Pedro Sánchez ha sido investido presidente con dos votos de diferencia. Este hecho refleja la profunda polarización política en que estamos inmersos y prepara una legislatura al rojo vivo y de trascendencia histórica. Por primera vez desde septiembre de 1936 llega al poder una coalición integrada por los dos grandes partidos de la izquierda reformista, el PSOE y Unidas Podemos.

Para millones de votantes de izquierda la formación de este Gobierno no solo supone un alivio. Después de ver lo ocurrido en el parlamento, muchos luchadores y activistas tienen hoy un sentimiento de indignación. El odio de clase mostrado por la derecha hacia todo lo que suponga un paso para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras, en las reivindicaciones de las naciones y pueblos oprimidos, en la batalla contra la violencia machista y por los derechos democráticos, se ha desvelado con toda crudeza.

Lo acontecido los días 4, 5 y 7 de enero recuerda las sesiones parlamentarias de la Segunda República, cuando resonaban las diatribas golpistas de Gil Robles y Calvo Sotelo. Los mismos calificativos de “traidores”, “terroristas”, “comunistas”, “asesinos”, “separatistas, y la misma caverna que protagonizó el levantamiento fascista del 18 de julio de 1936 y nos sumió en una sangrienta dictadura. Son la misma oligarquía ligada por una tradición común.

La furia de los máximos dirigentes del PP, Vox y Cs en la tribuna deja claro que no darán ninguna tregua y utilizarán todos los recursos a su alcance para sabotear cualquier medida que contravenga sus intereses. Tan solo en estos días hemos asistido a todo tipo de maniobras, desde las llamadas al transfuguismo de Inés Arrimadas y las presiones al único diputado de Teruel Existe, pasando por la barbaridad antidemocrática de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar al President de la Generalitat de Catalunya.

La jauría reaccionaria no se conformará

Cualquier pretensión de diferenciar entre una derecha “razonable” y la extrema derecha ha quedado refutada por los hechos. Cuando Pablo Casado amenazó a Sánchez con llevarle a los tribunales por prevaricación si no destituía inmediatamente a Quim Torra, arrebataba el discurso a Santiago Abascal, que pronunció la misma advertencia exigiendo que la Guardia Civil detuviera al President de la Generalitat. Ambos han caracterizado al Gobierno de coalición como “social comunista” para llevar el país a la ruina “bolivariana” y acabar con la “libertad”.

Los dos compitieron por los insultos más gruesos. El dirigente popular llamó a Sánchez “sociópata”, “fraude electoral” y falto de “legitimidad” por “pactar con los herederos de Batasuna” y los “golpistas que rompen España”. El líder de Vox tildó al Gobierno de “antiespañol y anticonstitucional” y de no ser “legítimo”. Mención aparte merecen las descalificaciones contra los y las diputadas de Bildu, ERC o JxC. El odio españolista no cabía en el hemiciclo.

Una campaña escenificada al milímetro que ha contado con la participación activa de la CEOE, la derecha mediática y, cómo no, de la Conferencia Episcopal, cuyos máximos representantes, Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, y Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, llamaron a todos sus feligreses a “orar por España” ante la “situación crítica que vive el país”.

El Gobierno de coalición

Sería un error no entender que esta coalición es el resultado de la gran movilización de masas que ha recorrido el Estado español desde 2011. La explosión del 15-M y las huelgas generales, las mareas en defensa de la educación y la sanidad públicas, las Marchas de la Dignidad, las movilizaciones juveniles contra el cambio climático, las manifestaciones masivas de los pensionistas, las grandes huelgas feministas del 8-M y, por derecho propio, el movimiento del pueblo de Catalunya por la autodeterminación y la república…, han determinado el vuelco del tablero político.

Pero una vez que las ovaciones, los abrazos fraternales y las lágrimas de emoción se pierdan en el olvido, las contradicciones que se han fraguado en la sociedad volverán a ocupar la escena. Entonces se presentarán dos opciones ante Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: o la capitulación ante la reacción y los grandes poderes económicos que están detrás de ella (siguiendo el modelo de Tsipras en Grecia), o una dura confrontación con todos ellos para gobernar a favor de los trabajadores, la juventud y los explotados.

Por eso es importante recordar las temerarias palabras de Pablo Iglesias cuando afirmó que el nuevo Ejecutivo combinará la “experiencia” de los socialistas con la “frescura” de Unidas Podemos. La “experiencia” del PSOE en La Moncloa como pilar del régimen del 78 es sobradamente conocida por el movimiento obrero y la juventud, por los activistas sociales o por el pueblo catalán y vasco. No olvidamos sus políticas de recortes, contrarreformas y cesiones vergonzantes al nacionalismo españolista. ¿Cambiará de rumbo la socialdemocracia gracias a los ministros y las ministras de Unidas Podemos?

La retórica de Pablo Iglesias sobre la “frescura” de Unidas Podemos no puede ocultar tampoco que desde hace años han reemplazado la movilización social por la mera participación institucional, y cuando han ocupado posiciones de relieve al frente de grandes ayuntamientos han frustrado la mayoría de las expectativas generadas. Hoy, reivindican la Constitución y se muestran firmes partidarios del mismo régimen que hasta hace poco decían impugnar.

Y es en este contexto donde debemos situar el programa del Gobierno de coalición y su verdadero alcance. Por más que se quiera presentar como una ruptura con las políticas anteriores, sus medias tintas y limitaciones cuestionan tal opinión.

1. En el terreno educativo proponen la sustitución de la LOMCE por la “Ley Celaá”, y que la asignatura de religión deje de ser evaluable. Pero el adoctrinamiento religioso en la escuela pública continuará, igual que los miles de millones de euros del presupuesto público que recibe la enseñanza privada concertada.

2. Se habla de eliminar los aspectos más “lesivos” de la reforma laboral de 2012, como los despidos por baja médica. Pero la rebaja del coste del despido, la eliminación de los salarios de tramitación, la supresión de autorización administrativa para hacer efectivos los ERE’s o el descuelgue del convenio por parte de las empresas no se tocan.

3. El IRPF subirá dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros, pero no se concretan medidas sustanciosas contra el fraude fiscal. El acuerdo también incluye el incremento del SMI a lo largo de la legislatura, la “sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones” en el marco del Pacto de Toledo —pero sin derogar las contrarreformas anteriores— y diversas medidas encaminadas a “frenar el alza de precios del alquiler” sin concretar la mayoría de ellas.

4. La Ley de Extranjería se queda como está, continuará la política de reclusión de los inmigrantes en los Centros de Internamientos para Extranjeros y se respetará la legislación racista y xenófoba que la UE ha aprobado contra los refugiados.

5. Si bien se propone la “recuperación inmediata” del Pazo de Meirás y una auditoría de “bienes expoliados por el franquismo para devolverlo a sus legítimos titulares”, nada se dice sobre el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo y la reparación política y económica a sus víctimas.

6. Una vez más se hacen propuestas genéricas contra la violencia machista, las agencias de “vientres de alquiler”, y en defensa de los derechos LGTBI. Pero 2019 acabó con el mayor número de mujeres asesinadas de los últimos años.

7. Se propone también una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la “Ley Mordaza”, cuya letra pequeña está por ver, pero se mantiene el decretazo digital que supone un atentado a la libertad de expresión.

8. En materia económica se cumplirá con “los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas” o lo que es lo mismo, se acepta la política impuesta por la Unión Europea de recortes y austeridad.

Nada más lejos de nuestra intención que realizar un ejercicio sectario de descalificación, pero en política hay que ser rigurosos. Si dices A, inevitablemente acabarás diciendo B, C, D y el resto del abecedario.

El derecho a decidir del pueblo catalán

La investidura de Sánchez no habría sido posible sin la abstención de los 13 diputados de Esquerra Republicana gracias al acuerdo alcanzado con la formación independentista. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que rechaza las maniobras represivas del Supremo y otorga inmunidad como europarlamentarios a Junqueras, Puigdemont y Toni Comín también ha contribuido.

La cuestión a dirimir es qué sucederá una vez que el Gobierno central y el de la Generalitat se sienten a negociar. Es más que evidente que la actual dirección del PSOE jamás aceptará la república catalana ni el derecho de autodeterminación. No lo hará por los lazos que le atan al régimen del 78, al aparato del Estado y a la burguesía.

La dirección de ERC considera que este pacto sumado a la salida de Oriol Junqueras de la cárcel para recibir su acta de eurodiputado, y el posible acceso a una situación de semilibertad del resto de los presos políticos a medio plazo, puede calmar los ánimos. Pero esos planes chocan con la judicatura franquista y la furiosa campaña que la derecha y la ultraderecha están desatando. También infravalora el nivel que ha alcanzado la movilización popular en Catalunya y el avance en la conciencia de cientos de miles de jóvenes y trabajadores que no están dispuestos a conformarse con humo.

¡Solo la movilización en las calles frenará los recortes, conquistará derechos y derrotará a los franquistas!

La burguesía española lleva años lamentándose de la falta de estabilidad política. No quiere entender que este es el precio a pagar por la crisis del capitalismo, los recortes interminables, la desigualdad lacerante y una legislación represiva ideada para contener la movilización social y socavar los derechos democráticos. El cuestionamiento creciente que sacude el régimen del 78 no cae de un cielo azul, sino del periodo de lucha de clases más explosivo desde el final de la dictadura franquista.

Pero algo falla. No es posible que Pablo Casado y Santiago Abascal apelen reiteradamente a la legalidad del 78 para gritar Vivas al rey y atacar a Sánchez e Iglesias, y estos últimos recurran a esa misma Constitución para defenderse. Con este juego se quiere ocultar la esencia del problema: el régimen nacido de la Transición no sirve a dos amos. Por más que lo niegue la izquierda parlamentaria, su función es salvaguardar los intereses de la oligarquía capitalista y su aparato de dominación.

Los dirigentes de Unidas Podemos y del PSOE ya están en campaña para advertirnos de que con la composición actual del parlamento será inevitable hacer concesiones en los asuntos claves. Y aquí volvemos a un aspecto esencial. Es imposible acometer grandes transformaciones sociales si estas dependen de la correlación de fuerzas parlamentarias, del juego institucional y de los tribunales, que en la sociedad de clases siempre están bajo el firme control de los capitalistas.

Es precisamente al contrario. Para superar la debilidad parlamentaria, y este Gobierno tiene mucho de eso, es absolutamente imprescindible recurrir a la movilización de masas. Generando un gran movimiento en las calles, en las empresas, en los barrios, que unifique la lucha de todos los sectores contra las políticas de recortes y austeridad, contra la represión y en defensa de nuestros derechos sociales, económicos y políticos, podremos doblar el brazo a la reacción.

Lamentablemente ninguno de los próximos ministros y ministras de Unidos Podemos ha mencionado nada semejante. Ninguno de ellos cuestiona el papel de Nadia Calviño, que desde el Ministerio de Economía blindará la continuidad de las políticas que más beneficien al Ibex 35, a la banca y a la UE. Al contrario. Parece que para proteger su nueva posición gubernamental intentarán asegurar la paz social, como ya están haciendo oponiéndose a la huelga general del 30 de enero en Euskal Herria y aprobando los presupuestos antisociales del PNV en el parlamento vasco. Esto es un grave error.

En los próximos meses muchas contradicciones asaltarán al nuevo Gobierno cuando trate de cuadrar el círculo y entre en conflicto con su base social. Pero la ingenuidad y la confianza ciega han dejado paso a una actitud más crítica y consciente, al menos entre capas importantes de la nueva generación de luchadores. El mundo también ha cambiado mucho y 2019 ha sido un buen ejemplo. Las rebeliones en Chile, Ecuador, Colombia, Argelia, Líbano, Iraq…, o la huelga general de la clase obrera francesa muestran que existe la fuerza y la determinación para enfrentar no solo a la extrema derecha y a las políticas neoliberales, también para transformar la sociedad.

Pablo Iglesias afirmó durante la presentación del programa de Gobierno que “el reto fundamental es convertir el sí se puede en políticas activas de Gobierno”. Le tomamos la palabra.