El nuevo gobierno de Artur Mas ha tardado muy poco en poner de manifiesto sus verdaderos objetivos e intereses. Los llamamientos a la unidad nacional de los catalanes para salir de la crisis económica y "la humildad y vocación de servicio a Catalunya" de Artur Mas en campaña electoral, se han transformado rápidamente en el anuncio de un drástico plan de recortes sociales. El gobierno de la patronal catalana

La composición del nuevo gobierno no da lugar a confusión. El nombramiento de los economistas burgueses Andreu Mas-Colell (Economía) y Xavier Mena (Empresa y Ocupación), ambos independientes, ha sido celebrada por la patronal catalana y las cámaras de comercio. Cuatro consejerías (Educación, Interior, Economía y Agricultura) serán dirigidas por ex consejeros de los gobiernos de Jordi Pujol, precisamente de la etapa de acuerdos con el PP en Madrid y Barcelona.
La nueva consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ya fue consellera con Jordi Pujol y fue artífice del apoyo de CiU a la privatizadora Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Se ha estrenado con el anuncio de más recortes presupuestarios (retraso del pago de las ayudas a comedores escolares, recorte de las ayudas a las actividades de la Semana Blanca, freno a la implantación de ordenadores en las aulas) y con el compromiso de impulsar la LEC con más conciertos económicos, incluyendo escuelas privadas que segregan a los alumnos por sexo.
Destaca el nombramiento como conseller de Sanidad de Boi Ruiz, hasta ahora máximo responsable de la patronal catalana de hospitales, acérrimo defensor del copago sanitario (que los pacientes paguen por recibir servicios sanitarios públicos), y firme opositor a la huelga que el colectivo de médicos protagonizó en 2006 por mejoras laborales. Los sindicatos de la salud han alertado de los peligros de privatización y el sindicato "Metges de Catalunya" lo define como el "hombre de la patronal".
En el Departament d'Interior el nuevo conseller es Felip Puig, que se ha estrenado con la derogación del código ético de los Mossos d'Esquadra. Aunque dicho código, impulsado por Joan Saura (ICV) en su etapa en Interior, no sirvió para acabar con los abusos policiales y torturas en las  comisarías, el mensaje de CiU es claro: éste será un gobierno con mano dura contra la juventud, los inmigrantes y la clase obrera.

Plan de ajuste

Antes del primer mes en el gobierno, Artur Mas ha anunciado un plan de recortes sociales sin precedentes. El presupuesto de la Generalitat en 2011 disminuirá "como mínimo" un 10%, unos 3.000 millones de euros. Los recortes sociales se centrarán en sanidad, en torno a los 850 millones de euros, y en educación pública. Además de esto, se estudia la posibilidad de llevar a cabo operaciones financieras con edificios de la Generalitat (hospitales) para obtener liquidez, es decir, en la práctica se rehipotecarán edificios públicos.
La derecha ha acusado al tripartit de haber falseado las cuentas, y ha cifrado el déficit fiscal de la Generalitat en el 3'6% del PIB catalán, unos 7.800 millones de euros. Los 2.500-3.000 millones de euros recaudados con la emisión de los llamados bonos patrióticos en octubre pasado, no han sido suficientes para hacer frente a los gastos corrientes de la Generalitat, y según afirma el nuevo gobierno, en caso de no emitir nuevos bonos de deuda pública (para lo que necesitan el permiso del gobierno central), en un par de meses no se podrá hacer frente al pago del salario de los funcionarios. De ahí la urgencia del plan de ajuste.
Esta urgencia por recortar los servicios públicos desaparece cuando el foco se sitúa en los beneficios empresariales. A la vez que exigen e imponen sacrificios a los trabajadores, han suprimido en su totalidad el Impuesto de Sucesiones, que tras su reforma en el año 2010, tan sólo afectaba al 6% más rico de la población, lo que supone dejar de ingresar 400 millones de euros, es decir, un nuevo regalo a los más ricos.

El nacionalismo de
la burguesía catalana

Durante el último período el profundo descontento social entre amplias capas de la población, acentuado por la crisis económica y el desempleo masivo, se ha expresado en Catalunya tanto en el terreno de la lucha de clases (la exitosa Huelga General del 29 de septiembre) como en defensa de los derechos democráticos nacionales (la masiva manifestación contra el recorte del Estatut), atizando en ambos casos el descrédito hacia la política oficial y la polarización política.
La burguesía catalana es totalmente consciente de este proceso, y está utilizando demagógicamente las legítimas aspiraciones de la población catalana a favor del derecho a decidir y contra las imposiciones antidemocráticas. Artur Mas y el mismísimo Jordi Pujol se han declarado recientemente favorables a la independencia de Catalunya (en un plazo indeterminado) con ocasión de la consulta sobre la independencia que se celebrará en Barcelona y otros municipios en abril de 2011.
La sentencia del Tribunal Supremo, imponiendo el castellano como idioma vehicular en la educación junto al catalán, rompiendo así uno de los elementos centrales de la política de inmersión lingüística, ha sido percibido (correctamente) como un ataque a la lengua catalana y como una nueva imposición del aparato del Estado, en la línea del recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional. CiU utiliza ésta y otras imposiciones para presentarse como defensora de la lengua catalana, cuando en la práctica está recortando los cursos públicos gratuitos de catalán para trabajadores inmigrantes y son pioneros en la política de degradación y privatización de la educación pública, con sus evidentes consecuencias negativas en la inmersión lingüística.
Los drásticos recortes sociales que aplicarán los atribuyen al "expolio fiscal de España". En realidad, cualquier competencia o transferencia que consiga Artur Mas del gobierno central, en ningún caso irá en beneficio de la mayoría de catalanes (invirtiendo en educación o sanidad pública) sino para beneficio de la burguesía catalana, como sucedió cuando Pujol apuntaló a los gobiernos de Felipe González y posteriormente de Jose María Aznar. Exactamente, el mismo papel quieren jugar ahora Duran i Lleida y Artur Mas, tanto con el gobierno de Zapatero como con un futuro gobierno del PP.

La crisis del reformismo

Como analizamos en El Militante de noviembre y diciembre, la razón principal de la victoria de la derecha catalana ha sido la abstención masiva de jóvenes y trabajadores, y la crisis profunda del reformismo, que con su política le ha entregado el gobierno  en bandeja. Ahora, para  hacer  frente  a la política reaccionaria de CiU, el principal obstáculo con el que cuenta la clase trabajadora son sus propios dirigentes.
La derrota electoral ha venido seguida de la mayor crisis interna del PSC de su historia. La retirada de Montilla ha abierto la pugna entre el sector del aparato del partido, vinculado al poder municipal del área metropolitana, y el sector denominado "catalanista" del entorno de Maragall.
Es significativo que una de las figuras del sector "catalanista", Ferran Mascarell, el que fue Conseller de Cultura con el tripartit, no ha tardado ni un segundo en pasarse al gobierno de Artur Mas. Y el conseller de Economía del tripartit, Antoni Castells, que se negó a ir en las listas electorales y comparó al PSC "con el Titanic hundiéndose", aboga públicamente por la formación de un partido catalanista de izquierdas desvinculado del PSOE.
Ahora se van a celebrar elecciones primarias en el PSC para la candidatura a la alcaldía de Barcelona, que según las encuestas pueden perder tras treinta años de gobierno municipal, entre el actual alcalde Jordi Hereu y Montserrat Tura, consellera de Interior y Justicia en el tripartit. Y hasta el mes de octubre no se celebrará el congreso del PSC, así que la crisis interna se prolongará.
A pesar de todo, los dirigentes de ambos sectores, lejos de romper con la política de colaboración de clases que ha producido el desastre electoral, la están profundizando. La investidura de Artur Mas fue gracias a los votos del grupo parlamentario del PSC.
Los dirigentes sindicales de CCOO y UGT están aplicando en Catalunya la misma política sindical de desmovilización y pacto social que en el resto del Estado. Recibieron el nombramiento de los consellers de Economía y de Empresa y Ocupación, con una satisfacción sorprendente, asignándoles gratuitamente la etiqueta de "defensores del gasto público, de las políticas de salida de la crisis justa y equilibrada, basadas en el fomento del empleo y el diálogo social". No ha hecho falta ni un mes para desmentir tal disparate.
A pesar del freno de los dirigentes sindicales, la frustración social y rabia acumulada bajo la superficie no para de incrementarse. El desempleo siguió creciendo en el último trimestre de 2010, y el proceso de cierres de fábricas no se detiene. El último caso, el cierre de Yamaha en Palau-Solità i Plegamans (Vallés Occidental) con el despido de más de 400 trabajadores. Toda esta rabia está preparando un auge en la lucha de clases que, mientras más tiempo tarde en darse, mayor será en extensión y explosividad.