El éxito de la manifestación convocada este sábado 10 de julio en Barcelona contra el recorte del Estatut ha sido innegable. La Guardia Urbana ha dado el dato de un millón cien mil asistentes y los organizadores lo elevan a millón y medio. Desde luego, la cifra de Lynce (los supuestos expertos en aglomeraciones) de 56.000 asistentes es una tomadura de pelo. Fue sin duda una manifestación masiva y multitudinaria y es importante entender su significado.

El éxito de la manifestación convocada este sábado 10 de julio en Barcelona contra el recorte del Estatut ha sido innegable. La Guardia Urbana ha dado el dato de un millón cien mil asistentes y los organizadores lo elevan a millón y medio. Desde luego, la cifra de Lynce (los supuestos expertos en aglomeraciones) de 56.000 asistentes es una tomadura de pelo. Fue sin duda una manifestación masiva y multitudinaria y es importante entender su significado.

El motivo formal de la manifestación fue mostrar el rechazo al fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, dado a conocer parcialmente el 28 de junio. Los principales impulsores de la convocatoria fueron los partidos del Tripartit (PSC, ERC e IC) junto a CiU, a los que en seguida se sumaron los sindicatos CCOO Y UGT, la patronal Foment del Treball Nacional, todos los demás partidos políticos menos el PP (Reagrupament -escisión independentista-liberal de ERC- y las CUP -coalición electoral de la izquierda independentista-) y diversas entidades culturales. Del resto del Estado ha participado Gaspar Llamazares de IU y representantes del PNV, EA y la izquierda abertzale.

Aunque la convocatoria de la manifestación tuvo un tono marcadamente institucional (incluso los medios de comunicación distribuyeron "instrucciones" sobre como participar en la manifestación, qué ropa y calzado llevar, como protegerse del sol...), el resultado de la misma, tanto por la asistencia como por el ambiente, fue mucho más allá de las expectativas y, en cierto sentido, de las intenciones de los organizadores. Se convirtió en un enorme reflejo del profundo descontento presente en la sociedad catalana, común al existente en el conjunto del Estado -mejor dicho, en toda Europa- y que, en Catalunya, precisamente por la opresión nacional, adopta formas particulares.

El hecho de que la burguesía catalana y su partido político (CiU) impulsasen la manifestación y de que las organizaciones de la izquierda se hayan prestado a una movilizarse conjuntamente con ellos dio a la manifestación un carácter bastante heterogéneo. Una parte de la misma era la base social del nacionalismo burgués catalán o estaba influida y motivada por sus consignas y objetivos políticos. Sin embargo, la mayoría de la gente que participó en la manifestación lo hizo por sanos sentimientos democráticos frente a la actitud provocadora y reaccionaria del Tribunal Constitucional contra la lengua y los derechos democráticos del pueblo catalán. El conocimiento íntegro de la sentencia, el día antes de la manifestación, calentó todavía más el ambiente.

Más que un sentimiento a favor del Estatut, predominaba un sentimiento de rechazo a la campaña de permanentes agresiones contra los derechos democráticos del pueblo catalán y que con la sentencia del TC ha alcanzado un momento culminante. Las consignas a favor de la independencia, que predominaban a lo largo y ancho de la manifestación reflejaban precisamente el hartazgo de los asistentes a una sucesión de imposiciones, calumnias por parte de reaccionarios arrogantes y soberbios.

Pero también es muy importante que resaltemos el ambiente crítico que se respiraba hacia la política oficial a pesar del carácter institucional que tuvo la convocatoria. No es casualidad que cuando desde la megafonía se pedía a los asistentes que despejaran los carriles centrales para que pudiera avanzar la cabecera, tronara como respuesta rotundos pitidos de desaprobación, sin duda dirigido a Montilla, pero también a los políticos burgueses en general (de hecho, Duran i Lleida también fue increpado a lo largo de la manifestación). Dentro de la manifestación se podían escuchar protestas de los asistentes contra "los políticos": "¡Pero si han venido a hacerse la foto! ¡Ya se la han hecho! ¡Pues que se larguen!"

Los dirigentes de la izquierda han hecho muy bien en movilizarse contra las decisiones del TC, pero no tenía que haber convocado con CiU, ni adoptar parte de su lenguaje y sus objetivos. La burguesía catalana protesta contra el TC sólo en la medida que esto afecta a sus intereses como clase dominante y en la medida que este rechazo sirva para alimentar su aureola de defensores de "todos los catalanes". A  CiU los derechos democráticos y sociales de la mayoría de los catalanes es algo que le trae absolutamente sin cuidado. Mejor dicho, tiene un empeño persistente en socavarlos, de hecho CiU está siendo el principal apoyo de las medidas de recortes de derechos sociales del gobierno del PSOE, que también afecta a la mayoría de los catalanes. Se ha mostrado dispuesta a endurecer todavía más la reforma laboral en el parlamento y defiende descaradamente la restricción de un derecho fundamental para la clase obrera catalana y de todo el Estado como es el derecho a huelga.

Evidentemente, para enfrentarse consecuentemente con la estrategia demagógica de CiU, el PSC tendrían que romper con su propia política antiobrera practicada desde la Generalitat. Convocando movilizaciones con CiU y poniendo en práctica medidas antisociales desde el gobierno central y del gobierno de Catalunya, a lo único que contribuyen los dirigentes socialdemócratas (y los dirigentes de la izquierda que se adaptan a los socialdemócratas) es pavimentar la vuelta de la derecha al Palau de la Generalitat.

La manifestación del sábado ha vuelto a demostrar el enorme calado social que tiene el sentimiento nacional catalán entre amplias capas de la población y la masividad de la manifestación refleja el potencial que tiene la lucha en defensa de los derechos democráticos. Sin embargo, para que toda esta fuerza sea efectiva tiene que desembarazarse de la manipulación de la derecha nacionalista, que es a su vez es alimentada por el reformismo de los dirigentes del PSC, de Iniciativa y de los sindicatos.

La sentencia del Tribunal Constitucional es un nuevo ataque de la reacción

Un día antes de la manifestación, el Tribunal Constitucional (TC) hizo público el contenido de la sentencia. Para sorpresa de muchos, el texto era cualitativamente más reaccionario que todo lo que se conocía hasta el momento.

Tal y como en su día los marxistas señalamos, el Estatut no resolvía ninguno de los problemas fundamentales que afectan a los trabajadores y jóvenes catalanes. No incluía ninguna solución a la cuestión nacional, pero tampoco traía consigo ninguna medida social capaz de entusiasmar a los trabajadores. Si el Tripartit incluyó en el borrador original algún guiño a la izquierda, en las sucesivas negociaciones el texto se escoró más y más a la derecha hasta conseguir la firma de Artur Mas. La aplicación del Estatut, una vez aprobado (aplicación que ahora deberá rediscutirse) tampoco generó ninguna ilusión. Muchas leyes se han aprobado y la percepción de la gente es que, en lugar de avanzar, todo retrocede.

El Estatut en ningún momento fue un punto de enganche entre el Govern y los trabajadores y la juventud. Lo único que contrarrestó el sopor que provocó el largo y tedioso debate del Estatut fue la indignación que provocaba la histeria españolista de la derecha, provocando varias manifestaciones de masas, aunque en ningún caso de las dimensiones de la del sábado.

Sin embargo, una cosa es que el Estatut no entusiasmara a la mayoría de los catalanes, y otra bien distinta que se fueran a quedar de brazos cruzados ante una sentencia claramente percibida como un ataque contra la dignidad de Catalunya, y no tanto por el texto del Estatut en sí, sino por el evidente objetivo político de la sentencia: Los jueces del Tribunal Constitucional, un órgano completamente desprestigiado y profundamente antidemocrático, han  lanzado una provocación en toda regla.

Incluso el diario El País, que había suscrito el mensaje del gobierno caracterizando el fallo del TC como "razonable", tuvo que cambiar su línea editorial ante la sentencia, llegando a caracterizarla de "mediocre",

"Por su reiterativa apelación (una docena de menciones) al menos acertado de los artículos constitucionales, el que alude a la "indisoluble unidad de la nación española", impuesto en su momento al presidente Suárez por la cúpula militar de la Transición. Con razón uno de los votos particulares, el único progresista, tilda de decimonónico el enfoque del tribunal, como si la era de la globalización, las soberanías compartidas, las integraciones supranacionales y la transformación de los viejos Estados-nación para nada afectasen a España" (Mediocre sentencia, El País 10/07/10).

Daba igual que la aparición del término nación en el preámbulo del Estatut no tuviera validez jurídica, lo importante era utilizar la sentencia como un ariete. Realmente, cuando el TC habla de la "nación española" y la "soberanía nacional" lanza un mensaje muy claro: "Me da igual lo que los catalanes digáis, seáis o hagáis. Nunca reconoceremos que sois una nación y nunca os dejaremos autodeterminaros". El aparato del Estado, que no fue depurado de franquistas al finalizar la dictadura, ha dado un puñetazo en la mesa gritando la consigna fascista de "España es 1 y no 51", un golpe muy hondo al sentimiento democrático-nacional catalán.

La posición del TC con respecto a la lengua es la demostración más clara del españolismo de los jueces: La defensa del catalán es uno de los aspectos más sensibles -por no decir el que más- para todos los catalanes. No sólo fue un idioma perseguido durante las dictaduras, sino que durante años ha sido caricaturizado e insultado por la derecha.

En Catalunya el castellano no está en peligro. Durante los últimos años, la reacción españolista ha desarrollado una campaña histérica tratando de presentar al castellano como un idioma perseguido y a los castellano-parlantes como catalanes "de segunda", discriminados. Esa imagen que han transmitido de Catalunya no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, en Catalunya hay una gran tradición de convivencia entre las distintas lenguas. Por ejemplo, es habitual que se produzcan conversaciones bilingües con absoluta naturalidad . Es la derecha la que quiere crear en Catalunya un conflicto lingüístico, hasta el momento inexistente, para sembrar el odio y la división entre los trabajadores catalanoparlantes y castellanoparlantes. Muchos catalanes -ya usen habitualmente uno u otro idioma- tomarán las calles las veces necesarias para evitar un escenario de división lingüística como el que le gustaría generar a los magistrados del TC.

Los marxistas nos oponemos a la imposición de cualquier lengua sobre otra, pero no es ese el problema en Catalunya. Pese a las tremendas raíces populares del catalán, la preeminencia que el castellano tiene como idioma estatal en una sociedad capitalista como la que vivimos hace que, con todo, el catalán siga siendo una lengua oprimida. A pesar de que en 2007, el 93,80% de los catalanes mayores de 2 años entendían el catalán y el 75,60% lo sabían hablar, la mayoría de los medios de comunicación son en castellano, sólo el 3% de las películas se doblan al catalán, las publicaciones literarias, aunque las grandes editoriales como Planeta son de capital catalán, en ningún caso promueven publicaciones en catalán salvo cuando la Generalitat les concede cuantiosas subvenciones (al fin y al cabo para ellos es mucho más rentable editar sólo en castellano, un idioma que entiende todo el mundo, que en castellano y en catalán, éstas últimas publicaciones no les resultarían beneficiosas)... Hay muchos más ejemplos, que por cierto, demuestran que la "patriótica" burguesía catalana no tiene ninguna intención en defender los derechos democráticos.

La falta de respeto a la lengua y la identidad nacional de los catalanes son los dos puntos esenciales de la sentencia del Estatut que han indignado a las masas. El resto de los puntos recortados por los jueces, que tienen que ver más con las competencias diversas de la Generalitat, los impuestos etc. son, más bien, los que han indignado a la burguesía catalana, siempre dispuesta a que aumenten sus privilegios aun a costa de la "dignidad nacional". CiU, por ejemplo, es en buena parte responsable de lamentable estado de las infraestructuras en Catalunya. Muchos catalanes perciben una lógica sensación de "abandono" cuando sufren el colapso de los medios de transporte públicos o del tendido eléctrico (como ha sucedido en los últimos años), sin embargo la solución no está en un "concierto económico", sino en el destino del dinero público, en Catalunya y en todo el Estado: para los bolsillos de los empresarios, o para cubrir las necesidades sociales de la mayoría de la población. CiU y la burguesía catalana tratará de alimentarse del descontento para aumentar sus rentas, culpando de paso a los extremeños o andaluces de los problemas de Catalunya.

Todo esto, además, se ha dado en un contexto muy coyuntural, como son los Mundiales de fútbol, que los medios de comunicación de Madrid han utilizado para relanzar una campaña atronadora de españolismo. Portadas y titulares ofensivos y proliferación de banderas como nunca se han visto, han enrarecido el ambiente. Aunque en la mayoría de la hinchada futbolera no había ninguna pretensión reaccionaria, estos días en Catalunya se ha declarado una "guerra de banderas" entre la rojigualda y la senyera.

¿Quién se ha beneficiado de la sentencia?

La sentencia ha llegado después de un mes cargado de acontecimientos: El gobierno del PSOE finalmente cedió a las presiones de la burguesía europea y anunció un ataque tras otro contra la clase obrera. Finalmente los sindicatos convocaron huelga general para el 29 de septiembre, una convocatoria que, si los dirigentes sindicales organizan en condiciones la movilización, puede marcar un trimestre de lucha obrera para frenar los ataques de la patronal.

Durante estas semanas sin duda se habían producido numerosos contactos entre el gobierno y los partidos nacionalistas de derechas CiU y PNV buscando algún sólido apoyo que pudiera salvar la legislatura y permitir a Zapatero resistir la huelga general y acometer más ataques contra los trabajadores. En ese sentido eran significativas las declaraciones de Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso mostrando su intención de no tumbar el gobierno de Zapatero sino apoyarlo, siempre y cuando acometiera los ataque exigidos por la burguesía.

Buscando el apoyo de CiU en el Congreso, Zapatero estaba dispuesto a renunciar a que gobernara el PSC en Catalunya. De hecho, tan sólo Iniciativa defiende hoy en día la viabilidad del Tripartit, la coalición de gobierno conformada por el PSC, ERC e Iniciativa.

El Tripartit fue, en su momento, elegido por la mayoría de los trabajadores para dejar atrás la política reaccionaria de CiU, pero tan pronto llegó al poder, continuó y desarrolló una ristra de ataques contra la clase obrera. Primero Maragall y luego Montilla, en numerosas ocasiones, aparecieron representando al sector del PSOE más proclive a cumplir los deseos de los capitalistas, por ejemplo con constantes llamamientos a la reforma laboral, o con sus ataques a la educación pública. Por ejemplo, tras el tijeretazo de Zapatero, el Govern aprobó uno propio que iba más allá del planteado en Moncloa.

La crisis, el paro, los EREs, la represión de los Mossos (a los estudiantes o las torturas en las comisarías), la criminalización de los emigrantes (con la polémica sobre los padrones o, más recientemente con el burka...), los casos de corrupción... han sido un continuo en la política del Tripartit y ha quebrado profundamente la confianza que las masas tienen en la socialdemocracia.

Pero no sólo el Tripartit está desprestigiado. Aunque lo más probable es que CiU recupere el poder en las próximas elecciones, la coalición de Artur Mas no genera tampoco ninguna ilusión. CiU no ha podido librarse tampoco del descredito generalizado que existe contra los políticos.

Y justo en este contexto llegó, después de cuatro años de deliberaciones, la tan esperada sentencia del TC. ¿Es una casualidad? Desde luego, la cuestión nacional siempre ha sido un factor político utilizado por la burguesía para desviar la atención de las masas de los aspectos sociales. Es mejor que "todos los catalanes" y "todos los españoles" defiendan sus respectivas naciones, a que los trabajadores catalanes y españoles se unan para luchar contra los capitalistas de una y otra nación.

Pero además de aspectos generales, probablemente también hubo cuestiones más coyunturales. Una sentencia "equilibrada" como deseaba Zapatero antes de la huelga general y de las elecciones en Catalunya podía ser muy rentable no sólo para CiU, sino también incluso para el propio gobierno. CiU podía aprovechar la sentencia para presentarse como el campeón del catalanismo y garantizar su victoria electoral en Catalunya. Posteriormente, como ya hicieran con Felipe González o Aznar, podían apoyar al presidente del gobierno en sus ataques a los trabajadores a cambio de toda una serie de concesiones en competencias para Catalunya (como la gestión del Aeropuerto del Prat o los impuestos locales).

La idea de la independencia del poder judicial es una quimera que ya nadie cree. Evidentemente hay un vínculo, no sólo ideológico, entre los jueces y la clase dominante, pero también entre los jueces y el gobierno. De hecho, si el órgano no se renovó fue porque el gobierno no tuvo la voluntad política de hacerlo. Pero una cosa es que no sea ese "poder independiente" del  que hablan los apologistas de la democracia burguesa, y otra cosa es que esa camada reaccionaria de jueces actúe a la orden del gobierno. De ser el "recorte moderado que permite aplicar el Estatuto" (El País 28/06/10) se convirtió en la "Mediocre sentencia".

Para Montilla y el PSC esta sentencia se ha dado en el peor momento posible. A pocos meses de las elecciones, el PSC está en una situación muy complicada. En los cálculos de la cúpula del PSC estaba evitar que la derecha nacionalista nucleara y agrupara el descontento por la sentencia, pero esto solo se puede conseguir con una política de independencia de clase. Con la actual política de unidad nacional y colaboración con la patronal catalana y la derecha, en realidad los partidos de izquierda y los sindicatos facilitan lo contrario de lo que en teoría pretenden.

En cambio, para Artur Mas, la sentencia ha permitido que pudiera presentarse como el paladín de Catalunya, defensor de la dignidad catalana y del derecho a decidir. Aunque hubieran deseado una manifestación más controlada y no el tremendo movimiento del sábado, con la sentencia del Estatut, está claro que CiU ha salido, a corto plazo, beneficiado. No obstante, aunque por el momento CiU recurra a un discurso soberanista más "radical" -lo que puede complicar temporalmente los acuerdos en Madrid con el PSOE o con el PP- inevitablemente para la burguesía catalana prevalecerán sus intereses de clase.

Aunque precisamente por la política interclasista auspiciada por las organizaciones de la izquierda, inicialmente puedan estar presente en las mentes de muchas personas una cierta  aspiración de unidad interclasista de los catalanes (a través de la unidad de los políticos catalanes para defender Catalunya; ERC, reflejando esa aspiración, ha hablado de conformar un gobierno de unidad nacional), pronto todas esas ilusiones se disiparán. Los acontecimientos de los siguientes meses resquebrajaran esa frágil unidad: las elecciones al Parlament y sobretodo la Huelga General del 29 de septiembre -en la que se enfrentarán obreros catalanes contra burgueses catalanes-, acentuarán las tensiones entre los partidos y entre la patronal y los sindicatos.

Un futuro gobierno de CiU, ya sea en solitario, apoyado por ERC o incluso por el PSC (en aras de la "unidad", lo sucedido estos días descarta un pacto PP-CiU a corto y medio plazo), no sólo no solucionará ninguno de los problemas de Catalunya, sino que los agravará. CiU se lanzará al ataque de la clase obrera, los emigrantes, la educación y la sanidad pública... e inevitablemente buscará acuerdos con la burguesía española para reproducir esos ataques en el resto del Estado. Pero también producirá un importante debate dentro del nacionalismo catalán intensificando inevitablemente tendencias diferenciadas hacia la derecha y hacia la izquierda.

Los reformistas y la burguesía en general ven a las masas como una especie de corriente de agua que puede abrirse y cerrarse a voluntad mediante un simple grifo, pero la realidad no tiene nada que ver con esa fantasía. De hecho es en estos acontecimientos cuando las masas más aprenden. La movilización del sábado reflejó el tremendo descontento acumulado en el conjunto de la sociedad, descontento que también afecta a las capas medias. Pero no sólo eso. Nunca antes se había producido una movilización como la celebrada el sábado en Barcelona. Inevitablemente marca un antes y un después en el panorama político catalán y en el desarrollo de la cuestión nacional, acelerando tendencias que ya estaban presentes.

La dignidad de Catalunya, sólo con el socialismo

La enorme manifestación del 10 de julio refleja una realidad contradictoria. En un contexto de crisis como el que vivimos, si la izquierda no ofrece una salida, la burguesía -tanto la catalana como la española- pueden tratar de utilizar los sentimientos nacionales para dividir y enfrentar a los trabajadores. CiU combina un discurso reaccionario en temas claves con una demagogia nacionalista.

Este año, algunos personajes, como Laporta o Reagrupament, han lanzado la caña de pescar con un discurso independentista reaccionario, que recuerda a la Liga Norte italiana. No es descabellado pensar que, si la economía española no se recupera, sectores desesperados de la pequeña burguesía puedan girar hacia esos planteamientos, buscando en el independentismo liberal y reaccionario (con elementos xenófobos y racistas como hemos visto en Vic) una solución a sus problemas. Un desarrollo de este tipo de tendencias políticas llevaría la cuestión nacional catalana a un callejón sin salida, traería consigo el desarrollo del españolismo dentro de la propia Catalunya y es una receta para que haya más odio y división.

Pero también hay muchas personas de izquierdas, sobre todo entre la juventud, con una especial sensibilidad ante cualquier tipo de opresión, que, ante el enorme descredito del reformismo, puede girar hacia posiciones independentistas  entendiéndolas como una manera de transformar sus condiciones de vida. No es casualidad que el porcentaje de catalanes que se reclaman independentistas haya aumentado.

Aunque los dirigentes de la izquierda independentista hablan de "independencia y socialismo", lo cierto es que en la práctica, como vimos con las consultas populares o este mismo sábado, subordinan su política a un acuerdo con la burguesía catalana. El éxito de las consultas populares ha sido relativo (aunque ahora sí pueden recoger parte del descontento existente), pero ya eran un indicativo de que la llamada "desafección" entre Catalunya y el resto del Estado se estaba incrementando en el último período.

Los sindicatos CCOO y UGT, que no dudaron ni un minuto en sumarse a la manifestación del sábado junto a CiU, pero que meditaron concienzudamente la convocatoria o no de la huelga general, son, junto con los dirigentes del PSC y del PSOE y de Iniciativa e Izquierda Unida, los máximos responsables de la actual situación política, social y económica. La política interclasista que llevan años defendiendo les convierte, en la práctica, en apéndices o de la burguesía española (véase tipejos como Rodríguez Ibarra o Bono, o Patxi López de la mano del PP en Euskadi), o de la burguesía catalana (como Montilla o Saura), no sólo no ofreciendo ninguna solución, sino alimentando el enfrentamiento y los prejuicios. Los dirigentes obreros deberían de romper con la burguesía -catalana y española- y defender consecuentemente un programa que vinculara la lucha en defensa de los derechos democráticos catalanes (y de la población de todo el Estado), con la lucha contra los ataques de la burguesía contra los trabajadores.

Recientemente en todo el Estado se produjeron movilizaciones en defensa de la memoria histórica, donde quedó en evidencia el carácter sumamente reaccionario del aparato judicial. El problema del TC no afecta en exclusiva a Catalunya, sino al conjunto de la clase obrera de todo el Estado. Será esta institución reaccionaria la encargada de decretar la "constitucionalidad" de un montón de leyes que sin duda en los próximos meses elaboraran los gobiernos para atacar a los trabajadores. Un ejemplo puede que lo tengamos con la Ley de Huelgas, pero sin duda sufriremos más ejemplos. La depuración del aparato del Estado de fascistas, incluido el aparato judicial, sería una reivindicación que lejos de causar rechazo o perplejidad, uniría a los trabajadores de Catalunya con los del resto del Estado.

Los marxistas defendemos la máxima unidad de los trabajadores por encima de las diferencias nacionales y simultáneamente defendemos el derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas. Defender el derecho a la autodeterminación no significa fomentar la creación de nuevas fronteras nacionales. En este planteamiento no hay ninguna contradicción. El derecho a la autodeterminación no sólo concede a la nación oprimida el derecho democrático a disponer de sí mismos y decidir qué relación quiere mantener con el resto del Estado, sino que también demuestra que no hay por parte de la clase obrera de la nación opresora ningún interés en mantener cualquier tipo de dominio o imposición. Sólo con este programa las organizaciones obreras pueden, por un lado arrancar a las masas de la nación oprimida de la influencia del nacionalismo catalanista burgués, pero por otro lado, combatir el veneno chovinista que la burguesía españolista.

Pero la lucha por los derechos democráticos-nacionales inevitablemente tiene que estar vinculada a la lucha contra el sistema capitalista y por el socialismo. Sólo expropiando a la burguesía -tanto la vasca, catalana o española- podrá liquidarse la explotación del hombre por hombre, base todas las formas de opresión que hoy existen.