La movilización logra la libertad de los 18 detenidos de Herrira
La detención el 30 de septiembre, en una operación de la Guardia Civil con el apoyo de la Ertzaintza, de 18 dirigentes de Herrira (plataforma en defensa de los derechos de los presos vascos) provocó una conmoción y una reacción instantánea contra lo que se vio claramente como una nueva provocación del gobierno del Partido Popular y del aparato del Estado, para abortar el proceso de paz iniciado unilateralmente por parte de la izquierda abertzale. El mismo objetivo se persigue con la apertura de un nuevo macrojuicio contra 72 militantes de la izquierda abertzale por sus actividades políticas.
La movilización logra la libertad de los 18 detenidos de Herrira
La detención el 30 de septiembre, en una operación de la Guardia Civil con el apoyo de la Ertzaintza, de 18 dirigentes de Herrira (plataforma en defensa de los derechos de los presos vascos) provocó una conmoción y una reacción instantánea contra lo que se vio claramente como una nueva provocación del gobierno del Partido Popular y del aparato del Estado, para abortar el proceso de paz iniciado unilateralmente por parte de la izquierda abertzale. El mismo objetivo se persigue con la apertura de un nuevo macrojuicio contra 72 militantes de la izquierda abertzale por sus actividades políticas.
Todo esto sucede dos años después del cese definitivo de ETA. El propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, lleva meses afirmando que el cese de la actividad de ETA es irreversible y que no representa ya una amenaza, como demuestra que se hayan retirado los escoltas a los cargos del PP. Por ello, esta redada, acompañada del cierre de las sedes de Herrira y la incautación de sus cuentas, ha sido vista, además de como una provocación y un nuevo ataque a los derechos democráticos más elementales, como un intento claro del PP de desviar la atención de su política de recortes y contrarreformas y de la indignación social que está provocando: luchas en la educación y la sanidad, reforma laboral, desahucios, pensionazo, caída de los salarios y depresión del consumo, aumento del paro y la propia corrupción interna con el caso Bárcenas, etc.
La magnitud de la movilización social contra las detenciones de activistas de Herrira —el mismo día 30, con el apoyo de una abrumadora mayoría sindical al frente, al juntarse CCOO, convocando movilizaciones en todos los centros de trabajo el día 4 de octubre y una gran manifestación el día 5 en Bilbao— ha hecho que el juez Eloy Velasco haya tenido que dejar en libertad a los que pocos días antes eran detenidos por “pertenencia a banda armada”.
La movilización de masas ha dado sus frutos, y también ha dejado en evidencia la auténtica cara del PNV, con la intervención de la Ertzaintza en las detenciones y en las que causaron varios heridos, entre ellos la senadora de la izquierda abertzale Amalur Mendizábal, que recibió ocho puntos de sutura en la cabeza cuando identificándose trataba de pedir calma. Tanto en el terreno de los derechos democráticos como sociales, el PNV ha demostrado defender los mismos intereses de clase que el PP, UPN y CiU en Catalunya, esto es, los intereses de la burguesía.
La debilidad del PNV
Las pasadas elecciones autonómicas fueron ganadas por el PNV, que formó un gobierno en minoría. EH-Bildu quedó en segundo lugar, convirtiéndose en la primera fuerza de la oposición. Desde las elecciones la izquierda abertzale ha venido ofreciendo al PNV, una y otra vez, un “pacto de país” con el objetivo de “blindar” a Euskal Herria frente a la reforma laboral, el copago sanitario, la congelación salarial de los funcionarios, la ley Wert, etc. Sin embargo, tanto el PNV como la patronal vasca, Confebask, no quieren saber nada de un pacto que vaya contra sus intereses de clase, es decir, de los capitalistas vascos.
El aumento de los EREs y de las luchas obreras contra los despidos, el fin de la ultraactividad que dejaba sin convenio a 400.000 trabajadores vascos y el anuncio del endurecimiento de las pensiones llevaron a la mayoría sindical a convocar una huelga general el 30 de mayo, en la que 85.000 manifestantes salieron a la calle. Temeroso de una explosión de la conflictivad laboral, el gobierno de Urkullu apareció públicamente marcando distancias con la patronal para defender su propio pellejo, mientras elaboraba unos presupuestos que tuvieron que retirar pocos meses después, evidenciando ser un gobierno débil e incapaz de lograr apoyos.
Sin embargo, tras la huelga del 30 de mayo, lastrada por la negativa de las direcciones de UGT y CCOO de apoyarla, tampoco se mantuvo la unidad en el bloque de la mayoría sindical. Mientras la dirección de ELA decidió volcar todas sus energías en defender la negociación empresa por empresa, LAB intentó, con CCOO y UGT, impulsar movilizaciones en defensa de los convenios provinciales que resultaron en general flojas por la división sindical y la falta de preparación, con algunas excepciones como la lucha del Metal en Guipúzcoa.
Incapaces de organizar una lucha seria tras años de pactos y desmovilización, las direcciones de UGT y CCOO, en el mes de julio, defendieron firmar convenios a la baja. La patronal vasca, envalentonada por la división sindical se negó a firmar prácticamente nada, dejando a estas alturas a 400.000 trabajadores sin convenio.
Lujúa, presidente de Confebask y miembro del PNV, ha repetido declaraciones rotundas en defensa de la reforma laboral del PP procediendo durante el verano al envío masivo de cartas poniendo fin a los convenios, rebajando salarios y condiciones laborales. El caso de la patronal de la escuela concertada Kristau Eskola, que había firmado un manifiesto en defensa de la escuela vasca para posteriormente querer aplicar a sus trabajadores el convenio estatal, ha provocado la mayor huelga de la enseñanza concertada en años.
Pacto fiscal PNV-PSE
En este contexto, el PNV logró el apoyo del PSE. Se ha firmando el pacto fiscal que es, en realidad, un balón de oxígeno y una tabla de salvación para el gobierno de Urkullu que le proporcionan los dirigentes socialistas vascos: las rentas de capital seguirán pagando menos, en el Impuesto de Sociedades se sigue manteniendo una maraña de deducciones, en el de Sucesiones (herencias) no habrá impuesto de grandes fortunas, no se gravan las viviendas vacías o el impuesto de actividades económicas. Con el apoyo del PSE, Urkullu pretende sacar adelante los presupuestos de 2014 y agotar la legislatura con una cierta estabilidad.
El PNV ha prometido a la izquierda aber-tzale un debate en 2015 sobre el marco propio. Por su parte la dirección de la izquierda abertzale continúa tendiéndole la mano para que emprenda el mismo camino que CiU y su “independentismo” en Catalunya, sin querer comprender a estas alturas, que ni a CiU ni al PNV les interesa lo más mínimo la defensa de los derechos democráticos de Euskal Herria o Catalunya. Lo que realmente están haciendo es buscar la mejor manera de desviar la atención de su política de recortes sociales buscando el apoyo de la izquierda para seguir recortando cada día más.
En Euskal Herria la clase trabajadora y la juventud somos fuertes si luchamos unidos con la clase trabajadora del conjunto del Estado y dotados de un programa que contemple la transformación socialista de la sociedad junto a la defensa de los derechos democráticos de las nacionalidades históricas, Euskal Herria, Galiza y Catalunya.
