En medio de una ola mundial de protestas contra el racismo institucional y la violencia policial, el pasado 9 de junio, el diario El País hacía público el vídeo de los últimos minutos de vida del joven magrebí Iliass Tahiri, de 18 años, en el centro de internamiento de menores Tierras de Oria de la provincia de Almería el 1 de julio de 2019. Las imágenes no dejan lugar a duda, y corroboran las palabras de la madre de la víctima: no murió accidentalmente, lo mataron los guardias de seguridad.
No es un caso aislado
En un proceso lleno de irregularidades, el juzgado único de Purchena calificó los sucesos como una “muerte violenta accidental”, archivando el caso el pasado enero y dejando impunes a los responsables.
La versión oficial del centro, avalada por la jueza Teresa Inés Sánchez Gisbert, hablaba de un accidente motivado por la resistencia del joven y su actitud violenta. Sin embargo, en el vídeo –que formaba parte del sumario– puede observarse como cinco guardias de seguridad del centro reducen a Iliass, que no opone resistencia alguna, y lo atan boca abajo a una cama. Por si fuera poco, se aprecia perfectamente cómo uno de los guardias aprieta con su rodilla la espalda y cabeza del joven. Con una crudeza escalofriante, y tras 13 minutos de tortura, el personal se da cuenta de la situación de la víctima y tirándola del pelo le toman el pulso, ya inexistente. Le dejaron tirado hasta que llegó el personal médico, que solo pudo confirmar la muerte de Iliass. Y todo ello se producía ante la atenta mirada de un responsable del centro.
A pesar de la claridad de las imágenes y del informe forense, el juzgado competente no vio ninguna acción delictiva, y amparó los métodos inhumanos utilizados. No se trata de un caso aislado: los centros de internamiento para menores en Andalucía aplicaron “sujeciones mecánicas” –eufemismo utilizado para nombrar este tipo de prácticas, que son legales– en al menos 360 ocasiones durante los años 2017 y 2018.
La resolución del caso de Iliass revela nuevamente el carácter clasista y racista de la justicia burguesa que, como en el caso de la violencia machista, ampara a los verdugos mientras abandona y criminaliza a las víctimas. Además, el discurso machista, racista y españolista de Vox y el PP ha envalentonado a los elementos más reaccionarios de la cúpula del aparato estatal, que se sienten todavía más legitimados para actuar indiscriminadamente.
La dinámica es bien conocida: la policía o guardia civil tienen carta blanca para reprimir y maltratar a quienes luchan, como hemos visto en numerosos desahucios o movilizaciones pacíficas. Y mucho más cuando se trata de personas extranjeras, en donde cualquier tipo de extralimitación es aceptable. Al asesinato de Iliass podemos sumar la muerte, hace unos días, de Daniel Jiménez como consecuencia de una brutal paliza recibida en un calobozo de Algeciras por ser gitano. Uno de los mejores ejemplos de esta impunidad fue la masacre del Tarajal, en donde 15 personas murieron ahogadas mientras miembros de Guardia Civil les disparaban botes de humo y balas de goma. A día de hoy, no ha habido ninguna condena.
Las pautas son las mismas en lo que se refiere a la seguridad privada. En las empresas de este sector se concentran muchos elementos vinculados a la extrema derecha, y que funcionan como mamporreros parapoliciales. No son pocos los vídeos de palizas y vejaciones a inmigrantes en estaciones de Metro, centros de menores, centros comerciales... El escandaloso caso de la Levantina de Seguridad, cuyo propietario es un miembro del partido nazi España 2000, es una buena muestra de la manga ancha de la que gozan estos grupos ultras y de su connivencia con el aparato del Estado.
La verdadera cara de la privatización de los centros de menores
La titularidad del centro Tierra de Oria (Almería) es pública pero su gestión está privatizada, y corre a cargo de Ginso. Bajo la tapadera de una asociación sin ánimo de lucro, esta empresa se hace de oro gestionando centros de menores en las peores condiciones posibles. Un dato relevante: los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas aproximadamente en un 73%, y en Madrid lo están el 100% de los centros creados desde 2001.
La jugada es sencilla, Ginso se adjudica contratos millonarios como carceleros (hasta 4.000€ mensuales por menor custodiado), entrando en el entramado corrupto de la administración pública madrileña o andaluza. A la vez, convierte sus centros en casas del terror en donde el personal de seguridad tiene carta blanca para amedrentar y reprimir a discreción a la juventud vulnerable que acaba en ellos.
Tanto es así, que en otro centro de menores, gestionado por esta misma empresa, falleció el joven madrileño Ramón Barrios. A pesar de que no hubo ninguna explicación por parte de la dirección del centro ni por el juzgado de guardia, su familia detectó claras muestras de que la víctima recibió una paliza antes de morir. No es casualidad que durante los últimos 15 años hayan acumulado más de 70 expedientes por malos tratos. O que CCOO haya interpuesto varias denuncias a inspección laboral por las condiciones de trabajo en que están los educadores sociales. La idea de centro de menores que tienen las empresas es muy concreta: palos, corrupción y ningún tipo de asistencia social.
¡Por la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre de los CIE!
Las muertes de George Floyd, Iliass Tahiri, Ramón Barrios, pero también de Mame Mbaye, de Daniel Jiménez, de Breonna Taylor, de Lucrecia Pérez, de Samba Martine, de nuestros quince hermanos ahogados en el Tarajal, de las decenas de miles que yacen en el Mediterráneo… tienen un denominador común: la impunidad que ampara la violencia racista; el odio de clase que el aparato del Estado tiene por los más vulnerables. Y precisamente el levantamiento social, de carácter antirracista y antifascista, que se vive en EEUU y que ha recibido inmediatamente la solidaridad de clase con inmensas manifestaciones en las principales ciudades de Europa y del planeta, marca el camino para responder a esto.
El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos debe escuchar la voz de la calle, y tomar inmediatamente cartas en el asunto. A la nueva Ley de la Infancia se le debe acompañar la reconversión inmediata de los Centros de Menores en centros 100% públicos, que garanticen la dignidad, el bienestar y el desarrollo de la juventud más vulnerable, bajo control del personal cualificado y en condiciones dignas.
Así mismo, desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, exigimos el cierre de los CIEs y de los centros para menores extranjeros no acompañados. Es necesario derogar la reaccionaria Ley de Extranjería, regularizar inmediatamente a todos y todas los extranjeros que lo soliciten, y ofrecer alternativas habitacionales, laborales y educativas para favorecer su integración social. Estas medidas tienen que ir acompañadas por la depuración de los cuerpos represivos del Estado, empezando por la Guardia Civil, así como de la expulsión fulminante de la carrera policial y judicial de los elementos vinculados a las bandas fascistas y a la extrema derecha.
¡Basta ya de racismo y de maltrato a la juventud más vulnerable!
¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!
