El pasado 13 de febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitió una sentencia avalando la expulsión “en caliente” del territorio español de dos migrantes marroquíes que saltaron la valla de Melilla en 2014. Dicho tribunal daba así la razón al Gobierno del PP, que deportó de forma inmediata a estas dos personas sin ningún tipo de juicio ni procedimiento administrativo que les permitiese la más mínima garantía de defenderse ante esta injusticia.

En su resolución el TEDH afirma que estas personas renunciaron a cualquier derecho básico y fundamental al haber accedido al territorio español de forma “irregular” y establece que fueron ellos mismos quienes se pusieron “de forma voluntaria” en una situación de ilegalidad.

Devoluciones “en caliente” y vallas más altas

Esta terrible actuación, totalmente contraria a los principios ideológicos de cualquier organización que se reclame de izquierda, y que supone un ataque brutal a los derechos humanos, ha sido respondida por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos (UP) con la lamentable afirmación de que lo “respeta y acata”. Muy lejos quedan las declaraciones de Pedro Sánchez cuando en la oposición decía “rechazar rotundamente las devoluciones en caliente” y prometía acabar con estas prácticas.

Por su parte, desde la dirección de UP se insistió en que la eliminación de los CIEs y la derogación de la ley de extranjería serían algunas de las principales medidas a llevar a cabo si entraban en el Gobierno. Los hechos, una vez más, contradicen los discursos, y la supuesta defensa de los sectores más humildes y desprotegidos queda en palabras vacías propias de embaucadores.

Aunque es cierto que la resolución del TEDH ha provocado ciertas fricciones entre los ministros de UP y del PSOE, estas se han resuelto rápidamente. Mientras en un penoso intento de lavarse la cara, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, declaraba que el Ejecutivo no volvería a realizar devoluciones en caliente, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, insistía en que “la figura legal del rechazo en frontera sigue vigente y volverá a ser utilizada en caso de necesidad en las vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos”.

Se trata ni más ni menos que de una nueva concesión de la formación morada, que justifica en aras de poder seguir garantizando la gobernabilidad y continuar demostrando su “sentido de Estado”, en una dinámica que les separa cada vez más de las necesidades y expectativas de su base social, que ve cómo son absorbidos por las instituciones del sistema. Otro ejemplo de ello, es el respaldo de los ministros de Unidas Podemos al anuncio del ministro del Interior, Grande-Marlaska, de ampliar la longitud y altura de la valla fronteriza de Melilla —para compensar la retirada de las concertinas y tratar de limpiar sus conciencias— que en algunos tramos llegará a ser hasta un 30% mayor de lo que es ahora.

A esto hay que sumar el reciente posicionamiento del Gobierno contra la autodeterminación del pueblo saharaui. Otra histórica reivindicación de la izquierda que es fulminada para contentar a los grandes empresarios españoles que tienen suculentos negocios con el régimen marroquí. Con estos precedentes, nos tememos que la reforma de la ley de extranjería que se propone abordar el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, no va a cambiar un ápice su carácter reaccionario.

Para completar el cuadro nos encontramos con la necesidad urgente de reforzar y mejorar una red de acogida insuficiente e ineficiente, una tarea para la que el Gobierno ha tenido bonitas palabras pero ninguna medida ni presupuesto efectivo.

Estas medidas suponen en la práctica seguir criminalizando a los migrantes, sin combatir el discurso reaccionario de culpar a los inmigrantes de las carencias de los servicios sociales, de la precariedad y el paro, de la delincuencia, etc. En lugar de dar una batalla contra los prejuicios racistas y ofrecer una vida digna a todas las personas, en lugar de explicar que ni los controles de fronteras, ni los muros y concertinas, ni las “devoluciones en caliente”, ni las leyes de extranjería, ni el endurecimiento de las políticas de asilo..., van a terminar con las políticas de austeridad, con los recortes sociales ni los ataques a los derechos democráticos que estamos sufriendo, la socialdemocracia y los reformistas, del PSOE o de UP, se hacen eco en esencia del discurso de la derecha. Así, termina haciendo lo que el PP: tratarlos como presos y hacinarlos por miles en CIEs o en barcos, cuando no criminalizarlos.

Levantar un programa de lucha, socialista e internacionalista

La Unión Europea ha legalizado una política migratoria que se diferencia bastante poco de la aplicada por los Gobiernos ultraderechistas y reaccionarios europeos o de Trump en EEUU, allanando el camino para que ganen influencia entre sectores de las capas medias golpeadas y empobrecidas y sectores atrasados de la clase obrera.

Sin ir más lejos, la UE ha felicitado al Gobierno griego por su criminal actuación contra los refugiados, en su mayoría sirios, que tratan de entrar en Europa huyendo de la guerra. ¿Y esta es la UE que clama a los cuatro vientos la necesidad de poner “un cordón sanitario” a la extrema derecha? Nos encontramos ante una muestra más de la podrida moral de los capitalistas y de sus instituciones.

Frente a la demagogia capitalista que señala a nuestros hermanos migrantes como los culpables de nuestra miseria para dividir a la clase obrera y así desviar la atención del auténtico responsable, el sistema capitalista, es necesario organizar la lucha en base a un programa que unifique las reivindicaciones de la clase obrera por encima de las fronteras. Un programa para combatir los planes de austeridad y los recortes sociales, que defienda la nacionalización, bajo control democrático de los trabajadores, de la banca y de los grandes monopolios para que toda la riqueza que generamos con nuestro trabajo sea empleada para resolver las graves necesidades sociales que nos acucian, poner fin al desempleo de masas y asegurar una vida digna a todas y todos.