El precio medio de las viviendas en alquiler en el Estado español ha alcanzado récords históricos. Sólo en 2018 se ha incrementado un promedio del 5,9%, y en los últimos cuatro años los precios han aumentado un 27% en Madrid y un 49% en Barcelona. Las consecuencias son obvias. En la actualidad se producen cuatro desahucios cada hora por impago del alquiler. Son los conocidos como “desahucios invisibles”, que ya alcanzan el 60% del total. Por ejemplo, en 2017, perdieron su casa por no poder afrontar la renta mensual 35.666 familias frente a las 22.330 que lo hicieron por impago de la hipoteca.
El Estado español es el país de la OCDE donde el alquiler se come el mayor porcentaje de los ingresos familiares, entre el 40 y el 50%. Mientras una de cada tres personas tiene un sueldo inferior a 843 euros, el precio medio del alquiler por un piso de 50m2 en grandes ciudades como Madrid y Barcelona es de 850 y 916 euros, respectivamente.
Frente a esta situación que sufrimos las clases más humildes, el gobierno del PSOE ha planteado un Real Decreto-ley totalmente insuficiente que, tal y como han denunciado desde el Sindicato de Inquilinos y la PAH, carece de medidas que pongan fin a los precios abusivos y a las causas que generan esta terrible realidad.
Los alquileres: un lucrativo negocio para las grandes fortunas
Muchos inversores, banqueros y grandes sociedades han planteado que la carestía de la vida en relación a los alquileres responde simplemente a una cuestión de oferta y demanda. Pero nada más lejos de la realidad.
Lo cierto es que la mayor parte del parque inmobiliario se encuentra en poder de un reducidísimo número de manos, en concreto, de grandes fondos de inversión y de los conocidos como “fondos buitre”, o de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Compraron cantidades ingentes de pisos a precios irrisorios, muy por debajo de lo que nos costaría a cualquiera de nosotros, y ahora actúan como un auténtico monopolio ya que son dueños del 80% de los pisos en alquiler, imponiendo precios completamente abusivos e inflados. Aprovechándose de que la vivienda es una necesidad básica, ahogan a las familias más humildes de forma inmisericorde.
Los datos hablan por sí solos. Hay 3,5 millones de viviendas vacías —el 13,2% del total— que pertenecen a los bancos, quienes prefieren tenerlas así antes que permitir un desplome en el precio de los alquileres. Y es que ahora mismo resulta mucho más rentable para los grandes capitales invertir su dinero en este tipo de operaciones especulativas, aunque se lleven por delante la dignidad y las necesidades más básicas de las personas, que hacerlo en la economía productiva, aún saturada por la crisis de sobreproducción.
La especulación con un derecho básico como es la vivienda no sólo no se ha perseguido sino que las instituciones, al servicio de los ricos, han facilitado la acción de bancos, fondos de inversión y grandes capitales extranjeros que se han llenado los bolsillos mientras nos expulsaban de nuestras casas.
En el 2013 el gobierno del PP reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) reduciendo la duración de los alquileres, es decir, agilizando el procedimiento de desahucio por impago de la renta y permitiendo que el propietario pudiera aumentar el alquiler sin necesidad de aviso. Pero no hablamos sólo de la legislación, sino de toda una red mafiosa, legal e ilegal, que ha utilizado sus posiciones en gobiernos, comunidades y ayuntamientos para hacer negocio con las necesidades de las personas. Basta ver el ejemplo de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, que recientemente ha sido condenada —junto con otros siete miembros de su gobierno— por haber vendido en 2013, en plena crisis, nada menos que 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone por debajo del precio de mercado. ¡Los grandes capitalistas son los responsables del horror que viven hoy millones de familias!
La reforma del gobierno del PSOE es papel mojado
El 14 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó —con el voto a favor de PP, Cs, PNV y PDeCAT— un Real Decreto-ley sobre “medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler” que es totalmente continuista con las políticas del PP.
La ley contiene tres puntos: el aumento de la duración mínima del contrato de alquiler, pasando de los tres años actuales a cinco; la limitación a dos mensualidades de la fianza y la creación de 20.000 viviendas en seis años. A la vez, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que se cambiarán los procedimientos de los desahucios para evitar “situaciones trágicas”. Pero, ¿cómo evitarán las situaciones que han llevado a 13.300 personas al suicidio en siete años, casi 2.000 al año, si se mantienen las mismas circunstancias que provocan esta matanza social?
El gobierno del PSOE intenta lo imposible: suavizar la situación posicionándose al lado de la banca y el capital especulativo. Si el ejecutivo de Sánchez quisiera tomar medidas reales para acabar con esta dramática realidad debería, en primer lugar, tomar medidas contra aquellos que mantienen millones de casas desocupadas y generaría un parque público de vivienda con alquileres sociales y asequibles ya que en el Estado español este parque representa un mísero 1% y el gobierno apenas dedica el 0,04% del PIB a ayudas a la vivienda.
Podemos y los ayuntamientos del cambio, los mismos que fueron aupados en 2015 por su reivindicación de una vivienda pública y asequible, y que se han mostrado algo críticos con la nueva ley, deberían pasar de las palabras a los hechos y organizar una respuesta en las calles. Como demuestra la experiencia de las alcaldías de Barcelona o Madrid, si no se rompe con las reglas del juego capitalista, si no se acaba con el dominio de los bancos y las grandes inmobiliarias basándose en la organización de los trabajadores y los jóvenes, los ayuntamientos del cambio no podrán acabar con los desahucios y la especulación en base a la buena voluntad.
Por el derecho a un techo digno
Hace pocos días, conocíamos la noticia de que los vecinos de cinco edificios de Barcelona que afrontan subidas de la renta de hasta el 75% y que inspirados en la huelga de alquileres de 1931, impulsada por la CNT en esta ciudad, han amenazado con una huelga de alquileres exigiendo la rebaja del 50% de las rentas.
La única forma de conseguir un techo digno para todas y todos es impulsar la movilización en las calles, unificar las lucha de los compañeros del Sindicato de Inquilinos y la PAH con los movimientos sociales e impulsar un programa que plantee la expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos y los fondos buitres, la creación de un parque público de viviendas que cree un millón de hogares en cinco años con alquileres sociales que no superen el 10% de los ingresos familiares, la congelación de los alquileres privados a un máximo del 15% de los ingresos y la prohibición de los desahucios por ley. Si unimos la reivindicación de una vivienda digna a la lucha por la transformación socialista de la sociedad podremos acabar con los alquileres abusivos y con la terrible situación que hoy viven millones de familias.
