¡Por la República catalana socialista y la amnistía!
Tres meses después de las elecciones del 14-F, Pere Aragonès ha sido investido President de la Generalitat de Catalunya con los votos a favor de Junts y la CUP. Aunque se trata del primer President de ERC desde 1936, y muestra del giro a la izquierda en el movimiento de liberación nacional en los últimos años, debemos señalar que el acuerdo de los dirigentes de ERC con la derecha de Junts significa una evidente continuidad con las políticas antisociales que se han estado aplicando hasta la fecha desde la Generalitat.
Las calculadas palabras de Pere Aragonès en su investidura, hablando de “hacer posible culminar la independencia de Catalunya” no pueden ocultar que los dirigentes de ERC, y también los de Junts, han hecho todo lo posible por meter en el congelador el mandato del 1 de Octubre. Ahora pretenden dar otro paso estratégico poniendo punto y final a la lucha de masas a favor de la república catalana, y reconduciendo el conflicto hacia las calmadas aguas parlamentarias del autonomismo.
¿Un Govern progresista con un banquero de Conseller d’Economia?
Pere Aragonès insiste en el carácter progresista del acuerdo con Junts y dice que es “compatible” con el de la CUP. Pero la realidad le contradice: el acuerdo ERC- Junts reafirma su compromiso con la privatizadora Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Demandas como la suspensión de las balas de foam, la no intervención de la BRIMO/ARRO en desahucios o la retirada del Govern como acusación contra activistas sociales no sólo brillan por su ausencia, sino que además se recoge la ampliación del cuerpo de Mossos d’Esquadra hasta los 22.000 efectivos.
Las promesas más “progresistas” incluidas en el acuerdo con la CUP desaparecen de un plumazo. En el ámbito sanitario ni rastro de “avanzar hacia un modelo de titularidad pública que incluya red de servicios auxiliares” o de poner fin a “algunas externalizaciones”. Se esfuma la creación de una energética pública y la referencia a la banca pública es un eufemismo para referirse a las enormes cantidades de dinero público que el Govern se compromete a regalar a las multinacionales en el marco del reparto de los fondos europeos.
La prueba de esta orientación a la derecha se confirma con la designación de Jaume Giró para encabezar la Conselleria d’Economia. El candidato propuesto por Junts, y aceptado por ERC, ha sido un alto directivo de Gas Natural, Repsol, presidente de Petrocat y consejero de Petronor, director adjunto de Caixabank y, como no, amigo personal de Cristina de Borbón, Florentino Pérez, Josep Sánchez Llibre (presidente de la patronal catalana) y Sol Daurella (presidenta de Coca-Cola en Europa). Es un hombre de la élite convergente junto a Artur Mas y Miquel Roca.
Hay que recordar que en su función de director general de Caixabank, Giró aprobó el traslado de su sede social a Palma de Mallorca tras la celebración del referéndum de autodeterminación del 1-O de 2017. Fue uno más arrimando el hombro en la virulenta campaña represiva desatada por el Estado y el nacionalismo españolista contra el derecho a decidir.
La elección de Giró lo dice todo. La dirección derechista de Junts utiliza demagógicamente el discurso de la “confrontación con el Estado” y de “mantenerse fieles a la lucha por la independencia” para diferenciarse de ERC y retener su influencia en el movimiento de liberación nacional. Pero los hechos demuestran que sus palabras son, simplemente, una amalgama de mentiras infumables. Es evidente lo que busca Junts. Sus más de 200 altos cargos no pueden quedar desconectados del poder económico y político de Generalitat. Y tampoco pueden permitir otro tipo de gobierno alternativo presidido por ERC.
De cara a la galería Junts ha “tensado la cuerda” en las negociaciones, y algunos dirigentes han llegado a manifestar su simpatía por quedar fuera. Pero era evidente que la aplastante mayoría de sus responsables optarían por entrar en el Govern con el máximo poder de decisión. Además, los empresarios catalanes, y especialmente el capital financiero, quieren a un hombre de total confianza para gestionar las ayudas públicas multimillonarias previstas postCovid, y ahuyentar de una vez por todas el fantasma del 1-O y la lucha por la república.
Las poderosas fuerzas que quieren acabar con el movimiento por la república
ERC ha logrado imponer su estrategia de la mano de Junts para dar un margen a la “mesa de diálogo” con el Gobierno central. Pedro Sánchez, como estaba acordado, ha respondido inmediatamente con una propuesta de indultos para los dirigentes independentistas presos y la reforma del delito de sedición. En ambos lados confluye un mismo deseo: dar carpetazo a la lucha por la república catalana.
Para el PSOE esta decisión, aunque arriesgada, les permitirá presentarse como la única garantía para “restablecer” la convivencia en Catalunya y garantizar el apoyo del bloque que dio la investidura a Pedro Sánchez para lo que queda de legislatura. También, piensan, puede ser un trampolín para que el PSC gane las próximas elecciones generales en Catalunya, y compensar el avance de la derecha en otros territorios.
Desactivar el movimiento en Catalunya es un punto central para lograr otro objetivo estratégico: la paz social. Estos dos pilares, de la mano de la campaña de vacunación masiva y la reactivación de la economía, son la apuesta del PSOE de Sánchez para garantizar la estabilidad del Gobierno central.
A favor de este plan se expresaba todo un sector de la burguesía en las páginas del diario El País. En su editorial del pasado 30 de mayo, los que abogaron por la represión salvaje contra los derechos democráticos del pueblo catalán, recomiendan ahora los indultos para proteger al régimen del 78: “La democracia española tiene pendiente de resolver el conflicto en Cataluña. Ello puede intentarse con el mantenimiento pasivo del statu quo. O mediante el diálogo. No hay garantía alguna de que esto último surta efectos positivos. Sí hay bastantes pruebas de que el no a todo de gobiernos anteriores ha favorecido el crecimiento independentista en la última década. La situación es ya difícil. Pero se convertiría en una catástrofe inmanejable si un salto cualitativo convirtiese las posiciones en favor de la secesión en ampliamente mayoritarias. Este periódico cree que la mejor manera de reconducir la crisis es a través de iniciativas políticas que primero rebajen la tensión, y progresivamente recuperen luego en la sociedad catalana espacios de sintonía con el proyecto democrático español. (…) Los condenados llevan tres años y medio en la cárcel. Y es evidente que la prisión es utilizada como munición por los que quieren continuar con sus tácticas inflamatorias en Cataluña.”
El País sabe además que Catalunya ha sido fundamental para cerrar el paso a la derecha hacia la Moncloa y teme que un gobierno del PP —dirigido en la práctica por Ayuso-Aznar— y con la participación de Vox, pueda hacer resurgir a un nivel muy superior la batalla por la liberación nacional catalana. Este sector de la burguesía ha pasado del palo a la zanahoria. “No hay garantía” dicen, pero vale la pena intentarlo. Y ahora es el momento. El Ministro Ábalos lo dice igualmente, al reclamar "un liderazgo claro, que se arriesgue y asuma el coste de decirle a la ciudadanía las cosas realmente como son, no como le gustaría que fueran. Hace falta que alguien ejerza ese liderazgo en Cataluña. Aragonès tiene ahora ese desafío".
La derecha y la extrema derecha política y mediática, y el sector de la burguesía y del aparato estatal ligado a ella, han puesto el grito en el cielo por supuesto. El Tribunal Supremo (TS) publicó un informe calificando el indulto como “solución inaceptable”, señalando que no ha habido “arrepentimiento” y que no tiene “utilidad pública”. El PP ha anunciado que presentará mociones contra los indultos en más de 8.000 ayuntamientos. Tampoco han faltado las voces de los dirigentes más casposos del PSOE, con Felipe González y los presidentes de Extremadura y Castilla la Mancha a la cabeza, oponiéndose a la medida.
¿Pero de qué hablan estos señores? ¡Qué hipocresía! El TS sí aprobó por razones de “conveniencia pública” el indulto del teniente coronel Antonio Tejero por el golpe de Estado del 23-F. Indultaron al general Alfonso Armada, también por el 23-F, al exministro José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, tras su participación confirmada en el terrorismo de Estado de los GAL, a decenas de policías condenados por torturas y a una larga lista de jueces, políticos y empresarios condenados por corrupción. Así es la justicia del régimen del 78: impunidad para fascistas, explotadores y represores, cárcel para los que permitieron poner unas urnas.
Un hipotético indulto para los presos políticos independentistas será sin duda recurrido y puede acabar nuevamente en manos del TS. Pero incluso aunque saliesen adelante los indultos lo harían de forma parcial, y no permitiría regresar a los exiliados, ni extinguiría las penas de multa y cárcel que afectan a más de 3.000 activistas y militantes independentistas.
Como aspecto final, pero no menos relevante, los dirigentes de Unidas Podemos se han limitado a suscribir la postura de Pedro Sánchez, oponiéndose a defender la amnistía para los independentistas represaliados y, lo que es decisivo, a levantar un movimiento en todo el Estado por la república, por el derecho a decidir y contra los ataques a la libertad de expresión y los montajes judiciales y policiales.
Recuperar la lucha de masas contra los recortes, la represión y por la república catalana socialista
Nos encontramos en una nueva fase de la lucha y para encararla adecuadamente es necesario sacar las conclusiones de la anterior.
Los dirigentes de ERC, viendo el giro a la izquierda expresado el 14-F, buscaron primero a la CUP para diferenciarse de Junts por la izquierda. Al mismo tiempo, intentaron desactivar la oposición de la CUP a las políticas capitalistas de ERC implicándola en el propio Govern.
Desde Esquerra Revolucionària siempre hemos rechazado cualquier tipo de sectarismo y entendemos que el avance en las condiciones de vida de las familias trabajadoras, por pequeño que sea, es positivo y es producto de la lucha. Pero la realidad es que con el acuerdo firmado con ERC, la dirección de la CUP se comprometía a dar estabilidad al Govern, renunciando a hacer una oposición contundente, y a cambio de vagas promesas que evidentemente no se cumplirán.
Los dirigentes de la CUP han declarado que pondrán todos sus esfuerzos en conseguir “la unidad estratégica del independentismo” porque eso será una “herramienta rupturista para desarrollar políticas sociales”. A la luz de lo ocurrido en los últimos años, creemos que no resulta presuntuoso por nuestra parte decir que esto no será así. La derecha independentista no sólo no jugará ningún papel progresista, sino que se opondrá a cualquier política social progresista y a luchar consecuentemente contra el régimen capitalista del 78.
La dirección de la CUP debe desterrar la política de colaboración de clases y de supeditación a la socialdemocracia y la derecha independentistas. Establecer “acuerdos de mínimos” con ERC no permitirá acumular más fuerzas, ni aumentar la influencia de la CUP en la lucha por la liberación nacional. Pero sí servirá, en cambio, a los dirigentes socialdemócratas de ERC y a la propia burguesía para mellar el filo anticapitalista de la CUP y debilitarla.
No es cierto que “no se puede hacer más con la actual correlación de fuerzas parlamentaria”. ¿Desde cuándo los y las revolucionarias hemos determinado nuestras tareas históricas según nuestro peso en las instituciones capitalistas?
La CUP debe realizar una oposición intransigente a las políticas de austeridad del Govern, construyendo una alternativa política que una la lucha por la república catalana a la movilización masiva contra los recortes, las privatizaciones y los despidos. Es en la calle donde se hace valer la verdadera correlación de fuerzas y el profundo giro a la izquierda que ha experimentado el movimiento de liberación nacional en Catalunya.
¡Ni un paso atrás en la defensa del mandato del 1-O! Tenemos que levantar una política de independencia de clase y batallar por el socialismo. Solo así podremos trazar un puente para ganar al conjunto de la clase obrera catalana, y conquistar el apoyo de los jóvenes y trabajadores del resto del Estado a la causa de la República catalana socialista.
