En el Estado Español, el coronavirus ha acabado ya con la vida de casi 30.000 personas. Más de la mitad de estas, 19.000, han muerto en residencias de ancianos. El caso de la Comunidad de Madrid es sangrante: de las 15.694 víctimas por coronavirus, 5.929 lo han sido en este tipo de residencias. Alrededor del 90% de dichas muertes se han producido en residencias privadas y concertadas.
En los últimos años, el saqueo y los recortes del PP a la sanidad pública, han creado un suculento negocio para los empresarios. De los 475 centros que hay en la región, sólo 25 son públicos, 18 de gestión indirecta, 161 concertados y 271 privados. El gobierno de Díaz Ayuso, ante la terrible situación, se ha visto obligado a intervenir 13 residencias privadas, en la que habían muerto el 41% de los residentes, un total de 603 usuarios.
La Fundación Residencia Reina Sofía Alzheimer, donde 51 de las 156 residentes y 57 trabajadores han sido contagiados por el COVID-19, pertenece a Clece, filial que gestiona el empresario Florentino Pérez. Hace unos días, este sátrapa pedía que el Estado le diera 7,2 millones de euros para mantener su negocio con las residencias, por los “gastos sobrevenidos a raíz de la crisis del coronavirus”. Para nada son gastos “imprevisibles” como nos quiere hacer ver este especulador, sino que se deben a una insuficiencia crónica de inversión en recursos asistenciales y sanitarios. De hecho, el año pasado, los sindicatos denunciaron la falta de personal e infraestructuras en sus residencias, con comidas con cucarachas, personas que morían sin ser atendidas y con trabajadoras que cobran 600 euros al mes por jornadas completas, mientras la empresa tenía unos beneficios en 2018 de 1504 millones de euros.
La fortuna de Florentino Pérez, a costa de explotación y “rescates”.
Pero no es la primera vez que este parásito pide que el Estado salve sus negocios ruinosos. Su fortuna roza los 1.900 millones de euros. ACS, una de las principales constructoras a nivel estatal y a nivel mundial, de la cual Florentino Pérez es el principal accionista y de la cual recibe 5,3 millones de euros de beneficios. Sólo por ser su presidente tuvo un beneficio neto en 2018 de 915 millones de euros. Sin embargo, en la última década se ha rescatado con 2.600 millones de euros de dinero público los negocios de este multimillonario.
El rescate más conocido de sus negocios fue el famoso “Caso Cástor”. En el año 2008, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, concedió a la empresa Escal UGS, de la cual el 66% pertenecía a ACS, la construcción en Castellón de uno de los depósitos de gas más grande del Estado Español. El Gobierno aceptó una cláusula en el contrato de que si el negocio salía mal, se vería obligado a indemnizar a la empresa, “incluso en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa adjudicataria”. Es decir, aunque la empresa tuviera la culpa de que el proyecto no se llevará a cabo, Florentino Pérez se llevaría miles de millones de euros de dinero público para sus bolsillos.
Un proyecto que a 31 de diciembre de 2011 ya ascendía a 1.193 millones de euros, un 89,5% por encima del presupuesto inicial previsto y en 2013 ya alcanzaba los 1.700 millones de euros. Proyecto que finalmente produjo 500 terremotos por las propias obras, acabó fallido y siendo una ruina para las arcas del Estado, ya que ACS fue indemnizada con 1.350 millones de euros. Algo que todos los usuarios del gas pagaremos en nuestros recibos hasta el año 2044.
Pero no acabaron aquí los negocios especulativos y las corruptelas de Florentino Pérez. En 2006 Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia, concedió sin concurso público a la empresa Desaladora de Escombreras SA, otro filial del grupo ACS, la construcción y gestión de la planta de desalación del mismo nombre que la empresa. Veinte días después de realizarse este negocio, el Gobierno de Murcia compró el 51% de esta empresa, para rescatarla, ya que el negocio finalmente solo les rindió a un 20%. Según una investigación judicial esta operación sólo “se utilizó con el fin de recalificar terrenos y cambiar los planes urbanísticos de la zona”. Según el contrato de la comunidad murciana con la empresa, el coste de construcción fue de 140 millones de euros y hasta 2034 se debe estar abonando casi 600 millones de euros en concepto de explotación a la empresa de Florentino Pérez, a pesar de que la planta no se usa.
A otra filial de ACS, UTE TP Ferro, se le concedió la construcción del túnel Pertus, para comunicar Madrid y París mediante la alta velocidad. Para la construcción, se concedieron 600 millones de euros a esta empresa. Debido a la crisis, finalmente no se ha podido finalizar el proyecto, siendo el negocio rescatado por Adif, que se ha visto obligada a hacerse cargo de una deuda de 288 millones de euros. Algo similar ha pasado con las autopistas de peaje, por las que, a pesar de no haber sido finalizadas, el Estado pagará 700 millones de euros a ACS por su participación en estos negocios.
Además, este “empresario ejemplar” se ha visto salpicado en los principales casos de corrupción de los últimos años. La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) detectó que la Fundación ACS, había efectuados tres donaciones, por valor de 30.000, 60.000 y 90.000 euros cada una, entre 2008 y 2011 a Catdem, un “thnink thank” vinculado a CiU, a cambio de la adjudicación del servicio de basuras en el Ayuntamiento de Olot (Girona) a Urbaser, empresa vinculada a Florentino Pérez. Esta sociedad, que fue vendida en el otoño de 2016 al grupo chino Firion Investments por 1.200 millones de euros, gestiona las basuras en medio centenar de ciudades y tiene un volumen de negocio de 4.000 millones de euros.
También ACS se ha visto salpicada en el Caso Lezo. A cambio de las adjudicaciones para la construcción de un campo de golf en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II, en el barrio madrileño de Chamberí, subcontrató para participar en dichos trabajos, a la empresa Tecnocontret, del hermano de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid en aquellos momentos, que fue constituida doce días antes de la adjudicación de las obras y sólo contaba con 3 trabajadores. Se llevó por ello, 3.257.038,99 de euros de ACS, mientras Tecnocontret subcontrataba a otra empresa para hacer el trabajo, a la que pagó 2.678.564,43 euros. Los 578.474 euros de diferencia “fue la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra”, es decir, Pablo González y sus tres compañeros de empresa, según el auto del juez. Sin embargo, por ninguno de estos casos, Florentino Pérez se ha sentado en el banquillo de los acusados.
Las corruptelas y expolio del medio ambiente y de lo público Florentino Pérez no sólo los realiza en el Estado Español, sino a nivel mundial. Entre los años 2003 y 2018, y al amparo de los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las 58 filiales controladas por ACS en México recibieron al menos 76 contratos públicos por una cantidad de 6.766 millones de dólares (unos 6.000 millones de euros). Sus manejos se han visto envueltos en dos investigaciones judiciales, relacionados con la petrolera estatal Pemex. En uno de ellos, la Fiscalía General de la República de México investiga si la empresa Cobra, filial de ACS, se benefició de los sobrecostes generados por una operación presuntamente fraudulenta en 2014. Mientras, en Guatemala, una de las filiales de ACS, ha hecho “desaparecer” 30 km del río Cahabón, para construir una presa hidroeléctrica, dejando sin agua corriente a muchas de las poblaciones del lugar.
Además de llenar sus bolsillos con dinero público, Florentino Pérez es famoso también por las condiciones de explotación laboral, bajos salarios y despidos en sus empresas. En Galicia, donde se ha hecho de oro gracias a contratos con Navantia, ha habido varios conflictos en filiales de sus empresas: en Maessa, sucursal de ACS, encargada de hacer proas de barco, los trabajadores estuvieron a punto de ir a la huelga en 2014, porque estaban cobrando salarios por debajo de la media. Ese mismo año anunció un ERE a 140 trabajadores, la práctica totalidad de la plantilla, en Cobra Servicios Auxiliares, en A Coruña. También anunciaron movilizaciones en Clece, en Ferrol, tras el despido de 27 trabajadores encargados del servicio de logística en el almacén de Navantia. El año pasado, los trabajadores que hacían de guías en el Palacio Real de Madrid, subcontratados por otra empresa de Florentino Pérez, denunciaron que trabajaban jornadas de 11 horas cobrando 500 euros y sin pagar las horas complementarias.
Es vergonzoso, como, mientras se llena los bolsillos a costa del dinero público, del dinero de los trabajadores, Florentino Pérez hace sus negocios fraudulentos, mediante corruptelas, despidiendo a su antojo y explotando a sus trabajadores. Ahora, con la excusa del coronavirus, quiere que le volvamos a regalar millones de euros para llenar sus bolsillos, mientras él deja que se mueran los ancianos en sus residencias, sin poner los medios y el personal suficiente para asegurar unas condiciones dignas de vida y trabajo. Basta ya de regalar dinero público a los grandes capitalistas. Es hora de que se nacionalicen las residencias de ancianos y se pongan bajo el control de los trabajadores. Así se asegurará un servicio público de calidad.
