Gran decepción ante su política continuista

La formación del tripartit en Catalunya en 2003, en pleno proceso de movilizaciones de masas contra la derecha, vino acompañada de una buena dosis de esperanzas entre amplias capas de la clase obrera y la juventud para que se diera un giro a la izquierda. Durante estos años de boom económico y explosión demográfica por la llegada masiva de inmigrantes, los ingresos de la Generalitat han registrado un aumento muy importante. Es cierto que en este período el tripartit ha aumentado el gasto social de forma sustancial, pero un análisis detallado de cómo y dónde se ha invertido este dinero presenta un cuadro más real de la política social del tripartit. De hecho, es precisamente la política social la que ha comportado un mayor divorcio entre el govern y su base electoral, ya que lejos de romper con la lamentable herencia de 23 años de gobiernos de la derecha nacionalista, ha practicado una política continuista, acordando con la propia derecha catalana muchas de estas medidas.

Privatización de la educación

El tripartit ha aumentado en términos absolutos la inversión educativa durante los últimos años, aunque este aumento del gasto no ha compensado el déficit de inversión pública. Catalunya invierte un 3,1% del PIB en educación, mientras que la media del Estado español es del 4,4% y más del 5% en Europa. Además, a duras penas ha paliado los efectos del aumento colosal de alumnos, que se ha incrementado en un 26,2% en los últimos nueve años.
La situación de degradación de la educación pública se mantiene con más de 20.000 estudiantes en barracones, falta de plazas públicas... Tampoco se han revertido las desigualdades entre la red pública y la concertada, más bien al contrario. Las subvenciones a la enseñanza privada-concertada, bajo el control de la jerarquía eclesiástica, ha pasado de 690 millones de euros en 2003 a más de mil millones en 2009, aumentando a un ritmo mucho mayor que la inversión en la pública.
La aprobación de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) con los votos favorables de CiU y el apoyo de la patronal de la enseñanza privada, y que ha provocado cuatro exitosas y masivas huelgas generales de la comunidad educativa, ha puesto en evidencia a quién beneficia la política educativa del tripartit. La LEC es un verdadero manual de privatización de la educación pública. Introduce una engañosa autonomía de centros, que en realidad significa que cada centro se busque la vida para obtener recursos económicos y que compitan entre ellos para obtener más recursos y a los mejores estudiantes. Este camino conduce a la competencia entre centros y a una mayor degradación de la educación pública, convirtiéndola en guetos. Junto a esto, garantiza que la privada concertada seguirá recibiendo dinero público aunque incumpla la ley (cobro de cuotas ilegales, adoctrinamiento religioso, selección del alumnado...).

Privatización de la sanidad

Romper con la herencia del gobierno Pujol en el ámbito sanitario significaba un verdadero reto para el tripartit, en un tema especialmente sensible para las masas. En el Estado español el gasto público sanitario estaba en el 5,7% del PIB (4,5% descontando el gasto farmacéutico), frente al 6,7% del PIB en UE-15 o el 7,9% en Alemania. Pero la deficiente inversión en la sanidad pública catalana es especialmente notoria, con un 4,3% del PIB en 2006.
Esto se pone en evidencia en el patente déficit de personal médico y de enfermería, largas listas de espera en ciertas operaciones quirúrgicas y visitas al especialista, la masificación de los centros de atención primaria y hospitales, especialmente en urgencias. Durante años los sindicatos de médicos han reclamado tener como mínimo 10 minutos por paciente, en vez de los 7 minutos actuales.
A este déficit presupuestario hay que añadir que los gobiernos de CiU impulsaron en los años noventa un proceso particular de externalización y privatización de la sanidad, creando la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP), que consiste en concertar la asistencia sanitaria pública a instituciones privadas "sin ánimo de lucro", donde los trabajadores están en régimen laboral y no funcionario, y que tienen salarios más bajos y peores condiciones laborales. Por ejemplo, un médico del XHUP puede cobrar unos 7.000 euros menos que un médico del Institut Català de la Salut (ICS). En el año 2005 de los 59 hospitales de la XHUP solamente 8 estaban gestionados por el Institut Català de la Salut. En cuanto a los Equipos de Atención Primaria (EAP), en el año 2006 había 76 gestionados por empresas privadas y 276 por el ICS.
Esta doble red sanitaria, que conlleva una polarización social importante, el 30% más rico de la población utiliza regularmente la sanidad privada (subvencionada con dinero público) y el 70% restante la sanidad pública; lejos de ser revertida por el tripartit, se ha mantenido y potenciado durante los últimos años.
Recientemente el Departament de Salut de la Generalitat ha planteado la cuestión del copago sanitario, es decir, que los usuarios paguen una cantidad simbólica (de uno a tres euros) por cada visita al médico. De esta forma se pretende combatir el supuesto abuso por parte de la población del sistema sanitario, en la medida que es universal y gratuito. En realidad, el copago no resolverá ninguno de los problemas esenciales de la sanidad (déficit presupuestario, masificación y privatización), sino que significará aumentar los ingresos del ICS a costa de los sectores socialmente más desfavorecidos.
Se podrian cuadrar las cuentas de la sanidad pública sin vulnerar su gratuidad aumentando las insignificantes tasas que pagan las mutuas laborales o nacionalizando la sanidad concertada bajo control de los trabajadores y la sociedad, para racionalizar y planificar mejor los recursos.

El tripartit, abanderado
en el plan de ajuste

Cuando el gobierno Zapatero anunció el plan de ajuste, con el recorte salarial del 5% a funcionarios, el tripartit se apresuró a anunciar un plan de ajuste de mayor calado, afectando en Catalunya a unas 260 empresas con fondos públicos, como la escuela concertada (lo que por cierto, sólo afectará al salario de los profesores, no al beneficio patronal). Este no es el único ejemplo, ya que durante los meses previos, el president Montilla ya se pronunció en varias ocasiones a favor de la reforma laboral.
Uno de los argumentos que utilizaba el govern para justificar el recorte es el abultado gasto público en Catalunya. Pero los datos derrumban esta falsedad. Es la comunidad con más competencias asumidas pero el sector público es de los más pequeños. Tan sólo el 7,32% de la población adulta trabaja en el sector público (incluyendo el sector concertado), frente al 14% de la UE-15. La ratio habitantes/empleados públicos era de 24,3 en 2009, mientras en el conjunto del Estado era de 17, y en Suecia, de 8. Esto demuestra con contundencia que el gasto social en Catalunya, a pesar del aumento en cifras globales, ni mucho menos ha paliado el déficit histórico.
Una prueba de fuego para el tripartit ha sido la política laboral e industrial. Ante la avalancha de cierres de empresas y EREs (de suspensión o extinción) el Departament de Treball ha dado el beneplácito a todos y cada uno de los planes de despido, mientras continuaba dando cuantiosas subvenciones públicas a las grandes empresas. Por ejemplo, la inversión en Nissan y SEAT está financiada en un 80% por la Generalitat, mientras éstas hacen recaer la factura de la crisis en la plantilla, con congelaciones salariales, ERE de suspensión y despidos.
Otro aspecto destacado es la política de inmigranción. De las declaraciones de intenciones sobre la integración del Pacte Nacional d'Immigració, sin apenas consecuencias prácticas, se ha pasado a apoyar la campaña racista lanzada por la derecha, haciéndose eco de los planteamientos xenófobos tanto en la cuestión del empadronamiento como en el tema del burka y niqab.
Este breve resumen de la política social del tripartit, que ha supuesto una gran decepción para la clase trabajadora catalana, explica de forma clara la elevada abstención que vaticinan las encuestas en las elecciones al Parlament de Catalunya en el mes de noviembre, y pone encima de la mesa la necesidad de aplicar una genuina política de izquierdas, de defensa del empleo y del sector público, tanto para defender los intereses de los trabajadores como para cerrar el paso a la derecha.