El Gobierno del PSOE ha dado luz verde a la ilegalización de ANV y EHAK. Con urgencia y respondiendo a una decisión política, el Supremo y la Audiencia Nacional preparan la suspensión de ambas organizaciones de forma que sus candidaturas no puedan estar presentes en las elecciones generales del 9 de marzo. En la prensa, radio y televisión hay una intensa campaña dirigida a la opinión pública para que acepte como algo normal la ilegalización de dichas organizaciones a las que se acusa de ser parte de ETA. Las organizaciones políticas, sindicales y profesionales que durante los últimos años se han pronunciado en contra de la Ley de Partidos apenas hacen oír su voz ahora que ésta se aplica con contundencia.
Más represión no solucionará un problema político
Alrededor de doscientos mil ciudadanos en el País Vasco carecerán de expresión política en las instituciones en los próximos años. Los nueve diputados en el parlamento vasco de EHAK y los 437 concejales y 42 alcaldías de ANV suman una importante representación si se tiene en cuenta que sólo pudo presentar la mitad de sus candidaturas.
En aplicación de la Ley de Partidos se procederá al embargo de sus cuentas y al cierre de sus sedes y la prohibición de realizar cualquier actividad orgánica o acto público. De manera que la ilegalización es el anuncio de una nueva espiral de represión. Cualquier sigla que se presente en el País Vasco será sometida a una profunda investigación y un informe policial será suficiente para impedir su legalización. Si las ilegalizaciones son de por sí un grave recorte del derecho democrático de libre asociación, reunión y expresión, también lo son las escuchas, seguimientos, etc., que se han producido durante meses y que han llevado a la cárcel a la mayoría de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, siendo la última detención la de Pernando Barrena.
Estas ilegalizaciones son parte de un largo proceso por el que, uno a uno, se ha ido criminalizando a distintos colectivos sociales, diarios y otros medios afines a la izquierda abertzale como el conocido sumario 18/98. Sin embargo, la derecha aún quiere mucho más. Los medios afines al PP y a los obispos ya apuntan a nuevos colectivos a ilegalizar. De esta forma los derechos democráticos conquistados por la clase trabajadora y la juventud en lucha son cercenados cada vez más. La visita reciente de Aznar a Lizartza (Guipúzcoa) en respaldo a la alcaldesa Regina Otaola que carece del apoyo del pueblo, fue una provocación que demuestra el desprecio orgánico de la derecha española por la "democracia".
La condena por el Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo al ex presidente del parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a los ex miembros de la Cámara Gorka Knörr y Conchi Bilbao, a penas de dos años de inhabilitación para cargo público y a multas de 108.000 euros por desobediencia al Tribunal Supremo, por no haber disuelto en 2003 el grupo parlamentario afín a Batasuna tras ser ilegalizada, debería haber hecho sonar las alarmas en el PSOE algunos de cuyos dirigentes, como Patxi López, también están encausados por reunirse con dirigentes de Batasuna. Se trata de una auténtica involución en la que participa la socialdemocracia mostrando su miopía y degeneración.
Dicha condena ha dejado además en evidencia el doble rasero de la justicia que en diciembre absolvió al banquero Botín con unos argumentos a los que ahora renuncia para encausar a la Mesa del Parlamento Vasco. El propio lehendakari Ibarretxe está encausado.
La aplicación de la Ley de Partidos va creando, poco a poco, unos precedentes que son como una tela de araña en la que se puede ir cercando a distintas organizaciones o dirigentes molestos para el sistema según se vaya necesitando. Por ello desde el movimiento obrero debemos sentirnos directamente amenazados. La lucha por los derechos democráticos, hoy como ayer, es nuestra lucha.
Y una vez más el doble discurso del PNV
El PNV, que será el principal beneficiario electoral de estas ilegalizaciones en el País Vasco, trata de aparecer como una víctima más. La propuesta de Ibarretxe de celebrar una consulta el próximo otoño tensa las relaciones con el Estado para captar votos de las organizaciones ilegalizadas ante un previsible adelanto de las elecciones autonómicas. Demostrando una vez más que su nacionalismo acaba donde empiezan sus bolsillos, el PNV no ha dudado en ofrecer al PP apoyo en caso de que ganen las próximas elecciones generales, de la misma forma que apoyaron el primer gobierno de Aznar.
La política de recortes sociales y ataques a la clase trabajadora vasca por parte de los sucesivos gobiernos liderados por el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca ha creado un enorme descontento social, que se refleja en movilizaciones recientes en la sanidad y la educación pública. En el terreno político se aprecia un giro a la izquierda en el País Vasco del que se han beneficiado los socialistas y también la izquierda abertzale durante el período de tregua de ETA.
Este apoyo mantenido durante tres décadas por el MLNV no mermará ilegalizando a ANV y a EHAK. Éste es el auténtico problema de la burguesía española y vasca. Un problema político y no policial que lejos de resolverse expulsando de las instituciones a la izquierda abertzale lo único que logrará será obligarles a organizarse al margen de dicha legalidad.
El PSOE, a rebufo del PP
Las ideas no se pueden encarcelar, el PSOE debería saberlo. Con esta medida el PSOE cumple una de las exigencias del PP durante toda la legislatura, que ahora le recrimina por no haberlo hecho antes. El giro a la derecha en materia social del gobierno de Zapatero se complementa con las concesiones a los obispos y al PP. El único resultado es que la derecha crezca y eleve sus exigencias arrastrándonos a un recorte de derechos democráticos y un estado policial y represivo donde la tortura persiste, la justicia se escora hacia la extrema derecha y la vía penal se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. El giro a la derecha por parte del gobierno de Zapatero, lejos de mejorar su apoyo electoral, lo debilita cada vez más, a la vez que abre el paso a la derecha heredera del franquismo.
Por la vía represiva es imposible una solución a la cuestión nacional en el Estado español ni en ninguna otra parte del mundo como demuestra la situación en Palestina.
Este recorte de los derechos democráticos, que se da en una situación de grandes convulsiones económicas y de un cambio del ciclo expansivo a uno recesivo con aumento de las tasas de paro y luchas sociales, no es ninguna casualidad.
La clase dominante sigue una línea clara de recorte de derechos democráticos en los países capitalistas desarrollados, que en el Estado español se presenta como parte de la lucha contra ETA. Sin embargo, cualquiera puede comprender que llenar de presos políticos las cárceles e ilegalizar partidos políticos, refuerza las posiciones de los sectores de ETA que quieren continuar por la senda fracasada y estéril de las acciones armadas, que tantos argumentos ha dado al Estado para reforzar la represión.
Sólo el movimiento obrero con sus métodos de lucha tradicionales está en condiciones de frenar el recorte drástico de los derechos democráticos que la derecha propugna y los dirigentes socialdemócratas aplican. Es necesario levantar un programa de independencia de clase, rechazando cualquier pacto entre las organizaciones obreras y de la izquierda con la burguesía española, vasca, catalana o gallega, defendiendo consecuentemente el derecho democrático de autodeterminación de las nacionalidades oprimidas como parte de la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
7 de febrero de 2007
