El plan de choque está claro: ¡acabar con los recortes, la privatización de la sanidad y defender los empleos!
La crisis sanitaria del coronavirus ha desnudado la catástrofe social que sacude el mundo capitalista. Todos los gobiernos, incluido el del PSOE-UP, no hacen más que balbucear justificaciones lamentables, alentar el pánico y proponer medidas para salvaguardar los beneficios de las grandes empresas. Mientras, la mayoría de las familias trabajadoras se ven gravemente afectadas por la pandemia y pagan un precio altísimo por la degradación de la asistencia sanitaria y los miles de despidos que se preparan.
Con más de 2.000 infectados y 50 muertos, y en un clima de incertidumbre por lo que pueda pasar, a la opinión pública se le quieren escamotear las auténticas causas de esta crisis sanitaria que amenaza con transformarse en un terremoto económico, social y político. Todos los medios de comunicación, siguiendo instrucciones gubernamentales, ocultan los efectos de décadas de recortes salvajes en la sanidad pública y en el resto de los servicios básicos, y las privatizaciones masivas que han hecho de oro a las grandes multinacionales.
El hecho de que los 800 contagiados en la Comunidad de Madrid hayan colapsado el sistema sanitario público, que las UCI se encuentren saturadas, que el Gobierno autonómico del PP —con el respaldo del ministerio de Sanidad— haya decidido dejar sin clases a más de 1,4 millones de estudiantes cargando sobre los padres su cuidado sin facilitar permisos retribuidos, o que ya se esté hablando de miles de despidos en todos los sectores… y que mientras tanto cientos de clínicas y hospitales privados tan sólo de Madrid se nieguen en redondo a atender a ningún enfermo con el virus… simplemente esto, demuestra la demagogia política a la que estamos asistiendo y la falta de decisión y coraje por parte del Gobierno del PSOE-UP para atajar drásticamente la situación y proteger la salud y los derechos de las familias trabajadoras.
Recortes sangrantes. Estas son las consecuencias
Durante años los gobiernos del PP, pero también los encabezados por el PSOE, han metido la tijera a fondo en la sanidad pública y han entregado una parte considerable de la asistencia sanitaria al negocio privado, exactamente igual que con la educación pública.
Las cifras son inapelables. Si en 2011 el gasto en sanidad pública suponía el 6,5% del PIB, en el 2013 representaba el 6% y en el 2017 el 5,9%. Los recortes presupuestarios se estiman entre 15.000 millones y 21.000 millones de euros desde 2009. En estos momentos el sistema dispone de 5.600 camas hospitalarias menos que en el 2010, y los despidos de profesionales sanitarios se cuentan por decenas de miles en los últimos diez años.
Partiendo de los datos del Servicio Madrileño de Salud, tan sólo entre 2010 y 2018 la sanidad madrileña ha perdido unos 3.300 profesionales, a pesar de que la población con derecho a la asistencia sanitaria pública ha aumentado en casi 500.000 personas en ese mismo periodo. Una realidad que puede extrapolarse a Andalucía, gobernada durante décadas por el PSOE y que ha sufrido recortes similares, a Catalunya con los gobiernos de PeDCAT y ERC, o a Galicia, donde el Gobierno de Núñez Feijóo ha entregado la sanidad gallega a los empresarios del sector desatando movilizaciones masivas en los meses pasados.
Nuestra salud se ha convertido en la fuente de un negocio fabuloso con la complicidad del PP y del PSOE que han aprobado leyes privatizadoras a mansalva. Deteriorando conscientemente la sanidad pública han creado un hueco enorme para las empresas y los seguros sanitarios privados que se benefician de los conciertos con el ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas. Con su modelo, las clínicas privadas ingresaron ni más ni menos que ¡1.615 millones de euros públicos en 2017! sumando cinco años seguidos de incremento. Los seguros privados pasaron de facturar 6.900 millones en pólizas a 8.000 millones en ese mismo periodo. Un negocio férreamente controlado por grandes empresas, ocho en concreto, que se reparten las tres cuartas partes de la tarta: Quirónsalud, Vithas-Nisa, HM Hospitales, HLa (Asisa), Hospiten, Sanitas y Clínica de Navarra. El mercado de la sanidad privada se ha convertido en algo tan apetecible, que las corporaciones internacionales han tomado el control de algunos de estos grupos.
La conexión entre el Gobierno central, los autonómicos y estas empresas es tal, que la Comunidad de Madrid ha pasado de entregar a los hospitales privatizados 299 millones de euros públicos en 2011, a 451 millones en 2012 y 617 en 2016. En la Comunidad Valenciana la progresión ha sido de 56,9 millones de euros en 2010, a 283 en 2014 y 308 millones en 2018.
Según el catálogo nacional de hospitales, Madrid cuenta con ¡¡33 hospitales públicos y 50 privados!! De los 33 primeros, cinco tienen una gestión privada y sus tratamientos, según ha quedado demostrado en diferentes auditorías, son hasta 6 veces más caros que en los de gestión pública.
Por supuesto la privatización sanitaria se ha extendido también a los servicios de limpieza y desinfección, que han sido externalizados a las grandes multinacionales. Según señala la plataforma Audita Sanidad, la principal adjudicataria de los contratos de la sanidad madrileña es Clece SA, la compañía de multiservicios de ACS propiedad de Florentino Pérez.
Y cuando todo esto pasa, el sector privado se niega en redondo a poner sus medios, sostenidos con recursos públicos en su mayoría, para atender a los enfermos y contagiados del coronavirus. Según ha denunciado en un comunicado la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), el sector privado “se ha puesto de perfil evitando el riesgo o traspasándolo a la Sanidad Pública”. “Los seguros privados de salud ya han declarado que no cubren el coronavirus por ser una pandemia”, por lo que “queda claramente de manifiesto que el objetivo de la sanidad privada no es procurar salud, ni mucho menos colaborar con el sistema público, su objetivo es ganar dinero, como cualquier empresa privada y el método es seleccionar bien el riesgo para traspasarlo o evitarlo”.
La AFEM ha reclamado también “más medios materiales, humanos y equipos de protección suficientes” para enfrentar el coronavirus y formación en los centros “que no se da en muchos casos”. “Esperábamos un plan de formación serio frente a la epidemia que se avecina”, pero “hay hospitales como el Gregorio Marañón donde la información se limita a un protocolo colgado en la intranet sin haber dado información presencial al personal por los equipos que diseñaron los protocolos”.
La crisis por el coronavirus ha provocado que los servicios de emergencia de Madrid, como el Summa 112, estén completamente desbordados: “las tomas de muestras en domicilios tardan varios días y se demoran las confirmaciones y su comunicación a los profesionales sanitarios, y los traslados de pacientes que requieren ingreso tras su valoración en domicilio tardan varias horas, con el consiguiente riesgo de exposición de profesionales y familiares”. A todo este caos, hay que añadir que los Centros de Salud “empiezan a bloquearse al no existir un teléfono directo para profesionales, que tienen que contactar a través del 061 por las tardes, teléfono que también recibe llamadas de los ciudadanos y está saturado”, provocando “esperas inadmisibles de más de una hora para recibir instrucciones desde el 112 o Salud Pública, colapsándose la atención sanitaria”.
Por un plan de choque en defensa de las familias trabajadoras
El 10 de marzo Pedro Sánchez compareció ante los medios de comunicación en La Moncloa para anunciar un “plan de choque”. En realidad, fue un espectáculo lamentable de propaganda vacua, que tan solo confirmó la gravedad de la situación y la incapacidad de este Gobierno para responder con efectividad.
Sánchez anticipó “semanas difíciles”. Sí, en efecto, van a ser muy difíciles, y nos encaminamos a un escenario semejante o peor al de Italia. En su discurso habló de que el Ejecutivo incluirá en su plan “recursos para proteger el bienestar de las familias trabajadoras, facilitando reducción de jornadas y ayudándoles a cuidar a los menores”. Pero no solo no hay nada en concreto, sino que las empresas están rechazando dar permisos retribuidos y se preparan para realizar despidos masivos.
Es un completo escándalo que un Gobierno que se dice de izquierdas lo único que explicite sea un “plan de liquidez para las empresas”. Evidentemente la patronal ya ha presentado una tabla reivindicativa exigente, empezando por la rebaja del impuesto de sociedades, el incremento de los fondos públicos para los expedientes de regulación de temporal de empleo (ERTE), exonerando a las empresas de tener que hacer un preaviso de 15 días, o la exención de las cuotas a la seguridad social. Y desde Moncloa están diciendo a todo que sí.
No podemos aceptar esta situación. La clase trabajadora y la juventud no deben pagar los platos rotos de esta crisis sanitaria. Es precisamente al contrario. Los responsables de haber llevado a la sociedad a esta debacle de recortes sociales y empobrecimiento, es decir, los grandes capitalistas, deben ser los que hagan el sacrificio. CCOO y UGT, junto con Unidas Podemos deben abandonar su complicidad con estas medidas pro empresariales que no resuelven nada y nos perjudican, y pasar a la ofensiva exigiendo un plan en beneficio de los trabajadores, de los sectores más necesitados y de la sanidad pública.
Un plan de que debe pasar por las siguientes medidas inmediatas:
1. Aprobación urgente de un decreto ley para que el Estado tome el control de toda la sanidad privada, de sus recursos humanos y técnicos, hospitales y clínicas. Obligatoriedad, mediante esta ley, para que atiendan de forma gratuita a todos los enfermos de coronavirus garantizando todas las pruebas clínicas y los medios para su hospitalización y curación. Aquellas empresas, clínicas y hospitales que se nieguen a cumplir con este decreto en defensa de la salud pública serán expropiados automáticamente y pasarán a titularidad pública.
2. Contratación inmediata de 20.000 profesionales sanitarios (médicos, enfermeros/as, investigadores, técnicos, personal de apoyo, ambulancias….) para hace frente a este crisis. Apertura de todas las instalaciones hospitalarias públicas, refuerzo y ampliación de las UVI y compra de material médico y quirúrgico necesario. Coordinación de los recursos a escala estatal con un plan centralizado.
3. Un plan de choque para garantizar las operaciones programadas y seguir atendiendo a la población enferma y en riesgo. Hay que poner fin a las listas de espera y a la masificación de la medicina ambulatoria y de familia. Es inaceptable que se ponga en riesgo la vida de miles de pacientes por los recortes y la falta de medios.
4. ¡Nacionalización del sector farmacéutico ya, gratuidad de todas las medicinas necesarias para enfrentar el coronavirus y el resto de las enfermedades! Fuera todos los recortes y el copago. Los hospitales privatizados deben ser renacionalizados inmediatamente. Ningún euro público al negocio de la sanidad privada.
5. Los permisos no retribuidos, las reducciones de jornada o la flexibilización laboral no resuelve nada, y carga esta crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora implicando brutales reducciones salariales. Todas las trabajadoras y trabajadores que tienen a su cargo hijas, hijos o familiares dependientes se les debe aplicar el artículo 37.3d) del Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo al mismo, cuando se tiene un deber inexcusable, como es el cuidado de una persona dependiente, el trabajador tendrá derecho a ausentarse del trabajo con el 100% de su retribución y sin que sea computable como tiempo de vacaciones. Este Gobierno tiene la obligación de garantizar esta medida indispensable para enfrentar la situación actual y los escenarios que están por venir.
6. Ningún despido, ERTE o ERE al amparo del coronavirus. Ninguna reducción salarial. ¡Que los empresarios pongan su parte de todos los beneficios acumulados estos años! ¡Que se devuelva el dinero de los rescates patronales y bancarios!
7. Reducción por ley de los precios de los productos fundamentales para la vida diaria de las familias trabajadoras y persecución contundente de la especulación. ¡Basta de que las grandes cadenas de supermercados y las multinacionales del sector alimentario se hagan de oro!
8. Ninguna restricción a la libertad de expresión, manifestación y organización. Formación de comités de personal sanitario, usuarios y delegados sindicales en los centros hospitalarios para controlar la calidad de la atención médica y poder reclamar los medios necesarios.
9. Nacionalización de la banca para poner los recursos gigantescos del sector financiero al servicio de las necesidades sanitarias y sociales. Esta es la única forma efectiva de luchar contra el desempleo y la pobreza a la que los responsables de las instituciones económicas internacionales y los Gobiernos a su servicio nos empujan.
10. Debemos prepararnos para impulsar movilizaciones de masas de los trabajadores, la juventud, los pacientes y sus familiares, para defender las reivindicaciones que pueden enfrentar esta crisis sanitaria, social y económica en nuestro favor.
La situación que se presenta en el Estado español, en Italia, en toda Europa o EEUU es una advertencia muy seria para la clase obrera. Como ha amenazado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el “mundo puede enfrentarse a un escenario similar a la crisis de 2008”, es decir, a una debacle de despidos masivos, más recortes, más pobreza y desigualdad.
Los capitalistas se preparan para pasarnos la factura de su desastre. Debemos reaccionar con la misma contundencia y claridad que ellos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que organizar la respuesta y la movilización masiva, y construir una izquierda combativa que no ceda ante las presiones intolerables de la minoría de multimillonarios que gobierna el mundo.
