En el caso de Catalunya, las manifestaciones masivas en la Diada de 2012 y 2013, y la anunciada consulta sobre la independencia para el mes de noviembre de 2014 han sido temas que han tenido gran repercusión y serán objeto de constante debate y polémica en los próximos meses*. Efectivamente, el pasado 12 de diciembre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció el pacto alcanzado con los representantes de ERC, Iniciativa y CUP sobre la pregunta y la fecha para un referéndum que se celebraría el 9 de noviembre de 2014. En él se formularía la doble pregunta: “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado? Y en caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?”. En enero, el parlament aprobará una propuesta de ley por la que se solicita el traspaso de la competencia del Estado sobre la autorización, convocatoria y celebración de referendums consultivos a la Generalitat. En febrero, dicha ley se discutirá en el parlamento español. Pese a la impresión dominante transmitida por los medios de comunicación de que el referéndum es ya un hecho, hay que señalar que Mas ha supeditado su convocatoria a un acuerdo con el gobierno central del PP, o al menos a que esta sea “tolerada”, lo cual es poco probable.
Contra la ofensiva neofranquista en la cuestión nacional
¿Qué posición tenemos los marxistas ante la cuestión nacional en Catalunya y sobre el anunciado referéndum en particular? El primer lugar los marxistas dejamos claro que frente a la brutal ofensiva de la derecha españolista, de los sectores más reaccionario del ejército y del aparato judicial contra los derechos democráticos del pueblo catalán, vasco y gallego, apoyamos estos derechos sin reservas y nos colocamos en la vanguardia de la lucha contra esa ofensiva. Todas las amenazas de represión contra el derecho de autodeterminación, de intervención del ejército en caso de celebrarse el referéndum, de suspensión de la autonomía catalana, de encarcelamiento de los promotores de la consulta sobre la independencia en Catalunya proveniente de estos círculos reaccionarios, no sólo representan un peligro para los derechos democráticos del pueblo catalán, vasco y gallego sino para la clase trabajadora, la juventud y la mayoría de la población de todo el Estado.
Igual que con la LOMCE, con el anteproyecto de Ley del Aborto, con las últimas medidas de represión contra el derecho a manifestación y expresión, el gobierno del PP está lanzando un verdadero órdago reaccionario en la cuestión nacional. Es todo parte del mismo paquete para atacar las conquistas sociales y las libertades democráticas de la clase obrera, tratar de dividirla en líneas nacionales, mantener en estado de histeria a la base más reaccionaria del PP y crear un clima de excepcionalidad para justificar medidas represivas contra la protesta social. Si hay un factor que alimenta las tendencias a favor de la independencia y que enquista el problema nacional es precisamente la actitud de la derecha españolista que, no podemos olvidar, es la heredera directa del franquismo y de una maquinaria represiva sin depurar desde la caída de la dictadura, con todo lo que la represión franquista supuso en las nacionalidades históricas. La derecha española no es parte de la solución, es parte fundamental de todos los problemas, incluido lo relacionado con la cuestión nacional y los derechos democráticos.
La oposición de los marxistas a cualquier tipo de opresión nacional, de mantener por la fuerza y la represión cualquier nacionalidad dentro del Estado español, nuestra defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, vasco y gallego, no nos lleva, en absoluto, a la conclusión de que la clase obrera catalana, vasca o gallega, ni sus organizaciones sindicales y políticas, tengan que subordinarse o alinearse, activa o pasivamente, a los intereses, a los objetivos y a los argumentos de la burguesía catalana o vasca. Este es otro aspecto fundamental del marxismo respecto a la cuestión nacional. Es evidente que no sólo la burguesía españolista, sino también la burguesía catalana y vasca, actúan con su propio guión en la cuestión nacional, engañando, tergiversando, manipulando y utilizando los sentimientos nacionales, el justo rechazo de amplios sectores del pueblo catalán y vasco a los ataques de la derecha neofranquista, y los anhelos de cambio de la mayoría de la población, en beneficio de sus propios intereses de clase.
El ‘Estado propio’ de Artur Mas
La primera cuestión a plantear es ¿qué tipo de Estado defiende Mas y en qué medida este supondría un avance en el terreno de los derechos democráticos y sociales de la mayoría de la población catalana? Lógicamente, CiU está vendiendo la idea de que con un “Estado propio” capitalista, Catalunya podría salir de la crisis, evitar los recortes y garantizar el bienestar de la mayoría de la población. Sin embargo, en un excepcional alarde de sinceridad, en una entrevista con el periodista Jordi Évole realizada en octubre de 2012, dejó bien claro que en este eventual “Estado propio” que proyecta CiU para Catalunya, ni se derogaría la reforma laboral, ni la reforma de las pensiones, ni se revertirían los recortes en sanidad, ni se suprimirían los peajes de las autopistas. Obvio. Incluso reconoció que su política económica seguiría totalmente supeditada al capital financiero alemán y francés, al que, ni por asomo, pretende enfrentarse. Igualmente, en el plano militar, abogó porque Catalunya se apoyase para su defensa en “ejércitos ya existentes”. Por no hablar del tipo de policía que tendría ese Estado pensado por Mas, teniendo en cuenta lo que tenemos ahora con los Mossos y su brutal expediente represivo.
Recientemente, el Consejo de Transición Nacional, compuesto por asesores designados por Mas, recomendaba que el nuevo Estado catalán debería mantener una unión con el Estado español con “cooperación en varios ámbitos: monetario, industrial, fiscal, cultural, infraestructuras, defensa, migraciones…”. El organismo recomienda que el Barça y el Español sigan jugando en la liga española y que las relaciones con España “sean más sólidas que las actuales” pero en el plano de igualdad. ¡Vaya forma de independencia y de autodeterminación más curiosa! El proyecto “independentista” de Mas es abierta y vergonzosamente sumiso con los grandes poderes económicos a los que representa, como se ha demostrado siempre que CiU ha gobernado la Generalitat, y con sus hermanos de clase: el capital español y europeo.
Todo lo anterior da una idea bastante clara de cómo CiU trafica con los “principios fundamentales”. De hecho, todo el camino recorrido para llegar a esta “consulta”, está trufado por este tipo de cambalaches de la burguesía catalana. Un ejemplo más ha sido la descarada supeditación de la convocatoria de la consulta al apoyo de ERC a los presupuestos de 2014, que supondrán una nueva vuelta de tuerca de los recortes sociales, que en Catalunya son tremendos. A cambio CiU ofrece un pacto que desembocaría, según se desprende de sus propias palabras, en un estado capitalista catalán completamente sometido a los intereses del capital financiero internacional, dominando por la misma oligarquía de siempre y, como hemos visto, con excelentes relaciones con el Estado español. ¿Decidir entre un estado capitalista encabezado por Rajoy o un estado capitalista encabezado por Mas, es realmente llevar a la práctica el “derecho a decidir”, en el sentido profundo de cambiar la realidad social que muchos catalanes interpretan con este objetivo? En nuestra opinión, rotundamente no.
La burguesía catalana ha hecho todo lo posible en los últimos años por situar la cuestión nacional en un primer plano político, y lo ha hecho con dos objetivos centrales: desviar la atención de su salvaje política de recortes sociales y disputar a la burguesía española una parcela mayor de poder en las decisiones políticas, sobre en todo en materia económica y presupuestaria. Por supuesto que el plan “independentista” de Mas siempre se podrá posponer por el propio Mas si le conviene o si se llega a un acuerdo entre bambalinas sobre un nuevo reparto de poder y de presupuestos con la burguesía española, que es lo que realmente persigue.
De hecho, Mas ya tiene trazada una hoja de ruta bien clara en caso de que “no se pueda” convocar el referéndum: dar a las próximas elecciones autonómicas un carácter plebiscitario, eso sí, agotando la legislatura hasta el 2016 para completar la tarea de destrucción de la sanidad y la educación pública. La entrada de ERC en el gobierno se reserva precisamente para esta eventualidad, para dar una imagen todavía más reforzada de gobierno de “unidad nacional” tratando de encubrir así una descarada política de retrocesos sociales.
La bancarrota de los dirigentes reformistas de la izquierda
Uno de los aspectos en apariencia más paradójicos de la situación política en Catalunya es el hecho de CiU, que sufrió un tremendo desgaste por la potentísima movilización social contra su política salvaje de recortes, y que salió claramente debilitada de las elecciones autonómicas anticipadas impulsadas por ella misma en 2012, siga marcando la pauta de la situación política. Como señalamos en otros materiales, la explicación de esta paradoja está en la política de los dirigentes de los partidos de la izquierda, o que se reivindican de izquierdas, y de los sindicatos, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Este aspecto, que está completamente ausente de los análisis habituales sobre la situación en Catalunya, es absolutamente central.
Por supuesto una gran parte de responsabilidad la tiene el PSOE, que se ha alineado en lo fundamental con las tesis del PP en lo referente a la cuestión nacional. Inmediatamente después del anuncio de Mas, Rubalcaba salió públicamente para dejar meridianamente claro que Mariano Rajoy y él lo tenían “todo hablado” y que compartían su frontal oposición al derecho a la autodeterminación, que, según ambos, implicaba la consulta. A principios de enero, Rubalcaba y Navarro, líderes del PSOE y del PSC respectivamente, escenificaron en Barcelona un acuerdo mediante el que, según sus palabras, “echaba a andar” una alternativa entre “separadores y separatistas”, en referencia al PP y a CiU. La pretendida solemnidad de la presentación de dicho programa contrastaba con la irrelevancia de su contenido, que tenía como punto central la “creación de una subcomisión en el congreso para debatir las relaciones entre Catalunya y España”. Por supuesto, esta iniciativa desafiante es parte la “apuesta federal” del PSOE. Qué patético.
La propia vuelta de CiU a la Generalitat en 2010, no fue producto de su fortaleza sino de la abstención y la desmovilización electoral de la base social de la izquierda, provocada por la profunda decepción por la política del Tripartit. Tras siete años en la Generalitat con el PSC a la cabeza aplicando una política antisocial y represiva que en muchos aspectos en poco se diferenciaba de la derecha, CiU ganó las elecciones. Ya en la oposición, los dirigentes tanto del PSC como de ICV-EUiA adoptaron una política de seguidismo escandalosa. Aunque se han opuesto de palabra a los recortes, le han tendido la mano constantemente a Mas, haciendo un “frente común” en la cuestión del pacto fiscal. Este punto es muy importante porque durante dos años CiU ha agitado con diferente volumen, pero de forma constante, la cuestión del déficit fiscal (la diferencia entre lo que Catalunya aporta en recaudación de impuestos y lo que recibe de la caja común) utilizándolo como justificación de la dureza de los recortes sociales en Catalunya y como forma de encubrir el impresionante expolio social que la oligarquía financiera e industrial catalana ejerce sobre la población catalana.
Los dirigentes reformistas de la izquierda han bailado al ritmo marcado por CiU y la patronal, desde el PSC hasta ICV-EUiA pasando por los sindicatos. Los líderes de CCOO y UGT en Catalunya mantuvieron la misma táctica desmovilizadora que en el resto del Estado. La postura de los dirigentes de la izquierda, tanto en el plano ideológico como en la práctica, ha sido decisiva para favorecer el éxito de Mas en su giro “independentista”, contribuyendo a crear ilusiones en que con un nuevo acuerdo de financiación o con la independencia las cosas podrían ir mejor para la mayoría de la población.
Etapismo y colaboración de clases, una vía desastrosa
La escenificación solemne del pacto sobre la pregunta entre CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP es la coronación, de facto, de una política de colaboración de clase que los representantes de la burguesía están explotando a fondo: “todos estamos en el mismo barco en este momento histórico, desde los demócratas cristianos hasta los antisistema”. Los dirigentes de ICV-EUiA y de la CUP, en el mismo escenario que Mas y su consejero de Interior, presentaron este acuerdo como positivo. Joan Herrera, en nombre de ICV-EUiA, se mostró cómodo con el acuerdo alcanzado, ya que permitía “sumar desde la transversalidad y permite suscitar una gran mayoría a favor de cambiar la relación con el Estado”. Quim Arrufat, diputado de la CUP señaló que el acuerdo “era un paso importante al que no se había llegado nunca”.
Es evidente que CiU necesita el aval de la izquierda, sobre todo de aquellos que tienen más autoridad en el movimiento obrero y entre la juventud, para hacer más creíble su maniobra y envolverla de un carácter histórico e ilusionante. Desde algunos sectores de la izquierda que se reclama “revolucionaria”, se plantea que la independencia de Catalunya es el golpe más importante al régimen nacido de la constitución de 1978, y que eso justifica ir de la mano de CiU para lograr la convocatoria del referéndum. Pero un análisis sobrio, y marxista, nos indicará que esto no es así, sino todo lo contrario.
En realidad, la imagen de Mas con los representantes de ERC, de ICV-EUiA y de la CUP tiene un paralelismo muy claro con la imagen de unidad que los dirigentes del PSOE y del PCE se prestaron a escenificar con los representantes de la derecha franquista, que habían llegado a la conclusión de que era necesario un lavado de cara del sistema para mantener el poder en manos de los de siempre —la oligarquía financiera, industrial y terrateniente— y descarrilar la revolución social que se estaba gestando. Por cierto, en aquel entonces, los representantes de CiU jugaron un papel muy activo para apuntalar una Transición por la que se acordó que todo el aparato represivo heredado de la dictadura quedara intacto. Y ahora, de la mano de estos mismos representantes de la oligarquía catalana resulta que vamos a asistir a una “ruptura histórica” con el régimen de la Transición. ¿De la mano de los mismos que se ensañan en la represión del movimiento obrero y estudiantil, que apoyan todas la medidas antidemocráticas y antisociales del PP, resulta que vamos a protagonizar un “conflicto democrático” con el Estado español? En los años 70, Felipe González y Carrillo justificaban los acuerdos con Suárez y Fraga como algo táctico, como el medio de “consolidar la democracia”. En 2013, los actuales dirigentes de IC-EUiA y de la CUP justifican los acuerdos con CiU también como algo “táctico”, como un pacto necesario “en la actual etapa” para “defender los derechos democráticos” del pueblo catalán, para lograr la independencia, y “luego veremos” qué carácter se le da al nuevo Estado, como si el hecho de la independencia, por sí misma, facilitase el cambio de la naturaleza de clase que pueda tener el Estado.
Es decir, que un Estado capitalista dirigido y gobernado por los mismos oligarcas de siempre, es un paso necesario y positivo… ¿al socialismo? ¿Acaso no nos suena esta música? Después de la etapa que hipotéticamente conduzca a una Catalunya capitalista independiente, la burguesía exigirá una nueva “etapa” para consolidar este Estado, en la que igualmente los trabajadores tendrán que posponer sus exigencias. Y así, de etapa en etapa, la burguesía seguiría indefinidamente en el poder. Los hechos han demostrado a qué camino condujeron las justificaciones etapistas en la lucha por la transformación de la sociedad: a la total adaptación al sistema, al desprestigio de las organizaciones de izquierdas y a incrementar el margen de maniobra de la burguesía frente a la clase obrera y la juventud. Lo que ocurrió en la transición española, en Portugal en 1974, en Irlanda del Norte, donde los dirigentes del Sinn Féin justificaron el pacto con los unionistas por estos mismos motivos, son ejemplos muy elocuentes.
Se argumenta a favor de este frente con la burguesía catalana que está circunscrito a una cuestión democrática, como el derecho a decidir, pero que en la cuestión social y económica la oposición es total. Esta separación es completamente artificial. La situación real es que, primero, CiU no está apoyando el derecho a la autodeterminación sino su falsificación, su castración. De hecho, ella supedita su impulso del difuso “derecho a decidir” al apoyo concreto a su política antisocial. Segundo, ayuda a CiU a centrar el debate político en la cuestión nacional, en los términos que a la burguesía le interesa, en detrimento de la lucha de la clase obrera y de la juventud contra los recortes y su política represiva. Los diputados de IC o de la CUP pueden hablar de lucha contra los ricos, de la necesidad de enfrentarse a los recortes, pero si en la práctica sitúan como punto fundamental para cambiar la situación de angustia y sufrimiento que vive la mayoría de la sociedad la celebración de una consulta y la creación de un “Estado propio”, en realidad capitalista, y se defiende como táctica fundamental para llegar a la consulta un acuerdo con los representantes de la burguesía catalana, lógicamente la idea central que se transmite es la necesidad de priorizar este acuerdo y estos objetivos en detrimento de la lucha social, y también en detrimento del vínculo que existe entre la clase obrera y la juventud catalana con la del resto del Estado. Un vínculo necesario y fundamental en la movilización contra los recortes, por el derecho de autodeterminación y por el socialismo, que ha sido expresado en todos y cada uno de los grandes movimientos de protesta social de los últimos años: 15-M, huelga generales, PAH, movimiento estudiantil contra la LOMCE, etc., y que, por supuesto, la burguesía catalana está encantada en romper y enterrar.
La lucha por el derecho a la autodeterminación y el socialismo
La cuestión nacional siempre es un arma en constante disputa: por un lado la burguesía (española, catalana o vasca) trata de utilizarla como una herramienta para apuntalar su dominación contra los trabajadores y los oprimidos; por otro lado, la clase obrera tiene la posibilidad de hacer confluir todas las reivindicaciones y aspiraciones democráticas de las nacionalidades oprimidas en el torrente de la lucha contra el sistema capitalista, pero la condición para conseguirlo es que sus organizaciones políticas y sindicales adopten un programa y una estrategia revolucionaria, socialista e internacionalista, no solo en las palabras, sino sobre todo y fundamentalmente en los hechos.
Todos los trabajadores y jóvenes que defendemos una posición de clase e internacionalista en los sindicatos, en los movimientos sociales, en Izquierda Unida, debemos combatir los prejuicios del nacionalismo españolista. Debemos levantar la bandera de Marx y de Lenin: defender la unidad de la clase obrera por encima de las fronteras nacionales y los derechos democráticos nacionales de Catalunya, Euskal Herria y Galiza, incluido el derecho de autodeterminación, ligándolos a la lucha por el socialismo. La auténtica libertad de Catalunya, de Euskal Herria y de las naciones oprimidas sólo podrá alcanzarse con igualdad social, librando a la sociedad de todo tipo de opresión, comenzando por la opresión de clase y económica.
Nuestra alternativa es clara: una Federación Socialista de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y del resto de los pueblos que componen la península Ibérica, en el marco de una República Socialista Federal que se vincule fraternalmente con una Federación Socialista Europea.
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