El pasado 23 de diciembre se publicaba en el BOE el decreto para “hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad  económica y social en el ámbito de la vivienda” impulsado  por el Gobierno de coalición.  Este decreto, presentado como una garantía para que los inquilinos en situación de vulnerabilidad  no puedan ser desahuciados mientras dure el estado de alarma, significa en realidad un nuevo y escandaloso trasvase de dinero público a los grandes propietarios del sector inmobiliario.

El Gobierno de coalición cede a la presión de los bancos y fondos buitre

Bancos y fondos de inversión acaparan oficialmente cerca de 300.000 viviendas en el Estado español, aunque los datos resultan tan opacos que sin duda son muchas más. Sólo el fondo buitre estadounidense Blackstone, con cerca de 30.000 viviendas en alquiler a través de sus Sociedades Cotizadas de Inversión Mobiliaria (SOCIMI), se consolida como el mayor casero del Estado. De las 70 SOCIMI existentes en el Estado español, hay cerca de 30 dedicadas al alquiler de vivienda, cuya cartera –sobre todo en Madrid y Barcelona– ya supera las 35.500 unidades.

Las organizaciones que luchan por una vivienda digna llevan años denunciando el escandaloso negocio que hacen bancos y fondos de inversión privados manteniendo millones de viviendas vacías para forzar al alza los precios y especular con la necesidad de millones de trabajadores y trabajadoras y han exigido en repetidas ocasiones al gobierno de coalición medidas concretas que hagan frente a esta situación.

Uno de los aspectos más graves del decreto aprobado por el Gobierno, tal como denunciaba el Sindicato de Inquilinos de Madrid, es que en lugar de  “penalizar  la especulación inmobiliaria o la tenencia de vivienda vacía de larga duración como lo que son: usos antisociales de un bien básico” premia a estos especuladores regalándoles millones de euros en compensaciones. Estas serán financiadas con el mismo dinero público que se regatea a la inversión en políticas que promuevan un parque público de vivienda suficiente o que se recorta de las  pensiones,la sanidad o la educación públicas.

“No había ninguna necesidad de dar nuestro dinero a quien especula en plena pandemia, solo porque aplaza cinco meses los desahucios de familias en situación crítica. Volver a rescatar a bancos, fondos y grandes rentistas mientras tanta gente pierde su trabajo es una vergüenza”, explicaba en redes sociales Jaime Palomera, del Sindicat de Llogateres de Barcelona.

El decreto limita la suspensión de desahucios al tiempo que dure el estado de alarma (en principio hasta el 9 de mayo) y a aquellos casos en los que se acredite “situación de vulnerabilidad” hasta que se ofrezca al afectado una “alternativa habitacional digna”.  Tanto la declaración de “situación de vulnerabilidad” como la búsqueda de “alternativa habitacional ”  y los criterios para considerar esta digna dependerán de los servicios sociales de las administraciones autonómicas y municipales.

Viendo el colapso con el pago de los subsidios de desempleo, el acceso al Ingreso Mínimo Vital o las ayudas a los autónomos no hay que ser adivino para prever que esta medida acabe igual de mal. Más aún si tenemos en cuenta que el decreto no establece ninguna medida concreta para garantizar esas alternativas habitacionales dignas. Nada respecto a aumentar la oferta  de vivienda pública. Ni una palabra sobre los 3,5 millones de viviendas vacías y cómo ponerlas a disposición de las familias trabajadoras. Ni siquiera el compromiso de incrementar la inversión en vivienda pública. Actualmente el Estado español gasta apenas el 0,2% del PIB en vivienda frente al 1,4% de Reino Unido,  por ejemplo;  manteniendo solo un 4% de vivienda social, frente al 35% de Holanda, el 20% de Austria o más del 15% de Francia. 

La Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (ASVAL) y algunos medios de comunicación han puesto el grito en el cielo, afirmando que el decreto “legaliza la ocupación” ya que las viviendas “ocupadas” quedarían fuera de las compensaciones porque el decreto exigía a los propietarios presentar el contrato de alquiler. La respuesta del Ministro Ábalos, frente a esta demagogia sin fin de los grandes tenedores y fondos buitre – propietarios de la mayoría de viviendas ocupadas – fue tranquilizarles prometiéndoles más regalos todavía: les aseguró que también tendrán compensación. ¡Una auténtica vergüenza!

Defender el derecho a una vivienda digna  luchando contra los que hacen de ese derecho un negocio

La elaboración del decreto  ha provocado tensiones dentro del Gobierno, que evidentemente siente la presión de la clase trabajadora en un punto tan sensible y en una situación tan precaria como la que afrontamos. Pero, finalmente, los dirigentes de UP -como en tantos otros puntos- han terminado por plegarse al PSOE y decir amén a las exigencias de los grandes propietarios. Ione Belarra, dirigente de UP y Secretaria de Estado para la Agenda 2030, pedía a las grandes empresas del sector inmobiliario “ arrimar un poquito el hombro" y afirmaba que  “las contraprestaciones a los grandes tenedores, no son una línea roja para UP, ya que lo importante es evitar los desahucios”. El problema es que este decreto  ni siquiera  es capaz de paralizar los desahucios temporalmente, durante el estado de alarma. Así lo advertía la PAH el mismo día de su aprobación.

Resulta bochornoso que los dirigentes de UP nieguen la realidad, presenten estas medidas como una protección a la clase trabajadora cuando realmente significa seguir regalando dinero público a los grandes tenedores de inmuebles, al tiempo que no dicen ni una palabra sobre los 3.5 millones viviendas desocupadas en manos de estos especuladores. Una vez más, la izquierda reformista elude el enfrentamiento con los grandes capitalistas, incluso en una situación límite como la que estamos viviendo, frustrando las esperanzas de millones de trabajadores que les han votado. Esto solo puede agudizar todavía más contradicciones escandalosas como la de Barcelona, que tras cinco años de Gobierno municipal de Ada Colau, que despertó enormes expectativas por tratarse de una dirigente de izquierdas muy respetada por su trayectoria al frente de la PAH, sigue siendo la ciudad con más desahucios del Estado.

Todo lo planteado anteriormente vale también para el decreto aprobado el 18 de Noviembre por el Parlament de Catalunya con los votos de JxCat, ERC, los comunes y la CUP,  el rechazo del PP y la abstención de Cs y PSC. Este decreto complementa la ley aprobada por el Parlament en 2015, que ya prometía frenar los desahucios, pero no ha evitado que Catalunya siga liderando este vergonzoso ranking, con 12.246  desalojos en 2019, 34 diarios, un 70% de ellos por impago del alquiler

Necesitamos verdaderas políticas de izquierda que garanticen el derecho a una vivienda digna

Mientras no se vaya al fondo del problema, aplicando políticas verdaderamente de izquierdas que garanticen una vivienda digna y asequible para las familias trabajadoras, no será posible acabar con los desahucios. Un ejemplo claro es el brutal desalojo ejecutado en el barrio barcelonés del Raval por los Mossos en Barcelona este 14 de Enero, después de aprobados tanto el decreto del Parlament como el estatal, tal como denunciaba el Sindicato Vivienda del Raval. Lamentablemente, es uno de muchos.

Desde Izquierda Revolucionaria entendemos que sólo hay una forma de acabar con esta situación. Necesitamos unir las fuerzas de las organizaciones de afectados por la hipoteca y sindicatos de inquilinos, de las organizaciones de izquierda y movimientos sociales para levantar un frente unitario y movilizar a la clase obrera y la juventud y exigir al gobierno PSOE-UP medidas que sirvan para enfrentar de manera efectiva este problema:

1) Suspensión del pago de los alquileres y las hipotecas para todos los inquilinos que no pueden hacer frente al pago de los mismos.

2) Expropiación inmediata y sin indemnización de las decenas de miles de viviendas en manos de fondos buitre, bancos y empresas especuladoras.

3) Obligación de que todos los inmuebles vacíos sean puestos en alquiler a precios asequibles. Si el propietario se niega, expropiación. Indemnización únicamente para pequeños propietarios en situación de necesidad comprobada

4) Nacionalización de las grandes constructoras y empresas inmobiliarias y de la tierra en manos de grandes propietarios y terratenientes sin indemnización. ¡Basta de especular y destruir el medio ambiente!

6) Constituir una gran empresa pública de construcción, que ponga sus capacidades y recursos a disposición de los Ayuntamientos, Comunidades Autonómas y Gobierno, atendiendo a criterios adecuados de calidad de la construcción y respeto del medio ambiente. Esta empresa pública debería poner la seguridad laboral como una de sus máximas prioridades erradicando lacras como la precariedad, subcontratación y todo tipo de irregularidades que hoy caracterizan al sector.

7) Acometer un plan de construcción de vivienda pública de calidad ofertada en alquiler a la población a precios asequibles (no más del 10% del salario de cada solicitante) para luchar contra la especulación. Esto también serviría para satisfacer necesidades sociales como la construcción de polideportivos, centros de salud, colegios, etc.

8) Participación de los movimientos y sindicatos de inquilinos, sindicatos de clase y del conjunto de la clase trabajadora en el desarrollo de los planes urbanísticos y en la planificación del uso del suelo y construcción de viviendas y equipamientos.

9) Para garantizar que estos planes no son asfixiados financieramente por la gran banca y reciben los fondos necesarios, nacionalización de la banca y el sistema financiero. Solo esta medida permitiría una movilización eficiente de los recursos económicos para ponerlos al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales y que el derecho a una vivienda digna se garantiza para toda la población.