El 24 de marzo, Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior con Aznar, dijo
que ETA y Zapatero "son aliados potenciales". Al día siguiente reiteró
sus declaraciones y los medios afines al PP ampliaron la idea. El asunto
causó sorpresa en el gobierno ya que, a pesar de su esfuerzo por seguir
la política del PP, éste no le da ni un solo minuto de respiro. No es
ninguna casualidad. La derecha no quiere que el PSOE busque una salida
política a la cuestión vasca. Tiene varias razones para mantener esta
postura, una de ellas es de carácter electoral. Los intentos del PSOE,
en la anterior tregua de ETA, de buscar una salida política, contaron
con un apoyo masivo en la opinión pública y tuvieron su reflejo en el
terreno electoral en Euskadi, tanto en las generales como en las
elecciones autonómicas y europeas, donde el PSE subió de forma muy
importante.
El 24 de marzo, Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior con Aznar, dijo que ETA y Zapatero "son aliados potenciales". Al día siguiente reiteró sus declaraciones y los medios afines al PP ampliaron la idea. El asunto causó sorpresa en el gobierno ya que, a pesar de su esfuerzo por seguir la política del PP, éste no le da ni un solo minuto de respiro. No es ninguna casualidad. La derecha no quiere que el PSOE busque una salida política a la cuestión vasca. Tiene varias razones para mantener esta postura, una de ellas es de carácter electoral. Los intentos del PSOE, en la anterior tregua de ETA, de buscar una salida política, contaron con un apoyo masivo en la opinión pública y tuvieron su reflejo en el terreno electoral en Euskadi, tanto en las generales como en las elecciones autonómicas y europeas, donde el PSE subió de forma muy importante.
Escalada represiva
Paradójicamente, en los últimos meses, la escalada represiva por parte de los distintos poderes del Estado ha crecido en la misma medida que desde la izquierda abertzale se lanzan mensajes cada vez más claros a favor de apostar por vías exclusivamente políticas. La aprobación del documento Zutik Euskal Herria, tras un debate en más de 270 asambleas, y la declaración de Bruselas, promovida por distintas personalidades implicadas en los procesos de paz de Irlanda y Sudáfrica y apoyada intensamente por la izquierda abertzale, en la que expresamente se hace "un llamamiento a ETA para que apoye este compromiso declarando un alto el fuego permanente y completamente verificable", deberían ser tomadas en serio por parte del PSOE. De momento, tan sólo algunos, como Ramón Jáuregui y Jesús Egiguren, han dado indicios de captar el mensaje. A la vez, la actividad de ETA en Portugal y Francia y la movilidad de sus comandos, en manos cada vez más jóvenes, son utilizadas para desacreditar dichas iniciativas, pero es más lógico creer que puedan ser el reflejo de resistencias y disidencias internas.
El 18 de abril hubo grandes manifestaciones contra las últimas detenciones de la izquierda abertzale: Arantza Zulueta, Jon Enparantza, letrado de la familia de Jon Anza, Erramun Landa, pintor y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, Saioa Agirre, responsable de Etxerat, Juan Maria Jáuregui, miembro de LAB, y otros a los que se les imputa los delitos de integración en organización terrorista o colaboración con ETA. Estas once nuevas detenciones se producen prácticamente al mismo tiempo que se conoce la absolución de los directivos del diario en euskera Egunkaria, clausurado hace siete años y que ahora se reconoce que fue absolutamente abusiva e inconstitucional. Posteriormente, de los once detenidos, contra los que Rubalcaba decía que había "pruebas muy fuertes", ya han sido liberados seis de ellos.
Caso ‘Egunkaria'
El caso Egunkaria ha demostrado el nivel de indefensión en que se encuentran todos aquellos que son apuntados por la justicia como "colaboradores" o, peor aún, "integrantes de banda armada". Indefensión que aumenta si los detenidos son dirigentes de los colectivos de apoyo a los presos, abogados, etc.
En febrero de 2003, cuando Aznar aún estaba en el gobierno, en plena histeria antivasca, el juez Juan del Olmo clausuró el único diario íntegramente en euskera que existía en aquel momento, Euskaldunon Egunkaria. Se detuvo a todos sus directivos, que denunciaron haber sido sometidos a torturas y el diario sufrió un daño irreparable al haber estado cerrado siete años. Según el juez, basándose en unos informes de la Guardia Civil, Egunkaria fue "creada, financiada y dirigida por ETA". La Audiencia Nacional y el gobierno del PP defendían sin tapujos que Egunkaria era parte de una estructura para facilitar "la difusión del ideario terrorista". La campaña mediática de que "todo es ETA" fue tremenda.
El 12 de abril, la Audiencia Nacional emitió una sentencia que echa por tierra todos los "argumentos" con los que se cerró Egunkaria, y que reforzaban, de paso, la criminalización de todo lo que estuviese relacionado con el euskera y la cultura vasca. "Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables", dice la sentencia, que añade: "Pero, más allá de esto, tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico Euskaldunon Egunkaria haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado; esto último, además, no sería delictivo". Para más escándalo, la sentencia agrega que "incluso los miembros de la Guardia Civil que comparecieron como peritos reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a ETA, lo que hace incomprensible la imputación". Otro aspecto fundamental es lo que dice la sentencia respecto a las torturas. Señala que no hubo un "control judicial suficiente y eficiente" de las condiciones en que se desarrolló la incomunicación de los detenidos" y que las denuncias de tortura por parte de los detenidos "son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención".
Más de lo mismo
Ahora muchos se llevan las manos a la cabeza por las consecuencias irreparables de dicha actuación judicial, cuando en realidad se sigue aplicando y profundizando la misma política. De la sentencia de Egunkaria no se ha extraído ninguna lección. La escalada represiva se sucede con tal rapidez que unas noticias solapan a otras: la aparición del cadáver de Jon Anza bajo la sombra de la guerra sucia, la acusación de que los dirigentes de Batasuna, Arnaldo Otegi y sus compañeros son dirigentes de ETA, elevándoles sus penas a 12 años de cárcel; el endurecimiento de la ley electoral para extender en el tiempo la ilegalización de la izquierda abertzale, etc. son algunas de las medidas represivas que el Estado ha activado en las últimas semanas.
La propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral impide la presencia en las instituciones de los miembros de un partido que haya sido ilegalizado posteriormente a la cita electoral, exigiéndoles que expresen, pública y taxativamente, su ruptura con el mismo para poder conservar su escaño. Igualmente, si una organización legal presentase una lista que el Estado considere "contaminada", en algún pueblo o ciudad, podrían ilegalizarla específicamente. La ilegalización de la izquierda abertzale ha pervertido los resultados electorales en Euskal Herria en beneficio del PP y el PSE que son quienes están impulsando estas leyes. Sin la ilegalización de la izquierda abertzale y sin el pacto con el PP, Patxi López no sería lehendakari y si logran que la izquierda abertzale siga fuera de las instituciones el PSE y el PP extenderán el pacto a ayuntamientos y diputaciones.
Con esta política el PP no tiene nada que perder, pero el PSE-PSOE está dilapidando su futuro en Euskal Herria. La sentencia de Egunkaria ha puesto en evidencia que con la excusa de la lucha contra ETA la justicia burguesa ha traspasado todos los límites. Se hacen leyes literalmente a la carta, como la Ley de Partidos, se dibuja un entramado donde todo lo que se mueve alrededor de la izquierda abertzale es ETA, creando un auténtico estado de excepción para aquellas personas señaladas por los cuerpos policiales o por el aparato judicial: niveles de incomunicación en dependencias policiales superiores a los que existían bajo la dictadura, torturas y malos tratos (las denuncias son constantes), largos años de cárcel para gente que no ha cometido más delito que el de pertenecer a organizaciones políticas que en su momento eran perfectamente legales y a las que se les aplican las nuevas leyes con carácter retroactivo. Todo es válido, dicen, "para vencer a ETA". La existencia de ETA es la excusa para sacar adelante una serie de leyes que recortan los derechos democráticos de libre asociación, expresión, manifestación, etc., que son utilizados contra los sectores más combativos de la clase trabajadora y la juventud en todo el Estado. La profunda crisis del capitalismo y la perspectiva de un nivel creciente de sufrimiento y protestas entre la clase trabajadora y la juventud, hacen estas medidas aún más necesarias desde el punto de vista de la burguesía. Esa es otra de las razones de fondo por las que para la derecha y para la burguesía es útil que el terrorismo esté enquistado, al menos a un determinado nivel. Y por eso es tan importante entender que cada retroceso en los derechos democráticos es un ataque también al conjunto de la clase trabajadora.
Escalada represiva
Paradójicamente, en los últimos meses, la escalada represiva por parte de los distintos poderes del Estado ha crecido en la misma medida que desde la izquierda abertzale se lanzan mensajes cada vez más claros a favor de apostar por vías exclusivamente políticas. La aprobación del documento Zutik Euskal Herria, tras un debate en más de 270 asambleas, y la declaración de Bruselas, promovida por distintas personalidades implicadas en los procesos de paz de Irlanda y Sudáfrica y apoyada intensamente por la izquierda abertzale, en la que expresamente se hace "un llamamiento a ETA para que apoye este compromiso declarando un alto el fuego permanente y completamente verificable", deberían ser tomadas en serio por parte del PSOE. De momento, tan sólo algunos, como Ramón Jáuregui y Jesús Egiguren, han dado indicios de captar el mensaje. A la vez, la actividad de ETA en Portugal y Francia y la movilidad de sus comandos, en manos cada vez más jóvenes, son utilizadas para desacreditar dichas iniciativas, pero es más lógico creer que puedan ser el reflejo de resistencias y disidencias internas.
El 18 de abril hubo grandes manifestaciones contra las últimas detenciones de la izquierda abertzale: Arantza Zulueta, Jon Enparantza, letrado de la familia de Jon Anza, Erramun Landa, pintor y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, Saioa Agirre, responsable de Etxerat, Juan Maria Jáuregui, miembro de LAB, y otros a los que se les imputa los delitos de integración en organización terrorista o colaboración con ETA. Estas once nuevas detenciones se producen prácticamente al mismo tiempo que se conoce la absolución de los directivos del diario en euskera Egunkaria, clausurado hace siete años y que ahora se reconoce que fue absolutamente abusiva e inconstitucional. Posteriormente, de los once detenidos, contra los que Rubalcaba decía que había "pruebas muy fuertes", ya han sido liberados seis de ellos.
Caso ‘Egunkaria'
El caso Egunkaria ha demostrado el nivel de indefensión en que se encuentran todos aquellos que son apuntados por la justicia como "colaboradores" o, peor aún, "integrantes de banda armada". Indefensión que aumenta si los detenidos son dirigentes de los colectivos de apoyo a los presos, abogados, etc.
En febrero de 2003, cuando Aznar aún estaba en el gobierno, en plena histeria antivasca, el juez Juan del Olmo clausuró el único diario íntegramente en euskera que existía en aquel momento, Euskaldunon Egunkaria. Se detuvo a todos sus directivos, que denunciaron haber sido sometidos a torturas y el diario sufrió un daño irreparable al haber estado cerrado siete años. Según el juez, basándose en unos informes de la Guardia Civil, Egunkaria fue "creada, financiada y dirigida por ETA". La Audiencia Nacional y el gobierno del PP defendían sin tapujos que Egunkaria era parte de una estructura para facilitar "la difusión del ideario terrorista". La campaña mediática de que "todo es ETA" fue tremenda.
El 12 de abril, la Audiencia Nacional emitió una sentencia que echa por tierra todos los "argumentos" con los que se cerró Egunkaria, y que reforzaban, de paso, la criminalización de todo lo que estuviese relacionado con el euskera y la cultura vasca. "Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables", dice la sentencia, que añade: "Pero, más allá de esto, tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico Euskaldunon Egunkaria haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado; esto último, además, no sería delictivo". Para más escándalo, la sentencia agrega que "incluso los miembros de la Guardia Civil que comparecieron como peritos reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a ETA, lo que hace incomprensible la imputación". Otro aspecto fundamental es lo que dice la sentencia respecto a las torturas. Señala que no hubo un "control judicial suficiente y eficiente" de las condiciones en que se desarrolló la incomunicación de los detenidos" y que las denuncias de tortura por parte de los detenidos "son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención".
Más de lo mismo
Ahora muchos se llevan las manos a la cabeza por las consecuencias irreparables de dicha actuación judicial, cuando en realidad se sigue aplicando y profundizando la misma política. De la sentencia de Egunkaria no se ha extraído ninguna lección. La escalada represiva se sucede con tal rapidez que unas noticias solapan a otras: la aparición del cadáver de Jon Anza bajo la sombra de la guerra sucia, la acusación de que los dirigentes de Batasuna, Arnaldo Otegi y sus compañeros son dirigentes de ETA, elevándoles sus penas a 12 años de cárcel; el endurecimiento de la ley electoral para extender en el tiempo la ilegalización de la izquierda abertzale, etc. son algunas de las medidas represivas que el Estado ha activado en las últimas semanas.
La propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral impide la presencia en las instituciones de los miembros de un partido que haya sido ilegalizado posteriormente a la cita electoral, exigiéndoles que expresen, pública y taxativamente, su ruptura con el mismo para poder conservar su escaño. Igualmente, si una organización legal presentase una lista que el Estado considere "contaminada", en algún pueblo o ciudad, podrían ilegalizarla específicamente. La ilegalización de la izquierda abertzale ha pervertido los resultados electorales en Euskal Herria en beneficio del PP y el PSE que son quienes están impulsando estas leyes. Sin la ilegalización de la izquierda abertzale y sin el pacto con el PP, Patxi López no sería lehendakari y si logran que la izquierda abertzale siga fuera de las instituciones el PSE y el PP extenderán el pacto a ayuntamientos y diputaciones.
Con esta política el PP no tiene nada que perder, pero el PSE-PSOE está dilapidando su futuro en Euskal Herria. La sentencia de Egunkaria ha puesto en evidencia que con la excusa de la lucha contra ETA la justicia burguesa ha traspasado todos los límites. Se hacen leyes literalmente a la carta, como la Ley de Partidos, se dibuja un entramado donde todo lo que se mueve alrededor de la izquierda abertzale es ETA, creando un auténtico estado de excepción para aquellas personas señaladas por los cuerpos policiales o por el aparato judicial: niveles de incomunicación en dependencias policiales superiores a los que existían bajo la dictadura, torturas y malos tratos (las denuncias son constantes), largos años de cárcel para gente que no ha cometido más delito que el de pertenecer a organizaciones políticas que en su momento eran perfectamente legales y a las que se les aplican las nuevas leyes con carácter retroactivo. Todo es válido, dicen, "para vencer a ETA". La existencia de ETA es la excusa para sacar adelante una serie de leyes que recortan los derechos democráticos de libre asociación, expresión, manifestación, etc., que son utilizados contra los sectores más combativos de la clase trabajadora y la juventud en todo el Estado. La profunda crisis del capitalismo y la perspectiva de un nivel creciente de sufrimiento y protestas entre la clase trabajadora y la juventud, hacen estas medidas aún más necesarias desde el punto de vista de la burguesía. Esa es otra de las razones de fondo por las que para la derecha y para la burguesía es útil que el terrorismo esté enquistado, al menos a un determinado nivel. Y por eso es tan importante entender que cada retroceso en los derechos democráticos es un ataque también al conjunto de la clase trabajadora.
