Este 14 de abril se cumplen 88 años de la proclamación de la Segunda República y 80 del final de la Guerra Civil, seguida por cuarenta años de cruel dictadura franquista. Durante esos terribles y largos años se crearon 300 campos de concentración en los que estuvieron internados entre 700.000 y un millón de personas, fueron fusiladas más de 200.000 (entre 1939 y 1952), miles y miles fueron torturadas por la Brigada Político-Social, el Tribunal de Orden Público juzgó a más de 4.000 personas por hacer huelgas, manifestarse o formar parte de un partido político de izquierdas o sindicato entre 1963 y 1977. Y hasta el final de sus días siguió matando: los últimos fusilamientos de los cinco militantes del FRAP y ETA se produjeron el 27 de septiembre de 1975.
Sin embargo, más de cuarenta años después de la muerte del dictador, la mayoría de las cuestiones relacionadas con la impunidad del franquismo no se han resuelto. Y en los nueves meses del Gobierno de Pedro Sánchez hemos visto muchas palabras y gestos, pero ningún hecho tangible, ninguna política real que signifique “verdad, justicia y reparación” para las víctimas del franquismo.
La exhumación de Franco: mucho ruido y pocas nueces
Una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura fue anunciar a bombo y platillo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y convertir este lugar en un “cementerio civil”. Aunque esta medida es claramente insuficiente, sin embargo los sectores más reaccionarios de la sociedad y del aparato de Estado la atacaron con hostilidad, reflejando los vínculos que aún mantienen con el pasado franquista.
El 21 de julio de 2018 apareció un manifiesto firmado por centenares de militares, la mayoría de ellos altos mandos del Ejército, “de respeto al general Franco Bahamonde”. Algunos de estos militares, como Alberto Asarta Cuevas, han sido fichados por el partido ultraderechista Vox para formar parte de su candidatura a las elecciones generales del próximo 28 de abril.
La Fundación Francisco Franco, que ha recibido miles de euros de dinero público en subvenciones, y la propia familia del dictador, también han puesto piedras en el camino, denunciando ante los tribunales lo que iba a hacer al Gobierno y pidiendo que si Franco era exhumado definitivamente, fuera enterrado en la Catedral de la Almudena (donde está su hija, en una cripta valorada en unas 150.000 euros), en pleno centro de Madrid. Una auténtica provocación.
El aparato judicial, jamás depurado, ha escuchado la voz de su amo y, haciendo caso a las peticiones de estos franquistas, ha paralizado en diversas ocasiones la exhumación. Por su parte, el PP, Ciudadanos y Vox han criticado con vehemencia la exhumación con la cínica excusa de “no reabrir heridas”, cuando muchos de sus miembros siguen hoy en día homenajeando a la dictadura franquista.
Ante todos estos ataques, el PSOE se ha puesto de perfil. No ha expulsado ni ha tomado medidas disciplinarias contra los militares que firmaron el manifiesto franquista —en cambio sí le han abierto expediente a un cabo que firmó un manifiesto contra Franco—, no ha ilegalizado la Fundación Francisco Franco y ha permitido a la familia seguir denunciando algo que hace meses que debería estar hecho. Ahora, el anuncio de que se le va a exhumar el 10 de junio, cuando las elecciones serán el 28 de abril y no se sabe qué escenario político se abrirá, es más una cortina de humo que otra cosa.
Más promesas incumplidas: ni retirada de medallas a Billy el Niño, ni exhumación de fosas comunes
El PSOE no ha cumplido su promesa de retirar las medallas al mérito policial —y el aumento en más de un 25% a su pensión que llevan asociadas— concedidas tanto bajo la dictadura franquista como en los años de la Transición, al torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, uno de los agentes más importantes de la Brigada Político-Social. Tras meses diciendo que lo iba hacer, a principios de 2019 el Ministerio del Interior reconoció que no se podía “porque no hay ninguna normativa que regule dicha retirada”. Pero, ¿por qué no se ha hecho esa normativa? Porque el PSOE nunca se ha atrevido a enfrentarse a un aparato del Estado lleno de nostálgicos del franquismo.
Otras medidas que se anunciaron fueron la creación de una Comisión de la Verdad, algo completamente insuficiente si no se permite juzgar los crímenes del franquismo; la apertura de los archivos militares, que ha sido muy parcial pues sólo se permite consultar información secreta anterior a 1968 —basándose en la franquista Ley de Secretos Oficiales, vigente en la actualidad—; o la financiación para la apertura de fosas comunes, que queda muy corta teniendo en cuenta el volumen de fosas sin identificar: más de 2.000. El Gobierno ha tenido que reconocer que “no se van a poder abrir todas las fosas”. ¿Esto es una política a favor de las víctimas del franquismo? ¡Esto es una patraña!
¡Basta de gestos! Verdad, justicia y reparación
Por supuesto, el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha mencionado la posibilidad de derogar la Ley de Amnistía, que permite que los crímenes del franquismo sigan impunes. De hecho, tampoco este Gobierno ha permitido que los torturadores denunciados por la conocida como Querella Argentina sean enviados a dicho país para ser juzgados. Y mucho menos se le ocurre al PSOE hablar de depurar de elementos reaccionarios el aparato del Estado: no sólo no le han retirado las medallas a Billy el Niño, sino que militares implicados en el golpe de Estado del 23-F mantienen condecoraciones y medallas concedidas durante los gobiernos de Aznar, Rajoy y Zapatero.
También es sintomático el caso del policía Sebastián Trapote, que mató —en acto de servicio— de un disparo por la espalda a un obrero en Badalona en 1974 y que ha sido el jefe de la Policía durante el referéndum del 1-O en Catalunya, permitiendo la represión contra todos aquellos que ejercían su derecho a votar y a decidir sobre su futuro. Ni fue juzgado por lo que pasó durante el franquismo, ni por lo ocurrido el 1-O. Al contrario, como ocurría en la dictadura, aquellos que luchan por los derechos democráticos son los que reciben los porrazos y se sientan ante los tribunales.
Esta política de medias tintas con la memoria histórica, como también en otros ámbitos (sanidad, educación, derechos laborales...), sólo consigue envalentonar a la reacción, a los herederos de la dictadura. La única manera de lograr que las víctimas tengan derechos reales es que se juzguen de una vez los crímenes del franquismo, derogando la Ley de Amnistía, que se apoye la apertura de archivos y fosas comunes, que se depure el aparato del Estado de franquistas y reaccionarios. Luchar contra la impunidad del franquismo es luchar contra la derecha y la extrema derecha.
