Las negociaciones para el Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE van bien según Pablo Iglesias. Atendiendo a sus declaraciones, y a las de otros dirigentes, es así porque se están manejando en secreto, sin luz, sin taquígrafos, al estilo del parlamentarismo burgués, con “discreción”, para ocultar lo mejor posible las posiciones entregadas a cambio de un puñado de ministerios.
Pero no es solo el secretismo. En un momento en que las rebeliones populares recorren el mundo, cuando las contrarreformas laborales y sociales, el desempleo, la precariedad y los desahucios vuelven a recordarnos las duras condiciones en que vivimos la mayoría, el silencio de estos dirigentes ante lo que acontece es atronador. Ni una palabra más alta que otra que pueda incomodar al socio mayoritario de la coalición, o que empañe la imagen de hombres y mujeres de Estado que se quieren labrar.
La política de la retirada
Los medios de comunicación han sido los encargados de contar la marcha de las negociaciones utilizando la información que sale de los órganos dirigentes del PSOE y Unidas Podemos. En un artículo titulado “Sánchez e Iglesias pactan una política económica continuista que calme a los inversores”, El País señala:
“Unidas Podemos aparcará sus medidas económicas más ambiciosas para facilitar el despegue de la coalición progresista. Pese a que la investidura está aún en el aire, pendiente de la abstención de ERC, el PSOE tiene prácticamente cerrado con Podemos un programa económico continuista sobre la base del Presupuesto fallido de 2019, según las fuentes consultadas en La Moncloa, Economía, Hacienda, el PSOE y Unidas Podemos. La figura de Nadia Calviño, ministra de Economía, emerge para manejar las inquietudes del Ibex en medio de la desaceleración (…) tampoco descuida el flanco exterior: la semana pasada estuvo en Berlín para subrayar su compromiso con la consolidación fiscal (…)
Calviño, con el aval de Sánchez y el visto bueno de Podemos al menos en los primeros compases, apuesta por una política económica continuista, que pasa por buscar consenso para las grandes reformas y por una política fiscal que no ponga en riesgo el crecimiento (…) Decae la subida del IRPF a los ricos. No habrá control de precios en vivienda, no habrá impuesto a la banca como prometía Unidas Podemos, no se creará una empresa pública de energía y, en fin, Iglesias aparcará las medidas más ambiciosas para que la coalición alce el vuelo sin suspicacias, explican fuentes del partido de Iglesias (…) De entrada no habrá derogación completa de la reforma laboral ni se limitarán las subidas del alquiler, dos banderas de Unidas Podemos (…) La idea es mezclar el pragmatismo de la socialdemocracia europea de los últimos tiempos con una pátina más keynesiana. Se trata de satisfacer al electorado progresista sin incomodar a los mercados”.
Por su parte, el diario Público lo plantea de forma bastante similar:
“Fuentes conocedores de las negociaciones reconocen a Público que al grupo confederal [de Unidas Podemos] le ha sido imposible convencer al PSOE de llevar a cabo las medidas estrellas de Pablo Iglesias: la creación de una empresa pública de energía, el impuesto a la banca o la derogación de la reforma laboral al completo. Además, en algunos aspectos se retrocede respecto al pacto presupuestario de 2019 porque tampoco se ha alcanzado un acuerdo para regular el precio del alquiler o bajar la factura de la luz tal y como se aprobó en el texto de la última legislatura (…) Tampoco se derogará la reforma laboral al completo (…)
En materia de libertades, habrá cambios sobre las leyes Mordaza, aunque no se prevén sus derogaciones al completo de manera inmediata (…) se prevé aumentar la dotación al plan estatal de lucha contra las violencias machistas, mejorar el sistema de dependencia para atender a las personas dependientes que ahora no son atendidas por la falta de inversión, garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años y aumentar la inversión del PIB —ahora se encuentra en un 4%—. Sin embargo, como ya se firmó en el preacuerdo del Gobierno de coalición, todas estas medidas e inversiones sociales se verán limitadas por el equilibrio presupuestario, controlando que no se aumente el déficit público y con un ojo puesto en lo que se dice desde Bruselas” (“Las dos caras del Gobierno de coalición: fuerte en lo social pero sin reformas económicas de calado”, Público 10 de diciembre de 2019).
Las cosas están claras a tenor de lo que ya se conoce, que no es poco. Unidas Podemos arroja por la borda las reivindicaciones fundamentales por las que millones hemos peleado durante años en las calles. Y la contrapartida por cubrir el flanco izquierdo de Pedro Sánchez en la aplicación de la agenda dictada por los grandes poderes económicos, no es otra que unos cuantos sillones en el Consejo de Ministros y en la Administración General del Estado.
Para hacer más digerible esta píldora, los dirigentes de Unidas Podemos están recurriendo a un argumentario lleno de incoherencias y contradicciones, que refleja lo lejos que han llegado. Por ejemplo, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha intentado cubrirse con un toque de pragmatismo: “La clave es no engañar a la gente. No podemos prometer el socialismo, pero saldrán una serie de medidas que mejoren la vida de la gente”. Compañero Garzón, la verdad es concreta y no se puede jugar al gato y al ratón cuando hay tanto en juego.
Si la reforma laboral no se deroga, tampoco la Ley Mordaza, ni la LOMCE, ni las contrarreformas de las pensiones se revierten, ni se acaba con los desahucios, ni se pone límites a la especulación de la vivienda y la subida de los alquileres, ni se mete mano a la precariedad laboral… ¿dónde están “las medidas que mejoran la vida de la gente”?
Es cierto que Alberto Garzón solo tiene en mente el socialismo cuando escribe libros o da conferencias en la universidad, pero con la política que está dispuesto a avalar y aplicar, el socialismo estará mucho más lejos. Con la hoja de ruta propuesta, las grandes empresas seguirán haciendo lo que se le antoje y el aparato del Estado profundizará aún más sus medidas represivas.
Enrique Santiago, diputado y actual secretario general del PCE, ha ido un paso más allá: “este partido [el PCE] con Unidas Podemos hemos apostado por entrar en el Gobierno, para evitar que se hagan políticas de la derecha, o que la socialdemocracia acabe entregada a las políticas neoliberales”. Leer para creer.
¿Realmente el secretario general del PCE nos está diciendo que con ocupar tres o cuatro ministerios se puede doblar el brazo a los grandes capitalistas y obligar a la socialdemocracia a romper sus compromisos con la UE, el Ibex 35 y los especuladores financieros? ¿Acaso no lee la prensa burguesa o no sabe lo que sus compañeros y compañeras están negociando? Por supuesto que lo sabe, pero entrados en esta dinámica cualquier banalidad sirve para endulzar la política de la retirada.
Combatir a Vox, ¿con la Constitución o con la lucha de masas?
Las concesiones estratégicas, y las renuncias a los principios, también se justifican en aras de frenar a Vox. “La Constitución del 78, con todos sus defectos, contiene artículos que son la mejor vacuna para defender a las mayorías sociales del auge de la extrema derecha”. Son palabras de Pablo Iglesias en un reciente acto en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid. En el mismo lugar reconocía que Podemos había nacido impugnando al régimen del 78, pero ahora “cuando hay un reforzamiento de las fuerzas reaccionarias, no es el momento del rupturismo sino del posibilismo”.
Tras el periodo de lucha de clases más intenso desde los años setenta del siglo pasado, cuando la crisis capitalista y la polarización social han desnudado el fraude de los pactos de la Transición, los dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida descubren las bondades del régimen del 78 y de su ordenamiento jurídico e institucional. Cuarenta años después se insiste en la misma política que utilizaron Santiago Carrillo y Felipe González para capitular ante los herederos de la dictadura.
Pablo Iglesias cree que la Constitución es el medio más eficaz para defender a las mayorías sociales y frenar a la extrema derecha. Pero, si es así, ¿por qué Santiago Abascal alaba esa misma Constitución con tanto ardor?
La Constitución no es el documento progresista que se imagina Pablo Iglesias. Y él lo sabe perfectamente. Este texto que tanto aprecia la “casta política”, por utilizar la terminología que hizo célebre el dirigente de Podemos, sancionó la monarquía impuesta por la dictadura otorgándole mecanismos para intervenir políticamente si la lucha de clases se sale de los límites aceptables para el poder. Lo hemos visto con el artículo 155 y el papel del rey encabezando la ofensiva contra el pueblo catalán. Pero hay mucho más. Señala a las Fuerzas Armadas como garantía de la “sagrada unidad de la patria” y niega el derecho de autodeterminación. Garantiza la economía de mercado y la propiedad privada de los medios de producción, y antepone el pago de la deuda a la banca por encima del gasto público. Todos los artículos que se refieren genéricamente a los derechos sociales son incumplidos sistemáticamente con el respaldo de todos los tribunales y la legalidad del 78.
No cabe mayor delirio que pensar que la Constitución, y el régimen capitalista español que ampara, representa un punto de apoyo para frenar el avance de la extrema derecha. Este es el mismo tipo de política que hacía la socialdemocracia alemana cuando agitaba la Constitución de Weimar y apelaba al Estado para que actuase frente a las fuerzas de Hitler. No estamos en el contexto histórico de 1932-33, pero el razonamiento de Pablo Iglesias coincide con el de aquellos que estrangularon la conciencia revolucionaria de los trabajadores alemanes, saboteando la movilización de masas por acuerdos con la “burguesía progresista y constitucional”. El resultado es conocido: los nazis llegaron al poder “democráticamente”, y liquidaron la amenaza de la revolución aplastando a las organizaciones obreras y sus conquistas históricas. Por supuesto, Hitler suprimió el parlamentarismo burgués e implantó una dictadura feroz para garantizar el orden capitalista y el poder del capital financiero.
El avance de Vox, como de toda la extrema derecha en Europa, ha sido allanado por años de recortes sociales salvajes sembrados no solo por la derecha tradicional también por la socialdemocracia, por una desigualdad lacerante y por la descomposición de una democracia burguesa al servicio de los privilegios de la oligarquía. En el caso del Estado español, un factor decisivo ha sido la capitulación del PSOE ante el nacionalismo españolista y el aparato del Estado en su ofensiva contra el pueblo de Catalunya.
También sería un error olvidar que es a partir de la explosión del 15M, las huelgas generales, las Marchas de la Dignidad, las grandes mareas sociales, el movimiento masivo de la mujer contra la violencia machista, la lucha de los pensionistas o la ejemplar movilización del pueblo catalán por la autodeterminación y la república… cuando surge con más fuerza la sed de venganza de los sectores más reaccionarios de la sociedad.
No hay que engañarse con palabrería hueca. Vox, como el PP y Ciudadanos, aprecian de la Constitución su esencia: la defensa del sistema capitalista. Y eso mismo es lo que entienden Felipe VI, la CEOE, el Banco de Santander, Amancio Ortega, la Conferencia Episcopal o la Comisión Europea. Pablo Iglesias, en cambio, ve una barricada contra el auge del fascismo.
No, al fascismo y a la reacción no se les derrotará con la Constitución del 78 ni con políticas en beneficio del gran capital. Para segar la hierba bajo los pies de Vox y frenar en seco su avance, es necesario desplegar la fuerza de la clase obrera mediante la lucha de masas, incluyendo la huelga general, y la defensa de un programa socialista que sirva para poner fin a los recortes, a los ataques a nuestras condiciones de vida y a la ofensiva contra los derechos democráticos.
Podríamos pensar que Pablo Iglesias ha perdido el juicio, pero no se trata de eso. Está embriagado de cretinismo parlamentario y, como abogado defensor de la colaboración de clases, se siente muy satisfecho al ser nombrado vicepresidente del Gobierno. Esta política, que hoy embellece un texto que solo sirve para mantener el orden establecido, una vez que se forme el Gobierno de coalición servirá para llamar a la paz social y profundizar la desmovilización por la que han optado los dirigentes de Unidas Podemos.
La cuestión catalana
La opinión preponderante entre la burguesía, teniendo en cuenta la correlación parlamentaria salida de las elecciones del 10 de noviembre, es evitar una nueva convocatoria electoral y meter en cintura a Unidas Podemos para que juegue el mismo papelón que Syriza ha desempeñado en Grecia. Por supuesto esto tiene sus riesgos, y sectores del poder empresarial lo han señalado. No temen a estos dirigentes como ministros, cuya disposición es la mejor, sino a que sean incapaces de frenar el movimiento de masas una vez que se desvele la auténtica política del Gobierno de coalición.
La cuestión del acuerdo con ERC es otra piedra en el camino. Los gestos del PSOE reconociendo la existencia de “un conflicto político” en Catalunya, o las declaraciones de Iceta sobre la “nación de naciones” son guiños para hacer más fácil la abstención de sus diputados. Por supuesto, la posibilidad de abrir una mesa de “negociación” entre el Gobierno central y la Generalitat no cambiará nada esencial: ni el Estado ni el PSOE aceptarán en ese dialogo el derecho de autodeterminación o el mandato republicano del pueblo catalán manifestado el 1 de octubre de 2017.
Los dirigentes de ERC dilatan el sí quiero porque temen un desgaste mayor a tan poco tiempo del levantamiento provocado por la sentencia del Supremo. Pero no es probable que quieran pasar a la historia como los responsables de unas terceras elecciones, de resultado incierto para la izquierda parlamentaria.
En este terreno, el cheque en blanco de la dirección de Unidas Podemos al PSOE es igual de lamentable. La consecuencia de su renuncia a intervenir con una posición de clase en el movimiento del pueblo catalán por el derecho a decidir y por la república es respaldar al Estado. Su acusación de que esta lucha hace el juego a las élites es completamente absurda. Los cientos de miles de trabajadores y jóvenes que han llenado las calles de Catalunya en movilizaciones multitudinarias y huelgas generales históricas, y que han enfrentado una represión brutal, no quieren una república de recortes y austeridad. Al contrario. Han dejado más que claro su rechazo a la oligarquía catalana que, por cierto, está fundida con la española combatiendo este movimiento.
Lo verdaderamente increíble es que Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau pretendan establecer una equidistancia imposible entre un pueblo que se moviliza ejemplarmente y quienes lo reprimen. Han errado en su análisis de la cuestión nacional, igual que cuando renuncian a un programa de ruptura con el capitalismo. Podrán reivindicar el 14 de abril y salir con la bandera tricolor en mítines pero, cuando el pueblo catalán luchando por la república envía un obús a la línea de flotación del régimen del 78, estos dirigentes no solo han vuelto a perder una gran oportunidad para ponerse a la cabeza de las movilizaciones y extenderlas al resto del Estado, con su actitud han facilitado el avance del nacionalismo españolista.
Preparar las fuerzas para las futuras batallas
Pablo Iglesias y muchos de sus colaboradores iniciaron su carrera política al abrigo de ideas “anticapitalistas”; otros, como Alberto Garzón, incluso siguen considerándose “comunistas”, pero todos ellos llevan mucho tiempo enmascarando su práctica cotidiana. Hace tiempo que han renunciado a la lucha de clases y al programa del marxismo; una vez que den el salto como partido de Gobierno, su deriva no hará más que profundizarse con resultados catastróficos.
Sabemos que muchos activistas, sin otra perspectiva que la política ofrecida por la dirección de Unidas Podemos, justificarán todas las concesiones como el modo de “influir en los acontecimientos”. Muchos de ellos también argumentarán que no se puede hacer otra cosa debido al “bajo nivel de conciencia” y a una correlación de fuerzas desfavorable. Pero todas estas lamentaciones se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo y han sido refutadas por la realidad.
La irrupción de Podemos en el tablero político reflejó el avance en la conciencia y la radicalización de millones de trabajadores y jóvenes. Fue el fruto de una rebelión social que puso contra las cuerdas al régimen del 78, hasta el punto de provocar la abdicación precipitada de Juan Carlos I, y descargó un golpe demoledor al bipartidismo. La propia existencia de Podemos expresó el cambio objetivo en la correlación de fuerzas entre las clases.
Pero el potencial para cambiar la sociedad solo puede materializarse cuando la dirección política de los trabajadores, la juventud y de todos los oprimidos está a la altura de las circunstancias, cuenta con un programa claro y una estrategia para la victoria. Pablo Iglesias y los dirigentes de Unidas Podemos han preferido quedarse con el posibilismo y renunciar a la lucha. Su defensa de la Constitución y del régimen del 78, y el abandono de las reivindicaciones que el movimiento ha puesto encima de la mesa, es precisamente lo que pone obstáculos para el avance de la conciencia y entrega a nuestros adversarios munición. La política de la retirada añadirá más confusión y, entre determinadas capas, el ingrediente amargo de la desmoralización.
No es la primera vez en la historia, ni será la última, que organizaciones que nacieron como expresión del hartazgo popular con el régimen dominante se travisten en defensores del sistema que pretendían combatir. La entrada en el Gobierno de coalición es un error manifiesto como ya señalamos, pero este error es el resultado de una política y una estrategia fallida desde hace tiempo. En lugar de construir una firme oposición de izquierda, basada en la movilización contundente e intransigente para romper con las políticas de recortes y austeridad, se ha optado por compartir Gobierno con el partido que lleva garantizando la estabilidad del capitalismo español desde la caída de la dictadura.
Como señalamos antes, los dirigentes de Unidas Podemos tendrán que defender sus posiciones ministeriales intentando paralizar el movimiento de masas, y entrarán en numerosos conflictos con su base natural de apoyo. Ya lo están haciendo oponiéndose a la huelga general del 30 de enero en Euskal Herria, aprobando los presupuestos antisociales del PNV, manteniendo un silencio vergonzante ante el respaldo de Pedro Sánchez al Gobierno asesino de Piñera y renunciando a promover movilizaciones de solidaridad con la lucha del pueblo latinoamericano. Por supuesto, su bloque con las direcciones burocráticas de CCOO y UGT, opuestas a impulsar ninguna movilización consecuente contra la CEOE y la reforma laboral, es parte de lo mismo.
Vamos a ver muchas cosas en los próximos meses, y algunas serán muy desagradables. Pero la clase trabajadora y la juventud pasarán por esta escuela histórica del reformismo sin reformas con otro bagaje diferente al de los años setenta. Ni Pablo Iglesias es Santiago Carrillo, ni Pedro Sánchez es Felipe González, ni la experiencia de estos últimos diez años ha pasado en balde. La autoridad de los dirigentes de la izquierda parlamentaria y su capacidad para contener la lucha de clases es mucho menor.
Tampoco el mundo es el mismo. Las inspiradoras rebeliones en Chile, Ecuador, Colombia, Argelia, Líbano, Iraq…, la tremenda huelga general de la clase obrera francesa o las movilizaciones históricas de las mujeres y la juventud contra la violencia machista sistémica y la catástrofe ecológica, muestran que existe la fuerza y la determinación para hacer frente no solo al avance de la extrema derecha y a las políticas neoliberales, también para transformar la sociedad.
Siguiendo el lema del movimiento pensionista “Gobierne quien gobierne los derechos se defienden”, en esta nueva etapa histórica que entramos, igual que ocurrió en los años treinta con la proclamación de la Segunda República, los trabajadores harán su experiencia en el marco de una lucha de clases salvaje. La burguesía exprimirá y presionará sin piedad al Gobierno de coalición, si finalmente se forma. Y tanto la extrema derecha como el PP ejercerán una oposición sin contemplaciones, aprovechándose de cada error y capitulación para aumentar su base social.
Las próximas batallas que se avecinan serán duras y encarnizadas, pero al mismo tiempo —con avances y retrocesos inevitables— crearán un terreno fértil para que sectores más amplios, y no solo una pequeña vanguardia, se sumen a la tarea de construir un partido de los trabajadores y la juventud con el programa del marxismo revolucionario.
¡Es el momento de la organización y la lucha. Construye Izquierda Revolucionaria!
