¡Extender y unificar las luchas contra la austeridad y por la república!
Seis meses después de la investidura de Pere Aragonès y de la formación del Govern ERC-Junts, el balance es nítido. Los dirigentes de ERC y Junts no solo han dejado claro que no tienen ninguna intención de continuar la lucha por la república y la amnistía, sino que mantienen las políticas represivas y los recortes y privatizaciones que caracterizaron a los Governs de Convergencia. Se siguen dando pasos firmes para sacar a las masas de las calles y desactivar la lucha por la república y la independencia buscando estabilizar, en connivencia con el PSOE, la situación política catalana en un nuevo marco autonómico.
El gobierno PSOE-UP y el régimen del 78
El 40º Congreso del PSOE celebrado el pasado mes de octubre reafirmó su papel histórico como sólido pilar del régimen del 78 y como el mejor garante de la estabilidad del capitalismo español. Pedro Sánchez, con la aceptación sumisa de los ministros de Unidas Podemos, gobierna al servicio del Ibex-35 y el capital internacional. Su negativa a frenar la escalada de los precios del alquiler o de la factura eléctrica, o la renuncia a derogar la reforma laboral, son algunos de los ejemplos más recientes. Su compromiso entusiasta con el régimen del 78, con la derecha y el aparato del Estado franquista, le ha llevado a infamias como los pactos con el PP para renovar el Tribunal Constitucional con dos jueces de ultraderecha y corruptos como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel o robar el acta de diputado a Alberto Rodríguez (UP).
La aprobación de los indultos y la puesta en marcha de la “mesa de diálogo” son sin duda producto de la incansable movilización de masas del movimiento de liberación nacional catalán. Pero, al mismo tiempo, son parte de la estrategia de Sánchez para tratar de conseguir paz social en Catalunya y en el conjunto del Estado, estabilidad para su gobierno y el de la Generalitat, y asegurar que el dinero de los fondos europeos acabe sin sobresaltos en los bolsillos de los capitalistas catalanes y españoles.
Para hacerlo resulta determinante condenar al olvido la crisis revolucionaria del 2017. De ahí que el Ministro de la Presidencia del PSOE Félix Bolaños insista que “el proceso soberanista está acabado”. Y es precisamente ahora, cuando los dirigentes de ERC y de Junts han mostrado su total disposición a pactar con un PSOE entregado a la patronal y a la derecha. Que Pere Aragonès señale que es necesario “romper la retórica romántica octubrista” es un auténtico insulto contra los millones que tomamos las calles y desafiamos la represión de guardias civiles, jueces y policias. ¿Esto es el que fue el 1-O? ¿Un sueño romántico?
Un punto importante en esta estrategia es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A pesar de la enmienda a la totalidad presentada por Junts, la realidad es que sus dirigentes se han ofrecido repetidamente a pactar los PGE con el PSOE. Y no es de extrañar: sin contar los ayuntamientos, Junts y el PSOE-PSC están aliados en la Diputación de Barcelona y en 13 organismos comarcales más. Pero quien más implicación ha demostrado, y quien sirve más para vender los PGE como “progresistas”, junto con los socios de gobierno de UP, son los dirigentes de ERC. Es en este contexto en qué ERC ha defendido aprobar reverencialmente los presupuestos antisociales del PSOE y UP a cambio de un 5% de películas y series en catalán en Netflix.
La cada vez peor situación que vive la lengua catalana no se solucionará aceptando un ridículo acuerdo de mínimos, que cuenta además con la oposición de las principales multinacionales audiovisuales. El catalán se defiende poniendo fin a los recortes y a la infrafinanciación de la escuela pública y el sector cultural, y nacionalizando las grandes empresas editoriales y audiovisuales; el afán de lucro choca directamente con la presencia del catalán en la literatura y en las plataformas digitales.
Un Govern autonomista al servicio de las élites
Las políticas del Govern no dejan lugar a la duda. Los dirigentes de Junts hicieron el paripé de no asistir a la reunión de la Mesa de diálogo con el gobierno central para desmarcarse de ERC e intentar mantener demagógicamente una influencia sobre el movimiento independentista. Pero en la práctica están en plena sintonía con ERC en poner fin a la lucha en las calles y desviar las reivindicaciones democráticas-nacionales al terreno del parlamentarismo bajo el control de las instituciones autonomistas. No es ninguna casualidad que Junts haya abierto la puerta a pactar los presupuestos de la Generalitat con el PSC, tal como ya ha hecho ERC.
A pesar de toda la retórica, el Govern está demostrando que forma un bloque sólido en su oposición a seguir la batalla por la república y en continuar reprimiendo a los activistas independentistas. Recientemente se ha iniciado el juicio a los 9 de Lledoners, donde el Govern los acusa falsamente de atentados contra la autoridad y pide penas de prisión. ¿Es así, reprimiendo y encarcelando los que luchan por la república, como acumularemos “fuerzas para hacer inevitable el reconocimiento del derecho a decidir” como dice Aragonès?
Pere Aragonès mantiene las mismas políticas capitalistas de Quim Torra, incluyendo la austeridad y recortes en los servicios públicos, .ahora con el apoyo de En Comú Podem. La sanidad y la educación pública siguen devastadas, mientras el negocio de los conciertos, bajo ningún concepto cuestionado, sigue llenando los bolsillos de los empresarios “amigos”. Solo en la provincia de Barcelona han sido 20.000 estudiantes los no admitidos a la Formación Profesional por falta de plazas. Los 90 millones destinados a garantizar teóricamente la gratuidad de P2 en la educación infantil significarán una nueva bolsa de negocio para la patronal, garantizando conciertos y fondos públicos para centros privados.
En Catalunya cada hora se produce más de un desahucio. A pesar del incremento del presupuesto en vivienda en 410 millones, hasta los 749, el grueso, 387 millones, corresponderán a fondo europeos destinados a la rehabilitación de viviendas, y 100 adicionales a ayudas para el pago del alquiler. Es decir, una nueva barra libre de fondos públicos para inmobiliarias y especuladores. Eso sí, de expropiar viviendas vacías propiedad de los bancos y crear un parque de vivienda pública, nada de nada. ¿Es esta la alternativa que reclamaba Ada Colau a la Generalitat para resolver el problema de los desahucios?
Derechos como el aborto no están bajo amenaza únicamente en el Madrid de Díaz Ayuso. También bajo el Gobierno de ERC y Junts. Hospitales claves en la red sanitaria como el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital de Sant Pau se niegan a practicar abortos, a pesar de que el 85% y el 98% de sus ingresos provienen del Departament de Salut de la Generalitat. El Govern permite que el poder de la Iglesia se mantenga intacto en numerosos hospitales, asegurando un negocio fabuloso para las clínicas privadas que practican abortos.
Como sucede con el gobierno central, nos encontramos ante una furibunda campaña propagandística de cara a ocultar que los Presupuestos de la Generalitat supondrán una nueva oleada de dinero público a favor del gran capital, en medio de una situación de miseria, precariedad y pauperización creciente para los trabajadores y la juventud. Para ello contarán, como en el Gobierno central, con la verborrea hueca de los Comunes de Ada Colau.
La CUP y los presupuestos. La política del “mal menor” nos aleja de la república catalana.
No acostumbra a pasar que un banquero como el que dirige la Conselleria d’Economia, propuesto por Junts, muestre su preferencia en pactar los presupuestos con una formación anticapitalista como la CUP, y menos cuando sus militantes se encuentran al pie del cañón de las luchas sociales más importantes. ¿Por qué sucede esto? El Govern quiere hacer partícipe a la CUP de su agenda de recortes con el objetivo de desacreditarla y asimilarla, y tratar así de garantizar la paz social, en la línea de lo que está sucediendo con UP en el gobierno central.
Los dirigentes de ERC han incumplido las ya de por sí limitadas medidas “progresistas” del acuerdo con la CUP. Cómo señalan los dirigentes cupaires, la práctica cotidiana del Govern es una negación de aquel acuerdo y del giro a la izquierda que representaron las elecciones del 14-F. La experiencia de estos meses ha mostrado de forma cruda la naturaleza capitalista de las políticas del Govern. Es por eso que las declaraciones parlamentarias y las ruedas de prensa de los diputados de la CUP “animando al Govern a cambiar de políticas y de prioridad” o mostrando disposición a “seguir haciendo propuestas para que el Govern realice un giro a la izquierda” se han mostrado impotentes.
La tarea de los revolucionarios en el Parlament no es generar expectativas en que la socialdemocracia de ERC o la derecha de Junts cambiarán de opinión debido a nuestra habilidad retórica o negociadora, ni tampoco transmitir que es posible un cambio real en nuestras condiciones de vida a través de los mecanismos del Estado burgués, en este caso del autonómico.
Anunciar la presidencia de Dolors Sabaté a la Comisión de Estudio sobre el modelo policial como una gran victoria, afirmando que permitirá conseguir un “mecanismo de control público e independiente sobre cuerpos policiales” no ayuda a impulsar la lucha anticapitalista ni a elevar el nivel de conciencia de las masas; más bien todo el contrario, ya que alimenta la falsa ilusión de que las fuerzas represivas podridas de elementos de extrema derecha puedan ser controladas. Hemos visto como la Conselleria d’Interior protege a mossos d’esquadra después de actuaciones violentas y racistas. Esta política del “poco a poco” y del “mal menor”; no solo no nos permite avanzar, sino que nos desarma ante nuestros enemigos de clase, tal y como hemos podido comprobar dramáticamente en los últimos meses con la acción de gobierno de UP.
Los diputados de la CUP son una minoría en el Parlament, pero esto no justifica aceptar políticas antisociales. Ese es el mismo argumento que hemos escuchado de los dirigentes de UP, que justifican sus cesiones diciendo que están en minoría en el gobierno o que solo disponen de 35 diputados en el Congreso.
El Gobierno quiere hacer partícipe a la CUP de su agenda de recortes con el objetivo de asimilarla, por eso es correcto y positivo su voto en contra de los Presupuestos. Esta política del “mal menor” no sólo no nos permite avanzar, sino que nos desarma frente a nuestros enemigos de clase.
La CUP no tiene en este momento la dirección del movimiento de liberación nacional, pero esta situación se puede revertir si se aplica una táctica correcta. Pero para ello los dirigentes de la CUP tienen que romper con la política de colaboración con ERC y Junts, usar el altavoz del Parlament y del Congreso para impulsar la movilización en las calles (que es la única que proporciona victorias reales), participar activamente y coordinadamente en las diferentes luchas sociales y laborales extendiéndolas y unificándolas defendiendo un programa de transformación socialista de la sociedad. Ante los intentos del Gobierno de hundir a la CUP en el barro haciéndole aprobar unos presupuestos antisociales a cambio de migajas, que probablemente ni siquiera se cumplirán, la CUP tiene que levantar una firme oposición de izquierdas en las calles. Así se podrá conquistar la mayoría para las ideas de la independencia y el socialismo y tumbar el régimen del 78.
¡Es la hora de la lucha y la organización!
¡Únete a Esquerra Revolucionària!
