Hace un año que se conformaba el Gobierno de colación entre el PSOE y Unidas Podemos. Sin duda se trata de un hecho histórico, que refleja los profundos cambios vividos en la lucha de clases durante los últimos 10 años al calor de la crisis capitalista mundial. El estallido del 15M, las huelgas generales de 2012, las Marchas de la Dignidad, la marea verde y blanca en defensa de la educación y la sanidad públicas, el surgimiento de Podemos, conflictos obreros y vecinales radicalizados, la lucha contra los desahucios protagonizada por la PAH, el movimiento pensionista, la crisis revolucionaria en Catalunya o las grandes huelgas generales feministas del 8M… han transformado la conciencia de millones asestando un duro golpe al régimen del 78.
Los pilares de la institucionalidad burguesa nacida de los Pactos de la Transición y que han garantizado la estabilidad del capitalismo nacional durante 40 años, están en crisis. La monarquía, azotada por la corrupción y con un rey emérito fugado de la justicia, siguiendo por el parlamentarismo, la justicia, el ejército… sufren un desgaste y una pérdida de autoridad innegable ante amplias capas de la población. La desigualdad y la miseria crecientes, que contrastan dolosamente con la acumulación de una riqueza obscena en manos de una ínfima minoría de plutócratas, no hacen más que profundizar este proceso de deslegitimación atizando una extrema polarización política y social.
En este contexto hay que situar la irrupción de Vox y la extrema derecha, una amenaza muy real para la clase trabajadora y la juventud, y que siempre existió agazapada en el PP e incrustada en el aparato del Estado heredero del franquismo. Ahora, de nuevo, fruto de la crisis capitalista y ante a la ofensiva del movimiento de masas en las calles y un pronunciado giro a la izquierda (reflejado electoralmente en la irrupción de Podemos), vuelve a levantar la cabeza agrupando fundamentalmente a sectores de la pequeña burguesía y de trabajadores atrasados y desmoralizados. Agitando el nacionalcatolicismo franquista y el españolismo más rancio, el machismo, la homofobia y el racismo más desenfrenado, Santiago Abascal ha proporcionado una bandera de lucha a este polvo social.
La nueva distribución de votos y escaños que se ha producido en el bloque de la derecha en beneficio de Vox no significa que su base social se haya ensanchado. Como hemos señalado en numerosos artículos, la reacción pierde votos en su conjunto y queda fulminada en territorios como Catalunya y la Comunidad Autónoma Vasca. La última moción de censura de Abascal también reflejó la profundidad de la crisis del bloque reaccionario, y su incapacidad para penetrar entre la clase obrera y la juventud. Por supuesto, ni siquiera el frente electoral explica la auténtica correlación de fuerzas en la sociedad. Si la clase obrera y la juventud estuvieran encabezadas por sindicatos y una izquierda con un programa y métodos clasistas y revolucionarios, la extrema derecha sería barrida de las calles y aplastada por la acción de masas. Pero la ausencia de una política anticapitalista en estas organizaciones para combatir consecuentemente a la reacción, le sigue proporcionando un margen de maniobra enorme para diseminar su demagogia.
El Gobierno de coalición y la pandemia
Con estos antecedentes, la conformación del Gobierno PSOE-UP tras dos elecciones en 2019 y la oposición vehemente de Pedro Sánchez durante muchos meses, fue recibida con alivio por millones de trabajadores, jóvenes y activistas de la izquierda. El fracaso de la estrategia impulsada por la clase dominante a favor de una coalición PSOE-Cs, tras la debacle del partido de Albert Rivera, confirma que incluso en el peor terreno de todos, el electoral, el potencial para levantar un programa de confrontación con el neoliberalismo y el régimen del 78 es tremendo.
El nuevo Gobierno logró un apoyo suficiente en el debate de investidura gracias a las formaciones de la izquierda nacionalista e independentista que votaron a favor o se abstuvieron, y de inmediato se enfrentó el estallido de una pandemia mundial que precipitó la crisis sanitaria, económica y social más grave desde los años 30 del siglo pasado. En todo este periodo, el Gobierno “más progresista de la historia”, como lo han bautizado los ministros de UP, ha tenido que lidiar con una situación extremadamente compleja, que también ha ofrecido, y de qué manera, la oportunidad de poner en práctica una política alternativa que pusiera fin a la lógica capitalista responsable de la hecatombe que se ha descargado sobre millones de familias trabajadoras.
La cuestión a plantear es concreta: ¿Cuál es el balance de este primer año de gestión? Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y los distintos ministros y ministras no se han cansado de reiterar que la salida ofrecida a esta crisis representa un cambio político decisivo. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a finales de año se anunció, en palabras del líder de Podemos, como “una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y los recortes en lo público”. Pero, ¿es realmente esto lo que está ocurriendo? ¿Se han enterrado las políticas de austeridad? ¿Van a comenzar a revertirse los recortes y las privatizaciones? ¿Se ha levantado un escudo social impidiendo que nadie se quede atrás?
Nada más alejado de nuestra intención que presentar un enfoque sectario. Pero evitar el sectarismo no implica abandonar el punto de vista del marxismo para adaptarnos a una atmósfera oportunista. Es necesario ceñirnos a los hechos y poder realizar un balance adecuado de la acción gubernamental más allá de declaraciones triunfalistas trufadas de propaganda pero huecas de contenido. Como intentaremos exponer con argumentos, datos y hechos, este Gobierno es el adalid de la política de colaboración de clases y unidad nacional.
El colapso de la sanidad pública pone en evidencia las políticas del Gobierno
El estallido de pandemia tenía que haber supuesto, en primer lugar, volcar todos los recursos necesarios para reforzar la sanidad pública. No ha sido así, y por eso la gestión del Gobierno PSOE-UP arroja unos datos devastadores. Más de 2 millones de contagios y más de 50.000 muertos oficiales, aunque según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) el exceso de muertes en 2020 se acerca a las 80.000. ¡La tasa de mortalidad más elevada de Europa!
Un auténtico genocidio en las residencias de mayores, con más de 25.000 fallecidos, un 8% de todos los residentes[1], elevándose dicha tasa en Comunidades gobernadas por la derecha como Madrid hasta casi el 20%. Más de 50.000 sanitarios se han contagiado de la Covid, uno de los porcentajes más elevados del mundo, y un 57% de los mismos sufren estrés postraumático.
La sanidad pública tuvo que enfrentarse a la pandemia tras años de austeridad, recortes y privatizaciones que han sido alentados tanto por los Gobiernos del PSOE como del PP: falta de camas e infraestructuras hospitalarias, un déficit crónico de personal sanitario y no sanitario, precarización y despidos, una atención primaria bajo mínimos y masificada... La pandemia no ha hecho más que agravar esta situación, sacando a la luz el nivel de degradación alcanzado. Si en 2019 las listas de espera eran de 121 días para intervenciones quirúrgicas, ahora se han elevado a 170 días, mientras que para el especialista han pasado de 60 a 80 días. Mientras, la media en la sanidad privada es de 30,5 días y 12,2 días respectivamente.
El Gobierno central, no lo podemos olvidar, ha renunciado por completo a resolver esta situación. Rechazando poner en marcha un plan de choque para invertir miles de millones en nuevas contrataciones, dignificando así las condiciones de trabajo para acabar con la temporalidad extrema y los bajos salarios, ha alentado en la práctica el negocio de la sanidad privada. No hay ningún cambio en este terreno respecto a las políticas privatizadoras de Rajoy. Los datos son ilustrativos.
Entre 2009 y 2017 el gasto público en salud como porcentaje del PIB se redujo en un 9,1%, mientras que el dedicado al privado, en forma de conciertos, servicio y gestión, aumentó en un 18%. En 2019 el gasto sanitario por habitante se recortó en un 20% respecto a 2018, 551 euros. Si en 2008 la sanidad privada representaba el 26,4% del gasto total, en 2018 pasó a representar el 29,5%, mientras la pública caía desde el 73,6% al 70,5%. De este 70,5%, 11 puntos (8.093 millones de euros) corresponden a conciertos privados que se financian con fondos públicos, quedando el gasto estrictamente público en torno al 60% frente al 40% de la privada.
En 2019 solo el sector hospitalario privado facturó cerca de 7.000 millones de euros, un 4% más que el año anterior. La facturación de las clínicas privadas aumentó también un 4,2% en 2019, situándose en 6.950 millones de euros, impulsada por la demanda de seguros de salud. Los laboratorios de análisis clínicos se han convertido en una fuente de beneficios extraordinarios, gracias a los concursos del Ministerio de Sanidad: 3.000 millones de euros en 2019, un 2,1% más respecto a 2018.
Los seguros sanitarios en el periodo de pandemia (marzo-diciembre de 2020) se han incrementado un 4,9%. Un negocio que también ha prosperado exponencialmente son las pruebas PCR realizadas por laboratorios y clínicas privadas, que han cubierto impunemente una demanda que no es capaz de cubrir gratuitamente la sanidad pública. El gasto público en medicamentos y productos sanitarios, destinado a llenar los bolsillos de las grandes multinacionales farmacéuticas, alcanzó en 2019 los 23.615 millones de euros, un incremento del 4,5% respecto a 2018.
Sí había alternativa, ¡nacionalizar la sanidad privada!
En este contexto, el Gobierno PSOE-UP podía y debía haber revertido esta situación nacionalizando la sanidad privada. Este hubiera sido el modo de poner todos los recursos sanitarios al servicio de la mayoría de la sociedad, acabando con la especulación y el negocio en torno a la enfermedad y la muerte. Hacerlo, obviamente, suponía chocar con la élite capitalista, con el IBEX 35, pero contar con el apoyo entusiasta de millones de familias trabajadoras.
No ha sido así. Como en muchos otros países, la inversión en sanidad se ha incrementado modestamente, concretamente en torno a 12.000 millones de euros[2], muy lejos de lo necesario para poder enfrentar la pandemia y garantizar una sanidad pública, gratuita y de calidad para todas y todos. De hecho, el porcentaje de gasto sanitario ha decrecido incluso una décima, del 14,5% al 14,4%[3], en medio de un incremento sustancioso del gasto público que ha pasado de representar el 41,68% del PIB al 53,07%. ¿Adónde ha ido a parar ese aumento de casi 12 puntos? Obviamente no a la sanidad pública como luego veremos.
Durante la crisis de coronavirus la sanidad privada ha contratado a 22.600 trabajadores de las 88.400 nuevas contrataciones en el conjunto del sector, situándose su personal en 372.100 personas respecto al total de 1.248.100 trabajadores sanitarios[4]. Según CCOO, la sanidad pública tiene un déficit de 62.000 trabajadores, algo que podría haberse resuelto con facilidad nacionalizando e integrando estos recursos de la sanidad privada en la red pública. Pero además, de 12.172 estudiantes de medicina que aprobaron el MIR en 2020, ¡en plena pandemia!, solo 7.615 obtuvieron plaza, ya que no se sacaron más. Es decir, hay más médicas y médicos disponibles, más enfermeras y enfermeros que nunca, pero no se ponen los recursos necesarios para contratarlos.
¿Cómo puede un Gobierno progresista y de izquierdas seguir permitiendo que fondos de inversión o individuos como Florentino Pérez se llenen los bolsillos a costa de la sanidad o de los servicios sociales más básicos en medio de una crisis de esta magnitud?
No, no es cierto que este Gobierno esté proponiendo una salida a la crisis que rompa con la austeridad y los grandes negocios capitalistas hechos a costa del sufrimiento y las necesidades de millones.
El IBEX 35 se forra y decide las políticas de fondo
La crisis sanitaria se completa con la catástrofe económica y social. Las terribles colas del hambre pueblan los barrios obreros de las ciudades, mientras la Federación española de Bancos de Alimentos alerta que la demanda de comida para la población en necesidad extrema ha aumentado en un 40% desde el mes de abril. El drama de los desahucios, con 11.000 durante el primer semestre de 2020 según la PAH, a pesar de la supuesta prohibición de los mismos, añade una carga brutal de injusticia y desigualdad. Y los miles de despidos, ERTE y ahora también ERE, abren una oleada de desempleo orgánico que agudizará la pobreza. La clase trabajadora sufre ya una nueva ofensiva patronal en forma de reconversión industrial y laboral que supondrá las destrucción de miles de puestos de trabajo con derechos, y una vuelta de tuerca en la precarización y hundimiento de las condiciones laborales.
Desde el Gobierno PSOE-UP se insiste en el aumento del gasto público como ejemplo de una política socialmente comprometida. Pero, ¿quiénes son los beneficiarios directos de este incremento? Al analizar el rescate financiero promovido desde el Estado, los ERTES o el destino de las ayudas europeas la conclusión es evidente: el “gasto público” se está organizando para sanear la cuenta de resultados de las grandes empresas, ofrecerles nuevas oportunidades de negocios y aumentar su tasa de beneficios.
Los Gobiernos que aceptan las reglas de funcionamiento del sistema capitalista se ven obligados, en tiempos de crisis aguda, a someterse de manera aún más humillante a la dictadura del capital financiero. El papel del Estado capitalista en este periodo turbulento se fortalece y actúa con mayor publicidad, pero no para servir de medio en la redistribución de la riqueza, combatir la desigualdad y proteger los derechos democráticos, sino para saquear los recursos públicos en beneficio de la plutocracia como el agente directo del gran capital que es, y recurrir a métodos autoritarios cuando la lucha de clases se presenta descarnada y con toda crudeza.
El Gobierno de coalición no puede escapar a esta lógica, y tampoco está dispuesto a enfrentarla. Aunque algunos ministros utilicen una verborrea de izquierdas, la mano que guía con firmeza sus decisiones económicas es la banca y el IBEX 35.
En los planes remitidos a Bruselas, el Gobierno señalaba que ha movilizado hasta ahora 218.400 millones de euros como consecuencia de la crisis de la Covid19. De los mismos, 160.000 millones han ido a parar a bancos y grandes empresas, 100.000 en créditos ICO gestionados con el aval del Estado, y otros 40.000 en créditos ICO para inversiones empresariales con el fin de “adaptar, ampliar o renovar sus capacidades productivas y de servicios o para el reinicio o reapertura de su actividad”.
La aprobación y prolongación de los ERTE, que han supuesto 17.000 millones directos de las arcas públicas más otros 9.000 millones en exenciones fiscales y a la Seguridad Social, se han presentado como un ejemplo de política social estratégica, cuando en realidad han servido para blindar los escandalosos beneficios empresariales acumulados durante años (que en 2018 alcanzaron un récord de 500.000 millones de euros). Sí, tal y como señalaba Pablo Iglesias, se han nacionalizado los salarios, pero las ganancias son privadas ¡el sueño de cualquier empresario: el sueldo lo paga el Estado y los beneficios me los quedo yo! La misma política ha sido aplicada por Gobiernos europeos de derechas como el de Merkel en Alemania, Macron en Francia o Boris Johnson en Inglaterra. Incluso el PP ha actuado como uno de los adalides de los ERTE.
El pago de los ERTE, que ha sido una piedra de toque de la política de unidad nacional, ha contado con el apoyo entusiasta de las cúpulas de CCOO y UGT. Este consenso tan amplio esconde, sin duda, el temor que recorre a la clase dominante capitalista, y a sus doctores democráticos de la socialdemocracia, ante una posible explosión revolucionaria. Los ERTE actúan como un parche temporal para evitar que el descontento crezca, pero no pueden resolver el problema de fondo: la crisis orgánica del capitalismo en su fase de decadencia senil, y la declaración de guerra prolongada contra los trabajadores.
Los PGE y el timo de las ayudas europeas
Lo mismo podemos decir respecto a los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es cierto que son los más expansivos de la historia, como los de casi todas las naciones capitalistas desarrolladas, y como ha ocurrido con los planes de rescate mencionados se orientan a que las ayudas públicas europeas actúen como una inyección de liquidez para las grandes multinacionales. Cuando ponemos la lupa a los PGE y excluimos dichas ayudas, el monto total del gasto público es de 136.779 millones de euros, 3.500 millones más que los PGE del PP del año 2014 (133.259 millones de euros).[5] Como siempre, es necesario analizar la letra pequeña y desmenuzar a dónde va a ir a parar el grueso de dichos recursos.
Mientras que para reforzar la sanidad y la educación pública se destinan 4.088 y 2.242 millones de euros, y para el Ingreso Mínimo Vital 3.000 millones, el chorro de dinero público en infraestructuras, cambio de modelo productivo e I+D+i (investigación y desarrollo), del que se beneficiarán los monopolios, asciende a casi 23.000 millones de euros (un incremento cercano al 100%).
Por otro lado, el pago de los intereses de la deuda, que llenan los bolsillos del capital financiero, asciende a 31.675 millones de euros, el tercer mayor gasto tras las pensiones y las prestaciones por desempleo. El gasto militar, camuflado en distintas partidas, crece en un 10,3%, hasta los 21.633 millones de euros, ¡el gasto en I+D+i militar triplica al gasto en I+D+i sanitario![6]
Junto a los PGE, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto para distribuir 72.000 millones en ayudas europeas hasta 2023 y que en 2021 supondrán entre 25.000 y 30.000 millones de euros. Para canalizar esta inyección de capital han establecido los llamados PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), “proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-privada por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa privada.” Es decir, proyectos que solo pueden desarrollar empresas multinacionales, y que con recursos públicos generarán fabulosos beneficios privados.
Para agilizar que este maná llegue a sus destinatarios, el Real Decreto elimina todo tipo de controles y autorizaciones[7], incluidos controles medioambientales, y establece plazos exprés para la tramitación de los expedientes, que tendrán “prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles”. Todo esto contrasta con las dificultades y trabas de cara obtener el ingreso mínimo vital, que exige superar un laberinto de trámites burocráticos y aportar decenas e incluso un centenar de documentos, lo que ha supuesto que se denieguen más del 60% de las solicitudes, o con las dificultades en el cobro de los ERTE, el paro o la pensión de jubilación. Se ve que cuando se trata del IBEX 35, la administración sí puede ser rápida y efectiva.
El grueso de estas ingentes ayudas europeas quedará en manos de un puñado de grandes empresas. Bajo la excusa de la transición ecológica, de la digitalización o del desarrollo de ciudades sostenibles, se encubre un sabroso negocio para Siemens-Gamesa, Iberdrola, Nokia, Telefónica, ACS o Ferrovial. ¿Qué diferencia hay entre esta política y la que vimos durante la crisis de 2007-2008 para salvar a la banca y a las grandes empresas? ¡Ninguna!
A pesar de las diatribas y exabruptos de la derecha y la extrema derecha en el debate parlamentario, los PGE no revertirán las políticas de recortes y austeridad, la privatización de los servicios públicos y la situación de precariedad y miseria que se ha extendido durante la última década. Unas cuentas que, en lo fundamental, en lo que importa, garantizan los intereses de la patronal y del IBEX 35, tal y como ha quedado claro respecto a las ayudas europeas. De ahí el silencio atronador de la CEOE con los PGE.
Esta política “expansiva” está abocada a desembocar, tal y como ya están advirtiendo el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o la propia Comisión Europea, en nuevos y sangrantes recortes.
Prueba de ello es la propuesta del Ministro de Seguridad Social de cara a dar una nueva vuelta de tuerca a la contrarreforma de las pensiones elevando el cómputo de años para calcular la pensión de 25 a 35, que supondría una reducción media de las pensiones según el INSS de entre un 5,5% y un 12%. Una propuesta que se suma a lo ya acordado en el Pacto de Toledo, con el voto a favor de UP[8]. En definitiva, estamos ante un salto adelante en el proceso de privatización del sistema de pensiones.
Otro ejemplo lleno de contenido de clase ha sido la negativa del Gobierno, finalmente impuesta también a UP, de incrementar el SMI un exiguo 0,9% de acuerdo con la inflación prevista (8,55 euros al mes). Y lo mismo podemos decir respecto a la derogación de la reforma laboral, guardada en el cajón por orden pública y expresa de Nadia Calviño, y que es de gran interés preservar para la patronal en una época de despidos masivos.
Lecciones de la historia
El Gobierno PSOE-UP, y especialmente los ministros y ministras de Unidas Podemos, vuelven la espalda a la experiencia de la historia. ¿Qué diferencia fundamental hay entre su política y la que defendieron los dirigentes del PSOE y del PCE en la revolución española de los años treinta o en la Transición?
En los años treinta cuando los preparativos del golpe militar eran un secreto a voces, los dirigentes socialistas y estalinistas se sometieron al Gobierno republicano que ellos mismos auparon y a sus llamadas a mantener la calma y el respeto “por el orden constitucional”. El 18 de julio del 36 la asonada fascista fue respondida por la insurrección obrera, al margen de los aparatos políticos del Frente Popular. Los trabajadores derrotaron con las armas en la mano el golpe en las principales ciudades, crearon milicias, comités de control obrero y, junto a los campesinos pobres, colectividades agrarias; destruyeron también los tribunales republicanos burgueses sustituyéndolos por otros revolucionarios. La revolución socialista adquirió una dimensión incluso mayor que en la Rusia de 1917. Pero los dirigentes “socialistas” y estalinistas decretaron que había que terminar con estos “excesos”, y constreñir la lucha militar a la defensa de la “república democrática” para lograr el apoyo de Francia e Inglaterra.
No nos extendemos en esta cuestión, a la que hemos dedicado libros y materiales en abundancia. Lo que hay que recordar en todo caso es que fue esa política la que desmontó las realizaciones revolucionarias de la clase obrera y permitió reconstruir el Estado burgués que había colapsado por la acción de las masas. El resultado, a pesar del heroísmo de nuestra clase, no condujo a la defensa de la democracia sino al triunfo del fascismo y una dictadura infame que se prolongó cuarenta años. No está de más recordar estos hechos.
Algo semejante pasó en los años de la Transición. Provoca sonrojo escuchar a Pablo Iglesias afirmar que la correlación de fuerzas era desfavorable para los trabajadores. Falsificar la historia es un atributo de los socialdemócratas y los estalinistas quienes, a su vez, lo han aprendido de sus mentores burgueses. En los años setenta la fuerza de la clase obrera era tal que no solo obtuvo conquistas económicas formidables en la oleada de huelgas más potente desde los años treinta, sino que su influencia arrastró a amplias secciones de la pequeña burguesía a la lucha, y especialmente a la juventud universitaria. El PCE contaba con más de 250.000 miembros en 1977 y dominaba por completo el movimiento obrero y juvenil. En Catalunya y Euskal Herria décadas de opresión nacional habían exacerbado el combate revolucionario por el derecho de autodeterminación y la liberación social. La clase dominante estaba dividida, y las masas de los trabajadores a la ofensiva.
En aquel momento, los abogados de la conciliación de clases elevaron su voz para desarmar ideológicamente a los trabajadores y paralizar a su vanguardia. Contaban para ello con su inmensa autoridad y con miles de cuadros fogueados en la lucha clandestina. En lugar de capitalismo o revolución socialista, extendieron la falsa fórmula de democracia o dictadura, aunque las posibilidades de que la burguesía pudiera imponer de nuevo la mordaza militar eran nulas. La monarquía juancarlista, la Constitución del 78, el respeto al libre mercado y la propiedad privada, la impunidad para los crímenes de la dictadura… se fraguaron en aquellos años con el patrocinio del imperialismo estadounidense y el apoyo entusiasta de los dirigentes del PCE y del PSOE. Estos últimos empeñaron todo su crédito para salvar a la burguesía a cambio de unas libertades democráticas que habían sido arrancadas por la acción de los trabajadores y que fueron puestas bajo tutela del aparato del Estado. Las consecuencias de todo esto son bien conocidas y aún las seguimos pagando.
¿Qué debería hacer el Gobierno de coalición?
Como es evidente, no abogamos por la caída de este Gobierno. Sería un completo disparate. La única alternativa ahora mismo para sustituirlo sería una coalición del PSOE con Cs, sostenida por el PP, es decir un Ejecutivo de concentración nacional, o una coalición de la derecha (PP-VOX-Cs). Ciertamente ninguna de estas posibilidades se puede descartar en el futuro.
La tarea central, en un momento marcado por el impacto de la pandemia y el shock que está provocando la crisis, es explicar pacientemente que el Gobierno debe rectificar 180 grados su política, porque en lugar de satisfacer las necesidades inaplazables de los oprimidos está respondiendo a los intereses de la clase dominante. Por supuesto no se trata solo de una actividad propagandística, hay que impulsar la lucha obrera y de la juventud contra la unidad nacional, contra la colaboración de clases, por la defensa de los derechos económicos sociales y democráticos de los trabajadores y trabajadoras.
No hay ninguna salida para los intereses de las masas bajo el orden capitalista. La idea de que debemos apoyar al Gobierno en lo que haga bien y criticarlo en lo que haga mal, que es la posición más extendida entre los activistas del ámbito de Unidas Podemos, excluye precisamente la caracterización general de su política. La acción del Gobierno no es un recetario médico, donde puedes elegir una receta y desechar otra. El todo es superior a la suma de sus partes. Precisamente, en las cuestiones secundarias los dirigentes de UP se prodigan en gestos y propaganda, pero consienten ante los asuntos realmente importantes capitulando ante la socialdemocracia y la burguesía.
Por supuesto, debemos poner el énfasis en golpear con dureza a la derecha, y en explicar cómo combatir coherentemente a la reacción y no darle oportunidad para que gane espacio. Esto es precisamente lo que desde Izquierda Revolucionaria hemos hecho en Madrid, levantando la bandera de la huelga general y la dimisión de Ayuso, dos reivindicaciones que ni el PSOE ni Podemos apoyan. Y no lo hacen porque su polémica con el PP de Madrid no tiene nada que ver con nacionalizar la sanidad privada, o aumentar drásticamente los presupuestos para la atención primaria y los hospitales. Las consecuencias de la colaboración de clases y la unidad nacional se han dejado sentir en Madrid con la ausencia de cualquier oposición consecuente desde la izquierda parlamentaria. La crisis derivada de la gran nevada de enero lo ratifica. Todos mirando para otro lado, todos consintiendo y disimulando sus propios errores.
La extrema derecha, el aparato del Estado y la lucha por la República
La amenaza de la extrema derecha se esgrime constantemente para justificar esta política de conciliación, mientras se abdica de enfrentar sus causas y se apela a las más absurdas e impotentes consideraciones sobre la “solidez democrática de nuestras instituciones”.
Cuando cientos de oficiales del Ejército no tienen reparo en plantear públicamente sus intenciones golpistas contra un Gobierno que consideran ilegitimo, igual que han hecho las hordas trumpistas que asaltaron el Capitolio, la reacción desde Moncloa es lanzar lisonjas a la institución militar y perjurar que el Ejército es leal a la democracia. Ninguna medida concreta para combatir esta amenaza, ninguna llamada a la movilización de los trabajadores y la juventud, todo palabrería hueca que no hace más que envalentonar a los fascistas incrustados en el aparato del Estado. El mismo tipo de actuación que los líderes republicanos (Azaña, Martínez Barrios, Giral…) cuando promocionaban a Franco, Mola, Queipo de Llano y les presentaban como demócratas fieles a la constitución republicana de 1931.
Desde la dirección de UP se insiste en la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones “democráticas”, nos hablan de un Estado “sucio” frente a un Estado “limpio” y buscan desesperadamente empresarios “patriotas” buenos frente a los capitalistas “malos”. No es broma ni ironía. Lo declaran constantemente. Pero son esas mismas instituciones, la monarquía, el poder judicial, el ejército y la policía, al servicio del IBEX 35, las que han apuntalado la desigualdad lacerante que padecemos, la pobreza creciente, la precarización de nuestras condiciones laborales, y la destrucción de los servicios públicos. Mientras se justificaban recortes dramáticos contra la población, la Corona y Juan Carlos I amasaban su fortuna mediante turbios negocios depositando millones de euros en paraísos fiscales. Todo con la aprobación de las instituciones, el silencio de los medios de comunicación y la complicidad de los partidos del régimen.
Que UP plantee un horizonte republicano o ponga en duda el intento de blanqueo de la monarquía por parte del PSOE[9] es positivo, pero es necesario ir mucho más allá, movilizando a millones en las calles para tumbar una institución profundamente corrupta y reaccionaria. La lucha por la república a la que aspiramos los trabajadores y la juventud lleva implícita un combate frontal contra los recortes, contra la precariedad, por el empleo y los servicios públicos, en defensa de los derechos democráticos. El ejemplo de Catalunya, cuando millones pusieron sus cuerpos para defender estas mismas ideas colocando contra las cuerdas al régimen del 78, demuestra el camino a seguir para conquistar ese “horizonte”.
La república a la que aspiramos es socialista. No queremos un cambio de fachada para que todo siga igual. Y es precisamente este aspecto el que la burguesía toma en consideración para sostener a la monarquía. Entiende perfectamente que la lucha por la república tendrá implicaciones revolucionarias, que la población no se limitará a cambiar un monarca no electo por otro electo, aunque lleve el nombre de Presidente de la República, mientras sus condiciones de vida siguen siendo de pesadilla. También por ese mismo motivo, muchos republicanos de salón hacen consideraciones retóricas y literarias sobre la república, pero en los hechos renuncian a ella conscientes de que su triunfo abriría una senda revolucionaria que pondría en peligro sus intereses materiales, su cómoda vida parlamentaria y los privilegios que conlleva.
Sí hay alternativa, ¡luchar por la transformación socialista de la sociedad!
En este momento hay más razones que nunca para defender una política genuinamente socialista, que expropie la riqueza acumulada por esa ínfima minoría de plutócratas nacionalizando la banca y los grandes monopolios, y que luche por una república de los trabajadores y la juventud. Una política que sin duda contaría con un apoyo muy significativo, y que ampliaría su influencia al calor de la experiencia práctica de la población en los años terribles que están por llegar. Las consecuencias de no actuar así, de que sigan rigiendo una reglas marcadas por el lucro privado y contrarias a las enormes necesidades que tiene la mayoría de la sociedad y que incrementan el sufrimiento que padecen hoy millones, solo asfaltarán el camino a la reacción.
La experiencia de estos años no ha pasado en balde y se expresará inevitablemente, demostrando que todas y todos los que hemos luchado sin descanso hasta echar a la derecha del Gobierno tenemos la fuerza para hacer realidad nuestras aspiraciones. Que estas no se logran en despachos, con discursos parlamentarios, propaganda hueca y demagogia, sino con la movilización más enérgica y levantando un programa que cuestione la sinrazón del capitalismo.
Necesitamos una alternativa revolucionaria basada en toda esa fuerza para llevar a cabo verdaderas políticas de izquierdas. Esa alternativa es lo único que puede librarnos de la catástrofe. Únete a Izquierda Revolucionaria para luchar por ella.
Notas.
[1] Probablemente la cifra sea superior ya que solo se contabilizan los fallecidos previamente diagnosticados de Covid-19.
[2] Diversos estudios situaban las necesidades de financiación para enfrentar adecuadamente la pandemia en 25.000-35.000 millones de euros.
[3] Datos ofrecidos por el propio Gobierno (Plan presupuestario 2021).
[4] EPA del tercer trimestre publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
[5] Las “mejoras” que difunden PSOE y Podemos de los presupuestos de 2021: ¿cuánto dinero viene de la UE?
[6] El gasto en I+D militar triplica al destinado a la investigación sanitaria en los PGE de 2021
[7] La duración de los contratos con el sector público, normalmente de 5 años de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, se duplica hasta los 10 años.
[8] Se trata de la recomendación de impulsar la implementación efectiva de “planes complementarios de pensiones”, es decir, de dar un decidido paso adelante para privatizar el sistema público de la Seguridad Social, y la de “reforzar la contributividad” del sistema de pensiones, es decir, avanzar hacia un sistema público que funcione igual que un fondo privado, de manera que se facilite la transición hacia la privatización completa.
[9] Pedro Sánchez ha propuesta una “Ley de la Corona” en un intento de blanquera a Felipe VI y a la Institución.
