Se van a cumplir seis meses de gobierno de Mariano Rajoy y los ataques a los derechos democráticos y a nuestras condiciones laborales y salariales se recrudecen. Por supuesto, no hablamos de un gobierno fuerte con una base social entusiasta. El ejecutivo del PP es precario y sobrevive gracias a dos puntos de apoyo: uno parlamentario, con el respaldo de los diputados de Ciudadanos y los de la bancada socialista plegados a una gestora golpista; y otro sindical, el que proporcionan las actuales direcciones de CCOO y UGT entregadas por completo al juego de la desmovilización y el pacto social.
Es cierto que Rajoy todavía no ha puesto en marcha las grandes contrarreformas que la burguesía europea y española están demandando. Atacar el sistema público de pensiones, que es una de las medidas pensadas y prácticamente ultimadas para el futuro inmediato, es un plato muy picante y difícil de hacer tragar a una población exhausta. Lo mismo sucede con otras iniciativas que están en la recámara, como el contrato único para dar otra vuelta a la reforma laboral, o un nuevo hachazo a la educación y la sanidad públicas. Pero tiempo al tiempo.
Dicho lo anterior, transmitir la imagen de que el gobierno del PP está cruzado de brazos sería falsear la realidad. Rajoy sigue gobernando con puño de hierro a favor de los grandes capitalistas. Los datos son concluyentes: las empresas que componen el principal índice de la bolsa española, el Ibex 35, ganaron 34.000 millones de euros en 2016, un 68% más que un año antes. Repsol, 1.736 millones de euros; Telefónica, 2.369 millones; el Banco Santander, 6.204 millones y el BBVA, 3.488 millones de euros. Ésta es la base de la tan cacareada “recuperación de la economía española”. La otra cara de la moneda, sin embargo, no es tan brillante. El año 2016 se cerró con 80.000 ocupados menos que el 2011, y el 91,4% de los contratos que se firma siguen siendo temporales (la tasa de temporalidad es del 26%, sólo superada por Polonia). El paro juvenil se sitúa en el 50,8%, mientras la cobertura por desempleo ha caído desde el 70% en 2011 al 55% en 2016.
Desde que se aprobó la reforma laboral, casi 1.200.000 trabajadores se han visto afectados por EREs. Desde 2009 hasta 2015 los salarios han caído 12 puntos y, según la Encuesta de Calidad de Vida del INE, el 18% de las personas que trabajan está en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 61% de los desempleados corre la misma suerte.
El gobierno está en plena escenificación intentando aparentar moderación y disposición al “acuerdo”. Como parte de este teatrillo destaca el cacareado pacto que acaban de firmar con CCOO y UGT para rebajar la temporalidad en la administración, al mismo tiempo que imponen una subida salarial del 1% para los empleados públicos. El hecho de convertir contratos temporales en fijos no significa aumentar la oferta pública de empleo, que es como demagógicamente están presentando este acuerdo. En realidad no se amplía la contratación de más trabajadores ni en la sanidad, ni en la educación, ni en la administración local, después de un lustro en el que se han destruido casi 500.000 empleos públicos. Ni siquiera se cubren las plazas vacantes por las jubilaciones, que ascenderán a casi 100.000 en los próximos tres años.
El camino es unificar las movilizaciones y preparar la huelga general
Sí, Rajoy preside un gobierno muy débil y, aun así, parece que las cosas le van saliendo. La razón es que esa debilidad de la derecha, objetiva, puede ser superable en función del tipo de oposición que se realice no sólo en el parlamento, sino fundamentalmente en las calles.
En los últimos meses la clase obrera y la juventud han vuelto a demostrar cuál es el camino. Las grandes manifestaciones de la Marea Blanca en Andalucía han acabado con una victoria parcial, obligando a Susana Díaz a retirar parte de sus planes privatizadores para la sanidad pública. Las huelgas y movilizaciones contundentes organizadas por el Sindicato de Estudiantes han torcido el brazo al gobierno del PP, derrotando las reválidas franquistas. Estos ejemplos no son los únicos. La manifestación a favor de los refugiados en Barcelona, con más de 500.000 asistentes, la Marcha de la dignidad en Sevilla del pasado 28 de febrero, con cerca de 90.000 personas abarrotando el centro de la ciudad, o las inmensas movilizaciones del 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, con cientos de miles de manifestantes en decenas de ciudades, hablan claramente del potencial para poner contra las cuerdas al PP y conseguir importantes victorias si unificamos las luchas.
Con todo esto a nuestro favor, en la situación hay una carencia importante: una dirección política de la izquierda a la altura de las circunstancias y con capacidad para impulsar esta estrategia. Como la experiencia está demostrando, las cúpulas de CCOO y UGT no son parte de la solución sino del problema. Cuando organizan manifestaciones a golpe de silbato contra la precariedad, la mejora de los salarios, etc.; son un fracaso sin paliativos. Los que firman convenios horrorosos, EREs que destruyen miles de empleos y pactan con el gobierno todo tipo de contrarreformas ¿creen que pueden engañar a los trabajadores para acarrearlos a manifestaciones que sólo persiguen lavados de cara? Las direcciones de CCOO y UGT padecen la misma enfermedad que la socialdemocracia: ya no cuela un discurso que contradice los hechos de manera tan fraudulenta.
Pero la ausencia de un enfoque de clase afecta también a otras organizaciones. La movilización promovida por Podemos el pasado 25 de marzo ha sido también un ejemplo de lo que no se debe hacer. Un llamamiento que sólo se conoce en las redes sociales (Facebook y Twiter), y que carece del impulso militante en los centros de trabajo, en las universidades, en los barrios, también está condenado. La dirección de Podemos debe tomar nota: así no se pueden hacer las cosas.
Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos, que han obtenido una gran victoria en Vistalegre II, tienen una gran responsabilidad. Su posicionamiento a favor de las huelgas del Sindicato de Estudiantes y contra el Pacto de Estado educativo urdido por la derecha y sus aliados; su oposición a las medidas privatizadoras de Susana Díaz; su defensa de un referéndum democrático y vinculante en Catalunya; sus declaraciones contra el poder de la Iglesia, y su apoyo a la lucha de los estibadores, por citar algunos ejemplos, señalan a Unidos-Podemos como la única oposición de izquierdas en el parlamento.
Pero el parlamento no es el medio para transformar la realidad que vivimos, mal que les pese a Errejón y a todos los socialdemócratas de nuevo y viejo cuño. Los cambios sociales profundos y radicales son siempre el resultado de la acción de masas, en las calles, en las fábricas, en los barrios, en los centros de estudio y en las universidades. Y esta batalla hay que prepararla concienzudamente, llegando a cada rincón con una política socialista y anticapitalista clara y una estrategia de lucha que tenga credibilidad.
Podemos debe convertirse en una organización que se implique real y activamente en los combates de la clase trabajadora y la juventud, que los impulse de manera efectiva. Y eso pasa, en primer lugar, por dar la batalla en el movimiento obrero, desafiando la política de pacto social de la burocracia sindical. Respetar el statu quo con las direcciones derechistas de CCOO y UGT, y renunciar a construir en el seno de los sindicatos una verdadera alternativa que defienda un sindicalismo de clase, combativo, democrático y asambleario, es un grave error. Eso fue lo que hicieron Izquierda Unida y el PCE durante años, y pagaron un altísimo precio.
Desde Izquierda Revolucionaria creemos que es necesario poner todo el esfuerzo en desplegar una política de izquierdas consecuente, tanto en el terreno programático —defendiendo la nacionalización de los sectores fundamentales de la economía— como en la acción, unificando las luchas y preparando la huelga general. Lo que está en juego es mucho.
¡Es la hora de la lucha y la organización. Únete a Izquierda Revolucionaria!
