Las elecciones autonómicas vascas del 1 de marzo se celebran en el
contexto de un aguda crisis económica mundial, que está afectando
fuertemente a la economía vasca. En Euskadi, como en otras zonas del
Estado, el frenazo económico ha sido prácticamente en seco. Se
perdieron 15.600 puestos de trabajo en el último trimestre,
fundamentalmente en el sector industrial. La burguesía vasca está
aprovechando la situación para presentar centenares de Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE).
Las elecciones autonómicas vascas del 1 de marzo se celebran en el contexto de un aguda crisis económica mundial, que está afectando fuertemente a la economía vasca. En Euskadi, como en otras zonas del Estado, el frenazo económico ha sido prácticamente en seco. Se perdieron 15.600 puestos de trabajo en el último trimestre, fundamentalmente en el sector industrial. La burguesía vasca está aprovechando la situación para presentar centenares de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Miles de trabajadores eventuales, muchos de ellos trabajadoras e inmigrantes, han sido despedidos o están en suspensión de contratos. Los expedientes se encadenan y este año la patronal vasca prevé que será peor. El PNV, que está en el gobierno autonómico vasco desde hace tres décadas, ha demostrado su absoluta incapacidad para dar ninguna solución a esta crisis, limitándose a aprobar los expedientes que les presentan. Por ello, y por otros factores relacionados con la política aplicada por el PNV en los últimos años, hay un deseo generalizado entre los trabajadores de que, por fin, haya en Euskadi un gobierno de izquierdas.
La izquierda abertzale, ilegalizada
El otro gran protagonista de estas elecciones, una vez más, es el recorte drástico de los derechos democráticos ya que, en aplicación de la retrógrada Ley de Partidos, las instituciones del Estado impiden que la izquierda abertzale tenga voz dentro del Parlamento Vasco, al haber sido ilegalizadas las candidaturas de Democracia Tres Millones (D3M), que se presentaron con el apoyo de más de 17.000 firmas, y Askatasuna. La detención y posterior encarcelamiento de Amparo Lasheras y otros promotores de D3M, a los que se acusa de pertenencia o colaboración con banda armada, demuestra lo lejos que se ha llegado cercenando libertades democráticas fundamentales como la de expresión, reunión y asociación política.
La política del gobierno vasco
Según los datos del sindicato ELA, el gasto en salud en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se sitúa a la cola de la OCDE. Sólo Grecia destina un menor gasto público en salud (4,3% del PIB) en proporción a la riqueza generada. La CAPV destina un 5% del PIB, mientras países como Francia y Alemania destinan un 8,9% y un 8,2% respectivamente. Incluso el Estado español (5,9%) y Estados Unidos (6,9%) destinan mayor porcentaje del PIB en la financiación pública de la salud. En cuanto al gasto público en educación, la CAPV destina un 3,59% del PIB cuando en el año 1999 se destinaba un 3,73%, siendo la media actual de la OCDE del 5%. En lugar de mejorar se ha retrocedido, y el gobierno vasco ha financiado cada vez más los sistemas privados de educación.
La vivienda ha sido uno de los grandes problemas sociales, con abruptas escaladas de precios en los últimos años. El presupuesto del departamento de vivienda, que ha estado dirigido por el coordinador de Ezker Batua, Javier Madrazo, ha sido de un patético 0,3% del PIB.
Crisis del PNV
El PNV llega a estas elecciones solo, exhausto y dividido, al haber roto con Eusko Alkartasuna (EA), que a su vez también sufre grandes tensiones internas. Estas crisis son un reflejo de la fuerte polarización social entre las clases. El PNV y EA han llevado desde el gobierno vasco una política de privatizaciones y recortes de los gastos sociales en sanidad, educación, etc., provocando duras críticas de todos los sindicatos, incluso de ELA, organización que ellos mismos crearon para promover la concordia entre trabajadores y empresarios vascos. La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales indica que en 2008 el 4,1% de la población se encontraba en situación de pobreza. Este porcentaje es mayor que el recogido en la anterior encuesta de 2004 y el más elevado desde 1996, a pesar del fuerte crecimiento de la economía vasca durante estos años.
La burguesía vasca ha fracasado en todos sus objetivos. La estrategia para ganar el apoyo de las bases de la izquierda aber-tzale, abanderando el plan soberanista en la anterior legislatura y la consulta en ésta, ha servido precisamente para demostrar las limitaciones del principal partido de la burguesía vasca. El PNV logró un apoyo mayoritario en el parlamento vasco a favor de la consulta, que había prometido para el 25 de octubre pasado; sin embargo fue incapaz de enfrentarse al Tribunal Constitucional y al gobierno central a la hora de llevarla a la práctica, frustrando las aspiraciones de su base social.
La patronal vasca hacía tiempo que estaba presionando al aparato del PNV para ir en la dirección contraria, como demostró la dimisión de Josu Jon Imaz, que ahora es presidente de Petronor. Quería acuerdos con Madrid, la renegociación de un nuevo Estatuto y mayores flujos de dinero para sus negocios; consideraban que para alcanzar estos objetivos era necesario aparcar el discurso frentista.
La pantomima montada alrededor de la consulta, como en su día ocurrió con el Plan Ibarretxe, buscaba crear una cortina de humo para desviar la atención de la política antisocial y la represión de la izquierda aber-tzale aplicados por el PNV.
Al igual que la derecha vasca, también el Partido Popular en el País Vasco entró en una aguda crisis tras la pérdida de las elecciones generales, que se saldó con la dimisión de María San Gil. Su política visceral contra las nacionalidades históricas ha producido un debilitamiento de la derecha españolista en todas ellas.
Ezker Batua debe romper con
el PNV y girar a la izquierda
La participación de Ezker Batua (EB) en un gobierno de derechas ha llevado a esta formación a la crisis y a debilitar el apoyo de su base social. Aunque en algunas citas electorales EB se ha visto favorecida por la falta de una alternativa a la izquierda del PSOE, una recuperación seria de su base social y su militancia se dará cuando EB rompa con la burguesía vasca y ofrezca un auténtico giro a la izquierda, vinculándose a la clase obrera y sus luchas y defendiendo consecuentemente los derechos democráticos de Euskal Herria.
El programa de Patxi López
El PSE-EE, que experimentó un importante crecimiento en las anteriores elecciones autonómicas de 2005 y en las elecciones generales de marzo de 2008, se ofrece como la opción electoral para desbancar al PNV y provocar un cambio, como ya ocurriese en Catalunya con CIU y en Galiza con la derrota del PP. Sin embargo, es significativo que el PSE-EE lanzara la actual campaña electoral vasca reuniéndose, hace seis meses, con la "élite empresarial" vasca: Costan Dacosta, del Grupo Eroski; José María Aldekoa, del Grupo Mondragón; Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola; Alberto García Erauzkin, de Euskaltel; Miguel Lazpiur, de Confebask; Álvaro Videgain, de Tubacex y del Círculo de Empresarios; José Antonio Jainaga, de Sidenor; etc. Es decir, con los que están imponiendo expedientes y congelaciones salariales a la clase obrera vasca.
En una entrevista a la revista Informa de UGT de Euskadi, centrada en las alternativas a la crisis económica, Patxi López afirmó que "el costo de la crisis de los ochenta en indemnizaciones por despido" fue el responsable de que se haya "instalado una cultura empresarial de contratos temporales". "Hay que incentivar desde la política para que esto cambie (...) entre empresarios y sindicatos". Se está diciendo, en el fondo, que el uso abusivo de los contratos temporales es culpa de los propios trabajadores, y que por parte de los empresarios es un problema de "cultura" y no de intereses de clase fundamentales. Así, al dejar el capitalismo al margen de la crítica, se acaba aceptando su dinámica de funcionamiento. Es la misma lógica que ha llevado a Zapatero a apoyar a la banca y a las grandes empresas con dinero público como medidas contra la crisis. Un programa de estas características carga el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, pero no soluciona el problema del desempleo ni la propia crisis.
En cuanto a los derechos democráticos, se apuesta por la represión policial y la Ley de Partidos. Hay que recordarle a Patxi López que los votos que obtuvo en las elecciones generales fueron precisamente porque el PSE se distanció del PP y apostó públicamente por una salida política a la cuestión de ETA.
No basta con desalojar al PNV
Si el PSE-PSOE defendiese los derechos democráticos de Euskal Herria, como el derecho de autodeterminación, junto a una política auténticamente socialista, tendría más que garantizada una victoria y la posibilidad de formar un gobierno de izquierdas, desbancando al PNV.
Sin embargo, para cambiar profundamente la situación social y política en Euskal Herria no basta con haber roto con el seguidismo hacia el PP, ni con ser la lista más votada en las elecciones. Y menos aún si, finalmente, el PSE utiliza su victoria para reeditar los viejos pactos con el PNV. Incluso si forma un gobiero tripartito como en Catalunya, con EA y Ezker Batua, algo poco probable, la política que se aplicaría no sería muy diferente, teniendo en cuenta el programa que defiende el PSE.
Miles de trabajadores eventuales, muchos de ellos trabajadoras e inmigrantes, han sido despedidos o están en suspensión de contratos. Los expedientes se encadenan y este año la patronal vasca prevé que será peor. El PNV, que está en el gobierno autonómico vasco desde hace tres décadas, ha demostrado su absoluta incapacidad para dar ninguna solución a esta crisis, limitándose a aprobar los expedientes que les presentan. Por ello, y por otros factores relacionados con la política aplicada por el PNV en los últimos años, hay un deseo generalizado entre los trabajadores de que, por fin, haya en Euskadi un gobierno de izquierdas.
La izquierda abertzale, ilegalizada
El otro gran protagonista de estas elecciones, una vez más, es el recorte drástico de los derechos democráticos ya que, en aplicación de la retrógrada Ley de Partidos, las instituciones del Estado impiden que la izquierda abertzale tenga voz dentro del Parlamento Vasco, al haber sido ilegalizadas las candidaturas de Democracia Tres Millones (D3M), que se presentaron con el apoyo de más de 17.000 firmas, y Askatasuna. La detención y posterior encarcelamiento de Amparo Lasheras y otros promotores de D3M, a los que se acusa de pertenencia o colaboración con banda armada, demuestra lo lejos que se ha llegado cercenando libertades democráticas fundamentales como la de expresión, reunión y asociación política.
La política del gobierno vasco
Según los datos del sindicato ELA, el gasto en salud en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se sitúa a la cola de la OCDE. Sólo Grecia destina un menor gasto público en salud (4,3% del PIB) en proporción a la riqueza generada. La CAPV destina un 5% del PIB, mientras países como Francia y Alemania destinan un 8,9% y un 8,2% respectivamente. Incluso el Estado español (5,9%) y Estados Unidos (6,9%) destinan mayor porcentaje del PIB en la financiación pública de la salud. En cuanto al gasto público en educación, la CAPV destina un 3,59% del PIB cuando en el año 1999 se destinaba un 3,73%, siendo la media actual de la OCDE del 5%. En lugar de mejorar se ha retrocedido, y el gobierno vasco ha financiado cada vez más los sistemas privados de educación.
La vivienda ha sido uno de los grandes problemas sociales, con abruptas escaladas de precios en los últimos años. El presupuesto del departamento de vivienda, que ha estado dirigido por el coordinador de Ezker Batua, Javier Madrazo, ha sido de un patético 0,3% del PIB.
Crisis del PNV
El PNV llega a estas elecciones solo, exhausto y dividido, al haber roto con Eusko Alkartasuna (EA), que a su vez también sufre grandes tensiones internas. Estas crisis son un reflejo de la fuerte polarización social entre las clases. El PNV y EA han llevado desde el gobierno vasco una política de privatizaciones y recortes de los gastos sociales en sanidad, educación, etc., provocando duras críticas de todos los sindicatos, incluso de ELA, organización que ellos mismos crearon para promover la concordia entre trabajadores y empresarios vascos. La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales indica que en 2008 el 4,1% de la población se encontraba en situación de pobreza. Este porcentaje es mayor que el recogido en la anterior encuesta de 2004 y el más elevado desde 1996, a pesar del fuerte crecimiento de la economía vasca durante estos años.
La burguesía vasca ha fracasado en todos sus objetivos. La estrategia para ganar el apoyo de las bases de la izquierda aber-tzale, abanderando el plan soberanista en la anterior legislatura y la consulta en ésta, ha servido precisamente para demostrar las limitaciones del principal partido de la burguesía vasca. El PNV logró un apoyo mayoritario en el parlamento vasco a favor de la consulta, que había prometido para el 25 de octubre pasado; sin embargo fue incapaz de enfrentarse al Tribunal Constitucional y al gobierno central a la hora de llevarla a la práctica, frustrando las aspiraciones de su base social.
La patronal vasca hacía tiempo que estaba presionando al aparato del PNV para ir en la dirección contraria, como demostró la dimisión de Josu Jon Imaz, que ahora es presidente de Petronor. Quería acuerdos con Madrid, la renegociación de un nuevo Estatuto y mayores flujos de dinero para sus negocios; consideraban que para alcanzar estos objetivos era necesario aparcar el discurso frentista.
La pantomima montada alrededor de la consulta, como en su día ocurrió con el Plan Ibarretxe, buscaba crear una cortina de humo para desviar la atención de la política antisocial y la represión de la izquierda aber-tzale aplicados por el PNV.
Al igual que la derecha vasca, también el Partido Popular en el País Vasco entró en una aguda crisis tras la pérdida de las elecciones generales, que se saldó con la dimisión de María San Gil. Su política visceral contra las nacionalidades históricas ha producido un debilitamiento de la derecha españolista en todas ellas.
Ezker Batua debe romper con
el PNV y girar a la izquierda
La participación de Ezker Batua (EB) en un gobierno de derechas ha llevado a esta formación a la crisis y a debilitar el apoyo de su base social. Aunque en algunas citas electorales EB se ha visto favorecida por la falta de una alternativa a la izquierda del PSOE, una recuperación seria de su base social y su militancia se dará cuando EB rompa con la burguesía vasca y ofrezca un auténtico giro a la izquierda, vinculándose a la clase obrera y sus luchas y defendiendo consecuentemente los derechos democráticos de Euskal Herria.
El programa de Patxi López
El PSE-EE, que experimentó un importante crecimiento en las anteriores elecciones autonómicas de 2005 y en las elecciones generales de marzo de 2008, se ofrece como la opción electoral para desbancar al PNV y provocar un cambio, como ya ocurriese en Catalunya con CIU y en Galiza con la derrota del PP. Sin embargo, es significativo que el PSE-EE lanzara la actual campaña electoral vasca reuniéndose, hace seis meses, con la "élite empresarial" vasca: Costan Dacosta, del Grupo Eroski; José María Aldekoa, del Grupo Mondragón; Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola; Alberto García Erauzkin, de Euskaltel; Miguel Lazpiur, de Confebask; Álvaro Videgain, de Tubacex y del Círculo de Empresarios; José Antonio Jainaga, de Sidenor; etc. Es decir, con los que están imponiendo expedientes y congelaciones salariales a la clase obrera vasca.
En una entrevista a la revista Informa de UGT de Euskadi, centrada en las alternativas a la crisis económica, Patxi López afirmó que "el costo de la crisis de los ochenta en indemnizaciones por despido" fue el responsable de que se haya "instalado una cultura empresarial de contratos temporales". "Hay que incentivar desde la política para que esto cambie (...) entre empresarios y sindicatos". Se está diciendo, en el fondo, que el uso abusivo de los contratos temporales es culpa de los propios trabajadores, y que por parte de los empresarios es un problema de "cultura" y no de intereses de clase fundamentales. Así, al dejar el capitalismo al margen de la crítica, se acaba aceptando su dinámica de funcionamiento. Es la misma lógica que ha llevado a Zapatero a apoyar a la banca y a las grandes empresas con dinero público como medidas contra la crisis. Un programa de estas características carga el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, pero no soluciona el problema del desempleo ni la propia crisis.
En cuanto a los derechos democráticos, se apuesta por la represión policial y la Ley de Partidos. Hay que recordarle a Patxi López que los votos que obtuvo en las elecciones generales fueron precisamente porque el PSE se distanció del PP y apostó públicamente por una salida política a la cuestión de ETA.
No basta con desalojar al PNV
Si el PSE-PSOE defendiese los derechos democráticos de Euskal Herria, como el derecho de autodeterminación, junto a una política auténticamente socialista, tendría más que garantizada una victoria y la posibilidad de formar un gobierno de izquierdas, desbancando al PNV.
Sin embargo, para cambiar profundamente la situación social y política en Euskal Herria no basta con haber roto con el seguidismo hacia el PP, ni con ser la lista más votada en las elecciones. Y menos aún si, finalmente, el PSE utiliza su victoria para reeditar los viejos pactos con el PNV. Incluso si forma un gobiero tripartito como en Catalunya, con EA y Ezker Batua, algo poco probable, la política que se aplicaría no sería muy diferente, teniendo en cuenta el programa que defiende el PSE.
