El pasado 6 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Dicha medida ha sido ampliamente difundida por el aparato de propaganda del PSOE. El objetivo es transmitir la idea de que el Gobierno pasa de las palabras a los hechos en cuanto a poner en marcha medidas progresistas. Sería algo a celebrar si realmente se hubiese recuperado la sanidad universal, pero más allá de los titulares, una lectura de la letra pequeña del Real Decreto nos permite comprobar que aún seguimos muy lejos del objetivo.
Los precedentes, el RDL 16/2012
Han pasado ya más 6 años desde que el Gobierno del PP acabase con la sanidad universal mediante el tristemente conocido RDL 16/2012. Esta normativa instauró la figura del asegurado. Para tener acceso a la sanidad pública pasó a ser requisito indispensable estar afiliado a la Seguridad Social o ser asegurado bajo tutela de un familiar en caso de menores o hijos jóvenes, ser pensionista o estar en situación de desempleo. Quedaron excluidos por tanto todas aquellas personas, extranjeras o nacionales, que no cumpliesen dichos criterios.
Es importante detenerse sobre este último punto. No sólo se trata de una medida inhumana, sino que además carece de “justificación” económica. Desde 1999 la sanidad pública no se financia mediante las cotizaciones a la seguridad social, sino vía Presupuestos Generales del Estado, lo que significa que también los inmigrantes en situación irregular o los turistas contribuyen al Sistema Nacional de Salud mediante impuestos varios, ya sea el IVA u otros tributos como el de la gasolina, el tabaco, etc. Numerosas comunidades autónomas han aprobado durante estos años leyes que han mejorado el marco estatal, aunque todas ellas han sido parches parciales que han quedado muy lejos de significar una verdadera sanidad universal. Y lo que es peor, el RDL 16/2012 ha generado una inercia burocrática que, junto a una voluntad política inexistente, ha hecho que numerosas comunidades con normativas más garantistas no cumplan su propio ordenamiento jurídico. Mientras muchos gobiernos autonómicos se han dado un barniz progresista aprobando leyes más universales que la estatal, a la hora de la verdad, por dejadez o siguiendo instrucciones de las consejerías (es difícil de saber), los hospitales y ambulatorios a menudo no las aplican. Y cuando un caso, de los muchos que cotidianamente se producen, sale a la luz pública la respuesta acostumbra a ser tacharlo de anecdótico.
Un par de ejemplos de lo anteriormente dicho los tenemos en el Hospital del Mar en Barcelona. Según publicó eldiario.es, a Sabrina Piras , italiana de nacimiento y residente en Barcelona, se le negó la asistencia sanitaria en el otoño de 2015. Tres meses después se le diagnosticó un linfoma torácico con varias metástasis. Fue en ese mismo hospital donde, en junio de 2016, a una familia argentina de paso por Barcelona le pidieron 5.000 euros por tener a su hijo ingresado una noche, quien padecía una importante bronquitis aguda .
Estos casos ni mucho menos son anecdóticos, como no han dejado de denunciar numerosos colectivos en defensa de una sanidad universal. A fecha de octubre de 2017, un informe de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 contabilizaba en 3.748 los casos de exclusión sanitaria desde la contrarreforma del PP. Es evidente que los casos que las plataformas consiguen contabilizar representan una minoría del total, ya que si el paciente no logra contactar con un colectivo en lucha su caso queda en el olvido. Es importante destacar también que de los casos citados 158 correspondieron a mujeres embarazadas y 270 a menores de edad, excepciones contempladas en el RDL 16/2012, situaciones en las cuales la atención universal oficialmente está siempre garantizada pero que a la hora de la verdad se ve a menudo vulnerada.
La reforma del gobierno del PSOE
La nueva reforma, impulsada por el PSOE, fue aprobada en septiembre con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo, y el PP, que votó en contra.
El nuevo Real Decreto, aunque supone un tímido paso adelante, sigue teniendo muchas carencias, como bien ha denunciado la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT) . La principal novedad reside en que en lugar de estar afiliado a la Seguridad Social se exige poder demostrar más de 90 días de residencia en el Estado español, ya sea mediante empadronamiento o informe de los servicios sociales. Esto supone una importante traba para muchos inmigrantes en situación irregular, para quienes acceder al padrón es especialmente difícil y no es infrecuente que desconfíen de contactar con servicios sociales por miedo a ser detenidos e internados en un CIE. En cualquier caso, seguirían sin tener derecho a la atención sanitaria los días previos a que formalicen su estancia y los 90 siguientes. Si consiguen superar todos estos obstáculos, aún les quedará uno más, el Real Decreto del PSOE sigue exigiendo a los inmigrantes que aporten un documento que demuestre que la sanidad de su país no les costea la atención en el Estado español. Lo que a priori pudiera parecer sencillo a menudo se convierte en una odisea, ya que muchas embajadas o consulados no expiden dicho documento, y en el mejor de los casos, acostumbran a proceder de manera muy lenta y burocrática.
En el caso de los europeos comunitarios sucede algo parecido pero a la inversa. Seguirán estando cubiertos por la tarjeta sanitaria europea durante los 90 primeros días en territorio español pero a partir del día 91 se les exige contratar un seguro médico privado. También se les exige seguro médico privado a aquellas personas acogidas a reagrupación familiar. No es infrecuente contar entre éstas a ancianos, quienes por su edad y patologías tienen muchas dificultades para contratar un seguro privado y a menudo quedan totalmente descubiertos.
Resulta preocupante también que algunas de las excepciones contempladas en el Real Decreto del PP, como las ya mencionadas de embarazadas y menores, u otras como urgencias muy graves, demandantes de asilo o víctimas de trata, no están contempladas en el nuevo texto. El gobierno se ha remitido a un futuro desarrollo de la normativa. Pero ya se sabe que las palabras se las lleva el viento. Y podría llegar a darse que en dichas situaciones la reforma del PSOE sea más regresiva que la del PP.
Unidos Podemos se pliega a la estrategia socialista
Siendo honestos, no es de sorprender que la tan cacareada sanidad universal del PSOE haya resultado ser tan descafeinada. Lo que es especialmente preocupante es que Unidos Podemos se haya plegado a su programa. Lejos de denunciar las vergonzosas carencias del Real Decreto y defendido intransigentemente una verdadera sanidad universal, le han servido de apoyo al ejecutivo de cara a rebajar las reivindicaciones de los colectivos en lucha. De la misma manera que los medios afines al PSOE, la dirección de Unidos Podemos se ha sumado a la propaganda que difunde una recuperación de la sanidad universal que no es tal. Sin duda, se trata de una actitud que encaja en la estrategia de abandonar la lucha en las calles y convertirse en sostén del gobierno a cambio de muy tímidas concesiones.
Una vez más el PSOE nos ha demostrado que más allá de la retórica socialdemócrata, sus intereses no están con los de los oprimidos. Que logremos reconquistar la sanidad universal, llegará de la mano de la denuncia pública, acompañamiento y difusión de los casos detectados, pero sobre todo de la autoorganización del movimiento y la movilización en las calles.
