El coronavirus ha destapado la verdadera cara del capitalismo. En cada país, los grandes monopolios y el capital financiero utilizan a su correspondiente Estado para salvar sus negocios. Y en todo el mundo atacan nuestros derechos democráticos con la excusa de la lucha contra la pandemia. Engels definió el Estado, en última instancia, como grupos de hombres armados en defensa de la propiedad. Esta crisis está siendo una atroz confirmación.
En Portugal, el Gobierno ha suspendido el derecho a huelga amparándose en el estado de emergencia, no prohíben los cierres patronales pero sí el derecho de los trabajadores a defenderse. En Hungría, el reaccionario primer ministro Orbán se ha otorgado plenos poderes para gobernar por decreto sin límite de tiempo. Medidas de excepción son adoptadas por igual por regímenes dictatoriales y por “democracias consolidadas”: Jordania, Israel, Filipinas, Estados Unidos, Reino Unido, Chile… En un país tras otro se refuerza el papel de los militares, se endurece la detención sin juicio, se recortan derechos laborales y sindicales, de expresión, reunión y manifestación, abriendo la puerta sin disimulo a la censura.
Lenguaje castrense
El Estado español no es una excepción. A pesar de tener un teórico Gobierno de “izquierdas”, este ha adoptado el lenguaje, las formas y la parafernalia castrense. Al decretar el estado de alarma, el Ejecutivo se erigió en “autoridad competente” en todo el Estado, todos los cuerpos policiales pasaron a estar bajo el control del ministro del Interior y la figura principal de esa autoridad competente es la ministra de Defensa. Nada más alejado de un gabinete de crisis por una emergencia sanitaria.
Se constituyó un comité de gestión técnica, formado por José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía, Laurentino Ceña, general de la Guardia Civil, Miguel Villaroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, y María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Sus ruedas de prensa son similares a las de una junta militar. Entre retórica patriótica y terminología cuartelera, se exige a la población “disciplina social”, se observa que “todos somos soldados en esta guerra” o nos recuerdan que “Felipe VI es el primer soldado de España”.
La “unidad nacional” que pregona el Gobierno es una falacia. De esta crisis no saldremos juntos. Los capitalistas no van a hacer ningún sacrificio.
El “Gobierno de la gente”… que solo confía en la policía
En los primeros 18 días del estado de alarma los diferentes cuerpos policiales han impuesto 216.326 multas (propuestas de sanción) y han detenido a 1.849 personas. En estas multas se está aplicando la Ley Mordaza. El motivo, según la propia Dirección General de la Policía, es que la consideran “la más recomendable” frente a otras leyes por ser “ágil y contrastada”. La comparación con Italia es demoledora: 50.000 personas multadas en un mes de confinamiento.
Multan por viajar más de una persona en un coche, mientras permiten que los trabajadores vayan a sus puestos de trabajo en transporte público. No mandan a la Policía ni a la Guardia Civil a inspeccionar los centros de trabajo, donde no se respetan las medidas de seguridad. El desprecio hacia la salud de los trabajadores es completo. El Gobierno que iba a derogar la Ley Mordaza está proporcionando un manto de impunidad a los cuerpos represivos dando vía libre para utilizarla a mansalva.
En las redes sociales son ya constantes las imágenes de la arbitrariedad policial, de uso desproporcionado de la fuerza… En no pocas ocasiones, quienes graban esas imágenes jalean la actuación policial. Los policías de balcón no surgen de la nada. Tienen su base en el giro a la derecha de un sector de la sociedad en los últimos años, ese polvo social agrupado en torno a Vox. La acción de este “Gobierno de la gente” les ha abierto las puertas al situar el eje de su “disciplina social” en las actitudes individuales, poniendo el foco en vigilar al vecino, en las pequeñas miserias cotidianas. Todo un ejemplo de lo que haría un Gobierno de la derecha.
El papel del ejército en esta crisis
Desde el primer momento se puso sobre la mesa la participación del ejército en la gestión de la crisis del coronavirus. Lo primero que demuestra es la debilidad de las estructuras de protección civil en el Estado español. La famosa Unidad Militar de Emergencias ha tenido un coste de unos 3.000 millones de euros desde su creación en 2006. Ese presupuesto habría jugado un papel infinitamente mejor en dotaciones para bomberos, protección civil, etc. Lo que se necesita en esta crisis son sanitarios, hospitales, intervenir la sanidad privada, equipos de protección individual, respiradores…, y no desfiles de la Legión en la puerta del hospital improvisado en el Ifema para “izar la bandera a media asta por los caídos”.
Además, la prórroga del estado de alarma ha puesto en evidencia las verdaderas intenciones del uso del ejército: militares participarán en patrullas por las calles con agentes policiales. ¿Qué pinta el ejército en patrullar calles semivacías o en controles de tráfico? Acostumbrarnos a ver a militares y policías “al mando de la situación”, o a soldados por las calles, prepara psicológicamente a la población para cuando mañana, en nombre de la situación excepcional, impidan manifestaciones y huelgas y recorten más nuestros derechos democráticos.
Están preparando la represión a la lucha obrera
Las medidas represivas que se están adoptando en todo el mundo no serán revocadas cuando pase lo peor de la pandemia. Francia es un ejemplo claro: en noviembre de 2015 se decretó el estado de emergencia tras los atentados yihadistas de París; esta situación de excepción se mantuvo durante dos años –afectando al desarrollo de manifestaciones y huelgas– hasta que se aprobó una nueva ley “antiterrorista” que convertía en comunes partes importantes de la legislación “de emergencia” y que fue utilizada contra los chalecos amarillos. En Hungría aún está vigente un estado de emergencia decretado en 2016 por la crisis migratoria. Y no podemos olvidar el caso del Estado español: toda la legislación de excepción de décadas de “lucha contra el terrorismo” y de “todo es ETA” se ha mantenido sin cambios y se ha utilizado contra huelgas, piquetes, movimientos sociales, etc.
Una guerra se está librando en todo el planeta, pero no contra el coronavirus, es una guerra de clases. Por eso no es casual el papel otorgado en el Estado español a los militares y policiales y sus arengas marciales a la población. Este Gobierno se ha echado en brazos de los uniformados porque está dispuesto a obedecer el dictado de la clase dominante hasta el final. Ellos se están preparando a conciencia, por eso los revolucionarios debemos tomar nota y prepararnos también.
