¡No a la subordinación a ERC y Junts, sí a una política de independencia de clase!
El pasado 21 de septiembre la Asamblea Nacional de la CUP culminaba el Procés Garbí, el debate interno organizado desde la dirección para marcar la futura estrategia de la formación independentista tras los malos resultados de las últimas convocatorias electorales.
El debate se produce en un contexto muy concreto. La política de ERC y Junts, dando la espalda al proceso de movilizaciones, huelgas y desobediencia civil masiva a favor del derecho a decidir y de la república catalana, ha implicado restablecer todos los puentes con el régimen del 78 y renunciar a la autodeterminación. Los efectos de esta capitulación han extendido el sentimiento de frustración y la desmovilización dentro del movimiento de liberación nacional de Catalunya, golpeando con fuerza a la izquierda independentista.
La militancia de la CUP siempre ha estado en la primera línea contra el régimen del 78 y las políticas de los Governs de Junts, ERC y ahora del PSC. Su participación en la lucha contra los desahucios y la turistificación del territorio, contra el machismo institucional, la extrema derecha, el racismo y la LGTBIfobia, contra los desastres ecológicos, o impulsando las movilizaciones contra el genocidio sionista en Gaza están fuera de discusión... Una actitud muy positiva, que contrasta sin embargo con las políticas que desde la dirección cupaire han buscado sistemáticamente trabar acuerdos con Junts y ERC.
Es un hecho que esta línea política ha provocado desorientación, pérdida de influencia social y de militancia, y también escisiones como la de Horitzó Socialista. Pero en lugar de abordar una autocrítica a fondo para superar esta situación, y dotar a la organización de una hoja de ruta que pueda superar las causas de la actual crisis del movimiento independentista, las conclusiones del debate parece que van en otra dirección.
¿Más política institucional y más acuerdos con ERC y Junts?
El 23 de septiembre, El Periódico de Catalunya se hacía eco del debate de esta manera: “Los cupaires han acordado ‘ocupar los máximos espacios de poder en las instituciones’, una premisa que Marta Gordillo, portavoz del Procés Garbí —el nombre de este proceso congresual que ha durado más de 11 meses— ha defendido este lunes de forma clara: ‘Queremos salir de la caricatura del 'no' a todo’, ha explicado en una entrevista en TV3”.
La “nueva” orientación, según los propios dirigentes de la CUP, supondrá buscar “acuerdos puntuales” con ERC, Junts y los Comunes. Y como ejemplo a seguir destacan la ciudad de Girona, donde lideran un Gobierno de coalición con Junts y ERC. Como también explicaba su alcalde, Lluc Salellas, esta orientación implica “dejar de lado algunos elementos y buscar el consenso”. Pero el consenso, cuando se hace con formaciones mucho más a la derecha, tiene un resultado: renunciar a reivindicaciones históricas como remunicipalizar los servicios públicos privatizados, o combatir la turistificación y la especulación inmobiliaria, manteniendo precisamente muchas de las medidas de los Gobiernos municipales de Junts que la CUP combatió desde la oposición.
Los comunistas de Esquerra Revolucionària, que luchamos codo con codo con la militancia de la CUP y hemos pedido un voto crítico a sus candidaturas, no podemos compartir este análisis, que por otra parte continúa repitiendo los mismos errores que han llevado a la CUP a su situación actual.
La política del consenso con la burguesía catalana y la socialdemocracia tiene un nombre: colaboración de clases. Y en un contexto de crisis general del sistema, tal estrategia solo permitirá a la derecha catalanista seguir manteniendo su influencia en el movimiento de liberación nacional. Y de lo que se trata es precisamente de socavar esa influencia y lograr que los activistas y la militancia vuelvan a reactivarse a favor de un proyecto coherente.
ERC y los comunes han garantizado la formación de un Govern presidido por Salvador Illa, que la burguesía española celebró como el “entierro de la revolución independentista” en Catalunya (El País, 8/8/2024), Ambos partidos forman parte del sostén parlamentario de Pedro Sánchez, aunque Junts intente cuestionar puntualmente ese apoyo con su habitual demagogia patronal y derechista.
¿Acaso ERC o Junts están haciendo algo para escorar más a la izquierda al Gobierno del PSOE? Por supuesto que no, igual que ocurrirá con Salvador Illa al frente de la Generalitat. Las políticas diseñadas por Pedro Sánchez hablan de “escudo social” mientras generan los mayores beneficios en décadas para los capitalistas y millones de familias obreras se empobrecen. Ni Junts ni ERC han cuestionado a un Gobierno que actúa como palanganero del imperialismo yanqui y la OTAN en Ucrania, Venezuela y Oriente Medio.
¿Pero cómo va a hacer algo así Junts, si son orgullosamente pro-sionistas? ¿Qué tipo de acuerdos se puede alcanzar con Junts, una formación de derechas que coincide al 100% con PP y Vox en racismo contra nuestros hermanos migrantes, en rechazar cualquier medida progresista en terrenos como la vivienda y las políticas sociales, o que apoya incondicionalmente al gobierno asesino de Netanyahu?
Que nadie se engañe. “Ocupar los máximos espacios de poder en las instituciones”, y más con estos socios, significará liquidar progresivamente el carácter anticapitalista de la CUP, precisamente lo que le permitió convertirse en referente para decenas de miles de jóvenes, trabajadores y activistas de la izquierda combativa.
La tentación de ir hacia algo parecido a Bildu o al BNG es muy grande para los dirigentes cupaires. Pero las CUP no parten del mismo punto histórico que la izquierda abertzale y la izquierda nacionalista galega. Y el espacio electoral no es el mismo, con un Partido Socialista que registra nuevamente máximos electorales en Catalunya.
Aprender del pasado
La CUP irrumpió por primera vez en el Parlament en 2012 con 126.435 votos y 3 diputados. Su oposición a Junts y ERC, apareciendo como una alternativa dispuesta a combatirles desde la izquierda, la consolidó como actor clave, con un apoyo tremendo en las elecciones catalanas de 2015: 337.794 votos y 10 escaños.
Los motores de ese crecimiento eran los mismos que impulsaban el 15M, a Podemos estatalmente y en Catalunya, a Syriza en Grecia y otras fuerzas de izquierda, y que acabarían cuajando en el levantamiento de masas por la república catalana: la crisis capitalista mundial de 2008-2009 y el recrudecimiento de la opresión nacional bajo del régimen del 78 y los Gobiernos del PP.
El 1 y 3 de Octubre de 2017, la acción directa de las masas derrotó el salvaje despliegue represivo enviado por el gobierno de Rajoy con apoyo de Pedro Sánchez y el PSOE, abriendo una crisis revolucionaria en Catalunya que tuvo su continuación en octubre de 2019 tras la sentencia del Supremo.
Centenares de miles de jóvenes, trabajadores y trabajadoras, y amplios sectores de las capas medias que giraron a la izquierda, tomaron una y otra vez las calles, buscando una dirección, un programa y plan de lucha para hacer realidad la república catalana. Las masas hicieron todo lo posible pero se estrellaron contra el muro de renuncias y excusas que levantaron los dirigentes de Junts y ERC desde el minuto uno.
La CUP tenía una oportunidad histórica de luchar por la dirección del movimiento. Pero esa oportunidad fue desaprovechada. Y no por la militancia, que desafió valientemente la represión del estado, organizando militantemente el referéndum, las huelgas contra la represión y los CDR, impulsando huelgas y manifestaciones estudiantiles que movilizaron a centenares de miles de jóvenes convocados por el Sindicat d’Estudiants y el SEPC.
Lo que desaprovechó esa oportunidad fueron esas mismas políticas etapistas de buscar acuerdos con ERC y Junts que ahora se insiste en seguir aplicando. Mientras la calle era un clamor exigiendo una república del pueblo y no de la oligarquía, se nos decía que no había “condiciones objetivas” para luchar por la dirección del movimiento. La responsabilidad de llevar adelante “la república catalana” se dejó en manos de Puigdemont, Junqueras, etc . La izquierda independentista, según los líderes que marcaban la estrategia, debía limitarse a exigirles que fuesen consecuentes, aplazando la lucha por el socialismo hasta que esos dirigentes burgueses conquistasen la independencia y abriesen un “proceso constituyente”.
A medida que Junts y ERC dejaban claro que no estaban dispuestos a organizar seriamente ninguna ruptura con el régimen del 78, e incluso utilizaban los Mossos para reprimir las movilizaciones independentistas, los dirigentes de la CUP aumentaban sus críticas y denuncias. Pero sin plantear una política alternativa de verdad, sin unir la lucha por la liberación nacional a la necesidad de expropiar a los capitalistas y construir una república socialista, la única forma de sumar a otros muchos trabajadores inmigrantes y castellano-parlantes que se mantenían a la expectativa porque desconfiaban, con razón, de la derecha catalanista.
¿Disolverse en el movimiento o levantar un polo revolucionario en los sindicatos y los movimientos sociales?
Los “acuerdos puntuales” con ERC y Junts no han sido tales. Realmente se trata de una línea política estratégica que ha concedido un margen de maniobra a Puigdemont y Junqueras. Y ese margen lo han utilizado ambos no para hacer concesiones al programa de la CUP, sino para maniobrar con el PSOE y la burguesía catalana y española y resolver la crisis revolucionaria abierta en 2017.
La dirección de la CUP podía haber tejido una política ambiciosa respecto al movimiento obrero catalán, un actor decisivo para conquistar la república. Es un hecho que el descontento con la burocracia de CCOO y UGT se ha expresado en un crecimiento importante de CGT en Catalunya y el avance de sindicatos como IAC-USTEC-CATAC, CSC y COS. La tarea de la CUP en este terreno, si de verdad se pretendía batir a la derecha catalanista y a la socialdemocracia era bastante evidente: organizar políticamente a los miles de activistas y delegados sindicales de todos esos sindicatos, incluso a los que se sitúan en posiciones críticas en CCOO y UGT, que rechazan las políticas de pactos y paz social.
Una oportunidad de oro para hacerlo fueron las huelgas de la educación y la sanidad de 2022 y 2023, donde USTEC, CATAC, CSC y CGT desempeñaban un papel destacado. Si la CUP hubiese levantado la consigna de huelga de todo el sector público, movilizando a sus militantes en cada sindicato para impulsarla, habría aumentado enormemente la fuerza y confianza en sus fuerzas del movimiento, impidiendo la firma de acuerdos parciales que la Generalitat utilizó para desactivar la lucha y que ha incumplido sistemáticamente.
Lo mismo vale para las movilizaciones contra los ataques de los tribunales españoles al català. El frente común con Junts y ERC favoreció sus planes de frenar la lucha en las calles con resoluciones y promesas en el Parlament, impidiendo el desarrollo de un movimiento de masas que vinculase la defensa del català al aumento drástico de los presupuestos educativos, culturales y sociales cuestionando así sus políticas capitalistas del Govern y no enmascarándolas.
Otro terreno en que ha tenido consecuencias nefastas es la política de “acompañar” al movimiento, que en la práctica significa renunciar a luchar por su dirección con políticas revolucionarias. Mientras miles de votantes y militantes luchan por acabar con la prostitución, vinculando esta consigna al combate contra la LGTBIfobia y transfobia, algunas dirigentes cupaires han defendido la “regulación” de esta expresión extrema de violencia contra la mujer.
Todas estas renuncias y concesiones han hecho que sectores importantes de la izquierda militante no vean en la CUP una herramienta para unificar y organizar las luchas sino una fuerza testimonial para expresar el malestar.
Reconstruir una izquierda independentista con un programa comunista
Levantar una izquierda independentista de masas capaz de cambiar las cosas y desplazar a las fuerzas del sistema es posible. Pero solo rompiendo con las políticas de colaboración de clases y supeditación a ERC-Junts, lo que requiere de un programa y una estrategia revolucionaria.
Frente a la corrupción de la política burguesa, la posición de los comunistas, como explicaba Lenin, nunca ha sido negarnos a participar por principio en las elecciones o en el parlamento. Mucho menos en los sindicatos y movimientos de masas dirigidos por los reformistas. Eso solo facilitaría a la burocracia levantar un muro entre la clase obrera y la izquierda revolucionaria.
Tampoco se trata de hacer proclamas genéricas a luchar por el comunismo sino de intervenir en cada frente de lucha organizando un polo revolucionario con un perfil diferenciado, planteando un programa de acción que parta de las necesidades y exigencias de los trabajadores y los jóvenes más oprimidos, y no de lo que consideran posible los que modulan la opinión pública.
Los comunistas revolucionarios luchamos por reformas y mejoras pero, a diferencia de la socialdemocracia en todas sus variantes, lo hacemos de forma consecuente, explicando que solo pueden arrancarse mediante métodos revolucionarios, impulsando la acción directa, la autoorganización y la lucha en las calles, y que para mantenerlas y ampliarlas hay que acabar con la explotación capitalista, expropiando a los responsables directos de nuestra opresión, empezando por la burguesía catalana de Caixabank, Banc Sabadell, Agbar y otras grandes empresas y siguiendo por el resto de la clase dominante española y las multinacionales. Solo así podremos planificar democráticamente la economía, liberada del parasitismo de la banca y los grandes monopolios, y enfocada a resolver los graves problemas sociales que padecemos.
Hay que retomar la lucha por una república catalana y un mundo socialistas, asimilando las lecciones de los errores que se han cometido. Así podremos avanzar sólidamente, sin efectismos electoralistas que llevan al desastre.
¡Únete a Esquerra Revolucionària para hacerlo posible!
