¡Por el derecho a una muerte digna! ¡Basta de moral cristiana en nuestra vida!
El pasado 3 de febrero era detenido Ángel Hernández Pardo por ayudar a su mujer, María José Carrasco, a tener la muerte digna que ella deseaba. Sin esperar ni un segundo, la justicia franquista del Estado español se ha sumado al carro del bloque reaccionario, mostrando una vez más su profunda vinculación con la moral cristiana y criminalizando a personas vulnerables por tomar decisiones sobre su cuerpo y vida.
María José Carrasco estaba enferma de esclerosis múltiple desde hace 30 años. Sufría durante los últimos años dolores insoportables y se había vuelto completamente dependiente. Antes de perder la movilidad de las manos compró el fármaco que utilizaría para facilitar su muerte. La Policía Nacional arrestó a Ángel Hernández Pardo en Madrid horas después. Aunque se encuentra en libertad sin medidas cautelares, se le piden entre dos y diez años de cárcel, aplicando el artículo 142 del Código Penal aprobado por el gobierno del Partido Popular y propuesto por uno de sus ministros más reaccionarios, Alberto Ruíz Gallardón, el entonces responsable de la cartera de Justicia.
La Iglesia Católica, la justicia franquista y la derecha van de la mano
La mismas instituciones reaccionarias que se oponen al aborto, negándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que se les llena la boca con la moral cristiana y hablan del valor de la vida y del respeto mientras encubren cientos de casos de curas pederastas, y que son los mismos que hablan de cursos tortuosos para personas LGTBI, se han pronunciado varias veces sobre este tema. Los sucios tentáculos de la Iglesia Católica continúan contaminando la política en el Estado español, imponiendo su moral y, en la práctica, jugando un papel de primer orden en la eliminación de los servicios sociales mínimos que nos niegan el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Es una vergüenza que la justicia siga teniendo ese componente religioso que viene del franquismo, deteniendo la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y permitiendo la persecución a una persona que termina con el dolor de su pareja cuando no se le ha dado una alternativa digna a su sufrimiento. Es de justicia recordar que esta misma pareja solicitó hasta tres veces una ayuda para la dependencia, y se le fue negada sucesivamente, por la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular.
Sin hacerse esperar, el poder judicial, podrido hasta las trancas, ha entrado en escena en el ataque a los derechos básicos. El Juzgado de Instrucción número 25 ha sacado a pasear, con una demagogia repugnante, la ley de violencia de género, para señalar a Ángel Fernández y agravar su acusación. Los mismos ojos que no ven una violación en el caso de La Manada o miran a otro lado y condenan a Juana Rivas por proteger a sus hijos de un maltratador, señalan como acto violento y machista ayudar a acabar con el sufrimiento terrible de una persona que ha decidido conscientemente tomar dicho camino. Sabemos que esta medida es premeditada y consciente. Buscan un castigo ejemplificador, para que nadie se atreva a cuestionar la moral cristiana y se rebele contra la prohibición de la eutanasia como ha sido el caso. El auto judicial es tan escandaloso, que la Fiscalía se ha visto obligada a recurrirlo para lavarse la cara ante la opinión pública. Esta es la muestra del profundo dominio que tiene la Iglesia sobre el aparato de Justicia en el Estado español.
Debido a los acontecimientos, el PSOE ha mostrado su lado más oportunista. Pedro Sánchez ha prometido la regulación de la eutanasia, cuando en estos últimos meses no ha puesto el debate sobre la mesa. Por otra parte, el PP sigue defendiendo la prohibición del suicidio asistido, llamando a prolongar los cuidados paliativos, cuando en su gobierno recortó acerca de 3.000 millones de euros del presupuesto para las ayudas de dependencia, mientras los terceros protagonistas del bloque de la derecha, Ciudadanos, optan por no posicionarse, dando fuerza, de facto, a sus dos aliados.
La prensa se suma a la lapidación
Es lamentable, por otra parte, ver cómo los medios de la derecha se han aprovechado del dolor de una pareja para lanzarse a hacer campaña para los partidos de la derecha que defienden la prohibición de la eutanasia. El culmen de esto fue cuando la presentadora Susana Griso, durante el programa “Espejo Público”, culpabilizó en directo a Ángel Hernández de utilizar la muerte de su pareja para incidir en la campaña electoral, sin ningún tipo de escrúpulo. Esta manipulación mediática no es más que una provocación y una maniobra de la derecha, para quitar el foco sobre el debate acerca del suicidio asistido y su inclusión en la sanidad pública.
Por el derecho a una vida y una muerte digna
Desde Izquierda Revolucionaria defendemos el derecho de todas y todos a decidir sobre su cuerpo, su vida y su integridad, incluyendo el derecho a la muerte digna, y el suicidio asistido como servicio público y accesible para aquellas personas que toman la decisión de acabar con su vida y con ello, el sufrimiento que lleva para sí mismas y para los suyos. De la misma manera, exigimos un servicio de asistencia para que la familia y los seres queridos de aquellas personas que hayan tomado dicha decisión puedan continuar plenamente con sus vidas tras la pérdida. Solo con unos servicios públicos completos y de calidad podremos asegurar una vida digna de ser vivida, para todos y todas, desde su principio hasta su final.
