En Catalunya el inicio oficioso de la campaña electoral para la
Generalitat ha coincidido con el recorte salvaje del gasto público
perpetrado por Zapatero. Montilla y la cúpula del PSC reaccionaron
rápidamente, no sólo dando "su aval" al ataque, sino anunciando su
propio plan para reducir el déficit público que, en importantes
aspectos, quiere ir más allá del presentado en Madrid.
En Catalunya el inicio oficioso de la campaña electoral para la Generalitat ha coincidido con el recorte salvaje del gasto público perpetrado por Zapatero. Montilla y la cúpula del PSC reaccionaron rápidamente, no sólo dando "su aval" al ataque, sino anunciando su propio plan para reducir el déficit público que, en importantes aspectos, quiere ir más allá del presentado en Madrid.
Un consejero del PSC reconocía recientemente en el diario La Vanguardia: "Tenemos enfadados a los autónomos, a los agricultores, a los bomberos, a los maestros... y no veo ningún colectivo haciendo cola para votarnos". Efectivamente, el divorcio entre la política de la dirección del PSC y el Tripartit y las aspiraciones de su base electoral, la clase obrera, preparan un posible regreso de CiU a la Generalitat.
A la espera de que concreten cómo será el tijeretazo de la Generalitat, el propio conseller de Hacienda, Antoni Castells, ha manifestado repetidas veces su intención de extender el recorte salarial a todos los trabajadores de las empresas públicas aunque sus relaciones laborales se rijan por un convenio propio. Tal ataque afectaría a unas 260 empresas públicas que dependen tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos catalanes entre ellas TV3, la Agencia Catalana del Agua o TMB. También han anunciado que continuarán con la política actual de no cubrir las vacantes entre los funcionarios, ya sean por jubilación o por vacaciones. Esta política no es nueva, Catalunya es la comunidad autónoma con menos porcentaje de funcionarios en relación a su población (8,3% de su población activa, frente al 16% del Estado español), aunque es de las que más competencias tienen asumidas. De hecho, el Govern se ha caracterizado por una política de recortes, por ejemplo en la educación pública, provocando cuatro huelgas generales de la comunidad educativa en los últimos dos años.
Castells también ha anunciado que el recorte afectaría a los conciertos educativos y de sanidad, tratando de presentarse como "equitativo". Sin embargo, el anuncio no tiene nada que ver con recortar los privilegios de la patronal de la educación y sanidad privada concertada. Este año, mientras el Departament d'Educaciò suprimía el bachillerato en una veintena de centros públicos aumentaba en 35 millones de euros los conciertos con centros de bachillerato privados. El actual recorte afectará exclusivamente a los salarios de los trabajadores de estos sectores, cuyas condiciones laborales son mucho peores que sus compañeros de la pública y que este año ya habían sufrido una congelación salarial. Defender las condiciones laborales de estos trabajadores pasaría por la integración de la educación y la sanidad privada concertada en la red pública.
Durante estos años, la dirección del PSC se ha caracterizado por hacer suyas muchas de las exigencias de la patronal. Durante los meses en que Zapatero se resistió a aprobar una reforma laboral, Montilla se pronunció una y otra vez en defensa de las "reformas estructurales" exigidas por la CEOE.
Ahora, los socios del Tripartit (ICV y ERC) han aceptado, vergonzosamente, el recorte propuesto por el PSC a cambio de una supuesta recuperación gradual del poder adquisitivo de los funcionarios a partir de 2014 y una subida del IRPF para las rentas más altas en su tramo autonómico (a concretar el 1 de julio). Castells estaba en contra de estas medidas, sin embargo la presión de las próximas elecciones se ha impuesto. Sin embargo, el conceller no ha garantizado la primera medida (dependerá de la evolución del déficit) y en cuanto a la subida del IRPF, parece que será bastante simbólico. Según el calculo de Castells, afectará a 50.000 contribuyentes y supondrá tan sólo cien millones euros de ingresos.
EREs para los trabajadores
y ayudas públicas a las multinacionales
Catalunya es una de las zonas del Estado que más está sufriendo la crisis económica. Está a la cabeza en número de trabajadores afectados por ERES, por el hundimiento del sector industrial, y sus finanzas tanto públicas como privadas se deterioran rápidamente. Detrás de las macrofusiones de las cajas catalanas están sus graves problemas de solvencia: Si en enero había 10 cajas de ahorros en Catalunya, se espera que el año termine con tan sólo tres grandes cajas. Recientemente, S&P rebajó la calificación de la deuda catalana (un 180% de los ingresos operativos consolidados de la Generalitat), la peor valorada de las que emiten las comunidades autónomas.
Pero para lo que quieren sí hay dinero. El 18 de mayo, el Govern anunciaba la ampliación en 38 millones de euros la línea de créditos sin intereses para Seat y Nissan (llegando a los 43,10 millones de euros). Además concederá otros 24,5 millones de euros a Seat en préstamos y subvenciones. El dinero público está cubriendo el 80% de la inversión que realizan estas dos grandes empresas, es decir, la Generalitat está poniendo el dinero y las multinacionales se quedan con los beneficios. Nissan ha exigido a los trabajadores de su planta de Barcelona un año de congelación salarial, otro con una subida que sea la mitad de la inflación e incrementar de 10 a 15 los sábados disponibles para trabajar.
Y mientras tanto, al alcalde de Barcelona sólo se le podía ocurrir el desastroso referéndum de la Diagonal. Después de gastar 3,17 millones de euros para organizar la consulta sobre si reformar o dejar la Diagonal tal y como está, la participación fue de un escaso 12% y la inmensa mayoría de los votantes optaron por no hacer ninguna reforma. En un momento en que lo que preocupa a los trabajadores es el paro y el deterioro económico, el alcalde socialista se dedica a proyectos megalómanos completamente alejados de las necesidades sociales, como los Juegos de Invierto o la reforma de la Diagonal, acumulado más descontento entre los trabajadores y jóvenes catalanes.
La huelga del 8 de junio debería incluir también a los trabajadores de las empresas públicas catalanas como paso previo a una huelga general en todo el Estado, y tiene que ser una oportunidad para exigir al PSOE y al Tripatit en un giro de 180 grados en su política.
Un consejero del PSC reconocía recientemente en el diario La Vanguardia: "Tenemos enfadados a los autónomos, a los agricultores, a los bomberos, a los maestros... y no veo ningún colectivo haciendo cola para votarnos". Efectivamente, el divorcio entre la política de la dirección del PSC y el Tripartit y las aspiraciones de su base electoral, la clase obrera, preparan un posible regreso de CiU a la Generalitat.
A la espera de que concreten cómo será el tijeretazo de la Generalitat, el propio conseller de Hacienda, Antoni Castells, ha manifestado repetidas veces su intención de extender el recorte salarial a todos los trabajadores de las empresas públicas aunque sus relaciones laborales se rijan por un convenio propio. Tal ataque afectaría a unas 260 empresas públicas que dependen tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos catalanes entre ellas TV3, la Agencia Catalana del Agua o TMB. También han anunciado que continuarán con la política actual de no cubrir las vacantes entre los funcionarios, ya sean por jubilación o por vacaciones. Esta política no es nueva, Catalunya es la comunidad autónoma con menos porcentaje de funcionarios en relación a su población (8,3% de su población activa, frente al 16% del Estado español), aunque es de las que más competencias tienen asumidas. De hecho, el Govern se ha caracterizado por una política de recortes, por ejemplo en la educación pública, provocando cuatro huelgas generales de la comunidad educativa en los últimos dos años.
Castells también ha anunciado que el recorte afectaría a los conciertos educativos y de sanidad, tratando de presentarse como "equitativo". Sin embargo, el anuncio no tiene nada que ver con recortar los privilegios de la patronal de la educación y sanidad privada concertada. Este año, mientras el Departament d'Educaciò suprimía el bachillerato en una veintena de centros públicos aumentaba en 35 millones de euros los conciertos con centros de bachillerato privados. El actual recorte afectará exclusivamente a los salarios de los trabajadores de estos sectores, cuyas condiciones laborales son mucho peores que sus compañeros de la pública y que este año ya habían sufrido una congelación salarial. Defender las condiciones laborales de estos trabajadores pasaría por la integración de la educación y la sanidad privada concertada en la red pública.
Durante estos años, la dirección del PSC se ha caracterizado por hacer suyas muchas de las exigencias de la patronal. Durante los meses en que Zapatero se resistió a aprobar una reforma laboral, Montilla se pronunció una y otra vez en defensa de las "reformas estructurales" exigidas por la CEOE.
Ahora, los socios del Tripartit (ICV y ERC) han aceptado, vergonzosamente, el recorte propuesto por el PSC a cambio de una supuesta recuperación gradual del poder adquisitivo de los funcionarios a partir de 2014 y una subida del IRPF para las rentas más altas en su tramo autonómico (a concretar el 1 de julio). Castells estaba en contra de estas medidas, sin embargo la presión de las próximas elecciones se ha impuesto. Sin embargo, el conceller no ha garantizado la primera medida (dependerá de la evolución del déficit) y en cuanto a la subida del IRPF, parece que será bastante simbólico. Según el calculo de Castells, afectará a 50.000 contribuyentes y supondrá tan sólo cien millones euros de ingresos.
EREs para los trabajadores
y ayudas públicas a las multinacionales
Catalunya es una de las zonas del Estado que más está sufriendo la crisis económica. Está a la cabeza en número de trabajadores afectados por ERES, por el hundimiento del sector industrial, y sus finanzas tanto públicas como privadas se deterioran rápidamente. Detrás de las macrofusiones de las cajas catalanas están sus graves problemas de solvencia: Si en enero había 10 cajas de ahorros en Catalunya, se espera que el año termine con tan sólo tres grandes cajas. Recientemente, S&P rebajó la calificación de la deuda catalana (un 180% de los ingresos operativos consolidados de la Generalitat), la peor valorada de las que emiten las comunidades autónomas.
Pero para lo que quieren sí hay dinero. El 18 de mayo, el Govern anunciaba la ampliación en 38 millones de euros la línea de créditos sin intereses para Seat y Nissan (llegando a los 43,10 millones de euros). Además concederá otros 24,5 millones de euros a Seat en préstamos y subvenciones. El dinero público está cubriendo el 80% de la inversión que realizan estas dos grandes empresas, es decir, la Generalitat está poniendo el dinero y las multinacionales se quedan con los beneficios. Nissan ha exigido a los trabajadores de su planta de Barcelona un año de congelación salarial, otro con una subida que sea la mitad de la inflación e incrementar de 10 a 15 los sábados disponibles para trabajar.
Y mientras tanto, al alcalde de Barcelona sólo se le podía ocurrir el desastroso referéndum de la Diagonal. Después de gastar 3,17 millones de euros para organizar la consulta sobre si reformar o dejar la Diagonal tal y como está, la participación fue de un escaso 12% y la inmensa mayoría de los votantes optaron por no hacer ninguna reforma. En un momento en que lo que preocupa a los trabajadores es el paro y el deterioro económico, el alcalde socialista se dedica a proyectos megalómanos completamente alejados de las necesidades sociales, como los Juegos de Invierto o la reforma de la Diagonal, acumulado más descontento entre los trabajadores y jóvenes catalanes.
La huelga del 8 de junio debería incluir también a los trabajadores de las empresas públicas catalanas como paso previo a una huelga general en todo el Estado, y tiene que ser una oportunidad para exigir al PSOE y al Tripatit en un giro de 180 grados en su política.
