El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez ha aprobado los indultos para los nueve dirigentes independentistas catalanes presos. En octubre de 2019 fueron condenados por el Tribunal Supremo (TS) a más de 100 años de prisión después de que el 1 de octubre de 2017 más de dos millones de ciudadanos de Catalunya se pronunciaran en las urnas a favor de la República.
Es obvio que Pedro Sánchez no hace esto porque de repente haya decidido respetar el mandato del referéndum del 1-O, ni porque defienda el derecho democrático de autodeterminación del pueblo catalán. Lo hace después de que el movimiento de liberación nacional en Catalunya haya protagonizado las movilizaciones más multitudinarias de las últimas décadas, con huelgas generales respaldadas masivamente, y una vez que han comprobado que la represión policial y judicial, y la ofensiva del españolismo, no han sido capaces de doblegar la lucha.
Para cerrar la mayor crisis del régimen del 78, un amplio sector de la burguesía española y catalana han respaldado la hoja de ruta del Gobierno de coalición. El objetivo es claro: desactivar las movilizaciones cueste lo que cueste con la colaboración de ERC y de Junts.
Los indultos concedidos y la hipocresía de la derecha
Pedro Sánchez y el aparato del PSOE nunca han dejado de justificar la represión generalizada contra el movimiento independentista: apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución que suprimió de facto la autonomía catalana; jamás cuestionaron el encarcelamiento y las condenas de los activistas y dirigentes independentistas, y no vacilaron en envolverse en la bandera rojigualda junto a la derecha.
Tras conocerse la sentencia del procés, y a un mes de las elecciones de noviembre de 2019, Sánchez señaló que “como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento [de las penas]”.
Ahora Sánchez habla de “reencuentro”, “concordia” e incluso de tener “corazón”, pero no pone en cuestión la sentencia del TS y afirma que los nueve estaban presos, no por sus ideas, sino por realizar “actos contrarios a la legalidad democrática”, legalidad que emana de los Pactos de la Transición con los herederos de la dictadura.
Por supuesto, los indultos serán “parciales y condicionados”, según la expresión del propio Sánchez. No se retiran los años de inhabilitación para ocupar un cargo público o presentarse a unas elecciones (entre 9 y 13 años), y estarán “condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario quedaría sin efecto”. Será la misma justicia franquista la que decidirá si “reinciden”, claro.
A pesar de todo esto, la derecha y la extrema derecha mediática, y el sector de la burguesía y del aparato estatal ligado a ella, han montado en cólera. Y no van a dar tregua al Gobierno de Sánchez en este punto. PP, Vox y los restos de Ciudadanos han anunciado que impugnarán la medida.
Previamente el TS había calificado los indultos como “solución inaceptable” porque no hay “arrepentimiento”. Tampoco han faltado en estas semanas las voces de los dirigentes más casposos del PSOE, con Felipe González y los presidentes de Extremadura y Castilla la Mancha a la cabeza, oponiéndose a la medida.
¡Qué hipocresía! En estos días se ha vuelto a recordar lo que dicen las hemerotecas. El TS sí propuso por razones de “conveniencia pública” el indulto del teniente coronel Antonio Tejero por el golpe de Estado del 23-F. Indultaron al exministro José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, tras su participación confirmada en el terrorismo de Estado de los GAL, a decenas de policías condenados por torturas y a una larga lista de jueces, políticos y empresarios condenados por corrupción.
Así es la justicia del régimen del 78: impunidad para fascistas, explotadores y represores, cárcel para los que permitieron poner unas urnas.
Buscando la vuelta a la "normalidad y el diálogo"
El PSOE pretende presentarse como la única garantía para “restablecer” la convivencia dentro y fuera de Catalunya y mantener el apoyo del bloque que dio la investidura a Pedro Sánchez para lo que queda de legislatura. En sus cálculos contemplan además que esta estrategia puede ser un trampolín para que el PSC gane las próximas elecciones generales en Catalunya, y compensar el avance de la derecha en otros territorios.
“Preservar la estabilidad” dice Sánchez. O sea, desactivar el movimiento de masas en Catalunya. Un punto central para lograr otro hito estratégico de los grandes poderes económicos: la paz social. Estos dos objetivos, de la mano de la campaña de vacunación masiva y la reactivación de la economía, son la gran apuesta del PSOE.
No es ninguna casualidad que Sánchez anunciara a bombo platillo los indultos en el acto en el Teatre del Liceu, arropado por destacados representantes de la oligarquía catalana. Tampoco lo es que el presidente de la CEOE apoyara públicamente los indultos para “normalizar las cosas”. La burocracia sindical de CCOO y UGT, tenaces defensores de la paz social, no se quisieron perder el acto del Liceu y han dado apoyo entusiasta a Sánchez. ¡Hasta la Conferencia Episcopal anunció su respaldo a los indultos!
Es evidente que un sector decisivo de la burguesía apuesta ahora por este camino para desactivar la movilización social. Piensan que esta concesión les permitirá seguir apuntalando el régimen del 78 y puede desarticular el movimiento de masas.
La posición de ERC y Junts también es clara. Aunque con la boca pequeña intenten criticar al Gobierno, se han sumado por completo a una operación que lleva meses urdiéndose con ellos dentro. Los portavoces del “nuevo” Govern han renunciado explícitamente al mandato del 1-O, son acusación particular en juicios a activistas independentistas y han situado a un banquero de conseller d’Economia que participó en la furibunda campaña españolista desatada tras el 1-O. ¡Qué más se puede decir!
¡Por la amnistía y la república catalana socialista! 1-O, ni oblit ni perdó!
Estos indultos a los nueve dirigentes independentistas no extinguen las penas de cárcel y multa que afectan a más de 3.000 personas, ni permiten regresar a los exiliados. No revierten la causa general contra el movimiento de liberación nacional de Catalunya desatada por el aparato estatal del régimen del 78.
No es cierto que los indultos sean un “primer paso” para que, con horas y paciencia en una mesa de negociación, se logre la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación, como intenta vender ERC. Es iluso concebirlos como una ayuda para continuar la lucha por la república catalana. Los indultos son una pieza angular de la estrategia de un sector importante de los capitalistas tanto catalanes como españoles para evitar a toda costa la apertura de nuevas crisis revolucionarias como ocurrió en los meses de octubre de 2017 y 2019.
La supeditación de los dirigentes de UP al PSOE, también en la cuestión de los indultos, vuelve a subrayar la completa deriva de la formación morada, y su abandono de una orientación de izquierdas coherente para extender la lucha por la república al conjunto del Estado español.
Desde Esquerra Revolucionària defendemos la amnistía para los presos políticos y represaliados independentistas. Además, es fundamental reseñar que la causa general contra el movimiento independentista catalán es una seria advertencia. Esa misma deriva autoritaria y represiva del aparato estatal la vemos con los jóvenes de Altsasu, contra los activistas de la PAH, contra Pablo Hásel, en conflictos laborales y huelgas, o contra el movimiento feminista.
Desde Esquerra Revolucionària llamamos a levantar un amplio movimiento en defensa de la república socialista catalana, contra el régimen capitalista del 78, por la amnistía total para todos los presos políticos, la derogación de las leyes represivas, comenzando por la Ley Mordaza, y la depuración de un aparato del Estado plagado de franquistas y reaccionarios comenzando por el TS.
La clase dominante y el aparato del Estado se preparan para choques aún más virulentos y afilan todas sus herramientas legales contra todas y todos los que luchamos. Y lo hacen contando con la colaboración activa de los dirigentes de la socialdemocracia tradicional y de la 2.0. La tarea de los revolucionarios no es esperar tiempos mejores, lamentarnos por las esquinas, o huir ante las dificultades, sino responder consecuentemente con una organización más consciente y una movilización más contundente.
En Catalunya somos millones los que nos hemos movilizado en los últimos años por una república catalana que ponga fin a los desahucios, las privatizaciones, la precariedad, los recortes en sanidad y en educación. ¡No hay que dar ni un paso atrás en este objetivo!
La única manera de lograr en los hechos lo que votamos el 1-O, es impulsar la movilización por la república y defender un programa de clase y socialista que gane a esta causa a la mayoría de la clase trabajadora de dentro y fuera de Catalunya.
