Tohil Delgado, exsecretario general del Sindicato de Estudiantes y miembro de Izquierda Revolucionaria, se sentará en el banquillo los días 8 y 9 de octubre. Se enfrenta a una pena de 3 años de cárcel por “atentado a la autoridad”. Su crimen: acudir en auxilio de una joven inmigrante de 21 años que estaba siendo salvajemente golpeada por la policía.
EL MILITANTE.- ¿Qué ocurrió realmente la noche de tu detención?
Tohil Delgado.- Hace casi ocho años, una noche al volver a mi casa en el barrio de Carabanchel, escuché gritos de auxilio de una mujer. Sus lloros y palabras pidiendo que la dejasen de golpear me hicieron pensar que se trataba de un caso de violencia machista. Así que cogí el móvil y me dispuse a grabar al agresor con el ánimo de que se fuera de allí.
Al llegar ví a una mujer inmigrante siendo golpeada con saña por un policía que la tenía tirada en el suelo, mientras cuatro personas más estaban retenidas contra la pared por otro policía. Una agresión en el marco de una de las numerosas redadas racistas que se realizan en Madrid.
El resultado de grabar lo sucedido fue que acabé en los calabozos junto a la familia de la joven golpeada, retenidos durante 39 horas, y ante la posibilidad de que me caigan 3 años de cárcel. Y ya que pensaron que yo era otro inmigrante más, también compartí con ellos los golpes, insultos y amenazas racistas.
EM.- Ante este atropello, ¿qué acciones habéis desarrollado?
TD.- En 2010 yo era secretario general del Sindicato de Estudiantes, y la organización se volcó en denunciar públicamente lo sucedido. Gracias a las llamadas a comisaría de compañeros del sindicato de todo el estado y de dirigentes y organizaciones de la izquierda política y sindical, de movimientos sociales —alertados por el SE— los golpes, insultos y amenazas en los calabozos pararon súbitamente.
La campaña de denuncia se extendió durante semanas, y en Carabanchel se llenaron las calles de carteles, se repartió propaganda explicando la situación y exigiendo la retirada inmediata de todos los cargos.
Ocho años después, y ante los constantes intentos judiciales de no aceptar las pruebas que nos absolverían, por fin el 6 de junio se fijó el juicio. Sin embargo, éste se aplazó a octubre porque varios testigos de la policía (todos ellos también policías) decidieron irse de vacaciones en esa fecha. Sin embargo, este aplazamiento nos ha permitido redoblar la campaña de solidaridad, que ya en junio había reunido más de 1.000 resoluciones exigiendo la absolución.
EM.- ¿Qué opinas de la escalada contra los derechos democráticos y la libertad de expresión de los últimos tiempos?
TD.- Desde hace años sufrimos una clara ofensiva contra los derechos democráticos más elementales. La crisis económica hizo que la represión fuese incrementándose ante la creciente protesta social, en un intento de amedrentar y frenar a aquellos que luchamos contra unos recortes injustos en la sanidad y educación públicas, contra los desahucios azuzados por los bancos, contra el retroceso de derechos y la precariedad…
Tanto los Gobiernos de Zapatero como los de Rajoy dejaron claro que lo importante era rescatar a la banca y a las grandes fortunas, haciendo pagar la crisis a los más humildes. Frenar la movilización social se convirtió en un objetivo prioritario para ellos. Y esta ofensiva continúa.
Es vergonzoso ver que los jóvenes de Altsasu, víctimas de un montaje policial, llevan cerca de 700 días encarcelados a cientos de kilómetros de sus familiares, mientras que los violadores de La Manada han sido liberados y han pasado un verano de lujo. El doble rasero del aparato judicial es evidente. Se premia a maltratadotes como éstos o al exmarido de Juana Rivas, mientras a ella se la hostiga y castiga, o se persigue a quienes critican, como el rapero Valtònyc, las injusticias, a la monarquía o al sistema capitalista.
