El martes 23 de junio la unión de votos del PSOE, PP y Vox tumbó en el congreso la propuesta de EH Bildu para realizar una comisión de investigación sobre la implicación de Felipe González en los GAL. Alegando que todo está juzgado y sentenciado, el PSOE de Sánchez continúa sin asumir la responsabilidad que tuvo en el Gobierno durante los 80 en el terrorismo de Estado.
Los máximos dirigentes de un partido que se reclama de la izquierda se implicaron en la organización y financiación de grupos parapoliciales de mercenarios en la “guerra sucia”, que realizaron más de treinta atentados con el resultado de 60 personas asesinadas o heridas, entre ellos al menos 10 muertos sin ningún tipo de relación con ETA. Junto a estos comandos integrados por policías de extrema derecha, los sucesivos Gobiernos del PSOE ampararon las torturas en los cuartelillos y aprobaron una cascada de leyes de excepción que reprimieron duramente las libertades políticas. Las cloacas del Estado se fortalecieron mucho gracias a la política del famoso “señor X” que movía los hilos, presuntamente el expresidente González, y que además de no ser nunca juzgado aún sigue teniendo el carnet del partido y actuando como oráculo de la burguesía.
Es una manifestación de primer orden que el PSOE, PP y Vox hayan unido sus votos en el parlamento para que no se investigue la corrupción de Juan Carlos I y su implicación en el 23F, y lo vuelvan a hacer ahora respecto a los GAL. El régimen del 78 acumula desde la fecha de su nacimiento demasiados trapos sucios a sus espaldas, que tanto la derecha española como los dirigentes socialistas consideran que es mejor que no se conozcan. Sigue siendo más que evidente que el aparato de Estado heredado directamente del franquismo sigue funcionando a pleno rendimiento, y de él se espera que preste todavía muchos y buenos servicios en defensa de los intereses de la oligarquía económica que tiene en sus manos el poder real.
Abandonando posiciones para hacer el juego al régimen
El 18 de junio Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, manifestó públicamente en las mañanas de TVE su posicionamiento contra la comisión para investigar a Felipe González. Sus declaraciones diciendo que “todo el mundo sabe lo que pasó” y que esta cuestión podría “distraer”, provocaron una enorme indignación entre la base social de la izquierda más comprometida y militante en Euskal Herria y en el resto del Estado. Incluso entre la militancia de Podemos en Euskadi y Nafarroa se levantó un auténtico terremoto que quedó plasmado en la renuncia a la militancia de la anterior candidata a Lehendakari Pili Zabala, hermana de Josean Zabala, que envió una dura carta a Pablo Iglesias mostrándole su profundo rechazo a esa posición.
Solo 24 horas después, el propio Echenique tuvo que rectificar y plantear que Unidas Podemos votaría a favor de la comisión. Sin embargo, mantenía el mismo argumento de que esta comisión de investigación es inoportuna para la unidad del Gobierno de coalición y con las elecciones vascas a las puertas.
Las afirmaciones de Echenique traspasan unas líneas rojas muy serias. Al zanjar la propuesta de esta comisión como una “maniobra” electoralista de la izquierda abertzale, cabe preguntarse en qué perjudicaría a Unidas Podemos que se juzgara a todos los responsables del terrorismo de Estado. ¿Acaso no aumentaría la autoridad de este Gobierno ante la clase trabajadora y la juventud si sentara en el banquillo a todos los responsables de los crímenes políticos desde los de la dictadura franquista hasta los que organizaron los GAL, incluido a Felipe González?
Lejos de pretender esconder los trapos sucios del pasado del PSOE, precisamente por compartir Gobierno, los dirigentes de Unidas Podemos deberían ser los primeros interesados en esclarecer y juzgar a todos los responsables de la “guerra sucia”.
Decir también, como ha afirmado Echenique y nadie ha desmentido desde la dirección de Podemos, que esto es una maniobra orquestada por la derecha para debilitar al Gobierno PSOE-UP, tal y como decía el propio Felipe González durante los juicios contra Barrionuevo y Vera, ministro de Interior y secretario de Estado implicados en la organización del GAL, es un completo bochorno.
De hecho, para mayor escarnio de la postura del portavoz de Podemos, el PP y Vox no han pestañeado para garantizar junto al PSOE los votos necesarios para que no se investigue nada. Lo que beneficia de verdad a la derecha es la hipocresía de los dirigentes de la izquierda cuando tocan poder, y que estos se asimilen paso a paso en lo que decían combatir. Basta recordar el estreno parlamentario de Pablo Iglesias cuando denunció a Felipe González por tener las manos manchadas de cal, en referencia al asesinato de Lasa y Zabala, torturados y enterrados en cal viva por la guardia civil.
Podemos y las elecciones vascas
Las deplorables declaraciones de Echenique, y su igual de deplorable rectificación que la dirección de Podemos ha respaldado sin fisuras, han sido cogidas al vuelo por el PNV, que con la hipocresía y el oportunismo que caracteriza a la derecha nacionalista vasca las han visto como una oportunidad para potenciar su “cara progre” en las elecciones vascas.
Gracias al titubeo constante del Gobierno de coalición, el PNV ha tomado la iniciativa para plantear una proposición para reformar la Ley de Secretos Oficiales y así barnizar su demagogia de derecha progresista ante Vox. Pero el pasado del PNV está marcado por el apoyo constante a los Gobiernos tanto del PSOE como del PP en sus políticas represivas que vulneran abiertamente los derechos humanos. En los años 80 de la guerra sucia, ellos pusieron en marcha junto con el PSOE la política de dispersión de los presos vascos que sigue en pie a día de hoy.
Hay que recordar que si Podemos pudo ganar las elecciones generales del 2016 en Euskadi y Catalunya fue porque además de un discurso a la izquierda mantenía el reconocimiento al derecho a la autodeterminación. Retroceder en este programa, como ha quedado patente durante la lucha del pueblo catalán por la república en la que Podemos ha renunciado a participar, o como ahora en Euskal Herria oponiéndose a la huelga general del 30E y sosteniendo los presupuestos del PNV, solo fortalece al nacionalismo español y al régimen del 78, pero también al nacionalismo burgués vasco y catalán.
Combatir el régimen del 78 o legitimarlo
Efectivamente, todos sabemos lo que ha pasado y lo que sigue pasando: el doble rasero de esta justicia heredada directamente del franquismo, ofrece impunidad a los poderosos y encarcela a los que se atreven a denunciar su injusticia.
A José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados a 10 y 12 años de cárcel por organizar los GAL, se les ofreció el indulto por parte del Gobierno de Aznar a tan solo 6 meses de haber sido juzgados, el 23 de diciembre del 98. Solo estuvieron en prisión 3 meses. Los jóvenes de Altsasu Jokin, Adur y Oihan llevan en la cárcel más de 1.300 días, por una pelea en un bar durante las fiestas del pueblo donde estaban involucrados dos Guardias Civiles y sus parejas, y la lesión más grave fue un tobillo roto.
Los golpistas del 23F Armada y Tejero también fueron indultados por el Gobierno de Felipe González, y el propio juicio se encargó de no tocar la conocida implicación del monarca Juan Carlos I. Sin embargo, los 10 presos políticos catalanes siguen en la cárcel por defender el legítimo derecho a decidir. De la misma forma se ofrece el indulto a la corrupción política, mientras se persigue y criminaliza a sindicalistas y activistas de la izquierda por luchar contra los desahucios o por los derechos de los trabajadores.
No son cosas del pasado. La represión y la corrupción del régimen del 78 están más vivas que nunca, gracias precisamente a la impunidad de la que ha gozado durante toda su historia y que le otorgó el régimen franquista desde su nacimiento. Si Unidas Podemos pretende –como dice – avanzar mínimamente hacia la justicia social, debe luchar contra el régimen del 78 y todo lo que representa en vez de encadenarse a él. Debe además exigir esclarecer y juzgar todos los crímenes de Estado, depurar este aparato de Estado plagado de fascistas en sus cúpulas judiciales, policiales y militares.
El bandazo de los dirigentes de Unidas Podemos es un claro exponente de las profundas contradicciones que atraviesa el Gobierno de coalición y especialmente la formación morada en todos los frentes. Pretender mantener la estabilidad del Gobierno a través de la defensa del régimen del 78 –escondiendo los trapos sucios y sus crímenes– es una receta abocada al fracaso más duro.
La clase trabajadora y la juventud mantienen muy frescos en su memoria los discursos de Pablo Iglesias y de los dirigentes de Podemos cuando hablaban de “que Felipe González tiene el pasado manchado de cal viva”. También los que planteaban la prohibición de los desahucios, la nacionalización de empresas estratégicas, no pagar la deuda ilegítima a los bancos, y sobre todo los que denunciaban a la casta. Conectaban con el sentir de amplias capas de trabajadores y jóvenes hartos de la hipocresía de los políticos de este régimen podrido y enfangado en la corrupción.
No hay salidas intermedias. O se combate el régimen del 78 o se le protege con todas las consecuencias. Las palabras y los discursos no sirven de nada si no se acompañan con los hechos.
