En diciembre de 2010 el Tribunal Supremo dictó tres sentencias que obligan a la Generalitat de Catalunya a abandonar el modelo de inmersión lingüística. Estas nuevas sentencias, que se fundamentan en la del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Catalunya, imponen el falsamente denominado “bilingüismo escolar”. La política de inmersión lingüística de las últimas tres décadas en Catalunya se ha basado principalmente en que el catalán fuera el idioma vehicular en el sistema educativo, es decir, que todas las asignaturas en las escuelas e institutos fueran en catalán, excepto lengua y literatura castellana.
La derecha españolista (PP, Ciutadans y UPyD) en su cruzada reaccionaria contra las nacionalidades históricas, ha presentado un panorama delirante de la situación en Catalunya. Para ellos, el papel del catalán como idioma vehicular, frente a la cooficialidad jurídica del castellano y el catalán, supone una persecución del castellano similar a la que sufrió el catalán en la dictadura franquista.
Este tipo de “argumentos”, cuyo único objetivo es agitar los prejuicios españolistas más rancios de su base social, está en las antípodas de la realidad. Por un lado, la mayoría (superior al 90%) de la población catalana entiende y puede leer, escribir y hablar en catalán con normalidad. Por otro lado, la inmersión lingüística en Catalunya no ha ido en detrimento del conocimiento del castellano, como atestiguan estudios como el informe PISA. Y lo más importante, no existen divisiones en líneas nacionales y lingüísticas entre los jóvenes y trabajadores catalanes, algo que anhela tanto la burguesía española como la catalana.
La derecha nacionalista, CiU, trata de presentar la inmersión lingüística como una conquista de los gobiernos de Jordi Pujol, pero en realidad el derecho a aprender y hablar en catalán es una conquista de los jóvenes y trabajadores. Durante los años de lucha contra la dictadura, los trabajadores cogieron con las dos manos la defensa de la lengua catalana y la lucha por los derechos democráticos nacionales como una herramienta más de lucha contra el régimen. No sólo en Catalunya, sino en el conjunto del Estado, donde se coreaba “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia” en las manifestaciones.
Los avances en la normalización lingüística del catalán se han producido no gracias, sino a pesar de la política educativa y social de CiU. Durante sus 23 años de gobierno CiU convirtió Catalunya en el modelo de privatización de la educación pública, manteniendo y financiando la red educativa privada concertada, cuyas consecuencias más evidentes son la degradación paulatina de la educación pública y un alto grado de polarización social en la educación (menos del 30% de los universitarios provienen de la educación pública).
El nuevo gobierno de Artur Mas dice lo contrario de lo que hace en materia lingüística. Teatralizan su oposición a la sentencia del TS y el TC, presentándose como los defensores del catalán, mientras en la práctica han iniciado su legislatura con duros recortes sociales, de los que no se han librado ni los cursos gratuitos de catalán en los barrios obreros, ni las aulas de acogida en los institutos públicos con mayor número de inmigrantes.
A pesar de las tres décadas de cooficialidad y de la inmersión lingüística, el castellano sigue disfrutando de un importante predominio en el uso social respecto al catalán. Esto tiene mucho que ver con la actitud cínica de la burguesía catalana, para cuyos intereses empresariales es más rentable el castellano. Un ejemplo claro de esto es el predominio apabullante del castellano en los medios de comunicación radiofónico y audiovisual, prensa escrita y digital, libros y cine.
Esta sentencia es una nueva imposición del aparato judicial heredado del franquismo y así ha sido percibida por la mayoría de los catalanes. En la comunidad educativa la respuesta ha sido un rechazo contundente, y los sindicatos de profesores (USTEC, CCOO y UGT) y de las federaciones de AMPAs (FAPAC y FAPAES) han hecho un llamamiento a la desobediencia desde las aulas.
Es necesario defender de forma intransigente el derecho a aprender catalán y castellano, sin imposición lingüística de ningún tipo. Esto significa la defensa del catalán como idioma vehicular en el sistema educativo, unido a la lucha por una educación pública de calidad. El modelo del “bilingüísmo” en realidad significa imponer el castellano por la vía de los hechos y abrir el camino a la división del sistema educativo en líneas lingüísticas, algo profundamente reaccionario.
Pero la forma más consecuente no es apoyar las demagógicas declaraciones del gobierno de la Generalitat en defensa del catalán, que supone dar un balón de oxígeno a CiU y caen en la lógica de la “unidad nacional frente a España”. La defensa de los derechos democráticos nacionales de Catalunya forma parte de la lucha en defensa de la educación pública y contra los recortes sociales, contra la política demagógica de CiU, y por recabar el apoyo de los trabajadores y jóvenes del resto del Estado, que nada tienen que ganar con la opresión nacional y lingüística.