Catalunya se ha convertido en el banco de pruebas de los recortes sociales que quiere aplicar la burguesía en todo el Estado. Desde la llegada de CiU a la Generalitat la ofensiva no ha tenido tregua. Con más de 600.000 parados, sólo en los departaments se han destruido 1.400 puestos de trabajo entre enero y agosto. Además los sindicatos denuncian otros miles de despidos en las empresas públicas. Pero la peor parte se la están llevando derechos esenciales para el movimiento obrero como la educación y la sanidad públicas.
Las últimas novedades en sanidad son, por un lado, un ultimátum del Govern a los trabajadores: o renuncian a media paga extra de Navidad y aceptan la congelación del pago de otros complementos salariales o la Generalitat despedirá a 1.500 empleados interinos (la medida implica que los médicos renuncien a 1.200 euros, las enfermeras a unos 700 y los celadores a cerca de 400 euros). Por otro lado, el cierre forzoso de los hospitales públicos durante, por ahora, cinco días en lo que queda de año, medida que el conseller de Sanidad no descarta ampliar.
El 27 de septiembre el Govern catalán aprobaba su propia ley de estabilidad presupuestaria. CiU quiere impedir que la Generalitat pueda superar un 0,14% de déficit en 2018, dos años antes del plazo fijado en la reforma constitucional. De un plumazo se demuestra que todas las objeciones de CiU al pacto PP-PSOE eran simple demagogia.
Se preparan más recortes
En el Círculo de Economía, el conseller Mas-Colell explicaba las líneas maestras que seguirá el Govern para conseguir esas cifras de déficit: “Sin nombrar la palabra ‘copago’, que CiU rechazó en la última campaña electoral, Mas-Colell defendió que los beneficiarios de ‘muchos’ servicios públicos asuman su coste y proclamó el fin del ‘acceso gratuito universal’ a las prestaciones al considerar que para ello se requiere un volumen de recursos que en el futuro no se podrá alcanzar a través de los impuestos. Además, reclamó más participación privada para dispensar estos servicios” (El País, 01/10/11). Detrás de las palabras del conseller están sus planes de privatización. Pero el cinismo de Mas-Colell no tiene límites cuando habla de los impuestos… CiU se abstuvo en la votación para reinstaurar el impuesto de patrimonio y eliminaron lo poco que quedaba de impuesto de sucesiones catalán nada más llegar a la Generalitat. Además, han mantenido las ingentes subvenciones que el Govern concede a los negocios concertados y a los capitalistas de Seat, Nissan, Ryanair, Spanair, etc.
Pero los graves problemas financieros de la Generalitat no tienen su origen en los gastos sociales, tal y como la burguesía dice. Al igual que las demás administraciones del Estado, la Generalitat está sufriendo la caída de ingresos por la crisis económica y por el dominio absoluto del capital financiero que no deja de saquear las cuentas públicas. El propio Mas-Colell lo reconocía, a cuenta de la nueva emisión de bonos patrióticos: “El nivel de gasto del presupuesto del año que viene será prácticamente el mismo que el de este año. El problema es que crecen los intereses y deberá encajar en las cuentas el resto de las partidas”, y auguró que en 2012 el pago de la deuda será “entre ocho y nueve veces” mayor que “el presupuesto para Cultura” (El País, 21/09/11).
Efectivamente, con la perspectiva de más recesión económica, la Generalitat está inmersa en un círculo vicioso: para hacer frente a los pagos necesita liquidez que sólo consigue acudiendo al capital financiero, éste le exige intereses cada vez más altos. La próxima emisión de bonos patrióticos, que tendrá intereses del 4,75% para el de un año y de 5,25% para el de dos, más unas comisiones del 2,2% para los bancos colocadores, se dedicará casi íntegramente a cubrir los vencimientos de la emisión de otoño de 2010. Son los grandes bancos y entidades financieras los que están apropiándose de los mermados recursos públicos. Para seguir saciando a ese saco sin fondo, Artur Mas se prepara para lanzar más ataques.
La clase obrera quiere luchar
En el Parlament, CiU no sólo ha contado con la complicidad del PP. La dirección del PSC limita su oposición a lamentar la profundidad de los recortes y a pedir un aumento de impuestos, como si ese aumento por sí solo fuera a solucionar los problemas económicos de Catalunya. La nueva dirección de ERC ha escenificado un claro giro a la derecha manifestado su intención de acercarse a CiU en aras de formar un “frente soberanista” que luche por el concierto económico catalán. Si la burguesía catalana logra arrancar un nuevo pacto fiscal, será para incrementar sus privilegios, jamás para utilizar esos recursos en la educación o la sanidad pública.
Desde los primeros recortes de CiU la clase obrera ha tratado de luchar para evitarlos. Todas las movilizaciones contra los recortes sociales han sido con la pasividad e incluso la oposición de los dirigentes sindicales. Hace ya tiempo que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT deberían de haber puesto sobre la mesa un plan de lucha que incluyera una huelga general de Catalunya.
Pese a los dirigentes sindicales las luchas no han cesado. La perspectiva de una huelga indefinida en los hospitales públicos de Catalunya es cada vez más cercana (seis de los ocho hospitales públicos catalanes se han pronunciado a favor de ello). La huelga de estudiantes de secundaria del 6 de octubre convocada por el Sindicat d’Estudiants fue todo un éxito y despertó numerosas muestras de apoyo del profesorado y de los padres. Esa misma tarde una concentración convocada por CCOO y UGT en la jornada mundial por el trabajo digno se convirtió en una manifestación de más de 20.000 trabajadores contra los recortes. Estudiantes, profesores y personal laboral de las universidades también han comenzado a movilizarse… Hay fuerza y voluntad de lucha, lo que falta es una dirección política y sindical a la altura de las circunstancias.
