. Con este argumentario los tribunales dejan claro que su objetivo es mantener una represión ejemplarizante contra los presos y desmoralizar al movimiento de liberación nacional de Catalunya, que respondió con una fuerza arrolladora a la sentencia del 1-O. Por eso el Estado y la judicatura insiste en sus autos y pronunciamientos, en la misma línea que los voceros de la derecha españolista, que los presos no se han arrepentido públicamente de sus actos y que eso supone “reiteración delictiva”. Como miles de gargantas gritaban en las manifestaciones en octubre del año pasado “¡No es justicia, es venganza!”.
En los últimos días hemos escuchado por los medios de comunicación a la derecha españolista soltar la bilis habitual y hablar de los “beneficios penitenciarios” de los que según ellos gozan los presos políticos gracias al gobierno central del PSOE-UP. Esta afirmación es totalmente falsa. ¿Cómo se puede tildar de “privilegiadas” a personas que están presas más de 100 años por organizar un referéndum? La derecha lanza su odio contra los presos políticos independentistas, pero calla ante los crímenes del franquismo, que permanecen impunes, o cuando la justicia deja en libertad a violadores de las manadas y a fascistas que agreden y asesinan a personas por su ideología, color de piel o su orientación o identidad sexual.
El gobierno PSOE-UP debe poner fin a la represión contra el pueblo de Catalunya
Realmente el Gobierno PSOE-UP no está tomando las medidas necesarias para poner fin a la represión a los derechos democráticos del pueblo de Catalunya. Ante la eliminación del tercer grado, Sánchez ha afirmado que “el Gobierno afortunadamente no pone ni quita sentencias”, apelando a una separación de poderes que todos sabemos que no existe ni puede existir bajo el orden capitalista. De hecho, Sánchez prometió en la última campaña electoral traer de vuelta a Puigdemont para que fuera juzgado afirmando que la Fiscalía depende del Gobierno. Por su parte, Pablo Iglesias no ha ido más allá de decir que la eliminación del tercer grado es “una mala noticia”, pero sin alterar en nada la línea de bajo perfil para no incomodar a sus socios.
La formación del Gobierno PSOE-UP generó expectativas en Catalunya, y era visto como una vía para poner fin a la represión. Pero en los hechos no ha dado ningún paso en este sentido. La famosa mesa de negociación con el Govern sigue paralizada porque no es más que un paripé. Y mientras La Fiscalía lanza esta ofensiva contra los derechos penitenciarios de los presos políticos, mira a otro lado en el posible caso de espionaje del CNI a Roger Torrent (presidente del Parlament) y Ernest Maragall (concejal en el Ayuntamiento de Barcelona).
Se puede reivindicar a La Pasionaria o a Rafael Alberti ante los ataques de Vox como hizo Sánchez en el Congreso, o participar en actos de defensa de la memoria histórica como Iglesias, pero estos gestos no pueden ocultar que en la práctica ni siquiera se es capaz de retirar las medallas y los privilegios al torturador franquista Billy el Niño o investigar la riqueza del rey emérito Juan Carlos I. La Jefatura del Estado, las cúpulas de la judicatura y el ejército, están plagados de franquistas que se “convirtieron” en “demócratas” de un día para otro. Del Tribunal de Orden Público pasaron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, y dictan sentencias como las del 1-O o Altsasu.
El gobierno PSOE-UP debe rectificar inmediatamente su postura actual y depurar el Estado de todos los elementos fascistas, y particularmente poner fin a la represión de los derechos democráticos del pueblo de Catalunya, respetando su derecho a la autodeterminación y en primer lugar decretar la amnistía para los 9 presos políticos. ¡Basta ya de unidad nacional con la derecha y los sectores más casposos del Estado! ¡Basta ya de represión contra el pueblo de Catalunya! ¡Basta ya de ceder a la presión de la patronal y la derecha en éste y tantos aspectos!
El pueblo de Catalunya ha sacudido con su imovilización el régimen capitalista del 78 y generado su mayor crisis en 40 años. De ahí su reacción salvaje e histérica. Las millones de jóvenes y trabajadores de Catalunya que hemos salido incansablemente a las calles y votamos el 1-O de 2017 luchamos por una república que rompa con el régimen que encumbró a esta monarquía corrupta y heredera de Franco, que ponga fin a los desahucios y a las políticas de recortes y privatizaciones de la derecha española y catalana. Una república que ganada con la lucha y la movilización, rompa con el capitalismo y levante la bandera de la transformación socialista.
